STC13055-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13055-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2023-00147-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de octubre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la tutela que Wilson Bedoya Gonz\u00e1lez instaur\u00f3 en nombre propio y como agente oficioso de Lucila Gonz\u00e1lez Verga\u00f1o y Ancizar Bedoya, contra el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo, extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio y dem\u00e1s intervinientes en el resguardo 2021-00070. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en las calidades mencionadas, pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, tutela judicial efectiva, vida digna y\/o dignidad humana, seguridad personal, igualdad, petici\u00f3n y trabajo\u00bb, para que se ordenara \u00abmodificar [su] estrato socioecon\u00f3mico del tres (03) al dos (02) de conformidad con el Silencio administrativo que fue configurado y que el alcalde del Municipio de El Dovio y\/o Comit\u00e9 Permanente de Estratificaci\u00f3n del lugar debi\u00f3 acatar conforme a la ley\u00bb y, al citado funcionario, trav\u00e9s de la tesorera, \u00abreliquide nuevamente esta obligaci\u00f3n tributaria que les adeudamos a partir \u00fanicamente de los a\u00f1os 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 pero sobre la estratificaci\u00f3n socioecon\u00f3mica 2 – bajo y no en 3 – medio bajo, para preceder as\u00ed a llegar a un acuerdo de pago, conforme la facilidad que se estipula el Numeral 2, Art. 3 del Decreto 4473 de 2006\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el 14 de diciembre de 2020, Lucila Gonz\u00e1lez Verga\u00f1o \u2013 su progenitora -, como copropietaria del predio rural con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 380-30726, con fundamento en el art\u00edculo 17 de la Ley 689 de 2001, solicit\u00f3 a la alcald\u00eda del municipio de El Dovio la reducci\u00f3n del estrato socioecon\u00f3mico de dicho fundo para que se diera una rebaja en el valor de las facturas de servicios p\u00fablicos domiciliarios, pero \u00e9sta guard\u00f3 silencio, por lo que aquella protocoliz\u00f3 ante notar\u00eda el silencio positivo administrativo acaecido ante tal conducta omisiva (12 mar. 2021), de conformidad con el canon 85 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
Lucila avis\u00f3 tal suceso a dicha autoridad y a la Personer\u00eda Municipal como miembros del Comit\u00e9 Permanente de Estratificaci\u00f3n, para que procedieran a reconocer y cumplir la decisi\u00f3n surgida; sin embargo, estas no acataron la misma, hecho que la motiv\u00f3 a interponer \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb (rad. 2021-00070), que el Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio desestim\u00f3 (6 sep. 2021), determinaci\u00f3n que el Civil del Circuito de Roldanillo refrend\u00f3 (8 oct.). <\/p>\n
Ahora, el promotor acusa al iudex del circuito de incurrir en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, en tanto, el argumento esgrimido para negar el reclamo, esto es, \u00abque exist\u00eda para la defensa otro medio judicial, como es la acci\u00f3n de cumplimento\u00bb, fue tomado en relaci\u00f3n con un \u00abcaso similar que resolvi\u00f3 el Tribunal Administrativo de Sucre\u00bb, el cual difiere de su situaci\u00f3n particular y la de sus agenciados. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que esa equivocaci\u00f3n les ha causado un perjuicio irremediable, toda vez que \u00abh[an] tenido que pagar bimensualmente recibos del servicio p\u00fablico de energ\u00eda de m\u00e1s $300.000\u00bb y \u00abla situaci\u00f3n m\u00e1s grave que se presenta, es la deuda que a la fecha tenemos por concepto del Impuesto Predial Unificado que incluye la sobre tasa ambiental y bomberil, la cual supera m\u00e1s de $45.000.000\u00bb, frente a la cual ya les hicieron un requerimiento de \u00abCobro persuasivo\u00bb (20 sep. 2023), por lo que pueden llegar a perder el \u00fanico bien que poseen para vivir y generar su sustento. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio defendi\u00f3 la legalidad de su obrar y se opuso al ruego por desatender el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios, la Personer\u00eda de esa localidad y Celsia Colombia S.A. E.S.P., rogaron su desvinculaci\u00f3n, en la medida que no tienen injerencia alguna en las actuaciones cuestionadas por el actor. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU REFUTACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Buga, tras no tener por satisfechos los presupuestos de la agencia oficiosa invocada en favor de Lucila Gonz\u00e1lez Verga\u00f1o y Ancizar Bedoya, madre y hermano del impulsor, por cuanto \u00abomiti\u00f3 se\u00f1alar las circunstancias que les impiden (\u2026) actuar directamente ante el juez constitucional\u00bb, deneg\u00f3 la guarda, porque \u00abexiste cosa juzgada\u00bb, en la medida que hay \u00absimilitud sustancial entre ambos recursos de amparo\u00bb, no as\u00ed temeridad, ya que \u00abel accionante se encuentra inmerso en una de las excepciones reconocidas por la Corte Constitucional en sentencia SU-027 de 2021 que excluyen esa intencionalidad, como lo es \u00ab(i) la condici\u00f3n de ignorancia o indefensi\u00f3n del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe\u00bb\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb tampoco procede para debatir una resoluci\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de id\u00e9ntico linaje, m\u00e1xime cuando \u00abno existe indicio alguno que sugiera que el juez de tutela accionado hubiese incurrido en conductas motivadas con prop\u00f3sitos fraudulentos, ilegales o dolosos que atentaran contra la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, aspectos que el gestor \u00abni siquiera insinu\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el tutelante reafirm\u00e1ndose en su queja, a\u00f1adiendo que: <\/p>\n
(i) \u00ab[N]o puede ser aceptado lo que se argumenta por parte del accionado Juzgado Promiscuo Municipal de El Dovio \u2013 Valle del Cauca, al exponer que no cumplo con requisitos de procedencia, refiri\u00e9ndose principalmente al de inmediatez\u00bb, como tampoco el raciocinio de \u00abla Personer\u00eda Municipal de El Dovio, de exponer en su defensa el argumento que cita como accionante cuento con otros medios de defensa para obtener la modificaci\u00f3n de su estrato\u00bb; <\/p>\n
(ii) Que \u00absi ostent[a] legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por ende; [puede] reclamar directamente la protecci\u00f3n de [sus] derechos constitucionales fundamentales\u00bb, aunado a que tambi\u00e9n puede \u00abagenciar\u00bb a su \u00abprogenitora y hermano\u00bb, ya que la primera \u00abno actuaba en nombre propio debido a que se encontraba fuera de Colombia, donde su condici\u00f3n en el pa\u00eds que se encuentra, es la de Inmigrante y por ende su estatus no es legal, lo que no le permite moverse en ese sitio con libertad por el temor a que por su aspecto latino llegue a ser requerida por cualquier autoridad\u00bb y, el otro, \u00abla personer\u00eda de El Dovio, le iba a colaborar con la elaboraci\u00f3n de una tutela que va ir dirigida contra ellos y la administraci\u00f3n municipal, [pero \u00e9sta] dijo no iba a coaccionar\u00bb a dicha \u00abautoridad\u00bb; <\/p>\n
(iii) Que la \u00abcosa juzgada\u00bb alegada es \u00abfraudulenta\u00bb y, por ende, ser\u00eda admisible la \u00abtutela contra tutela\u00bb, dado que los falladores constitucionales desconocieron que \u00ablas autoridades administrativas de El Dovio como son Alcalde y Personero, primero: no at[endieron] la petici\u00f3n de reducci\u00f3n del estrato socioecon\u00f3mico de nuestro predio y que, segundo: no acat[aron] el silencio administrativo conjurado\u00bb, amen que esta nueva s\u00faplica versa sobre la \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb del \u00abimpuesto predial\u00bb de la heredad rese\u00f1ada en la misma, m\u00e1s no sobre \u00abla reducci\u00f3n del estrato socioecon\u00f3mico\u00bb, como se adujo en la primigenia \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, las que adem\u00e1s difieren en los \u00abderechos fundamentales\u00bb que se invocan. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la convalidaci\u00f3n del veredicto impugnado, pero por las siguientes razones: <\/p>\n
1.1.- Se memora que en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este medio de \u00abprotecci\u00f3n\u00bb, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance de dicho precepto, la jurisprudencia ha sentado, que: <\/p>\n
la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso. (Subraya la Sala, C.C. T-878\/07, citada hace poco en STC5201-2023). <\/p>\n
Y respecto de los requisitos para la viabilidad de la agencia oficiosa, se ha dicho que, <\/p>\n
