STC13068-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13068-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04413-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Charry Trading SAS, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali y citadas las partes e intervinientes en los procesos ejecutivo de radicado no. 11001310300920180017200 y penal de radicado no. 110016000096220180085. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Colombian Leather Import & Export SAS instaur\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, para obtener el pago de unas sumas de dinero contenidas en unas facturas de cambio, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en providencia de 12 de marzo de 2019, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
Expuso que el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali, el 14 y el 18 de abril de 2021, decret\u00f3 como medida cautelar temporal la suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de la sociedad ejecutante, cautela debidamente inscrita seg\u00fan consta en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que con posterioridad a esa actuaci\u00f3n, la ejecutante aport\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que fue modificada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 6 de junio de 2022, auto en el que tambi\u00e9n decret\u00f3 unas medidas cautelares solicitadas, decisiones que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, por considerar que deb\u00eda efectuarse un control de legalidad en el proceso, en atenci\u00f3n a que la medida de suspensi\u00f3n de personer\u00eda de la ejecutante \u00abdeja sin piso jur\u00eddico toda la actuaci\u00f3n adelantada por la parte actora desde ese 18 de abril de 2021\u00bb, por lo que lo procedente era terminar la ejecuci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito como consecuencia de esa ilegalidad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado accionado al resolver el recurso de reposici\u00f3n en auto de 13 de abril de 2023, sostuvo que la medida de suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica, surte efectos en la actuaci\u00f3n donde fue decretada y, que, para que incidiera en la ejecuci\u00f3n deb\u00eda ser dispuesta por la autoridad competente lo que no sucedi\u00f3. Adem\u00e1s, neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por no reunirse los requisitos del desistimiento t\u00e1cito, providencia que tambi\u00e9n recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio en apelaci\u00f3n, y el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el segundo. <\/p>\n
Sostuvo que el Tribunal Superior accionado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque atribuy\u00f3 efectos diferentes a los que se\u00f1ala la norma referida, pues lo cierto es, que el \u00abel Juez penal ha decretado la suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica para que la sociedad no pueda seguir funcionando, por tratarse de una sociedad dedicada total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas (\u2026) lo que le impide actuar en el proceso\u00bb, sin embargo, contrariando lo dispuesto por el Juez Penal, y la finalidad de la medida cautelar, el ad quem consider\u00f3 \u00abque la sociedad puede seguir actuando hasta que la entidad competente, la Superintendencia de Sociedades seg\u00fan la Juez, proceda a la suspensi\u00f3n de la personer\u00eda, medida que [ya orden\u00f3 el Juez penal] y que ha puesto en conocimiento de terceros a trav\u00e9s de su registro en la C\u00e1mara de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, la sociedad accionante solicit\u00f3 ordenar a las autoridades accionadas, que \u00abprocedan a reconocer que la medida cautelar de [suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de la sociedad Colombian Leather Import & Export SAS], decretada en audiencia celebrada entre el 14 de abril de 2021 y el 18 de abril de 2021 por el Juzgado 29 Penal Municipal de Cali con Funciones de Control de Garant\u00edas (\u2026) produce efectos inmediatos dentro proceso ejecutivo singular (\u2026) 110013103 009 2018 00172 00 (\u2026)\u00bb, y en consecuencia, disponer que realicen un control de legalidad \u00abdecidiendo favorablemente la solicitud de ilegalidad de las actuaciones adelantadas por la parte actora a trav\u00e9s de su apoderado [desde la fecha de suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de la sociedad Colombian Leather Import & Export SAS] y por lo tanto de los autos proferidos por el despacho como respuesta a esas actuaciones\u00bb. <\/p>\n
Igualmente pidi\u00f3, que se decida la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito que present\u00f3. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, resalt\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n surtida en esta Corporaci\u00f3n se ajust\u00f3 a la legalidad, como se desprende del prove\u00eddo del 29 de agosto de 2023, al interior del proceso ejecutivo de Colombian Leather Import y Export S.A.S. contra Charry Trading SAS. Exp. 009-2018-00172\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de compartir el link del proceso ejecutivo de radicado no. 2018-00572, indic\u00f3 que la medida cautelar decretada en relaci\u00f3n con la personer\u00eda jur\u00eddica de la ejecutante, fue resuelta en los t\u00e9rminos de ley y se encuentra debidamente motivada, sin que sea la acci\u00f3n de tutela la v\u00eda para cuestionar este tipo de decisiones. <\/p>\n
