STC13174-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13174-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04440-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por GJVM contra la Sala XXX de XXX del Tribunal Superior del Distrito Judicial de YYYY, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado XXX de YYY y las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras radicado n\u00ba 0000-00000. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vivienda digna, dignidad humana, \u00abunidad familiar, principio de solidaridad, principio de acci\u00f3n sin da\u00f1o, derechos de los adultos mayores y protecci\u00f3n especial a menores de edad y personas en condiciones de vulnerabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, el 10 de octubre de 2023, la Sala XXX de XXX del Tribunal Superior de YYY, dict\u00f3 sentencia en el asunto con radicado n\u00ba 0000-00000 en favor de la reclamante MOMV y de la \u00abmasa sucesoral de JIQG\u00bb, ordenando la restituci\u00f3n del predio denominado \u00abPPP, ubicado en la vereda SD del municipio de C\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia, destac\u00f3, el tribunal declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones formuladas por la opositora, y, en cuanto a su grupo familiar, no les reconoci\u00f3 la calidad de segundos ocupantes, y orden\u00f3 la entrega del bien que, en caso de no hacerse de manera voluntaria, se proceder\u00eda al desalojo. <\/p>\n
Acude a la presente salvaguarda en cuestionamiento de la orden de desalojo del bien que ocupa con su familia, de la que hacen parte su esposo, HJMM, su hija LZMV y sus dos hijos (y nietos suyos) menores de edad EEM y DEM. <\/p>\n
Critica que, el t\u00e9rmino perentorio fijado en la sentencia para entrega el inmueble \u00absi bien se ci\u00f1e a las disposiciones legales en materia de restituci\u00f3n de tierras, afecta de manera palmaria los derechos rogados porque (\u2026) LZMV, madre de los menores, deriva sus pocos y ocasionales ingresos de cortes de cabello que hace en su habitaci\u00f3n (\u2026) los menores de edad, se encuentran a pocas semanas de concluir el a\u00f1o escolar y un traslado a otra \u00e1rea del corregimiento o municipio afectar\u00eda el desarrollo y cumplimiento de sus quehaceres escolares (\u2026) que el menor EEM de 8 a\u00f1os, padece un cuadro de hidrocefalia que requiere diagn\u00f3stico y controles m\u00e9dicos, el cual se hace a trav\u00e9s de la entidad Savia Salud (\u2026) que [su esposo] HJMM, padece una enfermedad pulmonar obstructiva cr\u00f3nica [y] debe mantenerse con ox\u00edgeno el mayor tiempo posible (\u2026) teniendo en cuenta los cuidados requeridos [\u2026] la vivienda a la cual se vaya a trasladar debe ser acondicionada de manera que su tratamiento no se interrumpa\u00bb. <\/p>\n
Afirma que, su familia no cuenta con ingresos que le permitan realizar un traslado a otra vivienda en el t\u00e9rmino indicado en la sentencia cuestionada, y que, en todo caso, la reclamante no evidencia urgencia para la entrega del bien, considerando que solicit\u00f3 \u00abcompensaci\u00f3n por equivalencia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que, de la situaci\u00f3n de su n\u00facleo familiar aport\u00f3 pruebas al tribunal, pero el fallo \u00abno contempla la vinculaci\u00f3n de la diligencia de desalojo de ninguna de las entidades que por sus competencias puedan brindar la protecci\u00f3n especial requeridas por los miembros [de su familia]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, \u00abse suspenda temporalmente la diligencia de desalojo y se le otorgue [y a su n\u00facleo familiar] un plazo prudencial para la entrega voluntaria del bien objeto de restituci\u00f3n, teniendo en cuenta las situaciones especiales de algunos miembros del grupo familiar (\u2026) se vincule a las autoridades que, seg\u00fan sus competencias, deban garantizar medida de albergue temporal a los ocupantes del predio a restituir [y] que deban brindar acompa\u00f1amiento a las actuaciones de desalojo del predio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala XXX del Tribunal Superior de YYY inform\u00f3 que, en el proceso en cuesti\u00f3n, se orden\u00f3 la restituci\u00f3n en favor de la reclamante, atendiendo lo solicitado, en la modalidad de \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb, por lo que el inmueble f\u00edsico se orden\u00f3 entregar en favor del Grupo Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, autoridad que pasar\u00e1 a ser la titular del mismo, y, previno que la entrega habr\u00e1 de realizarse \u00abdentro de los 3 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, y en caso que no se realice la entrega voluntaria, deb\u00eda llevarse a cabo la diligencia de