en materia de tutela son: \u201c(i) la manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; [y] (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa\u201d. Solo cuando estos dos requisitos se presentan simult\u00e1neamente, puede concluirse que el agente est\u00e1 legitimado por activa para solicitar la garant\u00eda de derechos fundamentales de los cuales no es titular. (Resalta la Sala, C.C. T-1075\/12, reiterada en la T-352\/22). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, se advierte que Wilson Bedoya Gonz\u00e1lez, no est\u00e1 \u00ablegitimado\u00bb para procurar la defensa de los \u00abderechos\u00bb de Lucila Gonz\u00e1lez Verga\u00f1o y Ancizar Bedoya, toda vez que, en lo que toca con la primera, el hecho de que resida en otro pa\u00eds de manera \u00abilegal\u00bb, no es motivo suficiente para \u00abagenciar\u00bb sus \u00abgarant\u00edas\u00bb esenciales, puesto que puede hacer uso de las tecnolog\u00edas inform\u00e1ticas para otorgar poder a un abogado, dada la informalidad que rige esta especie de \u00abacci\u00f3n\u00bb, o exigir directamente la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb de sus prerrogativas superiores, aunado a que tampoco se demostr\u00f3 la existencia de enfermedad f\u00edsica o mental que le impidiera \u00abejercer la defensa\u00bb de sus intereses. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
[E]l hecho de que la directamente afectada este radicada en el exterior (\u2026) no legitima a quien promueve esta acci\u00f3n, \u2018siendo que de tal circunstancia no emerge la imposibilidad de que aqu\u00e9l pudiese atacar la sentencia objeto de estudio, sino se olvida que, en los tiempos que corren, las comunicaciones son inmediatas, a m\u00e1s de permitirse legalmente el empleo de mensajes de datos para actuar ante las autoridades judiciales (Ley 527 de 1999)\u2019 (Sentencia 14 de mayo de 2008, exp. 68001-22-13-000-2008-00096-01) (\u2026) Aunado a que en un asunto de similares contornos, la Corte precis\u00f3 que \u201csi bien es cierto, que en aquellos casos en los que el titular del derecho violado o amenazado, por condiciones personales, no pueda promover su propia defensa, la ley autoriza el agenciamiento de derechos ajenos de manera oficiosa (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991), si bien ello es posible, se dec\u00eda, no lo es menos, que esas circunstancias no se evidencian en el presente asunto puesto que el hecho de que una persona se encuentre fuera del pa\u00eds, no es causa suficiente, per se, para que otro agencie sus derechos (sentencia 11 de febrero de 2011, exp. 17001-22-13-2010-00347-01)\u00bb (CSJ STC, 16 de julio de 2012, Rad. 00391-01; criterio reiterado en STC3037-2016, STC11023-2017, STC3622-2018 y STC, 6 may. 2020, rad. E-2020-00110-01, entre otras). <\/p>\n
Y, en lo que ata\u00f1e a Ancizar Bedoya, la supuesta negativa de la Personer\u00eda de El Dovio para formular el \u00abamparo\u00bb en su nombre, no constituye justificaci\u00f3n v\u00e1lida para excusar su \u00abagenciamiento\u00bb, comoquiera que no se enmarca en alguno de los eventos antes referidos, lo cual conduce a concluir que el actor carece de \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para incoar en \u00abnombre\u00bb de las prenotadas personas en el presente asunto. <\/p>\n
1.2.- Ahora bien, Wilson tampoco est\u00e1 \u00ablegitimado\u00bb para, en nombre propio, criticar por esta excepcional v\u00eda los prove\u00eddos emitidos en el socorro n.\u00b0 2021-00070, particularmente, las sentencias de 24 de agosto y 8 de octubre de 2021 por los Juzgados Promiscuo Municipal de El Dovio y Civil del Circuito de Roldanillo, respectivamente, toda vez que, como se desprende de la demanda superlativa y de la encuadernaci\u00f3n digital anexada, no fue parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en dicha Litis. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho, que: <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negrita ajena al texto – STC12873-2018, citada hace poco en STC1578-2023). <\/p>\n
Ello por cuanto, <\/p>\n
(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (Negrita Adrede- STC4993-2018, reiterada recientemente en STC2168-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate esbozado por este puntual aspecto. <\/p>\n
Esta Magistratura ha sostenido sobre dicho tema, que la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb no fue establecida, <\/p>\n
(\u2026) para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada hace poco en STC10953-2023). <\/p>\n
Por consiguiente, es incuestionable que el \u00abreclamo\u00bb tampoco atiende el \u00abpresupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2.- Ergo, surge irrebatible el acompa\u00f1amiento del veredicto refutado, sin necesidad de que la Sala se refiera a los dem\u00e1s reparos expuestos en el escrito de \u00abimpugnaci\u00f3n\u00bb, por obvias \u00abrazones\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, pero por las reflexiones vertidas en esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13055-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13055-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76111-22-13-000-2023-00147-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}