Inform\u00f3 finalmente, que el expediente fue remitido a los juzgados civiles del circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias de esta ciudad. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali, relacion\u00f3 el tr\u00e1mite que ha impartido en el proceso penal de radicado no. 2018-00085 y, en cuanto a la audiencia de suspensi\u00f3n de personer\u00eda jur\u00eddica regulada en el art\u00edculo 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, inform\u00f3 que dispuso la suspensi\u00f3n de la persona jur\u00eddica denominada Colombian Leather Import & Export SAS, sede Cali, identificada con el Nit. 900472031-8, entre otras empresas, decisi\u00f3n que fue notificada a los intervinientes sin que se interpusiera ning\u00fan recurso. <\/p>\n
4. A trav\u00e9s de su apoderado judicial, Colombian Leather & Export SAS se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, se desconoce el car\u00e1cter subsidiario de este mecanismo excepcional y las decisiones reprochadas carecen de arbitrariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la sociedad Charry Trading SAS dirige la queja constitucional frente a las providencias proferidas por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 13 de enero de 2023 que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del proceso ejecutivo instaurado en su contra por Colombian Leather Import y Export SAS (rad. 2018-00172), y la del Tribunal Superior de esta ciudad de 29 de agosto de 2023 que confirm\u00f3 la del a quo, y afirma que, como sobre esa empresa recae una medida cautelar de suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica decretada por un Juez penal, se encuentra impedida para seguir desarrollando su actividad comercial y \u00abno puede actuar, de tal manera que sus actuaciones resultan ilegales, inexistentes y no pueden surtir efectos\u00bb y el hecho que no se declare la ilegalidad de lo actuado en el proceso ejecutivo desde el decreto de esa cautela, desconoce el art\u00edculo 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
En ese orden, considera la sociedad accionante que se cumplen los presupuestos para terminar la ejecuci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
3. Inicialmente debe se\u00f1alarse que el estudio de esta acci\u00f3n se centrar\u00e1 en la \u00faltima decisi\u00f3n, por ser la que defini\u00f3 la controversia planteada ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria. (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, STC2377-2018, STC13308-2020, STC1104-2021, STC862-2022, STC13308-2022, STC4443-2023, STC5435-2023, STC6736-2023, STC7301-2023 y, STC8095 -2023 entre muchas). <\/p>\n
4. Al examinar la determinaci\u00f3n censurada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que no puede calificarse de arbitraria, teniendo en cuenta que contiene una interpretaci\u00f3n respetable de la normativa aplicable al caso objeto de estudio. <\/p>\n
En efecto, para no acoger lo solicitado por la sociedad accionante ejecutada, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 explic\u00f3 los eventos en los que procede el desistimiento t\u00e1cito conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, y resalt\u00f3 aquel en el que la terminaci\u00f3n del proceso ser\u00e1 procedente si cuenta con sentencia ejecutoriada en favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n y ha permanecido inactivo en la secretar\u00eda del despacho porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de 2 a\u00f1os, refiri\u00e9ndose a la finalidad de esa figura jur\u00eddica en un precedente de esta Sala (STC1191-2020). <\/p>\n
Tras confrontar lo anterior con las actuaciones del expediente, hall\u00f3 que despu\u00e9s de la orden de continuar con la ejecuci\u00f3n se han proferido decisiones que impiden que se configure el plazo de dos a\u00f1os referido para dar viabilidad a la solicitud de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, tales como, los autos de 18 de noviembre de 2019 por medio del cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, y de 6 de junio de 2022 que resolvi\u00f3 modificar la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y dispuso la remisi\u00f3n del proceso a los juzgados civiles del circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias de Bogot\u00e1, de lo que advirti\u00f3 que el proceso no ha permanecido inactivo en la secretar\u00eda, sino que se han adelantado gestiones propias de la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
En seguida sostuvo que tal medida tampoco tiene la fuerza suficiente para invalidar las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo, puesto que, de conformidad con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, \u00abdicha medida propende inhabilitar a la persona jur\u00eddica para \u201cconstituir nuevas personer\u00edas jur\u00eddicas, locales o establecimientos abiertos al p\u00fablico, con el mismo objeto o actividad econ\u00f3mica a desarrollar, hasta que el Juez de Conocimiento tome una decisi\u00f3n definitiva en la sentencia correspondiente\u201d; ello dada la naturaleza preventiva de la medida en procura del restablecimiento del derecho perturbado con ocasi\u00f3n de la conducta punible\u00bb. <\/p>\n
