STC13119-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04350-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda S.A.S. y Arca Arquitectura e Ingenier\u00eda S.A. instauraron contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 42\u00b0 del Circuito de esa misma especialidad y ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil con radicado n\u00b0 110013103042-2019-00146-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las sociedades accionantes pidieron que se revoque la providencia relativa a la deserci\u00f3n de su apelaci\u00f3n (15 mar. 2023) y las que de ella dependan, para que, en su lugar, se resuelva nuevamente conforme a sus intereses. <\/p>\n
En sustento, adujeron ser demandadas en el litigio objeto de revisi\u00f3n en el que se dict\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones (1\u00b0 jul. 2022). Relataron que interpusieron apelaci\u00f3n que el Tribunal convocado declar\u00f3 desierta por falta de sustentaci\u00f3n oportuna (15 mar. y 5 may. 2023). Acusaron que no se tuviera en cuenta que dicha carga fue satisfecha desde la interposici\u00f3n de la impugnaci\u00f3n (8 jul. 2022). <\/p>\n
2. Las autoridades judiciales accionadas remitieron el link del expediente cuestionado. El tribunal se remiti\u00f3 a los argumentos de las decisiones criticadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El amparo ser\u00e1 concedido porque la falta de sustentaci\u00f3n de la alzada dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del remedio vertical, no habilitaba al Tribunal a declararlo desierto, comoquiera que, de todos modos, dicha carga se cumpli\u00f3 al momento de interponer el recurso. <\/p>\n
En efecto, luego de que el funcionario de primer grado dict\u00f3 la respectiva sentencia, la apoderada judicial de la pasiva interpuso apelaci\u00f3n y enseguida esgrimi\u00f3 las razones por las que disent\u00eda con el veredicto. En tal sentido indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[M]ediante este escrito interpongo y sustento el recurso de apelaci\u00f3n contra la integridad de la sentencia de fecha 01 de julio de 2022, proferida por el Juzgado de 42 Civil del Circuito De Bogot\u00e1 basado en lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El juzgador omite comunicaci\u00f3n de incumplimiento enviada a el CONSORCIO PSA y a FONADE dentro del plazo contractual, siendo necesario determinar el plazo contractual para cada acta de servicio as\u00ed: (\u2026) <\/p>\n
Dentro de la sentencia el fallador fundamenta el incumplimiento y la sentencia en lo siguiente: (\u2026) desconociendo que la comunicacio\u0301n de incumplimiento contractual fue realizada en debida forma dentro del plazo contractual, enviada al consorcio PSA y a FONADE el 15 de noviembre de 2013 y comunicada a la aseguradora el 22 de noviembre de 2013 las cuales se encuentran dentro del proceso, se ratificaron en debida forma por testigo del Consorcio PSA y no se realizo\u0301 objecio\u0301n alguna sobre esta. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otro lado tampoco consta dentro del proceso la audiencia celebrada el 07 de marzo de 2022 la cual debio\u0301 ser solicitada al juzgado en di\u0301as anteriores asi\u0301: (\u2026) sobre los testimonios que se rindieron en esta diligencia el Juez no emite valoracio\u0301n alguna, al no encontrarse dentro del link del proceso puede inferirse que el juez no tuvo en cuenta lo mencionado en esta audiencia no verificando, estudiando y valorando la totalidad de las pruebas y testimonios aportados. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El interventor cumplio\u0301 a cabalidad con sus obligaciones tal y como se demostro\u0301 durante el proceso, no es posible predicar solidaridad entre el contratista y el interventor cuando los dan\u0303os no son imputables al interventor sino a la misma entidad; al no iniciar proceso sancionatorio o iniciar las acciones legales en el momento que la interventori\u0301a le informo de la situacio\u0301n, es decir el 15 de noviembre de 2013 o el 20 de febrero de 2014 conminando al CONSORCIO PSA para cumplimiento contractual, resaltando que la interventori\u0301a no cuenta con capacidad dispositiva frente a la modificacio\u0301n del contrato, ni con potestad sancionatoria. (\u2026) Razo\u0301n por la cual ENTERRITORIO debi\u0301a ejecutar acciones para mitigar el riesgo como lo son, el inicio de proceso sancionatorio en su momento y no solo convertirse en un mensajero de documento sin potestad alguna, buscando ahora endilgar su negligencia a mi representado cuanto los mecanismos juri\u0301dicos para el cumplimiento estaba u\u0301nica y exclusivamente en cabeza de ENTERRITORIO , siendo esto suficiente argumento para que no prospere ningu\u0301n tipo de responsabilidad o incumplimiento a mi representada que cumplido a cabalidad con sus obligaciones au\u0301n ma\u0301s alla\u0301 del tiempo acordado. [Entre otros argumentos obrantes a folios 12-24 del escrito de sustentaci\u00f3n presentado al interponer la alzada]\u00bb <\/p>\n
Es decir, que la parte recurrente en esa oportunidad no solo se alz\u00f3 contra la sentencia de primer grado, sino que, tambi\u00e9n, desarroll\u00f3 los motivos de su inconformidad, dirigidos a demostrar, entre otras, que el juzgado no valor\u00f3 la totalidad de las pruebas que obraban en el expediente. Luego, quedaron definidos los reproches de Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda S.A.S. y Arca Arquitectura e Ingenier\u00eda S.A., al igual que sus fundamentos, por lo que resultaba improcedente la deserci\u00f3n predicada. <\/p>\n
