STC13135-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC13135-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-02235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 11 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodolfo Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez contra el Consejo Nacional Electoral y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en los procesos disciplinarios Nos. IUS-E-2017-912098\/IUC-D2017-10, IUS E-2018-588537 y, IUS-E-2018-531108 \/ IUC-D-20181200267 y en el proceso adelantado por el CNE con radicado E-DG-2023-024075. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al ejercicio de los derechos pol\u00edticos, a la igualdad y al principio pro homine, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que los tres procesos disciplinarios que tramita en su contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, contrar\u00edan la \u00abResoluci\u00f3n 4\/2004, que contiene la Medida Cautelar No. 374-13 de marzo 18 de 2014 otorgada al doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogot\u00e1 en ese entonces y hoy Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia\u00bb, proferida por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos \u2013CIDH- y la sentencia de 15 de noviembre de 2017, mediante la cual el Consejo de Estado reafirm\u00f3 lo se\u00f1alado por la mencionada Resoluci\u00f3n, en cuanto a que \u00abel art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, le impone a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en cuanto a que una autoridad administrativa no puede restringir el ejercicio de los derechos pol\u00edticos\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 la actuaci\u00f3n en los procesos disciplinarios, y afirm\u00f3 que en el N\u00ba IUS-E-2017-912098\/IUC-D2017-10 se profiri\u00f3 fallo el 17 de septiembre de 2019, mediante el cual se confirm\u00f3 el de primer grado, con el que se le declar\u00f3 responsable disciplinariamente, por no tratar con respeto, imparcialidad y rectitud al servidor de la Alcald\u00eda de Bucaramanga se\u00f1or Wilson Motta Rodr\u00edguez, y exponer respecto de \u00e9ste expresiones injuriosas o calumniosas, actuaci\u00f3n frente a la que interpuso nulidad y restablecimiento del derecho tr\u00e1mite en el que el Tribunal Administrativo de Santander no accedi\u00f3 a sus pretensiones y por lo que, en la actualidad, se adelanta la apelaci\u00f3n correspondiente ante el Consejo de Estado. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en el proceso No. IUS E-2018-588537, se le formul\u00f3 como \u00fanico cargo el incumplimiento del deber de tratar con respeto y dignidad al Concejal Jhon Jairo Claro Ar\u00e9valo el 28 de noviembre de 2018, cuando presuntamente expres\u00f3 frases irrespetuosas en su contra y ejecut\u00f3 respecto de \u00e9ste un acto de violencia f\u00edsica, tr\u00e1mite que suscit\u00f3 una acci\u00f3n de tutela, una nulidad y la reelaboraci\u00f3n de algunas actuaciones y, luego, la Procuradur\u00eda Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa profiri\u00f3 fallo sancionatorio el 20 de diciembre de 2019 en el que le impuso 8 meses de suspensi\u00f3n del cargo e inhabilidad, no obstante, como ya no se desempe\u00f1aba como Alcalde de la ciudad de Bucaramanga, la primera sanci\u00f3n se transform\u00f3 en multa, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n el 18 de agosto de 2020. <\/p>\n
Anot\u00f3 que las anteriores decisiones tambi\u00e9n desconocen la postura de la CIDH y del Consejo de Estado en el caso del actual Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego y por tal raz\u00f3n tambi\u00e9n las demand\u00f3 mediante nulidad y restablecimiento del derecho, tr\u00e1mite en el que el Tribunal Administrativo de Santander profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de sus pretensiones y que se encuentra en apelaci\u00f3n ante el Consejo de Estado. <\/p>\n
Sostuvo que en el proceso disciplinario con radicado IUS-E-2018-531108 \/ IUC-D-20181200267, se le formul\u00f3 un \u00fanico cargo por incumplir el deber de tratar con respeto al ciudadano Fernando Mart\u00ednez Arenas, a quien, seg\u00fan se imput\u00f3, trat\u00f3 con frases irrespetuosas durante la \u00abpoda de algunos \u00e1rboles\u00bb en el Parque Sol\u00f3n Wilches de Bucaramanga el 26 de octubre de 2018, tramite en el que fue declarado responsable disciplinariamente el 26 de mayo de 2020 y se le impuso la suspensi\u00f3n de su cargo e inhabilidad por cinco meses, convertidos en una multa, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n pero que la nueva \u00abSala Disciplinaria de Servidores P\u00fablicos