STC13124-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13124-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04406-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Nel Rivera Ortiz contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala \u00danica, tr\u00e1mite al que fueron integrados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha (Boyac\u00e1), as\u00ed como los part\u00edcipes en el asunto que suscita la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa[,] acceso a la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) legalidad\u2026, prevalencia del derecho sustancial [e] igualdad\u00bb, presuntamente conculcadas por la corporaci\u00f3n repelida. Y en concreto, se ordene impartir impulso a la segunda instancia dentro de la sucesi\u00f3n intestada n.\u00b0 \u00ab2016-00056\u00bb.<\/p>\n
2. Como soporte adujo, en lo relevante, que el Tribunal accionado dispuso en el expediente liquidatorio arriba descrito, con auto de 22 de agosto de los corrientes, \u00abdeclara[r] desierto\u00bb el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l interpuesto contra el fallo de 11 de mayo anterior, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha hubo de aprobar el trabajo de partici\u00f3n \u2013y desestimar su objeci\u00f3n a tal elaboraci\u00f3n, como heredero reconocido\u2013. <\/p>\n
Dicho prove\u00eddo, expuso, result\u00f3 confirmado por la misma colegiatura por conducto de providencia de 26 de octubre postrero, en sede de reposici\u00f3n \u2013as\u00ed fue surtida la \u00abs\u00faplica\u00bb que formulara, conforme al art. 318, par\u00e1g., del C\u00f3digo General del Proceso\u2013. <\/p>\n
Critic\u00f3 el tutelante, entonces, el decaimiento de su alzada pues, en estricto compendio, el Tribunal quiso pasar por alto que s\u00ed sustent\u00f3 su recurso en segunda instancia, en la oportunidad legal aludida en el interlocutorio de traslado de 10 de agosto de la presente anualidad, con memorial enviado el d\u00eda 15 siguiente al correo electr\u00f3nico \u00abdes04ssutsstrviterbo@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb, que am\u00e9n de \u00abnunca rebot[ar]\u00bb lo cierto es que corresponde al despacho del magistrado sustanciador, seg\u00fan consulta en el directorio de buzones digitales del portal web de la Rama Judicial. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, por ende, en respeto de la \u00abCONFIANZA LEG\u00cdTIMA, \u2026SEGURIDAD JUR[\u00cd]DICA Y\u2026 BUENA FE\u00bb al emplear un canal de mensajer\u00eda obrante en la p\u00e1gina de la Rama, ha de ser v\u00e1lida la sustentaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el pliego supralegal. Y en paralelo, libr\u00f3 las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
El Tribunal brind\u00f3 copia magn\u00e9tica del sucesorio en debate. El Juzgado indic\u00f3 que los ataques le son extra\u00f1os. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en abrigo de las premisas b\u00e1sicas, susceptible de invocar cuando sean afectadas o de permanecer en peligro inminente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el auxilio cabe excepcionalmente y ce\u00f1ido a la ocurrencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios (\u2026) previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, obvio, de acaecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Es de averiguada comprensi\u00f3n que cuando el funcionario natural consuma un desempe\u00f1o opuesto al compilado normativo, por arbitrario, antojadizo o excesivo, puede injerir el juez constitucional en procura de recuperar el orden jur\u00eddico, si el afectado no posee otro implemento de ayuda. <\/p>\n
Se ha postulado, en sinton\u00eda, que <\/p>\n
el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
En el labrado contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador preestablecido dilata alguna etapa importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, no aporta argumentos valederos, soslaya garant\u00edas esenciales por rigorismo o, de incurrir en defecto sustantivo y\/o adjetivo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
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1. De cara al sub examine, compete auscultar en sus cimientos el auto de 26 de octubre \u00faltimo, proveniente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, al ser el que en reposici\u00f3n del ac\u00e1 promotor contra la decisi\u00f3n de deserci\u00f3n (as\u00ed fue evacuada su \u00abs\u00faplica\u00bb a voces del art. 318, par\u00e1g., C. G. del P.), acab\u00f3 por finiquitar la discusi\u00f3n en torno a la sustentaci\u00f3n o no de su apelaci\u00f3n de fallo, en segunda instancia. <\/p>\n
1. Auto en el que esa colegiatura, en lo medular, hubo de desechar la impetraci\u00f3n del memorial de sustentaci\u00f3n del ahora impulsor -ah\u00ed apelante- al buz\u00f3n digital \u00abdes04ssutsstrviterbo@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb, luego de esgrimir, en s\u00edntesis, que dicho correo \u00abno es una cuenta oficial\u00bb h\u00e1bil para la recepci\u00f3n de documentos judiciales, porque para tales prop\u00f3sitos existe la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la secretar\u00eda, adem\u00e1s de tener otro e-mail pero para uso exclusivo de correspondencia con la Corte Constitucional. <\/p>\n