desalojo en un t\u00e9rmino perentorio de 5 d\u00edas, para lo cual se comision\u00f3 al Juzgado XXX del XXX de YYY, el cual tendr\u00e1 el mismo t\u00e9rmino para cumplir la comisi\u00f3n [y] y no aceptar oposici\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, no es cierto que no se haya valorado la situaci\u00f3n del grupo familiar de los ocupantes del inmueble, como lo afirma la actora, pues, en la mentada providencia se resalt\u00f3 que, si bien \u00abse trata de sujetos de especial protecci\u00f3n dada su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado y desplazamiento de la misma vereda SD, particularmente del predio \u201clindante\u201d al reclamado en restituci\u00f3n\u201d empero que pese a ello, no es cierto \u201cque los caracterizados no cuenten con otros bienes inmuebles que puedan habitar, pudiendo con anuencia de la misma opositora regresar al fundo del cual a\u00fan figuran como propietarios, m\u00e1xime cuando se trata del predio aleda\u00f1o al que aqu\u00ed se reclama\u201d; razones que entre otras, llevaron a que se les negara su condici\u00f3n de segundos ocupantes a la luz de lo preceptuado en el art\u00edculo 91A de la Ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a que se garanticen los derechos de las personas en condici\u00f3n de vulnerabilidad en el procedimiento de desalojo, es un aspecto que le ata\u00f1e al juzgado comisionado, el que deber\u00e1 adoptar las medidas pertinentes \u00abparticularmente de albergue temporal y vivienda, lo anterior, sin perjuicio de los tr\u00e1mites que de manera directa puedan adelantar a trav\u00e9s de las autoridades municipales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado XXX de YYY, se abstuvo de pronunciarse frente a la demanda tutelar e indic\u00f3 que, hasta el momento no se le ha comisionado para realizar la entrega material del predio reclamado en restituci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Procurador 00 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Medell\u00edn coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda tutelar pues, considera que la sentencia dictada por el tribunal incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, especialmente de la \u00abcaracterizaci\u00f3n social hecha por la Unidad de Restituci\u00f3n respecto de los segundos ocupantes y en este caso particular de la se\u00f1ora GJVM [\u2026] practicada v\u00eda telef\u00f3nica el 17 de junio de 2021 por la URT (\u2026) as\u00ed mismo, de la declaraci\u00f3n ofrecida por la opositora al indag\u00e1rsele por la situaci\u00f3n de solvencia de sus familiares en especial de GJVM y su n\u00facleo familiar, en la que indic\u00f3 \u201cson de escasos recursos y viven pr\u00e1cticamente de las ayudas del gobierno\u201d que no pagan arriendo, sino que detentan el predio \u201ccomo en pr\u00e9stamo\u201d porque \u201cno tienen casita para habitar en este momento\u201d\u00bb. Agreg\u00f3 que el predio contiguo, el que vendi\u00f3 a su hermana y al que podr\u00eda irse a vivir, \u00abno constituye ninguna garant\u00eda a una familia sujeto de especial protecci\u00f3n que demanda en este preciso momento el apoyo del Estado, como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
4. El director territorial YYY, de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras, solicit\u00f3 que, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de algunos de los residentes del predio a restituir, se considere \u00abla posibilidad de prorrogar la orden para la entrega, fijando una fecha determinada para ello (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. La directora jur\u00eddica de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, la jefe de la Unidad jur\u00eddica de la Unidad para las V\u00edctimas, la secretar\u00eda de Minas de la Gobernaci\u00f3n de YYY y la jefe asesora jur\u00eddica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la quejosa al fijar un t\u00e9rmino perentorio (de 5 d\u00edas) para la entrega o desalojo del predio cuya restituci\u00f3n se orden\u00f3 (la que se har\u00e1 en favor de la UAEGRTD), en el juicio de restituci\u00f3n de tierras rad. 0000-00000, desconociendo que, en la vivienda objeto del proceso residen personas de especial protecci\u00f3n constitucional, como dos menores de edad (uno de ellos con problemas de salud) y un adulto mayor, tambi\u00e9n con una afectaci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
2. De la falta de poder para actuar en representaci\u00f3n del n\u00facleo familiar de la accionante. <\/p>\n
