STC13092-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01837-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de septiembre de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Rigoberto Vargas Calder\u00f3n instaur\u00f3 contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, extensiva al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma sede y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 85001-22-08-001-2009-00036-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, para que se \u00abREVOQUEN las decisiones\u00bb emitidas por los estrados convocados y, en su lugar, se \u00abotorgue LA SUSTITUCI\u00d3N DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO POR SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTR\u00d3NICA ART\u00cdCULO 38 C\u00d3DIGO PENAL, en la direcci\u00f3n Calle 3 No. 5-97 en el municipio de SABANALARGA-CASANARE, donde fue verificado [su] arraigo familiar\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que fue condenado a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n (27 ag. 2019), de los cuales ha descontado 38 meses de forma f\u00edsica y est\u00e1 redimiendo pena por estudio; no cuenta con antecedentes penales, es casado, tiene un hijo universitario y su familia est\u00e1 domiciliada en el municipio de Sabanalarga, Casanare; y, no posee bienes de fortuna ni recursos econ\u00f3micos para sufragar la multa que le fue impuesta ($268.156.336). <\/p>\n
El 30 de enero de 2022 solicit\u00f3 al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo la \u00abSUSTITUCI\u00d3N DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO POR SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTR\u00d3NICA\u00bb y el 21 de abril siguiente se le comunic\u00f3 la negativa de lo anhelado, interlocutorio que, apelado, el Tribunal ratific\u00f3 (16 sep. 2022), pero s\u00f3lo fue notificado el 3 de marzo de este a\u00f1o. <\/p>\n
Disiente de lo resuelto porque re\u00fane a cabalidad las exigencias para hacerse acreedor al beneficio rogado, empero, no se hizo un adecuado examen de la normativa pertinente y el material probatorio aportado. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo defendi\u00f3 la legalidad de su pronunciamiento y se opuso al ruego. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Veintinueve Seccional de Yopal inform\u00f3 que adelanta otra investigaci\u00f3n contra el gestor, por hechos ajenos al resguardo, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
El apoderado del promotor en la causa criminal, manifest\u00f3 atenerse \u00abal fallo que en derecho [se] profiera\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el amparo, porque \u00aba diferencia de lo considerado por el actor, la determinaci\u00f3n adoptada por las autoridades judiciales demandadas se advierte razonable, ajustada a derecho, y no vulner\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el precursor sin exponer los motivos de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aclara la Sala que, en el sub lite, se satisface el presupuesto de la inmediatez, porque el prove\u00eddo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo que defini\u00f3 el asunto objetado (16 sep. 2022), solo fue notificado al impulsor el 3 de marzo de 2023, seg\u00fan se extrae de la constancia expedida por el Centro Carcelario donde se encuentra privado de la libertad (Folio 24, archivo digital: 01CuadernoApelacionNiegaPrisionDomiciliaria.pdf). <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se advierte el decaimiento de la salvaguarda y la refrendaci\u00f3n de lo solventado en la primera instancia, toda vez que se avizora que el auto que aval\u00f3 el dictado por el a quo (18 abr. 2022), mediante el cual, no concedi\u00f3 la \u00absustituci\u00f3n de la prisi\u00f3n intramural por un sistema de vigilancia electr\u00f3nica\u00bb incoada por Rigoberto Vargas Calder\u00f3n, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.1. Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, record\u00f3 que el principio de favorabilidad est\u00e1 consagrado en los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Nacional y 6\u00ba de la Ley 599 de 2000, y refiere a la preferencia de \u00abla ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior\u00bb, a la \u00abrestrictiva o desfavorable\u00bb, fen\u00f3meno que se presenta en la modalidad de \u00abretroactividad de la ley que se configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron con anterioridad a su entrada en vigencia; y la ultractividad de la ley que consiste en la aplicaci\u00f3n de una norma que ha sido derogada, a situaciones que tuvieron lugar durante su vigencia\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el interesado invoc\u00f3 \u00abla Ley 1142 de 2007 que modific\u00f3, en el momento de su vigencia, el c\u00f3digo penal en su art\u00edculo 38A y 68A, y que en su parecer es m\u00e1s favorable\u00bb, explicando que si bien, estaban llamados a regular el caso, no era en virtud de la \u00abultractividad\u00bb, sino de la \u00abretroactividad\u00bb, en tanto, \u00abaunque s\u00ed se trata de una norma derogada, la misma no tuvo vigencia al momento de la ocurrencia de los hechos, ya que estos se materializaron entre el 04 de mayo del 2006 y el 29 de diciembre del mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
