STC13176-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13176-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00612-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 1\u00b0 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Pel\u00e1ez C\u00e1rdenas contra los Juzgados Dieciocho Civil del Circuito en Oralidad y Sexto Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2021-01047. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso que, fue demandado ejecutivamente por Seguros Comerciales Bol\u00edvar SA, con base en el contrato de arrendamiento que suscribi\u00f3 en calidad de deudor solidario con la sociedad Bienes y Bodegas SAS, hoy Citrus Inmobiliaria SAS, asunto que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Sexto Civil Municipal en Oralidad de Medell\u00edn, quien libr\u00f3 la orden de pago reclamada el 11 de octubre de 2021; no obstante, la parte ejecutante omiti\u00f3 se\u00f1alar en la demanda que entre Citrus Inmobiliaria SAS (convocante) y Richard de Jes\u00fas Ariza y David Restrepo Monsalve, este \u00faltimo representante legal de Aceros y Estructuras SAS (convocados), el 16 de diciembre de 2020 se celebr\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, donde se acord\u00f3 que \u00abexclusivamente, los convocados asistentes a dicha diligencia, se OBLIGABAN A PAGAR las obligaciones pendientes y \u201cA ESTAR a PAZ y SALVO por todo concepto derivado del contrato de arrendamiento\u00bb, raz\u00f3n por la cual, ese solo instrumento arrimado para la ejecuci\u00f3n carece del requisito de exigibilidad frente a \u00e9l, si en cuenta se tiene que no hizo parte del acuerdo conciliatorio, es decir, \u00abse excluy\u00f3 t\u00e1citamente de dicha obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, como dicha situaci\u00f3n \u00abconstituy\u00f3 una actuaci\u00f3n que indujo a error al Fallador (\u2026) existi\u00f3 una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, al buscar que [\u00e9l] responda por una obligaci\u00f3n que, mediante un acuerdo de conciliaci\u00f3n, vincul\u00f3 exclusivamente a los se\u00f1ores: Richard de JES\u00daS ARIZA ARIAS y DAVID RESTREPO MONSALVE\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, es que \u00abSe ordene al JUZGADO SEXTO (6) CIVIL MUNICIPAL DE MEDELL\u00cdN (A) y al JUZGADO D\u00c9CIMO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELL\u00cdN (A) que, dentro de las cuarenta (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, proceda corregir la sentencia excluyendo de la acci\u00f3n ejecutiva al accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El representante legal de Citrus Inmobiliaria SAS pidi\u00f3 desestimar el amparo, comoquiera que, si bien es cierto que \u00ab ACEROS Y ESTRUCTURAS S.A.S., en calidad de arrendatario y, RICHARD DE JES\u00daS ARIZA ARIAS en calidad de deudor solidario se obligaron a PAGAR LAS OBLIGACIONES y a ESTAR a PAZ y SALVO al d\u00eda 29 de junio de 2021 por todo concepto derivado del contrato de arrendamiento suscrito el 7 de enero de 2016 con fecha de iniciaci\u00f3n el 1 de febrero de 2016; sin embargo, se especific\u00f3 en la cl\u00e1usula primera del acuerdo conciliatorio que est\u00e9 no constitu\u00eda novaci\u00f3n de las obligaciones contractuales iniciales\u00bb, sin duda alguna \u00abal JUAN CARLOS PEL\u00c1EZ CARDENAS, OLGA ROCIO SANMART\u00cdN ARANGO y JULIO CESAR SANMART\u00cdN SANMART\u00cdN tener la calidad de deudores solidarios en el contrato de arrendamiento celebrado sobre el local comercial (\u2026) suscrito el suscrito el 7 de enero de 2016 con fecha de iniciaci\u00f3n el 1 de febrero de 2016 (obligaci\u00f3n primigenia) se obligaron a pagar en todo o en parte las acreencias que no fuesen saldadas por ACEROS Y ESTRUCTURAS S.A.S y esta situaci\u00f3n no fue modificada por el acuerdo conciliatorio establecido en el Acta de Conciliaci\u00f3n 2020 CC 03131\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Sexto Civil Municipal de Medell\u00edn precis\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n de tutela frente a las decisiones tomadas previamente, no es el medio id\u00f3neo para buscar dejar sin efectos las decisiones tomadas por el juez de conocimiento por no resultar favorable a sus prop\u00f3sitos, pues se trata de un mecanismo constitucional que \u00fanicamente debe ser empleado a fin de amparar derechos fundamentales efectivamente vulnerados, y en el presente caso, se resolvi\u00f3 lo solicitado rindiendo las explicaciones suficientes del por qu\u00e9 no prosperaban las excepciones propuestas en el proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