Preliminarmente, es menester precisar que, con la demanda de tutela se aport\u00f3 poder especial para promover la presente salvaguarda a nombre de GJVM, y a cargo de la abogada CRA; sin embargo, se echa de menos el mandato que faculte a la referida profesional del derecho para actuar en estas diligencias en representaci\u00f3n de HJMM, LZMV, madre de los ni\u00f1os EEM y DEM, quienes se mencionan en el libelo como personas afectadas con los hechos que fundan el amparo y, respecto de las cuales, se implora la protecci\u00f3n en raz\u00f3n de su condici\u00f3n de vulnerabilidad, por situaciones de salud y por ser menores de edad. <\/p>\n
Adicionalmente, tampoco se indic\u00f3 en el escrito introductor que se actuara eventualmente como agente oficioso de aquellos, ni se informaron las razones por las cuales no se encontraban en condiciones para promover su propia defensa o por qu\u00e9 no suscribieron el poder especial, que legitime su representaci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, al no allanarse ese requisito, los motivos expuestos en favor de los precitados no podr\u00e1n ser atendidos en esta providencia, circunscribi\u00e9ndose el examen de lo planteado, \u00fanicamente, frente a quien acredit\u00f3 el derecho de postulaci\u00f3n, es decir, GJVM. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
4.1. Seg\u00fan se extrae del contenido de la demanda, la actora, al margen de cuestionar la decisi\u00f3n judicial que finiquit\u00f3 el juicio de restituci\u00f3n de tierras rad. 0000-00000, dirige su inconformidad de manera espec\u00edfica a la orden perentoria dada para la entrega o desalojo del inmueble objeto del litigio, definida por el tribunal en la sentencia que emiti\u00f3 el pasado 10 de octubre de 2023, comisionando para el efecto al Juzgado XXX de YYY, sin considerar, por un lado, la presencia de menores de edad en la residencia y de un adulto mayor con padecimientos de salud, y por el otro, la carencia de recursos econ\u00f3micos para poder conseguir un lugar al cual trasladarse con su grupo familiar en el t\u00e9rmino se\u00f1alado en la providencia (cinco (5) d\u00edas, desde la ejecutoria), requiriendo la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite por un \u00abplazo prudencial [\u2026] teniendo en cuenta las situaciones especiales de algunos miembros del grupo familiar\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, y en consonancia con la postura reiterada en estos casos por la Corte, debe indicarse que no cabe acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, ya que la actuaci\u00f3n criticada, como se advirti\u00f3, encuentra sustento jur\u00eddico en el prove\u00eddo referenciado, es decir, en una determinaci\u00f3n v\u00e1lidamente dictada en el curso del tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. (CSJ STC 28 oct. 2009, rad. T-2009-1496-01, citada en STC16630-2015, 4 dic. 2015, rad. 2015-02935-00). <\/p>\n
Y en otro pronunciamiento, cuando se invoca el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable con ocasi\u00f3n del adelantamiento de ese tipo de procedimientos, se dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [l]a Sala ha indicado sobre el punto que \u201cen principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u201d. (STC 29 nov. 2006, rad. 00079-01, citada en STC638-2017, 26 ene., rad. 2017-00023-00). <\/p>\n
4.2. Ahora bien, no obstante que la Sala aclar\u00f3 preliminarmente que la decisi\u00f3n no involucrar\u00eda un an\u00e1lisis respecto de la presunta transgresi\u00f3n de los derechos de los menores de edad residentes en la vivienda objeto de la entrega, es menester resaltar que, como se ha dicho en precedencia, su presencia no constituye un impedimento para que se lleve a cabo la diligencia, pues de vieja data se ha explicado que, <\/p>\n
\u00ablos privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (Fallo de 31 de enero de 2011, exp. 00313-01)\u2026\u00bb (CSJ STC 1\u00ba ago. 2011, Rad. 00769-01; criterio reiterado en STC16630-2015). <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio, claro est\u00e1, de que se prevenga a la autoridad que le corresponda cumplir la comisi\u00f3n, para que al momento de la intervenci\u00f3n garantice todo lo necesario para proteger a los menores en el desarrollo de la diligencia de entrega, incluso citar a las entidades que, seg\u00fan la Constituci\u00f3n y la Ley, tienen la funci\u00f3n de brindar apoyo preciso para la salvaguarda de sus intereses superiores. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, y al no apreciarse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales denunciados, se desestimar\u00e1 la s\u00faplica. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La diligencia de entrega de inmueble, ordenada en providencia judicial ejecutoriada, no constituye una actuaci\u00f3n vulneradora de derechos fundamentales, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
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