STC13125-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13125-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04504-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Cruz Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dijo vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado querellado \u00abrevocar la sentencia proferida de fecha del 27 de octubre de 2023\u00bb y, en consecuencia, \u00abconfirme la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ricardo Cruz Hern\u00e1ndez inco\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Comercializadora de Material Cient\u00edfico e Industrial -COMCI-, exigiendo la satisfacci\u00f3n de las obligaciones contenidas en las facturas cambiarias Nros. 50 y 51 por valor de $48\u00b4051.744 y $48\u00b4051.744, respectivamente; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 22 de abril de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. Notificada la convocada formul\u00f3 las excepciones denominadas: i). \u00abprescripci\u00f3n de los t\u00edtulos valores objeto de recaudo ejecutivo\u00bb; ii). \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa de los t\u00edtulos valores objeto de recaudo ejecutivo\u00bb, destacando que, las facturas prescribieron el 4 y 5 de diciembre de 2020, sin que se hubiese presentado interrupci\u00f3n y la demanda fue presentada el 7 de abril de 2021; y, iii). \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa e ineficacia de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, pues, las facturas aportadas para su cobro contienen la marca de ser copia, por ende, existen otras que corresponde a sus originales, a m\u00e1s que, la creadora del t\u00edtulo endos\u00f3 a su representante legal los t\u00edtulos, quien act\u00faa como persona natural, de ah\u00ed que, el convocante carece de legitimidad por no contar con los documentos de cobro en original. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 2 de marzo de 2023 el estrado judicial declar\u00f3 infundadas las excepciones y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues, en cuanto a la prescripci\u00f3n consider\u00f3 que la presentaci\u00f3n de la demanda logr\u00f3 interrumpir el t\u00e9rmino y, frente a la legitimidad, concluy\u00f3 que la misma se bas\u00f3 en que las facturas se aportaron en copia, situaci\u00f3n que imposibilita el endoso, empero, como se trataba de una controversia relativa a los requisitos formales del t\u00edtulo, aqu\u00e9lla inconformidad debi\u00f3 cuestionarse por reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, conforme lo indica el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso; decisi\u00f3n apelada por la ejecutada. <\/p>\n
2.4. El 27 de octubre de 2023, en sede de alzada, el Tribunal revoc\u00f3 la sentencia para, en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abineficacia de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb, pues contrario a lo afirmado por el a quo conforme la jurisprudencia, el juez est\u00e1 facultado para analizar de oficio el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, incluso, en la sentencia, que, para el caso, las facturas aportadas son una reproducci\u00f3n fotost\u00e1tica escaneada del documento original conforme a las marcas que contiene, a m\u00e1s que, contienen estampada la palabra copia, sumado a que, al descorrer el traslado de las excepciones el ejecutante acept\u00f3 que los t\u00edtulos son una copia del original, sin establecer en poder de quien est\u00e1n las originales. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, al librarse mandamiento de pago se atendi\u00f3 el principio de buena fe, determinando que el t\u00edtulo aportado gozaba de plena y total autenticidad; que al haberse considerado lo contrario, bajo un control de legalidad y de forma oficiosa debi\u00f3 el juzgador pretender \u00abla exhibici\u00f3n de dichos documentos f\u00edsicos para establecer su originalidad con el simple visado o en su defecto un dictamen pericial\u00bb, sin embargo, no lo hizo, sumado a que, al resolver la reposici\u00f3n contra la orden de apremio en punto a la prescripci\u00f3n, acredit\u00f3 la legalidad de los t\u00edtulos; destacando que, el ejecutado no propuso tacha sobre los mismo. