STC13058-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC13058-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2023-00189-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 30 de octubre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la tutela que Jos\u00e9 Froylan Sierra Ram\u00edrez, como curador dativo general de Clara In\u00e9s Rivera Rivera, instaur\u00f3 contra los Juzgados Primero y Quinto Civiles del Circuito y D\u00e9cimo Civil Municipal, todos de dicha capital, extensiva a Jos\u00e9 Laureano Parra C\u00e1rdenas, a los herederos de \u00c1ngel Uriel Parra C\u00e1rdenas y dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 2014-00021 y 2014-00036. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en la calidad aducida y mediante apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y defensa\u00bb, para que se ordenara al despacho municipal convocado \u00abdecretar la nulidad procesal de todo lo actuado desde (\u2026) la notificaci\u00f3n personal (\u2026) de los auto[s] que libr[aron] mandamiento de pago en contra de Clara In\u00e9s Rivera Rivera (persona con discapacidad mental de manera permanente), y que fue[ron] [proferidos] dentro de los ejecutivos hipotecarios No. 17001-40-03-010-2014-00021-00 y 17001-40-03-010-2014-00036-00 (\u2026) que inici[aron] Jos\u00e9 Laureano Parra C\u00e1rdenas y \u00c1ngel Uriel Parra C\u00e1rdenas en contra de la tutelante\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
En apoyo adujo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales convalid\u00f3 lo decidido el 27 de febrero de 2023 y ratificado el 21 de junio siguiente por el D\u00e9cimo Civil Municipal de esa urbe, en el sentido de negar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en el ejecutivo hipotecario formulado contra Clara In\u00e9s por \u00c1ngel Uriel Parra C\u00e1rdenas -rad. 2014-00036-, tras estimar que \u00abClara In\u00e9s Rivera Rivera otorg\u00f3 poder a un abogado que llev\u00f3 a cabo una defensa eficiente y oportuna\u00bb, por lo que \u00aben el momento de la notificaci\u00f3n, no exist\u00eda una declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n que hoy se alega como un factor que podr\u00eda haber afectado la notificaci\u00f3n y dar pie a la declaratoria de nulidad deprecada\u00bb (22 sep. 2023). <\/p>\n
As\u00ed mismo, el Quinto Civil del Circuito de esa ciudad confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 25 de abril de 2023 del D\u00e9cimo Civil Municipal, \u00abmediante el cual neg\u00f3 la nulidad que elev\u00f3 Clara In\u00e9s, por intermedio de su curador, por indebida notificaci\u00f3n\u00bb en el \u00abejecutivo hipotecario\u00bb que le promovi\u00f3 Jos\u00e9 Laureano Parra C\u00e1rdenas -rad. 2014-00021- (27 sep.), con id\u00e9nticos argumentos. <\/p>\n
En su criterio, cuando Clara In\u00e9s se \u00abnotific\u00f3 personalmente\u00bb de las \u00abprovidencias que emitieron orden de pago\u00bb, ya se encontraba en \u00abdebilidad manifiesta, es decir no tuvo ni ten\u00eda pleno conocimiento de los respectivos actos jur\u00eddicos que efectuaba\u00bb, en atenci\u00f3n a que \u00abla discapacidad mental de la demandada (\u2026) no deb\u00eda tenerse en cuenta \u00fanicamente a partir de su declaratoria por veredicto judicial, (\u2026) sino por el contrario, efectivamente deb\u00eda tenerse en cuenta a partir del dictamen m\u00e9dico legista respectivo, y en el que ciertamente se da fe de que realmente a la respectiva calenda la demandada padec\u00eda de discapacidad mental\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los estrados acusados desconocieron la sentencia T-400 de 2004 de la Corte Constitucional que, <\/p>\n
(\u2026) ense\u00f1\u00f3 que las personas discapacitadas mentales que resultan demandadas en un proceso civil son titulares de un derecho a la igualdad formal, en el sentido de que gozan de las mismas oportunidades procesales y recursos ordinarios que cualquier ciudadano para defender sus derechos por medio de su representante legal, (\u2026) De igual manera, en virtud del principio de igualdad material, los discapacitados mentales tienen derecho a recibir un trato especial por parte de los (\u2026) funcionarios, principio constitucional que en materia de procesos civiles comprende (\u2026) [que] \u2018a. A lo largo de todo el proceso civil, el funcionario debe velar porque los discapacitados mentales se encuentren debidamente representados\u2019. \u2018b. El funcionario judicial se encuentra en la obligaci\u00f3n de declarar, de oficio, la nulidad cuando sea informado que en el curso del proceso el demandado era un discapacitado mental (\u2026)\u2019. <\/p>\n