Es que si bien, a la luz del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 -antes art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020- no es del todo conveniente que el recurrente sustente la apelaci\u00f3n antes de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que la admite o niegue la pr\u00e1ctica de pruebas, la desatenci\u00f3n de esa forma no es suficiente para declarar la deserci\u00f3n del recurso. Esto, porque, de todos modos, en ese evento, el acto procesal cumple con su finalidad, el juzgador de segundo grado conoce los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sumado a que el derecho de contradicci\u00f3n del no recurrente queda a salvo con el correspondiente traslado de la sustentaci\u00f3n (STC5790-2021, STC16123-2021, STC999-2022, STC786-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
Al respecto, en CSJ STC5790-2021 se indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, (\u2026) pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia (se enfatiza ahora). <\/p>\n
2. Ahora, no desconoce la Sala que la postura de la Magistratura convocada se sustenta en la de lo dicho por la homologa de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la cual ha revocado m\u00faltiples pronunciamientos bajo la tesis de que deben atenderse las formas y los t\u00e9rminos prescritos por la ley para sustentar el remedio vertical. <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese que ese dilema, finalmente, fue zanjado por la Corte Constitucional en favor de la hermen\u00e9utica defendida por esta Sala, al considerar que, en un escenario escritural, donde no es necesario acudir a una audiencia ante el ad quem a sustentar la alzada, nada obsta para que \u00e9ste valore las argumentaciones presentadas por el recurrente antes de la oportunidad legal correspondiente. <\/p>\n
Sobre el particular, dicha Corporaci\u00f3n tras recordar que en la sentencia SU-418 de 2019, advirti\u00f3 que \u00abexigir la sustentaci\u00f3n en audiencia, no configura un defecto procedimental absoluto, en la medida en que existe una obligaci\u00f3n clara y expresa que estableci\u00f3 el Legislador y que es razonable\u00bb, anot\u00f3 in extenso: <\/p>\n
136. Estos casos son diferentes al que estudia la Sala, pues la discusi\u00f3n giraba en torno a la aplicaci\u00f3n de las reglas en materia del recurso de apelaci\u00f3n contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, pues los recursos en todos los casos fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, mientras que en el presente asunto se trata de un recurso que, como se explic\u00f3, fue interpuesto en vigencia del Decreto 806 de 2020, lo que diferencia los referentes normativos y el problema jur\u00eddico considerado en ambos casos. <\/p>\n
<\/p>\n
137. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que si bien la carga de sustentaci\u00f3n ante el ad quem resulta necesaria en un modelo de oralidad, en los t\u00e9rminos expuestos por la jurisprudencia constitucional, dado que la audiencia de sustentaci\u00f3n es la oportunidad procesal dispuesta para que la contraparte y el fallador de segundo grado conozcan el desarrollo de los reparos frente al fallo de primer grado, con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, esta carga se flexibiliz\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
138. Esto, porque, en primer lugar, no se prev\u00e9 una audiencia de sustentaci\u00f3n para que el juez y la contraparte conozcan el desarrollo de los motivos de inconformidad del recurrente frente al fallo. En segundo lugar, porque el recurso de apelaci\u00f3n presentado ante el juez de primera instancia, cuando despliega razonablemente los argumentos que sustentan la apelaci\u00f3n, permite al juez de segundo grado, en el an\u00e1lisis de admisi\u00f3n, determinar si contiene o no los elementos necesarios para que se entienda sustentado, pues en el modelo del Decreto 806 de 2020 estos reparos se presentan por escrito. Es claro que ese instrumento permite velar por los derechos de contradicci\u00f3n, doble instancia y debido proceso de las partes (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala comparte los argumentos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela de primera instancia porque, en efecto, la parte accionante present\u00f3 de manera suficiente y anticipada las razones que se le pod\u00edan exigir al apelante y que el tribunal conoci\u00f3. A pesar de lo anterior, y por un apego excesivo a la norma procesal contenida en el art\u00edculo 14 del Decreto 806, resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso. (\u2026). <\/p>\n
147. As\u00ed las cosas, la Sala considera que el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, porque est\u00e1 sustentado en una aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes que, aunque correcta, es excesivamente rigurosa (\u2026). <\/p>\n