de Elecci\u00f3n Popular\u00bb de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n confirm\u00f3 el 3 de agosto de 2023, con modificaciones respecto de los meses de sanci\u00f3n y el valor de la multa y en la que expresamente se se\u00f1al\u00f3, \u00abla ejecutoria y ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n queda suspendida, por involucrar a un servidor p\u00fablico de elecci\u00f3n popular, hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la misma\u00bb, no obstante, ese apartado fue objeto de aclaraci\u00f3n el 17 de agosto siguiente, para indicar que en aplicaci\u00f3n de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la decisi\u00f3n no quedaba suspendida por \u00abno ser procedente el recurso extraordinario de revisi\u00f3n en raz\u00f3n a que el sancionado no se encuentra en ejercicio del cargo de elecci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que esa \u00faltima determinaci\u00f3n contrar\u00eda el criterio de la CIDH, lo dispuesto en la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado, y lo establecido en los art\u00edculos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021 que regulan el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, mecanismo, este \u00faltimo que promovi\u00f3 ante el Consejo de Estado y que se encuentra pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en raz\u00f3n de las sanciones que se le han impuesto disciplinariamente, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n incorpor\u00f3 en sus bases de datos \u00abla supuesta ocurrencia de la inhabilidad autom\u00e1tica prevista en el art\u00edculo 38.2 de la Ley 734 de 2002, que reza: \u201cArt\u00edculo 38. Otras inhabilidades. Tambi\u00e9n constituyen inhabilidades para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: (\u2026) 2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o m\u00e1s veces en los \u00faltimos cinco (5) a\u00f1os por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de tres a\u00f1os contados a partir de la ejecutoria de la \u00faltima sanci\u00f3n\u00bb, proceder que desconoce abiertamente la sentencia de 29 de junio de 2023 del Consejo de Estado en el radicado 2013-00561-00, pues all\u00ed se determin\u00f3 que la citada norma es incompatible con la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDDHH, pues la \u00abinhabilidad sobreviniente\u00bb limita los derechos pol\u00edticos, particularmente el de ser elegido y desconoce que la Procuradur\u00eda no es una autoridad judicial sino administrativa, conforme a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, es candidato a la Gobernaci\u00f3n de Santander, avalado por el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupci\u00f3n \u2013LIGA- para las elecciones que se llevar\u00e1n a cabo el 29 de octubre de 2023, no obstante, en raz\u00f3n de las denuncias formuladas por un ciudadano ante el Consejo Nacional Electoral, tiene conocimiento que esa autoridad, en el radicado E-DG-2023-024075 de 28 de septiembre de 2023 tom\u00f3 la decisi\u00f3n de revocar su inscripci\u00f3n para los citados comicios, determinaci\u00f3n que le ser\u00e1 notificada con posterioridad, seg\u00fan la comunicaci\u00f3n que ya recibi\u00f3 para acudir a la audiencia respectiva. <\/p>\n
Por lo anterior, present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, porque la determinaci\u00f3n del CNE est\u00e1 en contrav\u00eda de las disposiciones nacionales e internacionales antes se\u00f1aladas y se adopta faltando un mes para las elecciones, siendo \u00abevidente que no se podr\u00e1 utilizar ning\u00fan medio de defensa judicial, diferente a la acci\u00f3n de tutela, adem\u00e1s con la adopci\u00f3n de medidas cautelares, para lograr evitar tanto la amenaza como la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales en juego\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 lo siguiente, <\/p>\n
(\u2026) 1. Se declare la prosperidad de la presente acci\u00f3n de tutela y, en consecuencia, se dejen sin efectos las decisiones sancionatorias tomadas en contra de RODOLFO HERN\u00c1NDEZ SU\u00c1REZ, dentro de los procesos disciplinarios Nos. IUS-E-2017912098\/IUC-D-2017-10; IUS E-2018-588537; y IUS-E-2018-531108 \/ IUC-D2018-1200267; as\u00ed como las anotaciones que sobre los mismos tiene la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en sus bases de datos oficiales y p\u00fablica, que provoca la supuesta inhabilidad autom\u00e1tica de que trata el 38.2 de la Ley 734 de 2002. <\/p>\n
