STC13168-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13168-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04424-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, \u00abAvalar Seguros Ltda.\u00bb, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el asunto rad. n\u00ba 2022-00074. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el convocante reclama -seg\u00fan se infiere- la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El aqu\u00ed tutelante promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra \u00abAvalar Seguros Ltda, como propietaria del establecimiento de comercio denominada \u201cAvalar Seguros Ltda\u201d\u00bb, en procura de que se ordenara la contrataci\u00f3n \u00abcon entidad id\u00f3nea certificada (\u2026) para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2005\u00bb; el conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, quien ampar\u00f3 el derecho colectivo y conden\u00f3 en costas en favor del demandante. <\/p>\n
Inconformes, tanto el actor popular, como la accionada, interpusieron recurso de apelaci\u00f3n y, tras ser concedidos, las diligencias fueron remitidas al tribunal acusado, quien en auto del 12 de octubre de 2023 los admiti\u00f3 y corri\u00f3 traslado de las sustentaciones presentadas ante el a-quo. <\/p>\n
El gestor acude a este mecanismo cuestionando que \u00abnunca se acepta desistir de la acci\u00f3n y el tribunal nunca cumple art 37 ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que \u00abse ordene aceptar [su] desistimiento [de la] acci\u00f3n popular, ante la mora y la renuencia judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La magistratura acusada hizo un recuento de las actuaciones adelantadas, reliev\u00f3 que \u00abdesde la fecha en la cual fue asignada la citada demanda popular, han ingresado 94 asuntos por reparto, se han tramitado 89 procesos de car\u00e1cter prevalente (acciones de tutela de primera y segunda instancia, consulta de incidentes de desacato) y m\u00e1s de 80 acciones populares. Adem\u00e1s, se han proferido 281 providencias. A lo anterior se suman los dem\u00e1s asuntos que debe conocer [la]Sala (\u2026), todo lo cual implica la inversi\u00f3n de amplios t\u00e9rminos y genera una notoria congesti\u00f3n judicial\u00bb e inform\u00f3 que \u00abpuso en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura la anterior situaci\u00f3n, y se encuentra a la espera de adopci\u00f3n de medidas que ayuden a mejorar el flujo en la evacuaci\u00f3n de procesos\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abno existe petici\u00f3n de desistimiento de la acci\u00f3n popular pendiente por resolver\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira dijo que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno (\u2026), am\u00e9n de no evidenciarse un perjuicio irremediable para el actor popular y por ello, [solicit\u00f3 su] desvinculaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Municipio de Pereira aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal endilgado lesion\u00f3 la prerrogativa fundamental del querellante en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular rad. n\u00b0 2022-00074, por cuanto, presuntamente, incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998 para definir la instancia a su cargo y \u00abno acept\u00f3 el desistimiento de la renuente acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., entre otras). <\/p>\n
4. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de la verificaci\u00f3n del escrito introductor y los medios de convicci\u00f3n obrantes, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales del accionante, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del auxilio, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que el querellante censur\u00f3 que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira no atiende el t\u00e9rmino legalmente previsto en la Ley 472 de 1998 para desatar la instancia encomendada, dentro de la acci\u00f3n popular objeto de queja; lo cierto es que, contrario a lo afirmado, una vez verificado el expediente digital del proceso confutado, se pudo constatar lo siguiente: <\/p>\n
(i) La causa fue asignada por reparto a la colegiatura enjuiciada el 31 de agosto de 2023; (ii) en constancia del 11 de septiembre siguiente, la secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abdel 23 de agosto al 8 de septiembre del corriente a\u00f1o, ingresaron 162 procesos para reparto, a los que se les est\u00e1 dando prioridad a las acciones constitucionales de primera y segunda instancia, en orden de llegada; adem\u00e1s los medios tecnol\u00f3gicos han presentado fallas constantemente\u00bb; (iii) mediante prove\u00eddo del 18 de septiembre se admitieron los recursos interpuestos y se corri\u00f3 traslado de los escritos de sustentaci\u00f3n presentados por los recurrentes ante la primera instancia \u00ab[al considerarlos] suficientes, (\u2026) en aplicaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda, celeridad y eficacia y para impulsar el tr\u00e1mite de la instancia\u00bb; (iv) el reciente 2 de noviembre se emiti\u00f3 prove\u00eddo para atender las solicitudes presentadas por la coadyuvante del tr\u00e1mite y por la Procuradora 31 Judicial II de Asuntos Civiles de esta ciudad; y (v) actualmente, con ingreso del pasado 10 de noviembre, el asunto se encuentra a despacho para decidir acerca de las nuevas peticiones elevadas por la coadyuvante. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la referida autoridad no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, lo que permite colegir que ha realizado las gestiones pertinentes para definir lo de su competencia, en un tiempo prudencial. <\/p>\n
5. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Sobre las manifestaciones alusivas a que \u00abnunca se acepta desistir de la acci\u00f3n\u00bb, cabe decir que, el actor no acredit\u00f3 que antes de concurrir a este mecanismo eminentemente excepcional, hubiera acudido ante las autoridades, en principio competentes, para elevar tales requerimientos; en tal virtud, emitir cualquier pronunciamiento al respecto por parte de esta instancia constitucional, resultar\u00eda anticipado y soslayar\u00eda, sin justificaci\u00f3n, la \u00f3rbita reservada para el juez de la causa. <\/p>\n
Lo anterior, se traduce en el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, que ratifica la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto es deber de los interesados agotar todas las herramientas de defensa ordinarias a su alcance antes de invocar el ruego tuitivo. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que: (i) no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada; y (ii) el resguardo no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto el gestor no acredit\u00f3 haber acudido previamente ante las autoridades competentes a exponer las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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