153. Asimismo, la configuraci\u00f3n del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, como consecuencia de que el tribunal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y no repuso dicho auto, no solo vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sino tambi\u00e9n el derecho a la doble instancia. En efecto, el desconocimiento de la cl\u00e1usula de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (art. 228 C.P.), que es el fundamento que sustenta el defecto por exceso ritual manifiesto, tiene como consecuencia la imposibilidad material de: (i) acceder efectivamente a la administraci\u00f3n de justicia; (ii) permitir la discusi\u00f3n del fallo de primera instancia por un juez de superior jerarqu\u00eda y (iii) limit\u00f3 la deliberaci\u00f3n sobre la controversia. <\/p>\n
154. Finalmente, se precisa que, aunque el tribunal no incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, pues se ci\u00f1\u00f3 al procedimiento previsto, como se explic\u00f3, s\u00ed incurri\u00f3 en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto (se enfatiza, sentencia T-310 de 2023). <\/p>\n
3. Entonces, comoquiera que las tutelantes cumplieron la carga de sustentar anticipadamente su opugnaci\u00f3n ante el despacho de primer grado, el Tribunal incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto al declararla desierta, lo que impone conceder la salvaguarda. <\/p>\n
En consecuencia, se dejar\u00e1 sin efecto el prove\u00eddo por medio del cual el fallador colegiado declar\u00f3 desierta la alzada y las actuaciones que dependan de esa directriz. En su reemplazo, se ordenar\u00e1 al Magistrado ponente de las diligencias que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONCEDE la tutela instada por la Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda S.A.S. y Arca Arquitectura e Ingenier\u00eda S.A. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS el auto emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 15 de marzo de 2023, mediante el cual declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en el declarativo 110013103042-2019-00146-00, as\u00ed como las actuaciones derivadas de esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En su lugar, se ORDENA al Magistrado sustanciador de las diligencias que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04350-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que las sociedades Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda SAS y Arca Arquitectura e Ingenier\u00eda SA promovieron contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, <\/p>\n
En el proceso de responsabilidad civil con radicado n\u00b0 110013103042-2019-00146-00 que se instaur\u00f3 en su contra, el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 1\u00ba de julio de 2022 accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y sustent\u00f3 el 8 de julio siguiente. <\/p>\n
Remitido el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el recurso fue admitido y, en providencia de 15 de marzo de 2023 lo declar\u00f3 desierto por haberse incumplido con la carga procesal de sustentar en esa instancia los reparos, determinaci\u00f3n que mantuvo el 5 de mayo de 2023, al resolver el recurso de reposici\u00f3n que propuso. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo reclamado por las sociedades Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda SAS y Arca Arquitectura e Ingenier\u00eda SA, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 1. El amparo ser\u00e1 concedido porque la falta de sustentaci\u00f3n de la alzada dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del remedio vertical, no habilitaba al Tribunal a declararlo desierto, comoquiera que, de todos modos, dicha carga se cumpli\u00f3 al momento de interponer el recurso. <\/p>\n
En efecto, luego de que el funcionario de primer grado dict\u00f3 la respectiva sentencia, la apoderada judicial de la pasiva interpuso apelaci\u00f3n y enseguida esgrimi\u00f3 las razones por las que disent\u00eda con el veredicto. En tal sentido indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es decir, que la parte recurrente en esa oportunidad no solo se alz\u00f3 contra la sentencia de primer grado, sino que, tambi\u00e9n, desarroll\u00f3 los motivos de su inconformidad, dirigidos a demostrar, entre otras, que el juzgado no valor\u00f3 la totalidad de las pruebas que obraban en el expediente. Luego, quedaron definidos los reproches de Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda S.A.S. y Arca Arquitectura e Ingenier\u00eda S.A., al igual que sus fundamentos, por lo que resultaba improcedente la deserci\u00f3n predicada. <\/p>\n
Es que si bien, a la luz del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 -antes art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020- no es del todo conveniente que el recurrente sustente la apelaci\u00f3n antes de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que la admite o niegue la pr\u00e1ctica de pruebas, la desatenci\u00f3n de esa forma no es suficiente para declarar la deserci\u00f3n del recurso. Esto, porque, de todos modos, en ese evento, el acto procesal cumple con su finalidad, el juzgador de segundo grado conoce los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sumado a que el derecho de contradicci\u00f3n del no recurrente queda a salvo con el correspondiente traslado de la sustentaci\u00f3n (STC5790-2021, STC16123-2021, STC999-2022, STC786-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3. Entonces, comoquiera que las tutelantes cumplieron la carga de sustentar anticipadamente su opugnaci\u00f3n ante el despacho de primer grado, el Tribunal incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto al declararla desierta, lo que impone conceder la salvaguarda. <\/p>\n
