STC13152-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13152-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 54001-22-13-000-2023-00306-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 31 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco Comercial AV Villas SA contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil Municipal de C\u00facuta y citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual de radicado no. 2013-00696. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Inversora del Progreso SAS formul\u00f3 demanda en su contra, para que la declarara civilmente responsable por el incumplimiento del \u00abcontrato est\u00e1ndar de cuenta de ahorros\u00bb debido a la deficiente prestaci\u00f3n del servicio bancario en perjuicio de la demandante, al no aplicar las medidas de seguridad necesarias para el pago de unos retiros con talonario que no estaban autorizados, y pretendi\u00f3 el pago de la suma de $40\u2019871.162 debidamente indexada, junto con los intereses moratorios causados, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Segundo Civil Municipal de C\u00facuta en sentencia de 28 de febrero de 2022 neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la sociedad demandante. <\/p>\n
Sostuvo que la anterior providencia desconoce, i) \u00abque no puede haber mora en las deudas il\u00edquidas \u201cmora debitoris\u201d; porque es a partir del momento en que la obligaci\u00f3n es reconocida y no existe controversia sobre la cuant\u00eda del pago de esta que la obligaci\u00f3n adquiere la connotaci\u00f3n o el car\u00e1cter de exigible. Es decir, la condena por intereses procede una vez se determina en forma definitiva la obligaci\u00f3n y podr\u00e1 entonces fundamentarse que el bando demandado incurri\u00f3 en mora de otorga la prestaci\u00f3n demandada\u00bb, ii) los intereses moratorios incorporan la indexaci\u00f3n y no es l\u00edcito desligarla de estos intereses como lo orden\u00f3 el Juzgador ad quem, iii) no tuvo en cuenta que las partes celebraron un contrato de dep\u00f3sito de cuenta de ahorros, en el que se acord\u00f3 que la titular devengar\u00eda intereses remuneratorios a la tasa del 6% anual calculado sobre saldos mensuales, iv) los r\u00e9ditos moratorios reconocidos son sancionatorios, pero no se acredit\u00f3 que la demandante intimara al Banco para que acatara sus compromisos y, v) la fijaci\u00f3n del litigio \u00abcarece de fundamento objetivo y razonable porque se bas\u00f3 en una interpretaci\u00f3n ostensible y abiertamente contraria a la norma jur\u00eddica aplicable\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, cit\u00f3 algunos precedentes de esta Sala relacionados con la responsabilidad de las entidades bancarias en el manejo de las cuentas de sus clientes y las eximentes de responsabilidad por causas atribuibles a los titulares de estas (CSJ SC ago., 23 de 1988, SC201-2006, SC18614-2016, SC2107-2018 y SC445-2020), que revelan \u00abel an\u00e1lisis equivocado e incorrecto de la prueba declaraci\u00f3n de parte y del testimonio realizado por la se\u00f1ora Juez ad quem\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar a al Juzgado accionado revocar la sentencia de 2 de junio de 2023, para que, en su lugar, profiera una nueva decisi\u00f3n \u00abque recoja la jurisprudencia constitucional en la materia de pago de intereses corrientes y moratorios (indexaci\u00f3n), respetando lo convenido por los sujetos procesales en el contrato de dep\u00f3sito de cuenta de ahorros, as\u00ed como respetando la fijaci\u00f3n del litigio que le permitir\u00e1 distinguir entre las tres especies de culpa y descuido del art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, adem\u00e1s de compartir el link del expediente 2013-00696, relat\u00f3 con brevedad el tr\u00e1mite que adelant\u00f3 en segunda instancia que culmin\u00f3 con la sentencia cuestionada. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de C\u00facuta, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones del proceso y afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n atacada es la de segunda instancia. <\/p>\n
3. Inversora El Progreso SAS -demandante en el proceso objeto de revisi\u00f3n-, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, \u00abpor cuanto la sentencia censurada y proferida por el Operador Jur\u00eddico de segunda instancia no reviste de ser calificada ni de arbitraria ni de ileg\u00edtima, am\u00e9n que, debe tenerse presente que la tutela contra providencias judiciales no es una tercera instancia, como se pretende por el accionante en que el Juez constitucional reabra el debate meramente legal\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de C\u00facuta, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, dejar sin efectos \u00absolamente aquella parte del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del pasado 2 de junio, corregida el 5 de junio siguiente, en la que se impuso la condena al pago de intereses moratorios e indexaci\u00f3n sobre la suma a restituir a Inversora del Progreso. En su lugar deber\u00e1 emitir un nuevo pronunciamiento en el que aborde nuevamente ese par de aspectos, considerando lo que en esta providencia ha quedado expuesto\u00bb. <\/p>\n