2.- Los Juzgados Primero Civil del Circuito y D\u00e9cimo Civil Municipal de Manizales defendieron la legalidad de su actuar; el \u00faltimo envi\u00f3 el link del pleito n.\u00b0 2014-00036. <\/p>\n
El Quinto Civil del Circuito remiti\u00f3 enlace de la causa 2014-00021-00 y se opuso al amparo, en tanto \u00ablas decisiones adoptadas y en especial lo que hoy discute el actor, han sido [tomadas] en el marco del debido proceso y con acatamiento de la Ley y los preceptos aplicables para el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Manizales deneg\u00f3 la salvaguarda, en raz\u00f3n a que \u00ablas simples discrepancias con los autos proferidos por los Juzgados Primero y Quinto Civil del Circuito de Manizales, el particular entendimiento del precedente de los \u00f3rganos de cierre y el desd\u00e9n de los medios suasorios o de los conceptos ofrecidos por las funcionarias convocadas resultan insuficientes para prodigar el amparo constitucional\u00bb, aunado a que \u00abes menester que la postura asumida en la decisi\u00f3n sea absurda, desmesurada o ilegal, particularidades que no se atisban en el sub lite, de ah\u00ed que no pueda pregonarse un defecto espec\u00edfico con fuerza bastante para trasgredir las prerrogativas fundamentales invocadas\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 el querellante con las mismas motivaciones inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se anuncia que el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 a los interlocutorios de los Juzgados Primero y Quinto Civiles del Circuito de Manizales (22 y 27 sep. 2023, correspondientemente), al zanjar la discusi\u00f3n suscitada en los litigios controvertidos. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se destaca que el pronunciamiento de 22 de septiembre de 2023 expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal (rad. 2014-00036). <\/p>\n
Para ello, dicha judicatura puntualiz\u00f3 que \u00abel recurrente sostiene que la nulidad que se plantea en el proceso en cuesti\u00f3n se relaciona con una notificaci\u00f3n indebida. Argumenta que al momento de llevar a cabo la notificaci\u00f3n y otorgar poder, la demandada se encontraba en un estado de evidente debilidad, lo que invalida sus acciones\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, relacion\u00f3 las actuaciones m\u00e1s relevantes, acreditadas en dicho expediente as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab- [R]egistro de la entrega de los anexos de la demanda a (\u2026) Clara In\u00e9s Rivera Rivera el d\u00eda 11 de septiembre de 2014. <\/p>\n
– [O]torgamiento del poder de Clara In\u00e9s Rivera Rivera, al Dr. Jorge Enrique Cadavid Fern\u00e1ndez. <\/p>\n
– [C]ontestaci\u00f3n de la demanda, en la cual se propusieron como medios exceptivos los siguientes: i) Existencia de falsedad ideol\u00f3gica o intelectual en el documento con el cual se demanda. ii) Enriquecimiento il\u00edcito, mediante fraude procesal. iii) Aprovechamiento y abuso de condiciones de inferioridad. iv) Inexistencia de la obligaci\u00f3n por inducci\u00f3n a error o exceso en la cobertura del t\u00edtulo. <\/p>\n
– [R]evocatoria de poder y (\u2026) Registro Civil de Nacimiento de la aqu\u00ed demandada, con la respectiva nota de interdicci\u00f3n. <\/p>\n
– [O]torgamiento del poder al Dr. Luis Mario Casta\u00f1o Arias. <\/p>\n
– [R]espuesta otorgada por el Juzgado Primero de Familia al interrogante planteado por el juzgado de origen respecto a la certificaci\u00f3n del a\u00f1o espec\u00edfico en que se encontraba Clara In\u00e9s Rivera Rivera, con la discapacidad mental que no le permit\u00eda comprender el alcance de sus actos, donde informa que por los informes periciales que reposan en el expediente, se decret\u00f3 la interdicci\u00f3n provisoria el d\u00eda 30 de noviembre de 2015, y posteriormente se declar\u00f3 la interdicci\u00f3n judicial definitiva por discapacidad mental absoluta y permanente, mediante Sentencia Nro. 216 del 28 de septiembre del a\u00f1o 2017, la cual \u2018de acuerdo con la ley 1306 de 2009, tiene efectos hacia futuro y no de manera retroactiva\u2019. <\/p>\n