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que el Tribunal tambi\u00e9n pudo decretar pruebas de oficio con el fin de pretender la exhibici\u00f3n de las facturas, empero, dict\u00f3 sentencia basada \u00ab\u00fanicamente en presunciones vagas\u00bb; adem\u00e1s, se desatendi\u00f3 que, como costumbre mercantil las facturas de venta originales se entregan al comprador para su aceptaci\u00f3n y el vendedor conserva las copias; que con las copias \u00abel vendedor es la que se ha usado, de marras, en todos y cada uno de los procesos ejecutivos por obligaci\u00f3n de dar sumas de dinero, las cuales nunca ha carecido de autenticidad\u00bb; precis\u00f3 que, a su parecer, la carga de la prueba respecto a cuestionar la autenticidad de las facturas o tacharlas de falsas, se encontraba en cabeza de las parte demandada. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que la prescripci\u00f3n alegada tampoco se configur\u00f3, pues la demanda se present\u00f3 en tiempo ante un Juzgado Municipal, quien rehus\u00f3 su conocimiento por competencia, atendiendo la cuant\u00eda del asunto. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal convocado en la providencia de 27 de octubre de 2023, que revoc\u00f3 la dictada por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 2 de marzo de 2023, tras citar la ley 1231 de 2008, precis\u00f3 que: <\/p>\n
En cuanto a su definici\u00f3n, el art\u00edculo 1\u00b0 de la precitada ley, dispuso que la factura es un t\u00edtulo valor que el vendedor o el prestador de un servicio, libra o entrega al comprador o beneficiario de la labor contratada, de ah\u00ed que, no sea posible que aquella se emita cuando no se verifique la entrega real y material de las mercader\u00edas aducidas o que, efectivamente, se haya suministrado el servicio, en virtud de un contrato verbal o escrito. <\/p>\n
Ya en lo que corresponde con la aceptaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1231 de 2008, se consagr\u00f3 que el emisor debe presentar el original de la factura, con miras a que el obligado la firme de inmediato como constancia de recepci\u00f3n de los bienes o servicios adquiridos y asienta sobre su contenido o, en su defecto, la rechace, y en caso de que no lo haga, le entregar\u00e1 una de las copias que deben expedirse para que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas contados a partir de la fecha en que fue recibida, la admita o la devuelva. (se destaca). <\/p>\n
En el evento de que el comprador o beneficiario guarde silencio dentro del citado plazo, se presumir\u00e1 su aceptaci\u00f3n, siempre que medie r\u00fabrica del obligado cambiario como muestra de recibo de la factura, al tenor de lo que estatuye el Decreto 3327 de 2009, reglamentario de la ley 1231 de 2008. <\/p>\n
Y frente a los requisitos del plurievocado instrumento, indica el art\u00edculo 3\u00b0 de la ley en comento, que dicho documento deber\u00e1 contener: (i) la fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 673 de la codificaci\u00f3n mercantil, y en ausencia de la misma, se entender\u00e1 que deber\u00e1 pagarse dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la emisi\u00f3n; (ii) la fecha en la que fue recibida; y (iii) que el emisor vendedor o prestador del servicio deje constancia en el original del t\u00edtulo, respecto del estado del pago del precio y las condiciones en las que se cancelar\u00e1 su importe. <\/p>\n
Seguidamente, en punto a la originalidad del t\u00edtulo, cit\u00f3 los art\u00edculos 772 del Estatuto Mercantil y 4\u00b0 del Decreto 3327 de 2009, destacando que: <\/p>\n
Establecido lo anterior, para resolver el tema de la apelaci\u00f3n circunscrito a la eficacia de la copia del t\u00edtulo valor factura, remite la Sala al contenido del art\u00edculo 772 del Estatuto Mercantil -conforme a la redacci\u00f3n que introdujo la Ley 1231 de 2008- donde se\u00f1al\u00f3 que \u201cEl emisor vendedor o prestador del servicio emitir\u00e1 un original y dos copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del car\u00e1cter de t\u00edtulo valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, ser\u00e1 t\u00edtulo valor negociable por endoso por el emisor y lo deber\u00e1 conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregar\u00e1 al obligado y la otra quedar\u00e1 en poder del emisor, para sus registros contables.\u201d (Negrilla fuera de texto), normatividad que como qued\u00f3 visto en el citado art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 3327 de 2009, se\u00f1ala el manejo que debe darse al original y copias para los efectos de la aceptaci\u00f3n, acabando as\u00ed la discusi\u00f3n que en pret\u00e9rita \u00e9poca se dio sobre este especial tema, es decir, existe clara disposici\u00f3n que impone al vendedor la obligaci\u00f3n de conservar el original de la factura para su cobro, incluso cuando de aceptaci\u00f3n t\u00e1cita se trata. <\/p>\n