2. Se declare la prosperidad de la presente acci\u00f3n de tutela y, en consecuencia, dejar sin efectos la eventual revocatoria de inscripci\u00f3n de la candidatura a la Gobernaci\u00f3n de Santander en contra de RODOLFO HERN\u00c1NDEZ SU\u00c1REZ, dentro del proceso CNE-E-DG-2023-024075 que cursa ante el Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n
3. En subsidio, se solicita se conceda la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y se suspendan los efectos de las decisiones ya mencionadas por la PROCURADUR\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL en contra del se\u00f1or RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ. <\/p>\n
4. En consecuencia, de la prosperidad de las pretensiones, se garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales (\u2026) especialmente los de elegir y ser elegido, y se ordene la inmediata y efectiva restituci\u00f3n del ingeniero RODOLFO HERN\u00c1NDEZ SU\u00c1REZ como candidato inscrito a la Gobernaci\u00f3n de Santander para el periodo 2024-2027\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral, se opuso a la prosperidad del amparo y afirm\u00f3 que no se cumplen con los presupuestos para su procedencia, porque respecto de la Resoluci\u00f3n No. 11967 de 29 de septiembre de 2023 con la que se revoc\u00f3 la inscripci\u00f3n del candidato accionante para la Gobernaci\u00f3n de Santander, \u00e9ste formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n que se encuentra pendiente de decisi\u00f3n, sin que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, porque el accionante no ha agotado las herramientas de defensa que tiene a su alcance. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la sanci\u00f3n de tres a\u00f1os para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos se aplic\u00f3 de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 38.2 de la Ley 734 de 2002, porque respecto del accionante se tramitaron tres procesos disciplinarios en los que fue sancionado con suspensi\u00f3n del cargo por faltas graves. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que contrario a lo sostenido por el solicitante, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han referido que \u00abel caso Petro Urrego no tiene efectos erga omnes\u00bb, y, adem\u00e1s, esas Corporaciones tambi\u00e9n han avalado su competencia para disciplinar a los funcionarios p\u00fablicos elegidos popularmente. <\/p>\n
3. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque es al Consejo Nacional Electoral a quien compete decidir sobre las revocatorias de inscripci\u00f3n de candidatos para las elecciones, y agreg\u00f3, que la ley no contempla un t\u00e9rmino para adoptar esa decisi\u00f3n, incluso, el CNE pude abstenerse de declarar la elecci\u00f3n de un candidato cuando se determina que el mismo se halla inhabilitado para ocupar el cargo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado al desconocer el presupuesto de la subsidiariedad, porque en los procesos disciplinarios en los que fue sancionado el accionante, se encuentran en curso los mecanismos judiciales que propuso, esto es, el medio de nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso extraordinario de revisi\u00f3n -Ley 2094 de 2021-, tr\u00e1mites en los que, adem\u00e1s, cuenta con otros instrumentos de defensa. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que frente a la Resoluci\u00f3n No. 11967 del 29 de septiembre de 2023 del CNE, tambi\u00e9n se encuentra pendiente de decisi\u00f3n la reposici\u00f3n propuesta por el actor, todo lo cual evidencia que \u00abcomo no se han culminado los medios ordinarios, es ineludible llegar a la conclusi\u00f3n que la tutela fracasa dado el car\u00e1cter subsidiario y excepcional de esta acci\u00f3n, pues el juez constitucional no puede convertirse en una instancia de decisi\u00f3n que desplace los mecanismos existentes; de incurrirse en ese desafuero \u201cse distorsionar\u00eda la \u00edndole que le asign\u00f3 el constituyente y se deslegitimar\u00eda la funci\u00f3n del juez de amparo\u201d. En particular porque el mecanismo ordinario luce suficiente para proteger los derechos del ciudadano\u00bb y toda vez que no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. A\u00f1adi\u00f3 que tampoco se prob\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado acuda oportunamente y no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, estudiada la queja y los soportes allegados, se advierte que el accionante reprocha, la Resoluci\u00f3n No. 11967 de 29 de septiembre de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral en el tr\u00e1mite con radicado E-DG-2023-024075, mediante la cual se revoc\u00f3 su inscripci\u00f3n como candidato a la Gobernaci\u00f3n de Santander para participar en las elecciones del pasado 29 de octubre de 