STC13144-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC13144-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2023-00182-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 25 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Mary Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez contra el Juzgado Segundo de Familia de Yopal, tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a V\u00edctimas -UARIV- y dem\u00e1s intervinientes en la acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato con radicado n\u00b0 2022-00115. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, igualdad, debido proceso, vida, reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas del conflicto armado, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que interpuso acci\u00f3n de tutela contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-, ante la omisi\u00f3n de respuesta al derecho de petici\u00f3n que radic\u00f3 el 10 de febrero de 2022 en esa entidad, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Segundo de Familia de Yopal en sentencia de 19 de abril de 2022 ampar\u00f3 sus derechos fundamentales y le orden\u00f3 a la UARIV emitir respuesta de fondo al radicado n\u00ba 237310 de 13 de mayo de 2009. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, esa determinaci\u00f3n fue modificada por el Tribunal Superior de Yopal el 25 de mayo de 2022, en el sentido de ordenar a la UARIV que adem\u00e1s de pronunciar respuesta de fondo al radicado n\u00ba 237310 de 13 de mayo de 2009, deb\u00eda absolver los interrogantes consistentes en informar si i) \u00ab\u00bfMery Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez pod\u00eda o no ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n desarrollado en la sentencia su \u2013 254 de 2013?\u00bb y, ii) \u00ab\u00bfMery Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez, por ser miembro de una comunidad afrocolombiana, pod\u00eda ser priorizada para el reconocimiento de su indemnizaci\u00f3n administrativa?\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, al considerar el incumplimiento de la orden, present\u00f3 incidente de desacato contra la UARIV, no obstante, el Juzgado de Familia accionado en auto de 1\u00ba de agosto de 2023 resolvi\u00f3 abstenerse de dar apertura al tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que si bien la Unidad incidentada le remiti\u00f3 respuesta el 1\u00ba de agosto de 2023, en la que indic\u00f3 que su petici\u00f3n fue atendida de fondo mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 04102019-1796879 de 21 de septiembre de 2022, -notificada el 24 de febrero de 2023-, la misma resulta inconcebible, inexacta e inentendible, sumado a que no se dio aplicaci\u00f3n a las garant\u00edas del debido proceso en el tr\u00e1mite incidental, lo que da lugar a declarar una nulidad de lo actuado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Segundo de Familia de Yopal que \u00abrehaga el tr\u00e1mite incidental y vuelva a pronunciarse sobre el cumplimiento de la orden en primer y segundo grado, emita respuesta de fondo al radicado n\u00ba 237310 del 13 de mayo de 2009\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, solicit\u00f3 que \u00abse revoque, corrija, modifique o se anule la Resoluci\u00f3n n\u00ba 04102019-1796879 del 21 de septiembre de 2022\u00bb, en la cual la UARIV decidi\u00f3 aplicar la resoluci\u00f3n 01049 de 2019 vulnerando un derecho adquirido con anterioridad al 15 de marzo de 2019 y, ordenar a la UARIV que realice la valoraci\u00f3n de los hechos victimizantes declarados e inicie las actuaciones correspondientes para determinar el monto y asignaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n administrativa por el desplazamiento forzado declarado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 21 de febrero de 2023 la accionante alleg\u00f3 un segundo escrito incidental, en el que reiter\u00f3 el incumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la acci\u00f3n de tutela, incidente que ese despacho se abstuvo de dar apertura mediante auto de 24 de febrero de 2023, al encontrar que la inconformidad de la actora radicaba en la no informaci\u00f3n del valor de la indemnizaci\u00f3n y la falta de orden de pago. <\/p>\n
Sostuvo que el 18 de julio de 2023 la interesada propuso un tercer incidente de desacato en el que insisti\u00f3 en la falta de acatamiento a las referidas \u00f3rdenes, sin embargo, previo requerimiento e informe de cumplimiento allegado por la UARIV el 1\u00ba de agosto de 2023, ese despacho nuevamente se abstuvo de dar apertura al tr\u00e1mite incidental, decisi\u00f3n que se encuentra debidamente motivada y que fue notificada a la actora sin que realizara manifestaci\u00f3n alguna al respecto. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a V\u00edctimas -UARIV- inform\u00f3 que la Subdirecci\u00f3n de Reparaci\u00f3n Individual de la Unidad para las V\u00edctimas profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba. 04102019-1796879 de 21 de septiembre de 2022, mediante la cual se reconoci\u00f3 el derecho a recibir la indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante Desplazamiento Forzado bajo el marco normativo de la Ley 387 de 1997 SIPOD 619977, sujeta a la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnizaci\u00f3n, debidamente notificada de manera electr\u00f3nica el 24 de febrero de 2023, garantizando as\u00ed el derecho al debido proceso y contradicci\u00f3n de la interesada. <\/p>\n