Para adoptar la decisi\u00f3n, luego de referirse a los pormenores de la sentencia de reprochada, advirti\u00f3 que, conforme lo previsto en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, la competencia del ad quem se encuentra supeditada \u00fanicamente a los argumentos expuestos por el apelante, \u00abDe all\u00ed que los puntos de incongruencia manifestados por las partes al momento de fijar el litigio ante el a quo, realmente no han de ser una hoja de ruta que necesariamente deba guiar la labor del juez de la alzada, tal como desatinadamente lo plantea la accionante. Entonces, desde luego, ese infundado reproche no puede ser causa suficiente para la prosperidad del amparo\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en relaci\u00f3n con la condena a pagar intereses moratorios sobre la suma que se orden\u00f3 a la demandada restituir a la demandante, evidenci\u00f3 que no se dio una explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 era viable tal reconocimiento, es decir, exist\u00eda una indebida motivaci\u00f3n frente a los fundamentos normativos o jurisprudenciales aplicables al caso. <\/p>\n
Finalmente sostuvo que \u00aben punto de la imposici\u00f3n simult\u00e1nea de intereses moratorios e indexaci\u00f3n, t\u00e9ngase en cuenta que, al confrontar la decisi\u00f3n en comento con la jurisprudencia sobre la materia, aquella resulta ser abiertamente contraria a la postura adoptada desde anta\u00f1o por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ SC, 13 may. 2010, rad. 2001-00161- 01, (CSJ SC11331-015, 27 ag., rad. 2006-00119-01) (\u2026) [pues] la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 (…) constituye una afrenta a las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante. Ya se vio que no solo no motiv\u00f3 por qu\u00e9 impon\u00eda pagar ese par de rubros a la deudora, sino que los impuso conjuntamente sin tener en cuenta lo que al respecto estipula la jurisprudencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La entidad accionante limit\u00f3 su impugnaci\u00f3n a lo considerado por el Tribunal \u00ab\u00fanica y exclusivamente [en] el ordinal 5.1. \u2013 de la fijaci\u00f3n del litigio\u00bb, por lo que realiz\u00f3 un contraste respecto de la fijaci\u00f3n del litigio efectuada por los juzgados de primera y segunda instancia, y afirm\u00f3 que el Juzgado accionado incurri\u00f3 \u00aben un protuberante error judicial por la equivocada e indebida aplicaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica de normas sustanciales y procesales, as\u00ed como del precedente jurisprudencial\u00bb de esta Sala relacionados con la congruencia de la sentencia con los hechos alegados por las partes. <\/p>\n
En ese sentido, solicit\u00f3 ordenar a la autoridad accionada proferir una nueva decisi\u00f3n \u00abatendiendo a la fijaci\u00f3n del litigio convenida entre los sujetos procesales, aprobada en audiencia p\u00fablica por la se\u00f1ora Juez Segunda Civil Municipal de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra determinaciones judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el en un plazo prudencial. <\/p>\n
2. En el presente asunto, en primera instancia se orden\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta que, luego de dejar sin efectos el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 2 de junio de 2023, procediera a proferir una providencia en la que abordara nuevamente el tema relacionado con la condena al pago de intereses moratorios e indexaci\u00f3n sobre la suma a restituir a la demandante, teniendo en cuenta lo considerando en el fallo impugnado en relaci\u00f3n con la normativa y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
No obstante, el impugnante insisti\u00f3 en que el amparo debe extenderse a la v\u00eda de hecho en que incurri\u00f3 el Juzgado accionado, atinente a la \u00abequivocada e indebida aplicaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica de normas sustanciales y procesales, as\u00ed como del precedente jurisprudencial\u00bb de esta Sala relacionados con la congruencia que debe subsistir entre la sentencia y la fijaci\u00f3n del litigio \u00abconvenida entre los sujetos procesales, aprobada en audiencia p\u00fablica por la se\u00f1ora Juez Segunda Civil Municipal de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo ese contexto, circunscrita la Sala al motivo de impugnaci\u00f3n, se advierte la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n del Tribunal a quo, pues revisado el expediente objeto de esta causa, no se evidencia incongruencia entre la sentencia cuestionada y la fijaci\u00f3n del litigio, conforme lo siguiente, <\/p>\n
