STC13114-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13114-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04447-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andre Corminboeuf contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y \u00abnotificaci\u00f3n oficial\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales convocadas en el tr\u00e1mite de otra acci\u00f3n que de este mismo linaje instaur\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, que \u00abla acci\u00f3n judicial #130012204000-2023-00164 sea anulada nuevamente a la Orden de Admisi\u00f3n de Primera Instancia (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. El pasado 5 de septiembre el ad-quem encausado confirm\u00f3 el fallo de tutela emitido el 28 de abril anterior por el a-quo convocado, en el cual se deneg\u00f3 el resguardo implorado por el accionante frente al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena (rad. 2023-00164-01), autoridad a la cual critic\u00f3 la tardanza en resolver su solicitud de rechazar los medios suasorios deprecados por la Fiscal\u00eda en la causa penal seguida en su contra por los punibles de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de estupefacientes (rad. 2017-02923-00). Asunto que a\u00fan no ha sido excluido de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional (rad. T9806975). <\/p>\n
2.2. En esta nueva oportunidad, el actor se doli\u00f3 de que aquel tr\u00e1mite constitucional est\u00e1 viciado de nulidad al dejar de convocarse a sus compa\u00f1eros de causa, Andr\u00e9s \u00c1ngel Le\u00f3n Espinoza y Edna Guadalupe \u00c1vila Vega, a pesar de que, por esa condici\u00f3n, es evidente que \u00abtienen un inter\u00e9s innegable en el resultado de [tal] acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abtranscurrieron m\u00e1s de siete meses desde que present[\u00f3] [su] tutela hasta que fu[e] notificado de la resoluci\u00f3n de segunda instancia, proceso que no debe exceder las siete semanas\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda por \u00abinexistencia de hecho vulnerador\u00bb, en tanto que el censor carece de legitimaci\u00f3n para controvertir la ausencia de notificaci\u00f3n de los terceros relacionados en el libelo y, en todo caso, su vinculaci\u00f3n no se hall\u00f3 necesaria, sumado al hecho de que al impugnar el fallo de tutela que all\u00ed se dict\u00f3 en primera instancia, omiti\u00f3 plantear tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal, por \u00abno haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante\u00bb; a m\u00e1s que \u00abla acci\u00f3n constitucional que en esta oportunidad se promueve resulta manifiestamente improcedente, en tanto no satisface los requisitos para su procedencia contra fallos de la misma naturaleza, sin que la argumentaci\u00f3n ofrecida permita tener por acreditado que la decisi\u00f3n cuestionada sea producto de una situaci\u00f3n de fraude\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
2.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que el inconforme cuenta con dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente al fallo dictado por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez supralegal. <\/p>\n
2.3. De modo que la petici\u00f3n aqu\u00ed elevada por el quejoso no podr\u00e1 ser atendida, pues a\u00fan goza de la instancia de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed a donde debe acudir. <\/p>\n
Al respecto esa Corporaci\u00f3n ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10, reiterada por esta Corporaci\u00f3n en CSJ STC178, 21 en. 2016). <\/p>\n
2.4. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, …para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de esos eventos, que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, de no olvidar que los \u00fanicos legitimados para cuestionar su falta de vinculaci\u00f3n son los directamente afectados con ello, que no el quejoso. <\/p>\n
En cuanto a ese \u00faltimo supuesto, por resultar plenamente aplicable a este caso, se tiene que para declarar improcedente otra acci\u00f3n que de este mismo linaje propuso el mismo accionante, recientemente, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
El ruego implorado por Andre Corminboeuf no puede prosperar toda vez que no tiene legitimaci\u00f3n en la causa para buscar lo que aqu\u00ed persigue. Se afirma lo anterior, porque a pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. <\/p>\n
Tal es la trascendencia del asunto que esta Corte de vieja data tiene asentado sobre el particular que, <\/p>\n
(\u2026), aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [canon] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026) (CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, STC2657-2021, reiterada en STC6328-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisado el escrito de tutela se observa que el convocante no manifest\u00f3 obrar en este asunto en calidad de apoderado o agente oficioso de los otros sindicados y de su apoderado, adem\u00e1s, no ostenta la representaci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales que invoca, toda vez que aunque busc\u00f3 solventar dicha situaci\u00f3n bajo el menoscabo del debido proceso de los otros involucrados en la causa penal origen de su inconformidad, no se advierte que la actuaci\u00f3n criticada, esto es, la falta de vinculaci\u00f3n de Andr\u00e9s \u00c1ngel Le\u00f3n Espinoza, Edna Guadalupe \u00c1vila Vega y el apoderado de \u00e9stos al ruego atr\u00e1s citado, vulnere tales prerrogativas, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el convocante no acredit\u00f3 autorizaci\u00f3n para en su nombre acudir a esta v\u00eda excepcional y subsidiaria. <\/p>\n
Y en este asunto no se tiene noticia, ni as\u00ed lo demuestra quien acude a la tutela, que los implicados en la causa penal y su apoderado est\u00e9n en imposibilidad de valerse por s\u00ed mismos, o que no puedan promover su defensa material para acudir a esta senda, circunstancias que le permitir\u00edan al convocante actuar bajo la figura de la agencia oficiosa, si de proteger los derechos fundamentales se trata (CSJ STC10288-2018, reiterada en STC6924-2023), figura sobre la cual se tiene dicho: <\/p>\n
(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el <\/p>\n
canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala. (CSJ STC2657-2021, reiterada en STC293-2023). <\/p>\n
Por lo expuesto, se negar\u00e1 por improcedente el amparo solicitado (CSJ STC12754-2023, 15 nov., rad. 2023-04300-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone el despacho adverso del ruego tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo solicitado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13114-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13114-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04447-00 Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andre Corminboeuf contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte y la Sala Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77611\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}