STC13148-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC13148-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01932-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 3 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada y el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad de Ibagu\u00e9 -Picale\u00f1a- y, citados los intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b0 2000-00078. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que actualmente se encuentra privado de la libertad cumpliendo la pena de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n, impuesta por los delitos de \u00abhomicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones\u00bb, de los cuales ha cumplido 30 a\u00f1os entre tiempo f\u00edsico y redimido, en los que su conducta ha sido ejemplar, por lo que fue clasificado en fase de m\u00ednima seguridad y de confianza por el Establecimiento Carcelario y Penitenciario Picale\u00f1a. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en varias oportunidades ha solicitado al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, la libertad condicional, peticiones que ha negado y confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, sin tener en cuenta su proceso de resocializaci\u00f3n y, desconociendo que durante el tiempo en prisi\u00f3n ha respondido al tratamiento penitenciario progresivo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que a otras personas que han sido condenadas por los mismos delitos, las autoridades accionadas les han otorgado la libertad condicional y otros beneficios administrativos como el permiso de 72 horas, situaci\u00f3n que desconoce sus derechos fundamentales. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abimpartir orden perentoria para que se le conceda el subrogado de la libertad condicional al cual tiene derechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que en providencia de 5 de septiembre de 2023 confirm\u00f3 el auto de 13 de febrero de este a\u00f1o, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad le neg\u00f3 una vez m\u00e1s el subrogado de la libertad condicional a Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila, despu\u00e9s de realizar el respectivo an\u00e1lisis conforme a la normativa y reglas jurisprudenciales vigentes. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el peticionario est\u00e1 utilizando este mecanismo constitucional, como una tercera instancia para controvertir argumentos propios del juicio que se adelant\u00f3 en el marco de la autonom\u00eda funcional que rige tal actividad judicial y, con base en los cuales se neg\u00f3 la petici\u00f3n de libertad condicional, sin que, mediara en esa decisi\u00f3n arbitrariedad o capricho alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, adem\u00e1s de indicar las actuaciones adelantadas en el proceso penal seguido contra el accionante, manifest\u00f3 que en auto de 13 de febrero de 2023 le neg\u00f3 el subrogado de la libertad condicional por haberse fugado cuando estaba disfrutando del beneficio administrativo de hasta 72 horas y por inadecuado comportamiento dentro del establecimiento penitenciario. <\/p>\n
3. La Fiscal 39 Seccional delegada ante los jueces penales del circuito de L\u00e9rida indic\u00f3 que consultado el sistema Spoa encontr\u00f3 el radicado n\u00ba 055916100205201080124 iniciado por el delito de fuga de presos, asignado a la Fiscal\u00eda Seccional de Puerto Triunfo, Seccional de Magdalena Medio. <\/p>\n
4. El director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Mediana Seguridad Coiba -Picale\u00f1a- solicit\u00f3 declarar su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al peticionario, y adem\u00e1s, no es el competente para aprobar el beneficio de libertad condicional formulado. <\/p>\n
5. La defensora p\u00fablica del accionante, luego de efectuar un recuento de su gesti\u00f3n, solicit\u00f3 acceder a las pretensiones formuladas a trav\u00e9s de este mecanismo, teniendo en cuenta que su representado se encuentra en fase de confianza y ha observado conducta ejemplar. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo luego de considerar que la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 5 de septiembre de 2023, estuvo fundamentada en la normativa aplicable y en una argumentaci\u00f3n razonable, a trav\u00e9s de la cual resolvi\u00f3 confirmar la negativa del Juzgado de ejecuci\u00f3n sobre la libertad condicional reclamada por Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila, pues, en efecto se observ\u00f3 un mal comportamiento por parte del mismo, porque en desarrollo del beneficio administrativo del permiso de hasta 72 horas, evadi\u00f3 el cumplimiento de la pena en el establecimiento carcelario, desde el 2 de octubre de 2010 hasta el 22 de abril de 2014, y por lo anterior consider\u00f3 que se hac\u00eda imperiosa la necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, manifest\u00f3 que, si bien cuando estuvo disfrutando del beneficio administrativo de permiso por hasta 72 horas otorgado el 2 de octubre de 2010 fue recapturado el 22 de abril de 2014, lo cierto es que desde esa fecha hasta la actualidad ha demostrado una disciplina intachable, con el fin de cumplir el tratamiento penitenciario. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de corregir o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila cuestiona las decisiones proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Ibagu\u00e9, a trav\u00e9s de las cuales le negaron la solicitud de libertad condicional que formul\u00f3 en el proceso penal adelantado en su contra por los delitos de \u00abhomicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego o municiones\u00bb, en el que fue condenado a 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
3. De manera preliminar se indica que el an\u00e1lisis de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional se circunscribir\u00e1 a la providencia emitida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 5 de septiembre de 2023, en raz\u00f3n a que la determinaci\u00f3n de primera instancia fue sometida al escrutinio de dicha Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, de manera que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario constitucional en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ. STC14012-2015, STC11805-2021, reiterada en STC4694-2022 y STC2780-2023). <\/p>\n
4. Analizada la inconformidad del accionante y las pruebas allegadas, desde la \u00f3ptica de juez constitucional se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 en la decisi\u00f3n cuestionada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 El Tribunal Superior tras relatar los antecedentes procesales relevantes, estableci\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila cumpl\u00eda con los requisitos sustanciales exigidos para ser acreedor al reconocimiento de la libertad condicional, o si por el contrario no era viable su concesi\u00f3n como lo hab\u00eda concluido el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad en primera instancia. <\/p>\n
Enseguida, efectu\u00f3 el computo del tiempo que materialmente ha estado privado de la libertad el reclamante y el tiempo redimido, el cual arroj\u00f3 un total de 29 a\u00f1os, 3 meses y 28 d\u00edas, por lo que estableci\u00f3 que cumpl\u00eda con el requisito objetivo de las tres quintas (3\/5) partes de la sanci\u00f3n acumulada, las cuales equival\u00edan a 24 a\u00f1os. <\/p>\n
Igualmente, refiri\u00f3, que el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 aplicable en este caso en virtud del principio de favorabilidad, solo exig\u00eda como requisitos para la concesi\u00f3n del subrogado, el cumplimiento de las tres quintas (3\/5) partes de la condena y, un buen comportamiento intramuros, \u00e9ste \u00faltimo que no se encontraba cumplido, como acertadamente lo indic\u00f3 el juez de primera instancia porque, <\/p>\n
(\u2026) seg\u00fan la informaci\u00f3n aportada por el Complejo Penitenciario y Carcelario -COIBA- Picale\u00f1a de Ibagu\u00e9, Tolima, se advierte que durante el tiempo que ha permanecido privado de su libertad ha presentado en su mayor\u00eda conducta buena y ejemplar, sin embargo, contrario a lo aducido por el censor, no puede obviarse -como \u00e9l mismo lo reconoce- que present\u00f3 una fuga desde el 02 de octubre de 2010, aprovechando una salida de permiso administrativo de hasta setenta y dos (72) horas, hasta el 22 de abril de 2014, esto es, tres (03) a\u00f1os, seis (6) meses y veinte (20) d\u00edas, cuando fue recapturado. <\/p>\n
Ello, claro est\u00e1, como ya se indic\u00f3 por esta instancia en la actuaci\u00f3n relacionada con la supervisi\u00f3n del cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta a RICARDO GUZM\u00c1N, constituye una falta reveladora de un censurable proceder al sustraerse durante un lapso considerable de su obligaci\u00f3n de permanecer recluido descontando las penas de prisi\u00f3n acumuladas infligidas, no obstante presentar una conducta prevalentemente BUENA y EJEMPLAR durante los diecinueve (19) a\u00f1os, siete (7) meses y veintis\u00e9is (26) d\u00edas que ha permanecido f\u00edsicamente privado de su libertad. <\/p>\n