<\/p>\n
3.1 En el asunto bajo examen, la sociedad Inversora El Progreso SAS atribuy\u00f3 al Banco Comercial AV Villas SAS responsabilidad civil contractual, ante el incumplimiento de sus obligaciones \u00abque emanan del contrato celebrado con INVERSORA EL PROGRESO, contrato est\u00e1ndar de cuenta de ahorros, pues trasgredi\u00f3 el principio superior previsto en el Art\u00edculo 1382 del C\u00f3digo de Comercio y subsiguientes, en cuanto que el Banco se obliga con el titular de la cuenta a la CUSTODIA de los dineros depositados y a reintegr\u00e1rselos al momento que los solicite y habida cuenta del r\u00e9gimen de responsabilidad frente al cliente que tiene el Banco por el manejo de dineros captados al p\u00fablico, responsabilidad que es objetiva por el solo hecho de entregar los dineros a persona distinta al titular de la cuenta\u00bb, con ocasi\u00f3n de unos retiros de su cuenta de ahorros no. 952-019040 realizados sin su consentimiento. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que esa conducta se ocasion\u00f3, por \u00abla ausencia de la debida diligencia que debi\u00f3 emplear el establecimiento financiero depositario al adelantar el procedimiento de pago de retiros con talonario, pues omiti\u00f3 cumplir con el cotejo de la firma registrada en sus archivos con la que aparec\u00eda autorizando los falsificados retiros continuados de la cuenta bancaria, configurando su responsabilidad por el riesgo creado, involucrando falla en la prestaci\u00f3n del servicio bancario\u00bb. <\/p>\n
3.2 Al contestar la demanda, el Banco Comercial AV Villas SAS afirm\u00f3 que aplic\u00f3 las medidas de seguridad que impone la legislaci\u00f3n bancaria y financiera, que fue la parte demandante quien incumpli\u00f3 el contrato al no atender las instrucciones y recomendaciones impartidas por la entidad sobre el manejo de productos financieros (literal c, art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1328 de 2009) y que la demandante no puede beneficiarse de su propia culpa, pues un tercero vinculado laboralmente a esta fue quien realiz\u00f3 las transacciones aludidas, utilizando el talonario entregado al representante legal de la empresa. <\/p>\n
3.3 El Juzgado Segundo Civil Municipal de C\u00facuta al fijar el litigio en audiencia de 22 de septiembre de 2014, aclar\u00f3 que consist\u00eda en determinar \u00ab1.- Si el banco demandado emple\u00f3 la debida diligencia y cuidado para disponer la entrega de los dineros retirados por el Se\u00f1or LUIS E. TOSCANO en las fechas relacionadas en la demanda entre el 16\/10\/2012 y el 01\/02\/2013. 2.- Si la parte demandante actu\u00f3 con la debida diligencia y cuidado en el manejo del talonario que se hab\u00eda dispuesto para el retiro de la cuenta de ahorros No. 952-01904-0 del banco AV VILLAS manteni\u00e9ndola bajo su vigilancia\u00bb. <\/p>\n
3.4 Como quiera que la sentencia de primera instancia fue adversa a la demandante, al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n insisti\u00f3 en que entre las partes subsisti\u00f3 un conveni\u00f3 bancario del cual surgieron compromisos para ambos contratantes y la responsabilidad contractual que emana de un negocio jur\u00eddico bilateral conmutativo, como sucede en el contrato de apertura de cuenta bancaria, el que la demandada incumpli\u00f3 por haber permitido retiros de su cuenta con documentos falsos. <\/p>\n
3.5 El Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta al desatar la apelaci\u00f3n, identific\u00f3 como problema jur\u00eddico, \u00ab\u00bf[s]e encontraba probada la culpa exclusiva del demandante y su incidencia en la generaci\u00f3n del da\u00f1o-causal frente a la custodia de los elementos transacciones? o, por el contrario \u00bfexiste responsabilidad bancaria contractual por la sustracci\u00f3n de sumas de dinero bajo su custodia y administraci\u00f3n?\u00bb <\/p>\n
3.6 Conforme a lo anterior, lo que evidencia la Sala es que el litigio estuvo enmarcado o delimitado a la responsabilidad civil contractual del Banco Comercial AV Villas SAS, por incumplimiento del contrato de cuenta bancaria, al permitir el retiro de sumas de dinero o transacciones por parte de un tercero, sin autorizaci\u00f3n de la empresa demandante como titular de la cuenta y si hab\u00eda lugar al reembolso de las sumas depositadas. <\/p>\n