En consecuencia, se dejar\u00e1 sin efecto el prove\u00eddo por medio del cual el fallador colegiado declar\u00f3 desierta la alzada y las actuaciones que dependan de esa directriz. En su reemplazo, se ordenar\u00e1 al Magistrado ponente de las diligencias que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n en comento\u00bb. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes (\u2026) Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Decreto 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04350-00 <\/p>\n
Con el mayor Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda S.A.S. y Arca Arquitectura e Ingenier\u00eda S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Cuarenta y dos Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En consecuencia, tras dejar sin efecto el auto emitido por la Corporaci\u00f3n accionada el 15 de marzo de 2023, mediante el cual declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora contra el fallo dictado en el proceso declarativo n.\u00b0 110013103042-2019-00146-00, as\u00ed como las actuaciones derivadas de esa decisi\u00f3n, le orden\u00f3 que, \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada\u00bb. <\/p>\n
Para ello, ab initio advirti\u00f3 que la protecci\u00f3n solicitada se conceder\u00eda, \u00abporque la falta de sustentaci\u00f3n de la alzada dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del remedio vertical, no habilitaba al Tribunal a declararlo desierto, comoquiera que, de todos modos, dicha carga se cumpli\u00f3 al momento de interponer el recurso. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque: <\/p>\n
(\u2026) luego de que el funcionario de primer grado dict\u00f3 la respectiva sentencia, la apoderada judicial de la pasiva interpuso apelaci\u00f3n y enseguida esgrimi\u00f3 las razones por las que disent\u00eda con el veredicto (…). <\/p>\n
Es decir, que la parte recurrente en esa oportunidad no solo se alz\u00f3 contra la sentencia de primer grado, sino que, tambi\u00e9n, desarroll\u00f3 los motivos de su inconformidad, dirigidos a demostrar, entre otras, que el juzgado no valor\u00f3 la totalidad de las pruebas que obraban en el expediente. Luego, quedaron definidos los reproches de Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda S.A.S. y Arca <\/p>\n
Arquitectura e Ingenier\u00eda S.A., al igual que sus fundamentos, por lo que resultaba improcedente la deserci\u00f3n predicada (…). <\/p>\n
Y con fundamento en el fallo T-310 de 2023 de la Corte Constitucional, asever\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 2.- Ahora, no desconoce la Sala que la postura de la Magistratura convocada se sustenta en la de lo dicho por la homologa de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la cual ha revocado m\u00faltiples pronunciamientos bajo la tesis de que deben atenderse las formas y los t\u00e9rminos prescritos por la ley para sustentar el remedio vertical. <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese que ese dilema, finalmente, fue zanjado por la Corte Constitucional en favor de la hermen\u00e9utica defendida por esta Sala, al considerar que, en un escenario escritural, donde no es necesario acudir a una audiencia ante el ad quem a sustentar la alzada, nada obsta para que \u00e9ste valore las argumentaciones presentadas por el recurrente antes de la oportunidad legal correspondiente (\u2026). <\/p>\n
2.- No comparto el veredicto, principalmente, porque el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no vulner\u00f3 los derechos invocados por las gestoras. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- La Ley 2213 de 2022 que estableci\u00f3 la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020, modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el juez de <\/p>\n
segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -, modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al superior y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la sentencia apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco <\/p>\n
(5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el <\/p>\n
legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
2.3.- Estoy convencida que el resguardo no debi\u00f3 concederse porque la parte recurrente desacat\u00f3 la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que conllevaba la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4.- Ahora, si bien la Corte Constitucional en la sentencia T-310 de 2023 acogi\u00f3 la tesis de la Sala Mayoritaria de esta Magistratura, no conduce a solventar de manera id\u00e9ntica, en tanto, adem\u00e1s de que los pronunciamientos emitidos en \u00ablas acciones constitucionales\u00bb generan efecto inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996, que prev\u00e9: \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781- 2021 y STC5396-2022 y STC382-2023), las razones <\/p>\n
expuestas all\u00ed en nada var\u00edan las esgrimdias en salvamentos anteriores frente a id\u00e9ntica posici\u00f3n de la Sala Mayoritaria y, que aqu\u00ed, con el debido respeto y consideraci\u00f3n, reitero. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi disconformidad. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13119-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04350-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Applus Norcontrol Consultor\u00eda e Ingenier\u00eda S.A.S. y Arca Arquitectura […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}