STC13156-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13156-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04391-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Fernando Rold\u00e1n Lopera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango y los intervinientes en el juicio reivindicatorio n\u00ba 2017-00006. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, y los principios de \u00abmoralidad, eficacia, econom\u00eda, celeridad, imparcialidad, publicidad y confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en s\u00edntesis que, Fabi\u00e1n Alberto Rold\u00e1n Lopera promovi\u00f3 demanda reivindicatoria de un bien inmueble rural denominado \u00abEl Lucero\u00bb ubicado en la vereda \u00abLas Cruces\u00bb del municipio de San Andr\u00e9s de Cuerquia, contra su hermano, Jos\u00e9 Fernando Rold\u00e1n Lopera, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
El 6 de abril de 2022, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango profiri\u00f3 sentencia estimatoria de la pretensi\u00f3n, declar\u00f3 que el bien en disputa le pertenec\u00eda al demandante y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del mismo, as\u00ed mismo, conden\u00f3 al demandado al pago de frutos civiles, tras considerar que aqu\u00e9l era poseedor de mala fe. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n la confirm\u00f3 en su integridad la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia mediante fallo del 17 de octubre de 2023. <\/p>\n
A trav\u00e9s de la presente salvaguarda, cuestiona el actor, especialmente, la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia por el tribunal accionado. Aduce que hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria que, \u00abcondujo a determinar en contra m\u00eda la prosperidad de una acci\u00f3n reivindicatoria, cuando la propia prueba aportada con la presentaci\u00f3n de la demanda, denota y demuestra m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonada, con pruebas como el proceso de resoluci\u00f3n de contrato de arriendo del a\u00f1o [2011] y el proceso de [2012] de pertenencia, m\u00e1s los propios testimonios rendidos por los demandantes (\u2026)\u00bb que ejerc\u00eda posesi\u00f3n continuada del predio. <\/p>\n
Arguye tambi\u00e9n que, \u00abel juzgado en primera instancia ni el tribunal [\u2026] realizaron juicio material ni jur\u00eddico para determinar lo dispuesto en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso, del cual no hicieron juicio de legalidad, ni observancia a la ineptitud de esta demanda y no se le dio un tr\u00e1mite que correspond\u00eda\u00bb; agreg\u00f3 que, al faltar un presupuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria, \u00abla misma no prospera y menos cuando el propio demandante tiene todas las pruebas y demostr\u00f3 que el accionante no es poseedor\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se tutelen a su favor los derechos fundamentales invocados y que, se deje sin efecto, \u00abla actuaci\u00f3n de primera instancia y la misma por parte del Tribunal Superior de Antioquia \u2013 Sala Civil, al no cumplirse con los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, pidi\u00f3 que se deniegue el amparo dado que, la s\u00faplica no es m\u00e1s que la inconformidad del recurrente con la valoraci\u00f3n probatoria y la aplicaci\u00f3n normativa efectuada \u00abcuando, como bien se sabe la jurisprudencia constitucional ha sido clara en se\u00f1alar que la tutela no est\u00e1 instituida para cuestionar la labor interpretativa del operador jur\u00eddico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Promiscuo del Circuito de Ituango, defendi\u00f3 la providencia que le correspondi\u00f3 proferir en el asunto, la cual, sostiene, se dict\u00f3 \u00abdentro del marco legal y jurisprudencial, se sustent\u00f3 debidamente y se realiz\u00f3 el an\u00e1lisis probatorio conforme a la exigencia procesal [\u2026] en cada una de las fases del proceso se respetaron todos los aspectos en relaci\u00f3n con el debido proceso, se garantiz\u00f3 la participaci\u00f3n de los intervinientes, se garantiz\u00f3 la doble instancia y el fallo proferido, obedeci\u00f3 al sustento probatorio obtenido en el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. Fabi\u00e1n Alberto Rold\u00e1n Lopera, demandante en el asunto en cuesti\u00f3n, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n tutelar, pues se\u00f1ala que, contrario a lo manifestado por el actor, en el tr\u00e1mite judicial se han brindado todas las garant\u00edas a las partes y que, quien ha vulnerado sus derechos ha sido justamente su hermano Jos\u00e9 Fernando, \u00abcon sus apelaciones sin fundamento legal alguno, tanto dentro del proceso pertenencia que instaur\u00f3 en mi contra, el cual le fue desfavorable por haber sido cosa juzgada, como en el reivindicatorio que instaur\u00e9 en su contra (\u2026)\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 que, \u00ab(\u2026) llev\u00f3 m\u00e1s de 15 a\u00f1os reclam\u00e1ndole a mi hermano lo que me pertenece legalmente, esto es, yo he perdido esos a\u00f1os sin poder explotar econ\u00f3micamente la finca en la producci\u00f3n lechera y ganadera, siendo el accionado el \u00fanico que se ha beneficiado y usufructuado el inmueble (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso dentro del reivindicatorio radicado n\u00ba 2017-00006, promovido por Fabi\u00e1n Alberto Rold\u00e1n Lopera en su contra, con la sentencia de 17 de octubre de 2023, que confirm\u00f3 la del a quo (6 de abril de 2022) en el sentido de ordenar la restituci\u00f3n del inmueble en cuesti\u00f3n y el pago de frutos civiles, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia cuestionada. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y de la sentencia censurada, la Sala no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que dicha decisi\u00f3n, proferida por la colegiatura accionada el 17 de octubre pasado, se aprecia coherente, razonable y motivada. <\/p>\n