Y fue ese escenario el que el Juzgado de segunda instancia tuvo en cuenta para decidir el recurso de apelaci\u00f3n sometido a su conocimiento. <\/p>\n
3.7 En efecto, citando la Ley 1328 de 2009 y precedentes de esta Corte, se refiri\u00f3 al desarrollo e impacto en el inter\u00e9s p\u00fablico de la actividad de las entidades financieras, la responsabilidad civil de los establecimientos bancarios, y a los principios y obligaciones especiales de estas, como el disponer los medios electr\u00f3nicos y controles para brindar seguridad a las transacciones, y la posibilidad de asumir los riesgos inherentes a la organizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del servicio prestado. <\/p>\n
Luego efectu\u00f3 un an\u00e1lisis del negocio jur\u00eddico celebrado entre las partes y del debate planteado, as\u00ed como de los fundamentos del a quo para negar las pretensiones de la demanda, circunscritos a que \u00abno hubo lugar a la responsabilidad civil de la demandada habida cuenta del descuido y desidia por parte de la entidad demandante respecto del cuidado del talonario con el cual se manejaban los recursos econ\u00f3micos de la susodicha cuenta bancaria acerca de la sustracci\u00f3n y pagos que ocurrieron por ventanilla en las oficinas bancarias\u00bb, por lo que consider\u00f3 necesario remitirse al reglamento de dep\u00f3sitos de ahorro para verificar las obligaciones que emanan tanto para la entidad bancaria como para el cliente, para as\u00ed poder establecer que con el material probatorio recolectado, cu\u00e1l de las partes incumpli\u00f3 sus compromisos. <\/p>\n
En seguida, procedi\u00f3 a valorar las declaraciones del representante legal de la sociedad demandante y el testimonio de la contadora Sonia Barbosa, de los que dedujo que el cliente demandante actu\u00f3 en \u00abatenci\u00f3n y cuidado frente a la manipulaci\u00f3n y resguardo del talonario de la cuenta de ahorros del cual se sustrajeron los dineros (\u2026) no puede pregonarse que lo acontecido (\u2026) haya ocurrido por descuido del titular de la cuenta o p\u00e9rdida del talonario, como tampoco se le puede endilgar omisi\u00f3n de no haber puesto en sobre aviso a la entidad bancaria de alg\u00fan tipo de fraude\u00bb. <\/p>\n
Luego abord\u00f3 el estudio de las experticias practicadas con las que tuvo por demostrada la falsificaci\u00f3n de la firma presentada en los desprendibles de los talonarios con los que efectuaron los retiros, <\/p>\n
(\u2026) de donde, le correspond\u00eda a la entidad bancaria (empleados profesionales o t\u00e9cnicos), disponer de los medios y controles id\u00f3neos para brindar eficiente seguridad a las transacciones (\u2026) m\u00e1s, cuando poseen en su poder la firma y huella del titular de la cuenta de ahorro, de la cual se sustrajeron los dineros que hoy nos convoca (\u2026) era obligaci\u00f3n de la entidad bancaria abstenerse de desembolsar los dineros y solicitar la autorizaci\u00f3n del propietario, con los respectivos documentos f\u00edsicos de identificaci\u00f3n, tal cual, lo enrostra el reglamento de dep\u00f3sitos de ahorro en moneda legal -CERTIVILLAS (\u2026) por ello, es la entidad financiera quien debe asumir las consecuencias derivadas de la materializaci\u00f3n de esos riesgos, a trav\u00e9s de reparar los perjuicios causados, itero, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen al momento de ser captados por estas\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abqued\u00f3 plenamente demostrado el incumplimiento contractual de la entidad bancaria, y por tanto, la v\u00e1lida objeci\u00f3n por parte del pretensor, dada la flagrante notoriedad de la falsedad de los desprendibles del talonario pagados\u00bb, y record\u00f3 que \u00absobre el tema en estudio y, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, \u201c\u2026 la instituci\u00f3n financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente\u201d (SC5176-2020)\u00bb, lo que condujo en la revocatoria de la sentencia de primera instancia para ordenar al reembolso por parte de la entidad demandada a la empresa demandante de la suma de $41\u2019879.936 <\/p>\n
Despu\u00e9s procedi\u00f3 a tasar los perjuicios causados, tema sobre el que se pronunci\u00f3 el Tribunal a quo, pero que no fue objeto de impugnaci\u00f3n, por lo que esta Sala queda relegada de proferir un pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
4. Con ese panorama, en los razonamientos del Juzgado accionado para definir la segunda instancia, no se evidencia defecto del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega la entidad accionante, quien pretende imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse la contienda, y en revelar una supuesta incongruencia entre la sentencia atacada y la fijaci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