Record\u00f3, que la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad del citado art\u00edculo en sentencia C-603 de 2016, explic\u00f3 que las medidas aludidas son apropiadas \u00abpara controlar y prevenir el delito, y proteger a la sociedad y a las v\u00edctimas, y en consecuencia son instrumentos aptos m\u00e1s que para asegurar el comiso (\u2026) hasta incluir su potencial contribuci\u00f3n como medidas de protecci\u00f3n o preventivas\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior concluy\u00f3, que la cautela descrita nada tiene que ver con el proceso ejecutivo bajo an\u00e1lisis, porque su finalidad es prevenir la comisi\u00f3n de conductas punibles y el resarcimiento de las v\u00edctimas reconocidas en el juicio penal \u00abcuyos efectos legales no se han extendido al expediente objeto de debate; y si se llegare a ordenar la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica con ocasi\u00f3n a la medida definitiva tomada por el Juez Penal, deber\u00e1 aplicarse lo previsto en la norma procesal civil para tal situaci\u00f3n que, vale la pena recalcar, no tiene que ver con la terminaci\u00f3n anormal del proceso con ocasi\u00f3n a la falta de inter\u00e9s de las partes para impulsar la causa incoada; siendo improcedente la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el transcrito art\u00edculo 317 de la Ley 1564 de 2012\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en tales motivos, confirm\u00f3 el auto apelado, que dispuso negar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1ctico. <\/p>\n
5. Bajo ese contexto, no se evidencia defecto del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega la sociedad accionante, quien busca imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica sobre los efectos que, a su juicio, se desprenden de la medida de suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de la sociedad ejecutante, decretada por el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cali, para concluir que debi\u00f3 declararse la ilegalidad de las actuaciones del proceso ejecutivo desde que se materializ\u00f3 esa cautela, por estar la ejecutante \u00abimpedida para actuar\u00bb y, por contera, decretar la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Prop\u00f3sitos que no se ajustan a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las providencias que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
6. En todo caso, cumple resaltar que, contrario a lo afirmado por la sociedad accionante, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 motiv\u00f3 en debida forma la decisi\u00f3n, pues analiz\u00f3 tanto la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, as\u00ed como los efectos de la medida de suspensi\u00f3n temporal de la personer\u00eda jur\u00eddica de la ejecutante, efectuando un interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de los art\u00edculos 159, 161 y 317 del C\u00f3digo General del Proceso y 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, y las sentencia STC-1191-2020 de esta Corte y C-603 de 2016 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Estudio que, lejos de considerarse caprichoso o subjetivo, le sirvi\u00f3 de base para concluir que los efectos de la mencionada medida cautelar no se extendieron al juicio ejecutivo que se revisa, dejando a salvo, con acierto, que, \u00absi se llegare a ordenar la disoluci\u00f3n de la persona jur\u00eddica con ocasi\u00f3n a la medida definitiva tomada por el Juez Penal, deber\u00e1 aplicarse lo previsto en la norma procesal civil\u00bb (\u00e9nfasis de la Sala). Situaci\u00f3n que, ciertamente, no guarda relaci\u00f3n con la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito suplicado, y la que, en efecto, no concurre porque se realizaron actuaciones que interrumpieron el plazo de dos a\u00f1os requerido para tal fin. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la postura adoptada por el Tribunal Superior accionado frente a la medida de suspensi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica de la ejecutante, es coherente con lo explicado por esta Corte de vieja data en un caso que, en lo pertinente, guarda simetr\u00eda con el asunto que se examina, al decir que la suspensi\u00f3n temporal de la personer\u00eda \u00abno es dable que produzca la expiraci\u00f3n de la persona jur\u00eddica como sujeto de derechos, sino que solamente difiere del ejercicio de estos. Suspender es \u201cdetener o diferir por alg\u00fan tiempo una acci\u00f3n\u201d (\u2026) Quiere esto decir que la suspensi\u00f3n que dispone la norma que se dice violada no priva a la asociaci\u00f3n a que se impone de su personalidad jur\u00eddica esencial, esto es, de su capacidad de derecho, sino que s\u00f3lo suspende su capacidad para obrar, ya que la suspensi\u00f3n nunca recae sobre esa capacidad esencial, sino sobre su ejercicio (\u2026)\u00bb (CSJ G.J., Tomo CXXXII, no. 2318-2320, p\u00e1g. 514-516). <\/p>\n
7. Entonces, aun cuando la sociedad accionante pretende dar una interpretaci\u00f3n diferente a la normativa en que se fundament\u00f3 la decisi\u00f3n atacada, no se olvide que la diferencia de criterio no es raz\u00f3n suficiente para que salga avante el amparo constitucional, puesto que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida como un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, STC11814-2022, STC4373-2023 y STC12126-2023, entre muchas). <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, el amparo no procede. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Charry Trading SAS, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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