Luego, con apoyo en el art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso y la jurisprudencia sobre la potestad \u2013 deber del fallador judicial para revisar de oficio el t\u00edtulo, incluso en la sentencia (STC14164-2017; STC4808-2017; STC1072-2020), dijo que \u00abtrat\u00e1ndose de procesos ejecutivos, antes de emitir sentencia, el juez est\u00e1 facultado para reexaminar de oficio y sin limitaci\u00f3n alguna el t\u00edtulo presentado como soporte del cobro, por cuanto el comentado art\u00edculo 430 del C.G.P., como se vio, no le cierra las puertas para desplegar tal labor, puesto que \u00e9ste es el primer aspecto sobre el que debe pronunciarse la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo o del ad quem\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, atendiendo el caso sub examine y los medios suasorios allegados al plenario, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al realizar el Tribunal la revisi\u00f3n de las dos facturas que se adosaron como base de la ejecuci\u00f3n, en verdad, se evidencia que resultan ser una reproducci\u00f3n fotost\u00e1tica escaneada del documento original, presumiblemente en papel qu\u00edmico, debido a las marcas caracter\u00edsticas que contiene y que son visibles en la digitalizaci\u00f3n aqu\u00ed arrimada, a m\u00e1s que contienen estampada la palabra copia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, seg\u00fan se extracta de lo manifestado por el demandante quien al descorrer el traslado de las excepciones al respecto afirm\u00f3 que \u201c(\u2026)hay quienes inclin\u00e1ndose por la estricta aplicaci\u00f3n de los principios de los t\u00edtulos valores, la propenden por la validez del original para respetar el derecho de hacer exigible la obligaci\u00f3n consagrada que tiene \u00fanicamente el tenedor de \u00e9ste y hay otros que han considerado como v\u00e1lida la copia de la factura cambiaria para iniciar el proceso ejecutivo\u201d, es decir, acept\u00f3 que esos t\u00edtulos son una copia del original, pero no estableci\u00f3 en poder de qui\u00e9n se encuentran los originales de esos cartulares. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En esas condiciones, a esta Sala no le queda camino distinto al de revocar la sentencia apelada, en tanto que, en virtud del principio de incorporaci\u00f3n que rige en materia cambiaria, la ejecuci\u00f3n de un t\u00edtulo valor s\u00f3lo puede adelantarse con base en su original, donde est\u00e1 contenido el derecho de cr\u00e9dito cuyo recaudo se persigue, y no con la copia de ese documento por m\u00e1s que all\u00ed se hubiera impuesto, directamente, una firma o un sello atribuibles al deudor. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, \u201clos t\u00edtulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que en ellos se incorpora\u201d, regla que se armoniza en la ley comercial con el precepto que refiere que \u201cel ejercicio consignado en un t\u00edtulo valor requiere de la exhibici\u00f3n del mismo\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De esta manera, al estar ac\u00e1 establecido que el documento que se aport\u00f3 con la demanda no corresponde al original de las facturas, sino a una copia de ellas, resulta inviable la ejecuci\u00f3n por no cumplir con el presupuesto de ser el t\u00edtulo valor en su noci\u00f3n de original. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los quejosos es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 las normas y jurisprudencia que regulan los t\u00edtulos valores, as\u00ed como los medios suasorios allegados al plenario, precisando que, el fallador judicial tiene el deber \u2013 poder de revisar el t\u00edtulo en la sentencia, facultad oficiosa que tiene el a quo y el ad quem, encontrando que las facturas base de ejecuci\u00f3n eran una reproducci\u00f3n fotost\u00e1tica escaneada del documento original, es decir, se digitaliz\u00f3, situaci\u00f3n que acept\u00f3 el promotor al descorrer las excepciones presentadas, sin indicar en poder de quien estaban los originales; de ah\u00ed que, no hab\u00eda lugar a continuar con la ejecuci\u00f3n, pues no se aportaron las facturas en original. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13125-2023 Magistrado ponente STC13125-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04504-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Cruz Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77617","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77617\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}