3. Seguros Comerciales Bol\u00edvar SA se opuso a lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, habida cuenta que el coercitivo criticado \u00abha tenido su curso normal, cumpli\u00e9ndose cada una de las etapas procesales dentro del marco de la legalidad y el debido proceso. Con sentencia de primera y segunda instancia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n a favor de SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., declara infundadas las excepciones y condena en costas a la sociedad demandada ACEROS Y ESTRUCTURAS S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn, remiti\u00f3 el link para ingresar al expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, tras considerar que las decisiones censuradas por esta v\u00eda \u00abno lucen antojadizas, caprichosas, subjetivas o ilegales; por el contrario, los argumentos all\u00ed contenidos parten de una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de las normas procesales que regulan las particularidades que rodearon el caso en concreto, esto es, la subrogaci\u00f3n (art\u00edculo 1666 y 1670 del C\u00f3digo Civil), la novaci\u00f3n (art\u00edculo 1687 del C\u00f3digo Civil), y el t\u00edtulo ejecutivo (art\u00edculo 422 del C. G. del P.)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue interpuesta por el querellante para insistir en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas, al ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n a favor de Seguros Comerciales Bol\u00edvar SA y en contra del gestor y otros (n\u00b0 2021-01047), por cuanto supuestamente, como \u00e9l no hizo parte del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, no est\u00e1 llamado a responder por la obligaci\u00f3n exigida judicialmente. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 27 de junio de 2023 por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto al confirmar la decisi\u00f3n que orden\u00f3 seguir adelante con el compulsivo contra el aqu\u00ed interesado, tomada el 31 de agosto de 2022 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada entre otras, en STC1454-2023, 22 feb. 2023, rad. 00005-01). <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, el juez convocado comenz\u00f3 por se\u00f1alar los antecedentes del asunto, precisando que la inconformidad de la parte recurrente, aqu\u00ed querellante, se soporta en que \u00abno hab\u00eda lugar a seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, por cuanto existi\u00f3 una conciliaci\u00f3n entre los demandados Richard de Jes\u00fas Ariza Arias y David Restrepo Monsalve, con la sociedad Bienes y Bodegas S.A.S., por cuya raz\u00f3n, los aludidos demandados, en representaci\u00f3n de la sociedad Aceros y Estructuras S.A.S., se excluyeron de cualquier obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, precis\u00f3 que corresponde entonces determinar: \u00abi) Cu\u00e1les son los efectos de la conciliaci\u00f3n prejudicial; ii) si los demandados Juan Carlos Pel\u00e1ez C\u00e1rdenas, Olga Roc\u00edo Sanmart\u00edn Arango, Julio C\u00e9sar Sanmart\u00edn San Mart\u00edn, Richard de Jes\u00fas Ariza Arias y David Restrepo Monsalve, en representaci\u00f3n de la sociedad Aceros y Estructuras S.A.S., son solidariamente deudores de las sumas dinero objeto de ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Descendiendo al an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, explic\u00f3 las previsiones del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso y se\u00f1al\u00f3 doctrina sobre las caracter\u00edsticas del documento que presta m\u00e9rito ejecutivo, puntualizando que: <\/p>\n
