STC13140-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13140-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2023-02342-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 18 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Enrique Beltr\u00e1n P\u00e9rez y la Sociedad Victorean Ltda., en liquidaci\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado no. 11001400300920220000601. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron que la Sociedad de Activos Especiales SAS – SAE SAS promovi\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, para el cobro de unos c\u00e1nones de arrendamiento derivados de un contrato que suscribieron con la sociedad Diez G\u00f3mez Administradores Inmobiliarios Ltda -arrendadora-, respecto de un local comercial ubicado en esta ciudad. <\/p>\n
Expusieron que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1, en providencia de 1\u00ba de noviembre de 2022 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la ejecutante. <\/p>\n
Afirmaron que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 el recurso, practic\u00f3 algunas pruebas y en sentencia de 30 de junio de 2023 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Indicaron que el Juzgado accionado de manera inexplicable, contrariando claramente las disposiciones legales sobre la materia e incurriendo en una clara v\u00eda de hecho \u00abmanifest\u00f3 en su fallo, que se hab\u00eda probado debidamente la cesi\u00f3n t\u00e1cita del contrato de arrendamiento por parte de la SAE y que las consignaciones que se hicieron por parte de terceros eran una prueba m\u00e1s que irrefutable de que los arrendatarios hab\u00edan aceptado la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que la anterior conclusi\u00f3n desconoce sus derechos, porque i) el contrato de arrendamiento suscrito es de car\u00e1cter privado y los derechos que se derivan del mismo no pueden ser transmisibles en virtud de la Ley 1708 de 2024 que \u00abcobija el contrato de administraci\u00f3n suscrito, \u00fanica y exclusivamente entre el FRISCO y la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1 y no con terceros como lo es la sociedad Diez Administradores Inmobiliarios Ltda, desconoci\u00e9ndose el motivo por el cual dicha sociedad funge como arrendadora\u00bb, ii) en la cl\u00e1usula 8\u00aa se acord\u00f3 que, en caso de cesi\u00f3n, la misma deb\u00eda notificarse por escrito a los arrendatarios y no como lo interpret\u00f3 el Juez que se efectu\u00f3 t\u00e1citamente, iii) en el recibo de pago aportado por la demandante no se dej\u00f3 constancia de qui\u00e9n realiz\u00f3 el pago ni por qu\u00e9 concepto, como para que fuera valorado como plena prueba de la cesi\u00f3n, iv) no se apreciaron en debida forma las declaraciones de parte de los demandados, quienes afirmaron que nunca fueron notificados de manera escrita de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento y que ellos tampoco fueron quienes hicieron la consignaci\u00f3n o abono a la deuda que aport\u00f3 la parte demandante y, v) la sentencia censurada carece de motivaci\u00f3n y no se encuentra en consonancia con las pruebas practicadas. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicitaron ordenar al Juzgado accionado dejar \u00absin efecto la sentencia de segunda instancia proferida y sustituy\u00e9ndola por la que en derecho legalmente corresponda, conforme los lineamientos que se le hagan por parte del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de compartir el link del proceso ejecutivo de radicado no. 2022-00006, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional est\u00e1 llamada al fracaso, pues se pretende convertirla en una instancia adicional para examinar de fondo las decisiones adoptadas en segunda instancia al estar en desacuerdo con ellas, adem\u00e1s que, \u00abno se identifica de manera clara el defecto enrostrado a la decisi\u00f3n emitida por este despacho y que seg\u00fan su sentir configura la aludida v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el amparo es improcedente porque la decisi\u00f3n cuestionada contiene una valoraci\u00f3n razonable de los elementos f\u00e1cticos, normativos y probatorios del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo por considerar que no se evidenciaba la configuraci\u00f3n de ninguna irregularidad o defecto que diera lugar a la concesi\u00f3n del amparo, porque, <\/p>\n