Prop\u00f3sitos que no se ajustan a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las providencias que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Es cierto que esta Sala ha definido que \u00abla fijaci\u00f3n del litigio cumple una funci\u00f3n de depuraci\u00f3n de la informaci\u00f3n contenida en esas esas narraciones para conservar lo que resulte estrictamente necesario para conformar el tema de la prueba, que siempre debe estar dirigido a demostrar los supuestos de hecho previstos en la proposici\u00f3n normativa que rige el caso (\u2026) por ello una alteraci\u00f3n indebida de esos contornos tomar\u00eda por sorpresa a las partes y vulnerar\u00eda su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb (CSJ. SC780-2020) (Se destaca). <\/p>\n
Sin embargo, en este asunto no se observa una alteraci\u00f3n indebida del objeto del litigio, por el contrario, se evidencia una debida y respetable interpretaci\u00f3n de la demanda y su reforma, de su contestaci\u00f3n, del escrito que descorre el traslado de excepciones, de la fijaci\u00f3n del litigio, las alegaciones de las partes, la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, la identificaci\u00f3n del problema jur\u00eddico por al ad quem y la resoluci\u00f3n del caso concreto, todo en relaci\u00f3n, se reitera, con la responsabilidad civil contractual atribuida por la sociedad Inversora El Progreso SAS al Banco Comercial AV Villas SAS, por incumplimiento del contrato de dep\u00f3sito bancario celebrado entre estas. <\/p>\n
Entonces, el tema de la fijaci\u00f3n del litigio, se hace intrascendente porque adem\u00e1s que no fue alterado de manera arbitraria e irracional, fue atendido, desarrollado y no incidi\u00f3, o al menos no de forma determinante, en el resultado adverso a los intereses de la entidad bancaria (CSJ. STC8306-2018). <\/p>\n
En esa medida, la sentencia censurada del Juzgado accionado en lo que fue motivo de impugnaci\u00f3n, se encuentra correctamente motivada, pues contiene una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y valoraci\u00f3n de las pruebas apropiada, producto del resultado de la demostraci\u00f3n de los supuestos de hecho previstos en la proposici\u00f3n normativa que describe las consecuencias jur\u00eddicas que reclaman las partes en sus intervenciones (art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso) y, por tanto, est\u00e1 \u00aben consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido a legadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb (art\u00edculo 281 Ib.). <\/p>\n
Aunado a que el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta actu\u00f3 con apego en la competencia definida por el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, que le impone \u00abpronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb (subrayado de la Sala). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, aunque la entidad financiera accionante pretenda dar una interpretaci\u00f3n diferente a la normativa, al acontecer procesal y a los elementos de juicio recaudados, en punto a la inconformidad plasmada en el escrito de impugnaci\u00f3n, no se olvide que la diferencia de criterio no es raz\u00f3n suficiente para que salga avante el amparo constitucional, puesto que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida como un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
Y, m\u00e1s all\u00e1 de que la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado le resultara adversa, no es raz\u00f3n suficiente para que proceda la intervenci\u00f3n del Juez constitucional frente al aspecto debatido, menos cuando, como se dijo, la interpretaci\u00f3n aplicada por la autoridad judicial se muestra razonable (CSJ. STC15 feb. 2011, exp. 1404, reiterada en STC12312-2022, STC4373-2023 y STC11912-2023). <\/p>\n
7. En ese orden, como quiera que no se propuso otra inconformidad frente a la sentencia impugnada distinta a la estudiada, ning\u00fan pronunciamiento adicional se realizar\u00e1. Luego, el fallo examinado ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia constitucional de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
<\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13152-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13152-2023 Radicaci\u00f3n No. 54001-22-13-000-2023-00306-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77635","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77635"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77635\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}