3.1. Al respecto, se colige que lo resuelto por esa magistratura se bas\u00f3 en un respetable an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n y de lo que fue objeto de reparo en la alzada, en la que se discuti\u00f3 la cadena de t\u00edtulos anteriores al inicio de la posesi\u00f3n invocada por el demandado, y la mala fe que se le endilg\u00f3 como sustento de la condena al pago de frutos civiles. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tras un detallado an\u00e1lisis de las pruebas documentales, la prueba trasladada (el expediente del proceso de pertenencia promovido por Jos\u00e9 Fernando Rold\u00e1n Lopera), los dict\u00e1menes periciales, el interrogatorio al perito, el interrogatorio de parte y de los testigos llamados al juicio, en relaci\u00f3n con la inconformidad alusiva a la cadena de t\u00edtulos, puntualiz\u00f3 el tribunal que, <\/p>\n
\u00abA contrario sensu de la tesis planteada por el recurrente, la Sala encuentra que el polo activo s\u00ed invoc\u00f3 los t\u00edtulos de dominio antecedentes a su propiedad, a fin de demostrar este espec\u00edfico presupuesto material de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, puesto que basta verificar que en los hechos primero, segundo, tercero, sexto y s\u00e9ptimo del escrito de demanda se aludi\u00f3 a la cadena ininterrumpida de t\u00edtulos traslativos de dominio en virtud de los cuales el demandante adquiri\u00f3 la propiedad sobre el inmueble objeto del proceso, as\u00ed como, aquellos por los que su progenitora tradente hizo lo propio (\u2026). <\/p>\n
Tal alegaci\u00f3n f\u00e1ctica ciertamente conforma la causa petendi que soporta la pretensi\u00f3n reivindicatoria del sujeto activo, y con fundamento en la misma, dicho extremo litigioso afirma reunir a cabalidad los presupuestos axiol\u00f3gicos de su s\u00faplica, entre los cuales se halla, el t\u00edtulo de dominio antecedente a la posesi\u00f3n, que bien por s\u00ed mismo, o en atenci\u00f3n a la cadena de t\u00edtulos de dominio ininterrumpida ostenta el reclamante. <\/p>\n
De otro lado, no es cierto, como lo se\u00f1ala el hoy sedicente, que al descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito, el sujeto activo guard\u00f3 silencio frente a este aspecto y, contrariamente a ello, en tal escrito el polo pretensor insisti\u00f3 en que cumpl\u00eda \u201ctodos los presupuestos para solicitar la reivindicaci\u00f3n, con base en los documentos p\u00fablicos y privados allegados al expediente\u201d (p\u00e1g. 7, numeral 2, archivo 0008, C.1); instrumentos entre los cuales, valga resaltarse, militan las escrituras p\u00fablicas y el certificado de tradici\u00f3n y libertad del bien, recopiladas en el numeral 2.4.2.1. de este fallo, que demuestran la historia de las transferencias de dominio sobre el predio, desde el a\u00f1o 1969, cuando el c\u00f3nyuge de la se\u00f1ora Socorro Lopera lo adquiri\u00f3 y se acredita igualmente, la data de 25 de octubre de 1985, como hito a partir del cual se adjudic\u00f3 el terreno mencionado a la progenitora de los sujetos procesales en contienda, por liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal con su consorte\u00bb. <\/p>\n
Con todo, para el tribunal qued\u00f3 claro que la sumatoria de t\u00edtulos s\u00ed fue un tema profusamente planteado por el precursor en el libelo de la demanda. <\/p>\n
Seguidamente, en cuanto a la calidad de poseedor alegada por el apelante, que ubica su inicio en el tiempo en el a\u00f1o 1985, dijo el accionado, <\/p>\n
\u00abCon independencia de la calidad de poseedor o tenedor que ostentara el convocado para la \u00e9poca de 1985, tanto la confesi\u00f3n del contradictor, como los testimonios recaudados son prolijos para determinar sin lugar a dubitaci\u00f3n que aquel ingres\u00f3 al inmueble con ocasi\u00f3n de la entrega que del mismo le realiz\u00f3 la se\u00f1ora Socorro Lopera, con posterioridad a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de esta; acto jur\u00eddico solemne que se prob\u00f3 haber acontecido el 25 de octubre de 1985 mediante la escritura p\u00fablica N\u00b0 5345 del 25 de octubre de 1985 de la Notar\u00eda Doce de Medell\u00edn relacionada en el numeral 2.4.2.1) de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el opositor confes\u00f3 en su absoluci\u00f3n de parte que el predio se lo hab\u00eda cedido su madre \u201cdesde el 29 de diciembre de 1985\u201d, fecha a partir de la cual en la contestaci\u00f3n de la demanda se afirma que ostenta la calidad de poseedor; sin embargo, el t\u00edtulo de dominio inmediatamente anterior, a partir del cual el aqu\u00ed pretendiente deriv\u00f3 su derecho de propiedad, fue precisamente la escritura p\u00fablica rese\u00f1ada que adjudic\u00f3 a su progenitora el derecho real de dominio desde el mes de octubre de esa anualidad, es decir, de forma previa a la supuesta posesi\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Empero, adicional a ello, se verifica que el actor acredit\u00f3 el t\u00edtulo que anteced\u00eda a su progenitora, esto es, la escritura p\u00fablica N\u00b0 221 del 16 de junio de 1969, por medio de la cual el se\u00f1or Oscar Rold\u00e1n Carvajal (c\u00f3nyuge de la prenotada) adquiri\u00f3 el dominio del inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 037-13099 en virtud de la enajenaci\u00f3n que le hizo el se\u00f1or Ram\u00f3n \u00c1ngel Ruiz Vel\u00e1squez, predio que entr\u00f3 a conformar la masa de bienes de la sociedad conyugal que ten\u00eda con aquella. <\/p>\n