\u00abEn el momento procesal correspondiente, previo a librar mandamiento de pago, el Juzgado ejerci\u00f3 control de legalidad sobre el t\u00edtulo fundamento de la ejecuci\u00f3n visible de folios 35 a 38 del archivo 03, expediente digital, encontrando que este se ajustaba a las preceptivas del Art. 422 ib, estructurando un t\u00edtulo ejecutivo, por cuya raz\u00f3n, se libr\u00f3 mandamiento de pago, respecto de los valores imputados como adeudados a cargo de la parte Demandada y a favor de la Demandante salvo los valores peticionados con relaci\u00f3n a la cuenta de servicios p\u00fablicos, por cuya raz\u00f3n, emiti\u00f3 auto de apremio con fecha del 19 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
De este modo, teniendo como punto de partida la exigibilidad del t\u00edtulo aportado, el fallador estudi\u00f3 los efectos de la conciliaci\u00f3n prejudicial, se\u00f1alando que \u00abdependiendo del momento y del escenario, la conciliaci\u00f3n puede servir para poner fin a un proceso, o para evitar que se inicie. El art\u00edculo 64 de la ley 2220 de 2022, expone que el acuerdo de conciliaci\u00f3n prestar\u00e1 merito ejecutivo y tendr\u00e1 car\u00e1cter de cosa Juzgada\u00bb. Y sobre la subrogaci\u00f3n, precis\u00f3 que \u00abEl art\u00edculo 1666 del C\u00f3digo Civil, define la subrogaci\u00f3n como la transmisi\u00f3n de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Por su parte el art\u00edculo 1668 ib, dispone que la subrogaci\u00f3n legal se efect\u00faa por el ministerio de ley, y aun en contra de la voluntad del acreedor, en todos los casos se\u00f1alados por las leyes y especialmente a beneficio, del acreedor que paga a otro de mejor derecho\u00bb. <\/p>\n
Para dar soluci\u00f3n al caso, el juez advirti\u00f3 que los medios defensivos formulados por los obligados, y que sirvieron tambi\u00e9n de sustento de la apelaci\u00f3n, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad a efectos de revocar la sentencia de primer grado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
10.1. En lo concerniente a la excepci\u00f3n de que el t\u00edtulo ejecutivo aportado con la demanda, esto es, el contrato de arrendamiento no cumple con los requisitos del art\u00edculo 422 del C. G. del Proceso, respecto a su exigibilidad, en la medida que, mediante acuerdo de conciliaci\u00f3n extrajudicial, se excluy\u00f3 t\u00e1citamente a los demandados Juan Carlos Pel\u00e1ez C\u00e1rdenas, Olga Roc\u00edo Sanmart\u00edn Arango y Julio C\u00e9sar Sanmart\u00edn Sanmart\u00edn, por lo que, el t\u00edtulo que ha debido presentarse para estos prop\u00f3sitos, era el acta de conciliaci\u00f3n celebrada el 16 de diciembre de 2020 y no el contrato de arrendamiento. <\/p>\n
Pues bien, al auscultar el acta de conciliaci\u00f3n celebrada ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, que data del 16 de diciembre de 2020, se avizora que la sociedad Bienes y Bodegas S.A.S., cit\u00f3 para el 14 de diciembre de esa misma anualidad, a la referida audiencia tanto a los demandados Juan Carlos Pel\u00e1ez C\u00e1rdenas, Olga Roc\u00edo Sanmart\u00edn Arango y Julio C\u00e9sar Sanmart\u00edn, Richar de Jes\u00fas Ariza Arias y a la sociedad Aceros & Estructuras S.A.S. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se indic\u00f3 que los demandados Juan Carlos Pel\u00e1ez C\u00e1rdenas, Olga Roc\u00edo Sanmart\u00edn Arango y Julio C\u00e9sar Sanmart\u00edn, en su calidad de deudores solidarios, no comparecieron a la audiencia de conciliaci\u00f3n pese a estar debidamente citados, por lo cual, la audiencia se realiz\u00f3 con las deudores obligados y asistentes a la diligencia. <\/p>\n
Ahora bien, debe advertirse que la ausencia de uno solo de los sujetos que fue convocado a la audiencia de conciliaci\u00f3n y que hizo parte en la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento, impide considerar, en l\u00ednea de principio, que fuera posible a trav\u00e9s de un acuerdo de voluntades modificar la relaci\u00f3n original para sustituirla por otro contrato. <\/p>\n