En ese orden, se opuso a la prosperidad del amparo, y argument\u00f3 que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa para garantizar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Yopal, neg\u00f3 el amparo tras determinar que la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad el 1\u00ba de agosto de 2023, mediante la cual se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato promovido por Mary Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez contra la UARIV se evidenciaba razonable y suficiente, lo que imped\u00eda su invalidaci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la actora estaba inconforme con la respuesta brindada por la UARIV en el tr\u00e1mite incidental, pues consideraba que el monto de su indemnizaci\u00f3n fue calculado con base en una normativa no aplicable para el momento en el que ella present\u00f3 la solicitud indemnizatoria, no obstante, deb\u00eda tener presente que las sentencias proferidas en la acci\u00f3n de tutela n.\u00b0 2022-00115 nunca ordenaron la tasaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n mediante alg\u00fan par\u00e1metro determinado, pues de hecho el acceso a la reparaci\u00f3n no fue objeto del mandato. <\/p>\n
Frente a las pretensiones dirigidas a la UARIV, estableci\u00f3 la improcedencia del amparo, argumentando que la interesada pod\u00eda acudir ante el juez de lo contencioso administrativo para elevar sus inconformidades relacionadas con la indemnizaci\u00f3n administrativa que le fue reconocida, tr\u00e1mite en el que podr\u00eda incluso, solicitar medidas cautelares para evitar los efectos del acto administrativo cuestion\u00f3 a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Corporaci\u00f3n tiene sentada como pauta general, que la acci\u00f3n de tutela no procede frente a resoluciones derivadas del \u00abincidente de desacato\u00bb, dada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y el mecanismo extraordinario inicial, as\u00ed, ha indicado que la \u00abtutela contra desacato es improcedente\u00bb, debido a \u00abla conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ. STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterado en STC 16684-2021, STC7207-2022 y recientemente en STC8887-2023 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, se ha indicado que la \u00abtutela contra desacato es improcedente\u00bb, debido a \u00abla conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ. STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterado en STC 16684-2021, STC7207-2022). <\/p>\n
No obstante, se ha admitido de forma excepcional, la posibilidad de acudir a esta herramienta cuando el funcionario encargado de hacer cumplir lo ordenado, <\/p>\n
(\u2026) se niega a hacerlo o se abstiene de iniciar el procedimiento para ello, abriendo la posibilidad que el favorecido instaure nuevas tutelas con el fin de que se le protejan sus garant\u00edas esenciales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, lo que guarda consonancia con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-010\/2012, citada por esta Sala en CSJ STC, 18 mar. 2013, rad. 00509-00, STC6510-2015, 27 may. rad. 00881-00, STC9865-2015, y STC-2016, 21 en., rad. 00014-00, donde indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia (\u2026) En este caso, el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso. (Reiterada en CSJ STC5619-2020, STC4724-2021 y, STC9959-2022, entre otras). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Mary Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez cuestiona el auto proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Yopal el 1\u00ba de agosto de 2023, a trav\u00e9s del cual se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato que formul\u00f3 contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV-, por el presunto incumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2022-00115. <\/p>\n
2.1 Revisadas las actuaciones se establece el fracaso del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, en atenci\u00f3n a que no se observa en la decisi\u00f3n cuestionada, irregularidad manifiesta lesiva del debido proceso -como lo prev\u00e9 la jurisprudencia antes citada-, para abrirle paso a este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
2.2 En efecto, el Juzgado Segundo de Familia de Yopal previo requerimiento e informe de cumplimiento allegado por la UARIV el 1\u00ba de agosto de 2023, en providencia de esa fecha y tras relatar los antecedentes del caso, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de lo se\u00f1alado por la jurisprudencia constitucional sobre la finalidad del incidente de desacato, consistente en lograr el cumplimiento efectivo de la orden proferida en la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como de los elementos objetivo y subjetivo que dan lugar al mismo. <\/p>\n
Posteriormente, al proceder al estudio del caso concreto indic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) se observa que a la se\u00f1ora MERY YASIL ALEGRIAS BOHORQUEZ le fue tutelados los derechos de petici\u00f3n y debido proceso y se orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n T\u00e9cnica de Reparaci\u00f3n de la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, que dentro de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita respuesta de fondo al radicado No. 237310 del 13 de mayo de 2009. Adicionalmente, deber\u00e1n absolver los siguientes interrogantes: (i) \u00bfMery Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez puede o no ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n desarrollado en la sentencia SU \u2013 254 de 2013? y (ii) \u00bfMery Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez, por ser miembro de una comunidad afrocolombiana, puede ser priorizada para el reconocimiento de su indemnizaci\u00f3n administrativa? <\/p>\n