Lo anterior significa que, aunque hipot\u00e9ticamente se avalara la tesis del censor concerniente a la posesi\u00f3n ejercida desde el 29 de diciembre de 1985, obligado resultar\u00eda concluir que el t\u00edtulo de dominio del pretensor es con creces anterior a la supuesta posesi\u00f3n, en atenci\u00f3n a la cadena de t\u00edtulos traslativos de dominio que este demostr\u00f3 y que se remonta al a\u00f1o 1969\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, de acuerdo a las declaraciones de algunos de los testigos, se esclareci\u00f3 que, el demandado no ingres\u00f3 al predio en el a\u00f1o 1985 en calidad de poseedor, ya que para entonces solo pod\u00eda predicar la condici\u00f3n de tenedor, comoquiera que reconoc\u00eda dominio ajeno, en este caso, el de su progenitora, al cancelarle una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica \u00aben litros de leche (sic)\u00bb, por la administraci\u00f3n y el trabajo que realizaba en el fundo; tambi\u00e9n, en consideraci\u00f3n a una posterior demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que aquella inici\u00f3 por mora en el pago del canon, causa que, aunque no prosper\u00f3 por no acreditarse la existencia del contrato, denot\u00f3 que \u00abdi\u00e1fanamente no hubo intenci\u00f3n por parte de dicha se\u00f1ora de entregarle al aqu\u00ed resistente la posesi\u00f3n del bien con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo, sino apenas de tenencia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la mala fe en la posesi\u00f3n atribuida a Jos\u00e9 Fernando Rold\u00e1n, de la apreciaci\u00f3n de los elementos de conocimiento la corporaci\u00f3n tutelada estableci\u00f3 que estaba demostrada, pues se evidenciada una posesi\u00f3n \u00abviolenta y viciosa al repeler requerimientos judiciales y extrajudiciales efectuados para la entrega del bien, tanto por parte de se\u00f1ora Socorro Lopera, como del se\u00f1or Fabi\u00e1n Rold\u00e1n Lopera\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[d]e tal manera, los medios confirmatorios esbozados no permiten inferir que el accionado adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble de forma pac\u00edfica, ni con la conciencia de haberla recibido por medios leg\u00edtimos exentos de vicios y a contrario sensu, ha permanecido en el mismo a trav\u00e9s del tiempo por la fuerza, repeliendo con violencia a los titulares del derecho real de dominio, raz\u00f3n por la que la condena al pago de frutos se encuentra fundada. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, en armon\u00eda con lo analizado en precedencia, la sentencia de primera instancia est\u00e1 llamada a ser confirmada, toda vez que se encontraron fundados los presupuestos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n reivindicatoria censurados, a saber, la identidad entre el bien pose\u00eddo y el reclamado, la cadena de t\u00edtulos de dominio anteriores a la posesi\u00f3n del convocado y la posesi\u00f3n de mala fe por parte de este\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la colegiatura accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n notoria del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en este evento, ya que, la evaluaci\u00f3n efectuada se contrajo no solo a los testimonios rendidos en el litigio y lo que cada declarante aport\u00f3 sobre los hechos objeto de la demanda, sino tambi\u00e9n a los documentales que revelaron la existencia de una \u00abcadena de t\u00edtulos\u00bb respecto del inmueble, anterior al inicio de la posesi\u00f3n del demandado. <\/p>\n
En todo caso, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer por sobre el del juzgador un determinado raciocinio probatorio, a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, de forma que no se advierten configurados ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, se descarta la violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de la demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada, no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al del tribunal tutelado en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13156-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13156-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04391-00 Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Fernando Rold\u00e1n Lopera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77636","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77636","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77636"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77636\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}