En seguida, memor\u00f3 que el art\u00edculo 32 de la Ley 1142 de 2007, que modific\u00f3 el 68A del C\u00f3digo Penal, excluy\u00f3 de \u00absubrogados penales\u00bb a quienes hubiesen sido \u00abcondenados por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores\u00bb, aspecto que en el particular no hallaba obst\u00e1culo, pues en \u00abel certificado de la SIJIN solo consta la existencia de sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de peculado por apropiaci\u00f3n agravado del que aqu\u00ed se debate el sustitutivo, de conformidad con el oficio No. S-20220009721\/ SUBIN GRIAC 1.9 expedido el 11 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
Por ello, analiz\u00f3 el \u00absubrogado\u00bb pretendido, que a voces del canon 38 del Estatuto Punitivo, consiste en permitir la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la v\u00edctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos: 1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m\u00ednima prevista en la ley sea de cinco (5) a\u00f1os de prisi\u00f3n o menos. 2. Que el desempe\u00f1o personal, laboral, familiar o social del sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocar\u00e1 en peligro a la comunidad y que no evadir\u00e1 el cumplimiento de la pena. 3. Que se garantice mediante cauci\u00f3n el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorizaci\u00f3n para cambiar de residencia. 2) Observar buena conducta. 3) Reparar los da\u00f1os ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre que est\u00e1 en incapacidad material de hacerlo. 4) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. 5) Permitir la entrada a la residencia a los servidores p\u00fablicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi\u00f3n y cumplir las dem\u00e1s condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentaci\u00f3n del INPEC. <\/p>\n
Al verificar el acervo probatorio para determinar si Vargas Calder\u00f3n, reun\u00eda tales requisitos, tuvo en cuenta la declaraci\u00f3n de Luz \u00c1ngela D\u00edaz Tovar, quien \u00abotorga arraigo familiar para solicitar prisi\u00f3n domiciliaria y\/o permiso administrativo de salida hasta de 72 horas en la direcci\u00f3n Calle 3 No. 5 -97 en el municipio de Sabanalarga Casanare\u00bb, pero \u00abno refiere al parentesco que tiene con Luz \u00c1ngela, no acredita el tiempo de residencia en la direcci\u00f3n Calle 3 No. 5 -97 en el municipio de Sabanalarga Casanare para que se determinara si es fija y estable\u00bb. <\/p>\n
Frente a los dichos de \u00abIsmael Morales Rojas, Luis Ariel Roa Parra y Mar\u00eda Otilia Sanabria Pab\u00f3n\u00bb, remembr\u00f3 que afirmaron \u00abconocer desde hace 30, 35 y 25 a\u00f1os respectivamente, a Rigoberto Vargas, y que dan fe que se trata de una persona trabajadora, de buenas costumbres, dedicada a su familia, persona generadora de empleo y respetuoso\u00bb. Y destac\u00f3 \u00abque se trata de personas que conocen a Rigoberto Vargas desde antes de que cometiera los hechos\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, calific\u00f3 de insuficientes tales elementos <\/p>\n
para deducir seria, fundada y motivadamente que Rigoberto no colocar\u00e1 en peligro a la comunidad y que no evadir\u00e1 el cumplimiento de la pena, puesto que, aunque hay declaraciones que tratan de dar fe del desempe\u00f1o laboral, social, son acreditaciones muy generales de personas que lo conocen desde antes de la comisi\u00f3n del delito, y de los que no hay una manifestaci\u00f3n objetiva que lleven a tener certeza si se cumple la finalidad del criterio de no poner en peligro a la comunidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que esos testigos no mencionaron \u00abresidencia fija y estable del condenado, solo hace[n] referencia a una direcci\u00f3n que es en la que posiblemente cumplir\u00eda la pena en caso de acceder el sustituto; en ese orden de ideas, no se demuestra que no evadir\u00e1 el cumplimiento de la pena\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en ello, coligi\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito del numeral 3 del art\u00edculo 50 de la Ley 1142 de 2007 que modific\u00f3 el art\u00edculo 38A del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Definido ello, reflexion\u00f3 que el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 50 de la citada disposici\u00f3n, \u00abque modific\u00f3 el 38 A del C\u00f3digo Penal\u00bb establece el \u00abpago total de la multa como requisito\u00bb para conceder la \u00abvigilancia electr\u00f3nica\u00bb, subrayando que el querellante aport\u00f3 <\/p>\n
