STC13117-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13117-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04431-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al Tribunal accionado que \u00abdeclare nulo el auto por el cual retrotrajo la sentencia de acci\u00f3n popular\u00bb; que aplique el \u00abart 278 CGP, sentencia anticipada…\u00bb; y se \u00abvaloren los fallos en derecho que aport[a]…\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Largo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Centro Integral de Atenci\u00f3n Eje Cafetero SAS, bajo el radicado 2023-00198, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Anserma, el que dict\u00f3 sentencia anticipada el 3 de octubre de 2023, en la que ampar\u00f3 los derechos colectivos, orden\u00f3 al demandado que garantizara la atenci\u00f3n de la comunidad sorda, a trav\u00e9s de interprete o traductor; y se abstuvo de condenar en costas y agencias en derecho. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en prove\u00eddo de 1\u00ba de noviembre de los corrientes dispuso devolver el expediente al despacho de origen, con miras a que se agotara el procedimiento correspondiente previo a la emisi\u00f3n del fallo definitorio de la causa. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la Corporaci\u00f3n acusada desconoc\u00eda e inaplicaba la ley al revocar la sentencia anticipada emitida por el juez de primer grado, la que hab\u00eda sido justificada en derecho; y que se desconoc\u00eda la celeridad procesal que ordenaba la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales remiti\u00f3 el link del expediente criticado. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Anserma realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 bajo los lineamientos legales y con todas las garant\u00edas; que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno; y que por auto de 9 de noviembre de 2023 dispuso obedecer lo resuelto por el superior y fijar fecha para la realizaci\u00f3n de la audiencia. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en prove\u00eddo de 1\u00ba de noviembre de 2023, consider\u00f3 que: <\/p>\n
…Ser\u00eda del caso resolver sobre la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto la apoderada judicial del Centro Integral de Atenci\u00f3n Eje Cafetero S.A.S. frente a la sentencia proferida el 3 de octubre pasado por el Juzgado Civil del Circuito de Anserma, Caldas, dentro de la acci\u00f3n popular promovida por el se\u00f1or Jos\u00e9 Largo contra la recurrente. <\/p>\n
No obstante, dentro del examen preliminar de que trata el art\u00edculo 325 del C\u00f3digo General del Proceso, se advierte que al interior del asunto constitucional se incurri\u00f3 en diversas falencias que deber\u00e1n ser corregidas por la a-quo previo a emitir nuevamente el pronunciamiento de fondo que desate la instancia primaria. Se explica: <\/p>\n
(i) Es evidente que en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de la referencia no fue agotada la audiencia de pacto de cumplimiento a que alude expresamente el art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, diligencia de car\u00e1cter obligatorio dada su naturaleza, objetivo y alcance previsto por el legislador como mecanismo conciliatorio en aras de privilegiar la protecci\u00f3n concertada de la prerrogativa colectiva en pugna y consecuente finalizaci\u00f3n del proceso, cuya realizaci\u00f3n deviene ineluctable en el entendido que es la \u00fanica menera de terminaci\u00f3n anticipada que regula la mencionada ley. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional mediante la SU-1116 de 2001, hab\u00eda ya sentado que… <\/p>\n
Si bien la judicial primaria argument\u00f3 a trav\u00e9s del auto datado 23 de agosto de 2023 que en raz\u00f3n de la remisi\u00f3n normativa contemplada por la ley en an\u00e1lisis, proceder\u00eda a dictar sentencia anticipada al tenor de canon 278 del Estatuto Adjetivo Civil, por no encontrarse pruebas pendientes por practicar, lo cierto es que dicha figura no resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional, por cuanto sus etapas adjetivas est\u00e1n amplia y especialmente reguladas por la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Incluso, respecto a la imposibilidad de emitir una decisi\u00f3n antelada, la Corte Suprema de Justicia tiene por definido… <\/p>\n
Precisando que: <\/p>\n
…ninguna cabida ten\u00eda emisi\u00f3n de la sentencia anticipada por la cual opt\u00f3 el Juzgado de conocimiento, dado que cada una de las fases de la acci\u00f3n constitucional popular, ha de ser observada so pena de socavar su especial linaje; mientras que la remisi\u00f3n a las reglas generales del procedimiento civil, de que trata el art\u00edculo 44 \u00eddem, debe entenderse en un sentido restringido a los t\u00f3picos que no se hallen expresamente regulados all\u00ed con el prop\u00f3sito exclusivo de suplir los vac\u00edos, pues una interpretaci\u00f3n contraria, o lo que es igual, una aplicaci\u00f3n ilimitada del Estatuto Adjetivo Civil, conllevar\u00eda a modificar sin justificaci\u00f3n alguna el especial tr\u00e1mite regulado por el legislador, \u00fanico llamado a ejercer la potestad de configuraci\u00f3n legislativa en materia procesal en el Estado Social de Derecho. Bajo esa \u00f3ptica y como se mencion\u00f3 en los supuestos normativos, m\u00e1s bien podr\u00eda ser el pacto de cumplimiento, el que se constituyera en sentencia anticipada. <\/p>\n
(ii) Examinada la instancia primaria, es palpable que la judicial cognoscente falt\u00f3 a su deber de impulso oficioso recaudando las pruebas con base en las cuales pudiese emitir la providencia -concebido por los art\u00edculos 5\u00b0 y 28 de la Ley 472 de 1998-, esto por cuanto, si acorde lo advirti\u00f3 en el auto del 23 de agosto hoga\u00f1o \u201ccon la acci\u00f3n no fueron solicitadas pruebas\u201d y \u201clas pruebas arrimadas con la contestaci\u00f3n son netamente documentales (\u2026)\u201d consistiendo estas \u00faltimas en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad accionada y el poder conferido por a su mandataria judicial, no se encuentra la fuente demostrativa de la cual deriv\u00f3 la declarada transgresi\u00f3n a los derechos colectivos, siendo conocido que \u201cToda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso(\u2026)\u201d precepto que constituye la materializaci\u00f3n del principio de necesidad de la prueba. <\/p>\n
(iii) De acuerdo con uno de los motivos de reproche contra la decisi\u00f3n, no es dable pasar inadvertido que, no obstante anunciarse en el plurimencionado auto emitido en agosto de 2023 que se otorgaba el t\u00e9rmino legal a fin de que las partes proporcionaran sus alegatos conclusivos, el Juzgado omiti\u00f3 que a dicho proceder la abanderada de la accionada se allan\u00f3 tempestivamente brindando los argumentos que estim\u00f3 pertinentes y que no hicieron parte del an\u00e1lisis al interior de la sentencia anticipada, donde contrario a la realidad se indic\u00f3 que: \u201cse dispuso correr traslado para alegatos de clausura, sin que se hiciera uso de este derecho por las partes\u201d. <\/p>\n
Es por todo lo explicado que se ordena DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, con el fin de que en acatamiento de las directrices referidas y sin perder de vista que la acci\u00f3n intentada se contrae a la contemplada por el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, desarrollada por la Ley 472 de 1998, se allane a agotar el procedimiento correspondiente previo a la emisi\u00f3n de la sentencia definitoria de la causa… <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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