En efecto, dada su trascendencia, en manera alguna puede dejarse de lado que de no haberse interrumpido la fuga por circunstancias a ajenas a la propia voluntad del sentenciado, seguramente la sustracci\u00f3n a las estrictas relaciones de sujeci\u00f3n consustanciales a la pena de prisi\u00f3n hubiese sido m\u00e1s prolongada, lo cual, en \u00faltimas, devela su inclinaci\u00f3n a desconocer los compromisos propios del tratamiento penitenciario como componente inherente a la funci\u00f3n resocializadora de la pena y, en consecuencia, desdice de su acatamiento debido a la acci\u00f3n leg\u00edtima del Estado de aplicar el ius puniendi bajo los fundamentos los fines de la pena\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, independientemente que se hubiera declarado o no autor penalmente responsable del delito de fuga de presos, lo cual no era objeto de verificaci\u00f3n en esa oportunidad, esos hechos guardaron relaci\u00f3n directa con el juicio que se constru\u00eda para los fines de determinar la procedencia de la libertad condicional, por cuanto la fuga se desarroll\u00f3 mientras el solicitante se encontraba disfrutando del beneficio administrativo del permiso de hasta 72 horas, lo cual redundaba en un test desfavorable que incid\u00eda en la negativa de la libertad formulada, como acertadamente lo determin\u00f3 el juzgado de primera instancia en el auto recurrido. Asimismo, consider\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) De otra parte, advierte el tribunal que tambi\u00e9n acert\u00f3 el a quo al aplicar lo preceptuado en el art\u00edculo 150 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, esto es, la proscripci\u00f3n del subrogado de la libertad condicional de quien es beneficiado con el permiso administrativo de hasta setenta y dos (72) horas e incumple su obligaci\u00f3n de retornar al centro de reclusi\u00f3n, como en el caso de la especie, pues v\u00e9ase que la pena m\u00e1xima en Colombia por delitos cuyos procesos se tramitaron bajo la \u00e9gida de la Ley 600 de 2000, es de cuarenta (40) a\u00f1os de prisi\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que dicha condena infligida al sentenciado es producto de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas en dos (2) condenas distintas\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, estableci\u00f3 que no era procedente otorgar el subrogado de libertad condicional a Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila, en atenci\u00f3n a que no se encontraba satisfecho el requisito subjetivo establecido en el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, pues el estudio sobre el proceso de resocializaci\u00f3n arrojaba un resultado negativo por su evidente y grave desatenci\u00f3n inexcusable, dada su fuga cuando le fue otorgado el permiso administrativo de 72 horas. <\/p>\n
5. En las consideraciones expuestas, no se advierte desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho o la vulneraci\u00f3n alegada por Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila, teniendo en cuenta que, el Tribunal Superior accionado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en las normas que rigen la materia, en especial el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, as\u00ed como en las pruebas aportadas y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, las cuales le permitieron establecer que como lo hab\u00eda determinado el juez de primera instancia, el solicitante no cumpl\u00eda con la totalidad de los requisitos estipulados para la concesi\u00f3n de la libertad condicional, especialmente el requisito subjetivo relacionado con la buena conducta que deb\u00eda tener en el establecimiento carcelario, pues estuvo fugado por m\u00e1s de 3 a\u00f1os cuando se le otorg\u00f3 el beneficio administrativo del permiso de hasta de 72 horas, hasta que volvi\u00f3 a ser recapturado, lo que revelaba su inclinaci\u00f3n a desconocer los compromisos propios del tratamiento penitenciario, como componente inherente a la funci\u00f3n de resocializaci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Ricardo Guzm\u00e1n \u00c1vila a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC1212-2022). <\/p>\n
Asimismo, se destaca que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ. STC12805-2021 reiterada en STC5171-2023). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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