documentos con los que pretende acreditar la insolvencia econ\u00f3mica, tales como: certificado expedido por la c\u00e1mara de comercio de Yopal en donde indicaron \u201c\u2026Que revisada la base de datos de nuestros registro mercantil, se pudo evidenciar que el se\u00f1or RIGOBERTO VARGAS CALDERON identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No 79.885.918, estuvo matriculado en esta c\u00e1mara de comercio, pero a la fecha la matricula mercantil No 35927 se encuentra cancelada en virtud de la depuraci\u00f3n realizada conforme lo establece el art\u00edculo 31 de la ley 1727 de 2014, el d\u00eda 12 de julio del 2015\u2026\u201d. 8 ; consulta realizada en la p\u00e1gina de superintendencia de notariado y registro, en donde lo aportado por el solicitante, fue confirmado en la p\u00e1gina https:\/\/certificados.supernotariado.gov.co\/certificado\/external\/validation\/validate-query.snr con el PIN de pago, y que arroj\u00f3 el siguiente resultado \u201c\u2026La consulta realizada a las oficinas de registro no arroj\u00f3 ning\u00fan resultado para los par\u00e1metros [CC-79885918] ingresados\u2026\u201d, es decir que, de los documentos se evidencia que no posee bienes o negocios para solventar el pago de la multa. <\/p>\n
Al respecto, adver\u00f3: <\/p>\n
Aunque en principio, se establece que es imperativo el cumplimiento del total de los requisitos exigidos por el art\u00edculo 38A del C\u00f3digo Penal, tambi\u00e9n lo es que la Corte Constitucional hizo una excepci\u00f3n a la hora de exigir el pago total de la multa, pues considera discriminatoria su exigencia, ante ello ha dicho \u201c\u2026Resulta discriminatorio, luego contrario al principio constitucional de igualdad (art. 13 C.N) que un condenado que cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos para acceder al mecanismo de la vigilancia electr\u00f3nica, no pueda salir del establecimiento carcelario por no contar con los recursos econ\u00f3micos para ello\u2026\u201d. <\/p>\n
Despu\u00e9s, puntualiz\u00f3 que examinar\u00eda la viabilidad de la \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb con base en la regla 38B adicionada por la Ley 1709 de 2014 (art. 23), que impone: <\/p>\n
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena m\u00ednima prevista en la ley sea de ocho (8) a\u00f1os de prisi\u00f3n o menos. 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del art\u00edculo 68A de la Ley 599 de 2000. 3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuaci\u00f3n la existencia o inexistencia del arraigo. 4. Que se garantice mediante cauci\u00f3n el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) No cambiar de residencia sin autorizaci\u00f3n previa del funcionario judicial; b) Que dentro del t\u00e9rmino que fije el juez sean reparados los da\u00f1os ocasionados con el delito. El pago de la indemnizaci\u00f3n debe asegurarse mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la v\u00edctima, salvo que demuestre insolvencia; c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores p\u00fablicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusi\u00f3n. Adem\u00e1s, deber\u00e1 cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisi\u00f3n domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, iter\u00f3 \u00abque no se cumple con los requisitos para acceder al sustituto solicitado por la defensa, por ende, se proceder\u00e1 a confirmar la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Bajo ese entendido, con independencia de que esta Colegiatura apruebe o no las disertaciones transcritas, lo cierto es que, no emerge de ellas defecto alguno con entidad suficiente que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como sugiere el precursor, quien aspira a sobreponer su visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho objetivo acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC3637-2023 y STC7596-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Lo discurrido conlleva a acompa\u00f1ar el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13092-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01837-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de septiembre de 2023 por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}