Ahora, la UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS VICTIMAS \u2013 UARIV, dio contestaci\u00f3n a la petici\u00f3n elevada y radicado No. 237310 del 13 de mayo de 2009 por medio de la Resoluci\u00f3n N\u00ba 04102019-1796879 del 21 de septiembre de 2022, que decidi\u00f3 en su favor (i) reconocer la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante Desplazamiento forzado, y (ii) aplicar el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d con el fin de disponer el orden de la entrega de la indemnizaci\u00f3n se encuentra que el acto administrativo fue notificado de manera electr\u00f3nica el d\u00eda 24 de febrero de 2023\u00bb. (Negrilla en texto) <\/p>\n
En ese orden, estableci\u00f3 que se hab\u00eda dado cumplimiento a lo ordenado en los fallos de tutela de primera y segunda instancia, toda vez que la finalidad de los mismos era que se brindara contestaci\u00f3n a la petici\u00f3n formulada y radicada con n\u00ba 237210 de 13 de mayo de 2009 y, adicionalmente, estableci\u00f3 que la solicitante ten\u00eda derecho al reconocimiento de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa por hecho victimizante de desplazamiento forzado, determinaci\u00f3n que fue notificada a la actora el 24 de febrero de 2023. <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 \u00abpese a que la Resoluci\u00f3n No. 04102019-1796879 del 21 de septiembre de 2022, establece que no es procedente brindarle a la accionante una fecha exacta o probable para el pago de la indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan lo descrito en precedencia. Pero respecto a la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n se le realiz\u00f3 a la hoy incidentante el 31 de julio de 2023, conforme a lo expresado por la entidad incidentada en la contestaci\u00f3n del requerimiento aqu\u00ed efectuado y en armonizaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n 1049 de 2019\u00bb. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, establece la Sala que la providencia cuestionada no revela arbitrariedad manifiesta que establezca la v\u00eda de hecho o vulneraci\u00f3n alegada por Mary Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez, toda vez que, el Juzgado accionado contrast\u00f3 la orden proferida en los fallos de tutela y la actuaci\u00f3n desplegada por la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013UARIV-, y concluy\u00f3 que la aludida entidad acredit\u00f3 el cumplimiento de lo ordenado, al dar contestaci\u00f3n a la petici\u00f3n elevada por la actora el 13 de mayo de 2009 por medio de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 04102019-1796879 de 21 de septiembre de 2022, notificada el 24 de febrero de 2023, en la que reconoci\u00f3 la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa, y resolvi\u00f3 aplicar el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n con el fin de disponer el orden de la entrega de la misma. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Mary Yasil Alegr\u00edas Boh\u00f3rquez a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n del funcionario no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022 y, STC1224-2023, entre otras). <\/p>\n
5. Ahora bien, en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de la accionante dirigida a que se revoque, corrija, modifique o anule la Resoluci\u00f3n n\u00ba 04102019-1796879 de 21 de septiembre de 2022 proferida por la UARIV, se establece el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, teniendo en cuenta que, no se evidenci\u00f3 que hubiera planteado ante el juez de lo contencioso administrativo su inconformidad frente a misma, como de manera reiterada lo ha se\u00f1alado esta Corte. (CSJ. STC5112-2021 y, STC11174-2022). <\/p>\n
Por tanto, si la accionante considera que la UARIV vulner\u00f3 sus derechos fundamentales con la mencionada Resoluci\u00f3n, previo a acudir a esta v\u00eda, debe agotar el mecanismo ordinario estatuido por el legislador, consagrado en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 -C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, y que, en suma, le brinda la posibilidad de atacar el acto administrativo a trav\u00e9s de la de nulidad y restablecimiento del derecho, escenario en el que, si lo considera pertinente, puede solicitar medidas cautelares, conforme al canon 230 \u00eddem. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha indicado que, \u00ablos actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC133-2021, STC11174-2022 y STC1414-2023). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13144-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC13144-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2023-00182-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77627","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77627","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77627"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77627\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}