– [C]onclusiones del reconocimiento psiqui\u00e1trico realizado a Clara In\u00e9s Rivera Rivera, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Caldas, que data del 10 de junio de 2014, donde concluye: (\u2026) En la actualidad Clara In\u00e9s (\u2026) no es una persona que est\u00e9 en capacidad mental para realizar negocios jur\u00eddicos. Es dif\u00edcil decir con total certeza el momento en que la persona pierde la capacidad para realizar transacciones comerciales de cuant\u00edas mayores o menores o no est\u00e1 ya en capacidad de realizar negocios de tipo jur\u00eddico, al no haber un seguimiento m\u00e9dico (\u2026). <\/p>\n
– [V]aloraci\u00f3n del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, seccional Caldas, con fecha del 19 de enero de 2011. En esta valoraci\u00f3n se sugiere que la demandada presenta un deterioro cognitivo leve y se recomienda un control m\u00e9dico frecuente y la asesor\u00eda de un adulto responsable en decisiones relacionadas con transacciones econ\u00f3micas importantes. <\/p>\n
– [E]xamen realizado por el Dr. Marco A. Acosta L\u00f3pez, el 19\/09\/2015, quien indica frente al examen mental directo: \u2018asiste sola, normoactiva, colabora, buena intenci\u00f3n, comunicativa, alerta, atenci\u00f3n dispros\u00e9xica, memoria de trabajo, sem\u00e1ntica y epis\u00f3dica conservadas, orientaci\u00f3n global, pensamiento relevante, coherente, l\u00f3gico, sin contenidos depresivos, sin actividad delirante; afecto ansioso pero resonante y congruente, sensopercepci\u00f3n conservada, lenguaje formal y fluente, inteligencia impresiona promedio, funciones ejecutivas conservadas. se realiza cuestionario \u2018examen del estado mental\u2019. puntaje 25\/30. Resultado: no hay deterioro cognitivo. Conclusi\u00f3n: no presenta en la actualidad trastorno psiqui\u00e1trico ni trastorno cognitivo. Facultades mentales dentro de l\u00edmites normales apta para efectos notariales\u2019\u00bb. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, esgrimi\u00f3 que \u00abes fundamental considerar que, al momento de llevar a cabo la notificaci\u00f3n de Clara In\u00e9s Rivera Rivera en el presente caso, no exist\u00eda una interdicci\u00f3n que limitar\u00e1 su capacidad legal y menos a\u00fan contaba con la designaci\u00f3n de curador u otro tipo de apoyo que invalidar\u00e1 la notificaci\u00f3n realizada por el Despacho cognoscente\u00bb, pues de acuerdo a la sentencia C-025 de 2021 de la Corte Constitucional, para este tipo de casos: <\/p>\n
(a) [S]e presume la capacidad legal de todas las personas, siempre y cuando no exista la declaraci\u00f3n judicial de interdicci\u00f3n; <\/p>\n
(b) [E]l proceso de interdicci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad cognitiva o para quienes transitoriamente \u2018adopten conductas que las inhabiliten para su normal desempe\u00f1o en la sociedad\u2019; <\/p>\n
(c) \u2018[C]onstituye el mecanismo judicial id\u00f3neo y eficaz para la protecci\u00f3n de quienes no pueden desempe\u00f1arse por s\u00ed mismos, lo que incluye a las personas que han sido diagnosticadas con p\u00e9rdida de conciencia por tiempo indeterminado\u2019; <\/p>\n
[(d)] \u2018[E]l juez de tutela se encuentra facultado para intervenir en los casos en los que se demuestre la amenaza u ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del agenciado y su familia\u2019. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 \u00abla falta de declaratoria de interdicci\u00f3n en el momento de los hechos cuestionados; indica que Clara In\u00e9s Rivera Rivera deb\u00eda ser tratada como cualquier otra persona con capacidad legal para participar en procedimientos legales, incluida la notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con ese derrotero evidenci\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la demandada otorg\u00f3 poder al profesional Jorge Enrique Cadavid Fern\u00e1ndez, quien, dentro del t\u00e9rmino para excepcionar, efectivamente lo hizo y propuso como excepciones las siguientes: i) Existencia de falsedad ideol\u00f3gica o intelectual en el documento con el cual se demanda. ii) Enriquecimiento il\u00edcito, mediante fraude procesal. iii) Aprovechamiento y abuso de condiciones de inferioridad. iv) Inexistencia de la obligaci\u00f3n por inducci\u00f3n a error o exceso en la cobertura del t\u00edtulo\u00bb, por ende, \u00abno se puede afirmar que Clara In\u00e9s se encontraba completamente abandonada en la defensa de sus derechos, pues el apoderado efectivamente alleg\u00f3 la contestaci\u00f3n a la demanda proponiendo medios exceptivos que deber\u00e1n ser analizados en la oportunidad procesal y lo hizo en tiempo h\u00e1bil. <\/p>\n
Soport\u00f3 su raciocinio en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil que establece: \u00abpara que una persona se obligue a otra por un acto o declaraci\u00f3n de voluntad, es necesario: 1) que sea legalmente capaz (\u2026) la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por s\u00ed misma, sin el ministerio o la autorizaci\u00f3n de otra\u00bb y, en el 1503 ib\u00eddem, que indica: \u00abtoda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces\u00bb. <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces, que \u00abClara In\u00e9s Rivera Rivera otorg\u00f3 poder a un abogado que llev\u00f3 a cabo una defensa eficiente y oportuna. Es importante destacar que, en el momento de la notificaci\u00f3n, no exist\u00eda una declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n que hoy se alega como un factor que podr\u00eda haber afectado la notificaci\u00f3n y dar pie a la declaratoria de nulidad deprecada\u00bb. <\/p>\n
3.- Por su parte, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales en resoluci\u00f3n de 27 de septiembre de 2023 (rad. 2014-00021), solvent\u00f3 lo pertinente con los mismos presupuestos, ya que, \u00ablos medios probatorios fueron debidamente valorados en el tr\u00e1mite incidental de nulidad, estableciendo para tal fin que entre la fecha de la notificaci\u00f3n personal de la demandada septiembre 11 de 2014, la interdicci\u00f3n provisoria el 30 de noviembre de 2015 y la definitiva por discapacidad mental absoluta y permanente decretada mediante sentencia del 28 de septiembre de 2017\u00bb, la comparecencia de Clara In\u00e9s al litigio \u00abtanto para recibir notificaci\u00f3n, como para la designaci\u00f3n de un apoderado, fueron actuaciones desplegadas de forma v\u00e1lida y consciente por la ejecutada y que los efectos de la declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 1306 de 2009 son de car\u00e1cter ex nunc y no de forma retroactiva\u00bb. <\/p>\n
Y refiri\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) frente a la sentencia T-400\/04 proferida por la Corte Constitucional y en la que se apoya el recurrente para que la misma se tenga como un precedente, las circunstancias f\u00e1cticas fueron diferentes al caso de Clara In\u00e9s Rivera, en la medida que la interdicci\u00f3n del accionante fue declarada antes de la presentaci\u00f3n de la demanda y en el presente asunto como qued\u00f3 rese\u00f1ado ocurri\u00f3 con posterioridad a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda y de la notificaci\u00f3n de la orden compulsiva de pago; lo que no conlleva a decretar la nulidad y muchos menos a tener como referente el precedente constitucional. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el precursor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a las contiendas, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC9232-2018, STC2544-2021, STC15685-2022 y STC1407-2023). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se acompa\u00f1ar\u00e1 el desenlace combatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13058-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC13058-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2023-00189-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 30 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77595\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}