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4. Indagado el anterior panorama, es del caso abrir paso al petitorio supralegal de la referencia, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
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1. A decir verdad, el Tribunal, so pretexto de que el correo electr\u00f3nico al cual el tutelante \u2013por conducto de la apoderada\u2013 alleg\u00f3 su escrito de sustentaci\u00f3n (en segundo grado) de la alzada frente a la sentencia del sucesorio no es oficial en procura de la radicaci\u00f3n de correspondencia, opt\u00f3 sin m\u00e1s por demeritar ese escrito sustentatorio muy a pesar de que, como se dijera en el libelo de amparo, I) fue impetrado el 15\/08\/2023, dentro de los cinco d\u00edas previstos en la ley 2213 de 2022 para el efecto y II) el buz\u00f3n aparece en el directorio de correos del portal web de la Rama Judicial al despacho del magistrado sustanciador de la apelaci\u00f3n, adem\u00e1s de que tampoco refulge que por lo menos el memorial en cuesti\u00f3n fuera enviado desde tal correo \u2013por los funcionarios a cargo del manejo\u2013 al canal o dominio virtual disponible para la formulaci\u00f3n de documentos tocantes a los procesos jurisdiccionales, o a lo sumo que desde ah\u00ed se advirtiera la inviabilidad de cualquier env\u00edo de mensaje relacionado con causas judiciales. <\/p>\n
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2. Situaci\u00f3n por la que, sumida en un exceso de ritualidad, dicha corporaci\u00f3n dispensadora prefiri\u00f3 desconocer la buena fe y confianza leg\u00edtima del tutelante consistente en la formulaci\u00f3n de su texto sustentatorio a un correo electr\u00f3nico divulgado en la p\u00e1gina de la Rama Judicial como del despacho del ponente (aspecto no desmentido en el auto que zanj\u00f3 la reposici\u00f3n), sin ning\u00fan miramiento -ins\u00edstase- de que el escrito se acopi\u00f3 en tiempo, m\u00e1s all\u00e1 de que no fuera elevado al canal cibern\u00e9tico habilitado para las solicitudes judiciales -el de la secretar\u00eda-. <\/p>\n
Es que el usuario de la justicia no puede pagar la impetraci\u00f3n inadecuada de sus manifestaciones en los enjuiciamientos en los que intervienen (con base en una creencia comprensible, por informaci\u00f3n obrante en medios oficiales) con tama\u00f1o castigo, como lo es el cercenamiento de sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
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3. La confianza leg\u00edtima es vista por la Corte como un principio que sufre menoscabo cuando la persona -como en este caso- es sorprendida en su buena fe con una situaci\u00f3n (actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n) adversa al ejercicio de sus prerrogativas, apoyada en la expectativa generada por la actitud del mismo agente agraviador. <\/p>\n
No en vano, en este nivel se doctrin\u00f3: <\/p>\n
\u2018(\u2026)[C[onceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de \u2018confianza leg\u00edtima\u2019 procura \u2018garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias\u2026, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00). <\/p>\n
\u2018\u2026la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n, ha dicho: <\/p>\n
\u2018(\u2026) [L]a jurisprudencia constitucional, de vieja data, ha se\u00f1alado que los derechos fundamentales de una persona no detentan un car\u00e1cter absoluto en relaci\u00f3n con los de otros, por lo cual es preciso realizar una tarea de contraste cuando en una situaci\u00f3n concreta confluyen los intereses de varios individuos. <\/p>\n
[E]s as\u00ed como en los casos en los que se controvierte un pronunciamiento judicial, es claro que de un lado emerge la pretensi\u00f3n de la parte lesionada para que se le garantice el debido proceso; y del otro, el de los dem\u00e1s sujetos, quienes claman por el respeto de principios que son igualmente relevantes, como la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima, pues, no se entender\u00eda que alguien que acude a un tr\u00e1mite absolutamente reglado, obtenga un fallo jurisdiccional ejecutoriado, que pueda ser despu\u00e9s revocado, sin mayores condicionamientos (\u2026)\u2019\u2026 (CSJ STC8305-2014; reiterada, entre otras, en STC9542-2016 y, m\u00e1s recientemente, en STC3158-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
5. La laceraci\u00f3n atr\u00e1s vislumbrada conlleva, ergo, a acceder al socorro materia de demanda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el amparo implorado por Jorge Nel Rivera Ortiz. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala \u00danica, que, en el lapso perentorio de diez (10) d\u00edas contado a partir del momento en que reciba el expediente contentivo de la sucesi\u00f3n objeto de queja, y tras dejar sin efecto el auto de 26 de octubre postrero, as\u00ed como las determinaciones que de dicho prove\u00eddo dependan, desate de nuevo el recurso de reposici\u00f3n del tutelante contra la deserci\u00f3n de su apelaci\u00f3n de fallo, acorde a la considerativa de este pronunciamiento. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha tendr\u00e1 que remitir, en un plazo no mayor a un (1) d\u00eda siguiente a su enteramiento, el dossier sucesoral en alusi\u00f3n a la referida colegiatura, para que se pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el modo m\u00e1s \u00e1gil. Env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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