\u00aben el sub lite, no puede pregonarse carente de sind\u00e9resis el an\u00e1lisis que hizo el accionado cuando no acogi\u00f3 la defensa que alegaba no haber sido enterado de la cesi\u00f3n del contrato a la SAE, toda vez que se demostr\u00f3 que por el concepto reclamado hab\u00edan realizado un pago a favor de esta, adem\u00e1s que Edgar Hernando Barriga Gonz\u00e1lez ten\u00eda conocimiento de la cesi\u00f3n del contrato; luego tal consideraci\u00f3n, al margen de que se comparta o no, descarta la estructuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
6.2. Tampoco se advierte la ocurrencia de un error inducido o que la decisi\u00f3n carezca de motivaci\u00f3n porque, al contrario, explic\u00f3 con suficiencia probatoria, las razones por las que se aplic\u00f3 la solidaridad a ambos tutelantes en su calidad de coarrendatarios conforme a la Ley 820 de 2003, la funci\u00f3n como administradora de la SAE conforme a la Ley 1708 de 2014 y el por qu\u00e9 estaba probado con el actuar de las partes la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento, argumento \u00faltimo con el que se enerv\u00f3 la sentencia de primer grado; as\u00ed mismo, no hay desconocimiento de un precedente judicial y, mucho menos, violaci\u00f3n alguna de la constituci\u00f3n o de sus postulados\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes insistieron en los argumentos expuestos en el escrito de tutela, enfatizaron en que el Juzgado accionado supuso la existencia de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento y afirmaron que no se tuvo en cuenta \u00abla norma que dice que la cesi\u00f3n de todo contrato de arrendamiento debe efectuarse por escrito en el texto del mismo contrato o por documento adicional en donde debe constar todos los detalles del inmueble cuyo contrato se cede\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la queja constitucional de Carlos Enrique Beltr\u00e1n P\u00e9rez y la Sociedad Victorean Ltda., en liquidaci\u00f3n recae en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 30 de junio de 2023, que revoc\u00f3 la del Juzgado Noveno Civil Municipal de esta ciudad de 1\u00ba de noviembre de 2022 y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por el cobro de c\u00e1nones de arrendamiento comercial adeudados promovida la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS contra Edgar Hernando Barriga Gonz\u00e1lez, Carlos Enrique Beltr\u00e1n P\u00e9rez y la sociedad Victorean Ltda., en liquidaci\u00f3n, de radicado no. 2022-00006. <\/p>\n
<\/p>\n
Para los accionantes, la decisi\u00f3n del ad quem constituye una v\u00eda de hecho, como quiera que, i) el contrato de arrendamiento suscrito es de car\u00e1cter privado, por lo que no tiene aplicaci\u00f3n la Ley 1708 de 2014, que se refiere al contrato de administraci\u00f3n suscrito entre el FRISCO y la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1 y no con terceros, ii) conforme la cl\u00e1usula 8\u00aa la cesi\u00f3n del contrato debi\u00f3 realizarse por escrito, iii) el Juzgado accionado tuvo por acreditada la cesi\u00f3n con fundamento en un recibo de pago aportado por la demandante, en el que no aparece qui\u00e9n realiz\u00f3 el pago ni por qu\u00e9 concepto, iv) no tuvo en cuenta que los demandados en sus declaraciones dijeron que no fueron notificados de la cesi\u00f3n \u00aby que ellos tampoco fueron quienes hicieron la consignaci\u00f3n o abono a la deuda que aport\u00f3 la parte demandante\u00bb y, v) existe una ausencia de motivaci\u00f3n, por no estar en consonancia con las pruebas practicadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al examinar la providencia cuestionada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que no puede calificarse de arbitraria, porque fue el resultado de una adecuada interpretaci\u00f3n de las normas aplicables al caso objeto de estudio, aunado a una apropiada valoraci\u00f3n de las pruebas incorporadas al expediente, raz\u00f3n por la cual la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en la providencia de 30 de junio de 2023, luego de efectuar un recuento de las particularidades del contrato de arrendamiento suscrito el 5 de junio de 2006 entre la sociedad Diez G\u00f3mez Administradores Inmobiliarios Ltda., -arrendadora- y Edgar Hernando Barriga Gonz\u00e1lez, Carlos Enrique Beltr\u00e1n P\u00e9rez y la sociedad Victorean Ltda., en liquidaci\u00f3n -arrendatarios-, respecto de una bodega ubicada en la carrera 39 No. 8 \u2013 72 de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogot\u00e1 fundament\u00f3 la decisi\u00f3n en que la parte demandante no acredit\u00f3 que la cesi\u00f3n que a su favor hizo la arrendadora primigenia del contrato de arrendamiento, haya sido notificado a la parte demandada, por lo que los arrendatarios no ten\u00edan conocimiento de la cesi\u00f3n y frente a ellos no pod\u00eda surtir efectos. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en contrario, el 22 de mayo de 2019 los demandados realizaron un pago $3\u00b4938.532 en la cuenta corriente de Bancolombia cuyo titular es la SAE SAS (archivo 14 cuaderno segunda instancia), de lo que dedujo, <\/p>\n
\u00absi el argumento central es que los aqu\u00ed demandados no ten\u00edan conocimiento de que hubiese operado la cesi\u00f3n, pues dig\u00e1moslo as\u00ed, eso se contradice por el hecho de que hizo un pago si la parte demandada no ten\u00eda conocimiento de que hubiese operado la cesi\u00f3n, de que efectivamente el contrato hubiese sido cedido a la SAE por mandato de la ley, expresa o t\u00e1citamente, en todo caso no tiene presentaci\u00f3n, no tiene l\u00f3gica, venir a tomar distancia diciendo, \u00a1oiga, yo no sab\u00eda que la SAE era el nuevo cesionario, digamos el nuevo administrador del inmueble y, por lo tanto, pues yo no s\u00e9, ac\u00e1 le pag\u00f3 a ellos!. Bueno, pues est\u00e1 en contradicci\u00f3n, porque efectivamente se hizo el pago. Al aqu\u00ed demandado al se\u00f1or Edgar se le hizo esa pregunta espec\u00edficamente eso (\u2026) su respuesta fue, no s\u00e9 no s\u00e9, porque yo no administraba el inmueble, no s\u00e9 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En seguida hizo hincapi\u00e9 en el archivo 14 del expediente en el que obra una comunicaci\u00f3n de la SAE dirigida a los arrendatarios, en la que individualiz\u00f3 el inmueble comercial, discrimin\u00f3 el valor cup\u00f3n pago por $3\u00b4938.532 y aclaraba que hasta el 25 de mayo de 2019 se pod\u00eda realizar el pago, comprobante o factura que fue abonada por la parte demandada, tal como se evidencia en el extracto de la cuenta corriente de la SAE para el mes de mayo de 2019, pago que se hizo identificado como deudor a Edgar Hernando Barriga Gonz\u00e1lez, de lo que, <\/p>\n
(\u2026) es l\u00f3gico inferir que ese pago se hizo bajo ese conocimiento, pero es que, adem\u00e1s, la conducta procesal de la parte demandada es bien extra\u00f1a (\u2026) los aqu\u00ed demandados vienen y cuestionan la legitimidad de la SAE, pero tampoco es que acrediten que el pago se haya hecho a la Inmobiliaria, porque lo l\u00f3gico es eso (\u2026) pero no, aqu\u00ed no est\u00e1 acreditado ese pago (\u2026) lo cual significa que no pagaron o pagaron una cuota no m\u00e1s y pretenden pues ahora simplemente escudarse en el hecho de que no fuera notificada la cesi\u00f3n. Pero vuelvo e insisto, s\u00ed ten\u00edan conocimiento porque hicieron el pago, de alguna forma se enteraron, de alguna forma supieron que ya no era la Inmobiliaria sino la SAE (\u2026) adem\u00e1s, debo insistir, don Edgar no propuso excepciones de fondo, ten\u00eda el Juzgado Noveno Civil Municipal la obligaci\u00f3n de haber dictado auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y no simplemente terminar benefici\u00e1ndolo de esa excepci\u00f3n que propuso el otro demandado, el se\u00f1or Carlos Enrique Beltr\u00e1n P\u00e9rez (\u2026) porque no podemos olvidar que el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 820 de 2003 claramente se\u00f1ala que la solidaridad (\u2026) el demandante, el arrendador o cualquiera de todos los arrendadores podr\u00e1 demandar a cualquiera de los arrendatarios, a uno o a todos los arrendatarios, bajo esa premisa la SAE pod\u00eda haber demandado a don Edgar solamente\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, concluy\u00f3 que la parte demandada ten\u00eda conocimiento de la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento en favor de la SAE SAS, quien pas\u00f3 a ser el nuevo administrador de ese inmueble, por lo que le efectu\u00f3 un pago que no fue rebatido, tachado, ni desconocido por los demandados, \u00absino simplemente dio a entender que alguien pag\u00f3, pero en todo caso lo hizo en su nombre, y bajo esas condiciones don Edgar no puede mostrarse ajeno a esa situaci\u00f3n y de contera los dem\u00e1s demandados\u00bb, y si bien es cierto no se evidenciaba la notificaci\u00f3n expresa de la cesi\u00f3n, si hubo un enteramiento por lo menos t\u00e1cito, porque efectivamente se hizo un pago en el a\u00f1o 2019. <\/p>\n