2023, porque encontr\u00f3 configurada una \u00abinhabilidad sobreviniente\u00bb -art\u00edculo 38.2 de la Ley 734 de 2002- derivada de las tres sanciones disciplinarias que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n confirm\u00f3 en los procedimientos a su cargo y que el accionante refiri\u00f3 en estas diligencias, y, en consecuencia, pretende que se dejen sin efecto las anotaciones realizadas respecto de sus antecedentes y que se restablezca su inscripci\u00f3n para el citado cargo. <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, se establece el fracaso del amparo propuesto como mecanismo definitivo, porque los mecanismos de defensa establecidos para dilucidar los reproches propuestos por el peticionario fueron formulados por \u00e9ste y a\u00fan se encuentran en tr\u00e1mite, sin que nada revele su falta de idoneidad y eficacia para definir la problem\u00e1tica planteada, en punto al supuesto desconocimiento de la Resoluci\u00f3n 4\/2004 de la CIDH, sobre el caso del entonces Alcalde de Bogot\u00e1 Gustavo Francisco Petro Urrego, y la jurisprudencia que refiri\u00f3 del Consejo de Estado. <\/p>\n
En efecto, tanto la reposici\u00f3n que propuso contra la resoluci\u00f3n del CNE que revoc\u00f3 su inscripci\u00f3n como candidato \u2013pendiente de definici\u00f3n-, como los tr\u00e1mites judiciales que adelanta actualmente ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa frente a las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, son los escenarios pertinentes y propicios para que all\u00ed se resuelvan sus cuestionamientos sobre la interpretaci\u00f3n de las normas aplicables a su caso. Incluso, se destaca que, de negarse el mencionado recurso de reposici\u00f3n, el actor podr\u00e1 interponer el medio de nulidad y restablecimiento del derecho a su alcance y continuar debatiendo lo relativo a la imposibilidad de aplicarle las sanciones disciplinarias que le han impedido acceder a un cargo p\u00fablico de elecci\u00f3n popular. <\/p>\n
Sobre lo expresado esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abconforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce\u00bb (CSJ. STC de 13 de marzo de 2013, exp. 2013-00011-01, reiterada en STC12215-2021, STC3061-2022, STC7567-2023 y, STC11307-2023, entre otras). <\/p>\n
4. De otra parte, este amparo tampoco se abre paso como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues si el da\u00f1o, seg\u00fan el accionante, se centraba en la imposibilidad de participar en los comicios del 29 de octubre de 2023, a estas alturas resulta inane proferir cualquier determinaci\u00f3n al respecto. T\u00e9ngase en cuenta que el numeral 4\u00b0, art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 indica que no proceder\u00e1 la tutela \u00abcuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un da\u00f1o consumado, salvo cuando contin\u00fae la acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria del derecho\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la protecci\u00f3n constitucional reclamada en la mencionada modalidad carece de objeto, pues no habr\u00eda lugar a proferir alguna orden a efectos de que cesara el acto acusado de perturbar los derechos invocados, ante la consumaci\u00f3n del hecho que se aleg\u00f3 como motivo del perjuicio irreparable, cuesti\u00f3n sobre la cual esta Sala en un caso similar se\u00f1al\u00f3, \u00ab(\u2026) El supuesto del da\u00f1o consumado impide el fin primordial de la acci\u00f3n de tutela, cual es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, para evitar precisamente los da\u00f1os que dicha violaci\u00f3n puede generar, y no una protecci\u00f3n posterior a la causaci\u00f3n de los mismos (\u2026). Tal interpretaci\u00f3n se desprende de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1992 en el sentido de que la acci\u00f3n de tutela es improcedente (\u2026) cuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un hecho consumado, salvo cuando contin\u00fae la acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria del derecho\u00bb (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008, citadas en CSJ. STC2013-00107-02, STC2688-2019, STC1064-2021, STC2646-2022, STC851-2023, STC6854-2023 y, STC11062-2023, entre muchas otras). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13135-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC13135-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-02235-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77618","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77618"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77618\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}