En todo caso, justific\u00f3 la necesidad de modificar el mandamiento de pago para reducir los c\u00e1nones cobrados a los causados entre julio de 2019 y julio de 2021, cuando se restituy\u00f3 el inmueble por parte de los arrendatarios, y, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por $53\u2019954.800 que corresponden a los c\u00e1nones de arrendamiento causados desde el mes de junio de 2019 hasta el mes de julio del a\u00f1o 2021 y conden\u00f3 a los demandados al pago de $3\u2019544.706 por cl\u00e1usula penal ante el incumplimiento en el contrato de arrendamiento. <\/p>\n
4. Con ese panorama, no se evidencia defecto del talante de una v\u00eda de hecho como lo alegan los accionantes en los razonamientos del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para definir la segunda instancia, y lo que se advierte es que, pretenden imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse la contienda, as\u00ed como la conclusi\u00f3n a la que debi\u00f3 llegar el accionado despu\u00e9s de valorar las pruebas practicadas y la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 extraer del clausulado del contrato de arrendamiento comercial celebrado por las partes el 5 de junio de 2006, para que accediera a la terminaci\u00f3n del proceso, luego de declarar probas las excepciones encaminadas a demostrar que la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, no estaba habilitada para cobrar los c\u00e1nones de arrendamiento reclamados. <\/p>\n
<\/p>\n
Prop\u00f3sitos que no se ajustan a la naturaleza del mecanismo excepcional, que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las providencias que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ahora, en lo que concierne a la indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas, tal situaci\u00f3n tampoco tiene la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia atacada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, pues es \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
En este aspecto, cumple resaltar que, contrario a lo afirmado por los accionantes, y como qued\u00f3 expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, analiz\u00f3 de manera conjunta y arm\u00f3nica las inconsistencias planteadas por los accionantes, analiz\u00f3 el antecedente jur\u00eddico del local comercial que fue objeto de extinci\u00f3n de dominio, tuvo en cuenta el contrato de arrendamiento base de la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como los indicios que pudieron extraerse de las conductas de las partes, valor\u00f3 las declaraciones de las partes y los documentos aportados. <\/p>\n
Estudio que le sirvi\u00f3 para concluir, que los demandados ten\u00edan conocimiento que en favor de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS oper\u00f3 la cesi\u00f3n del contrato, o mejor, que esa sociedad era la nueva administradora del inmueble y que era a \u00e9sta a quien deb\u00edan realizar en adelante el pago de los c\u00e1nones. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Entonces, aun cuando los accionantes pretendan dar una interpretaci\u00f3n diferente a la normativa y a los elementos de juicio recaudados, debe tenerse presente que la diferencia de criterio no es raz\u00f3n suficiente para que salga avante el amparo constitucional, puesto que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida como un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
Y, m\u00e1s all\u00e1 que la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado le resultara adversa a los impugnantes, no es motivo suficiente para que proceda la intervenci\u00f3n del Juez constitucional, menos cuando, como se dijo, la interpretaci\u00f3n aplicada por la autoridad judicial se muestra razonable (CSJ STC15 feb. 2011, exp. 1404, reiterada en STC12312-2022, STC4373-2023 y STC11912-2023). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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