Lo anterior, obedece a que si el contrato es ley para las partes y obliga a lo que en \u00e9l se estipula, debi\u00e9ndoselo ejecutar de buena fe, dentro de sus proyecciones \u00e9ticas est\u00e1 el respeto por el acto y la no modificaci\u00f3n sin el consentimiento e intervenci\u00f3n de todos los que participaron en el mismo. En esa l\u00ednea, no puede considerarse que, la conciliaci\u00f3n celebrada el 16 de diciembre de 2020, nov\u00f3 en otra obligaci\u00f3n como erradamente lo sostuvo el apelante, en primer lugar, porque si lo que se pretend\u00eda en el acuerdo de conciliaci\u00f3n de la citada fecha, celebrada en el centro de conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, que obra en el expediente (Archivo 34, folio 9 a 12, c01), era la creaci\u00f3n de una obligaci\u00f3n propia, aut\u00f3noma e independiente del contrato original, as\u00ed ha debido plasmarse en procura de que pudiera eventualmente presentarse la figura de la novaci\u00f3n, donde en virtud del acuerdo del consentimiento mutuo entre las partes es posible sustituir una obligaci\u00f3n por otra, teniendo la originaria como extinguida tal como lo estipula el art\u00edculo 1687 y siguientes del C\u00f3digo Civil y, en segundo lugar, porque dentro del acta de conciliaci\u00f3n se especific\u00f3 que el acuerdo de conciliaci\u00f3n no se constitu\u00eda en ninguna novaci\u00f3n \u00abPRIMERO. OBLIGACI\u00d3N DE PAGAR: Sin que constituya novaci\u00f3n de las obligaciones contractuales iniciales, ACEROS Y ESTRUCTURAS S.A.S., con Nit. 900822774-4 representada por el se\u00f1or DAVID RESTREPO MONSALVE (\u2026) facultado expresamente para conciliar- como ARRENDATARIA y RICHARD DE JES\u00daS ARIZA ARIAS identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero (\u2026) como DEUDOR SOLIDARIO de la bodega con destinaci\u00f3n COMERCIAL, situada en Medell\u00edn en la carrera 51 BS No. 12-58 (carrera 51B No. 12Sur-62, as\u00ed lo identifica EPM), al d\u00eda 29 de junio de 2021 se OBLIGAN A ESTAR a PAZ y SALVO por todo concepto derivado del contrato de arrendamiento suscrito el 7 de enero de 2016 con fecha de iniciaci\u00f3n el 1 de febrero de 2016.El valor total por pagar lo har\u00e1 conforme al link que le enviar\u00e1 INVESTIGACIONES Y COBRANZASEL LIBERTADOR, con Nit.860035977-1, al correo electr\u00f3nico: acerosyestructuras3@gmail.com, el d\u00eda que el deudor lo solicite. <\/p>\n
En la l\u00ednea de lo expuesto, no es posible desconocer que, mediante el acuerdo conciliatorio celebrado por quienes en \u00e9l intervinieron, en su momento se pretend\u00eda solucionar una controversia que los abrumaba, estipulando que si se desplegaban unas determinadas conductas tendientes a la satisfacci\u00f3n de las pretensiones a cargo de las partes, podr\u00eda darse por extinguida la deuda. Empero, de este acuerdo no se desprende que el querer, la voluntad y determinaci\u00f3n de los estipulantes, estaba encaminada clara y n\u00edtidamente a sustituir la relaci\u00f3n contractual primigenia, o de extinguir la relaci\u00f3n contractual con los se\u00f1ores Juan Carlos Pel\u00e1ez C\u00e1rdenas, Olga Roc\u00edo Sanmart\u00edn Arango y Julio Cesar Sanmart\u00edn, quienes, como se indic\u00f3 en l\u00edneas que anteceden, no comparecieron a la referida audiencia de conciliaci\u00f3n pese a haber sido citados por el Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn. <\/p>\n
V\u00e9ase a dem\u00e1s, que los Demandados no realizaron el pago de los c\u00e1nones adeudados y que fueron plasmados en el acuerdo conciliatorio; prestaciones que se vieron satisfechas a trav\u00e9s del contrato de seguro de cumplimiento que celebr\u00f3 la sociedad Bienes y Bodegas S.A.S., con Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A.S. <\/p>\n
Frente a lo anterior, advierte el Despacho que, en virtud del art\u00edculo 1668 del C.C. el cual reza: Se efect\u00faa la subrogaci\u00f3n por el ministerio de la ley, y a\u00fan contra la voluntad del acreedor, en todos los casos se\u00f1alados por las leyes y especialmente a beneficio (\u2026) 3. Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente. Y, al tenor de lo se\u00f1alado en el En concordancia con lo establecido en el art\u00edculo 1096 del C.co, al establecer: El asegurador que pague una indemnizaci\u00f3n se subrogar\u00e1, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A.S., al cancelar los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados por los demandados, a favor de la sociedad Bienes y Bodegas S.A.S, se subrog\u00f3 en el pago que hoy se ejecuta y se encuentra facultado para ejecutar, hasta la concurrencia de su importe en contra de los demandados. <\/p>\n
Y continu\u00f3 diciendo: <\/p>\n
10.2. Ahora, en lo que respecta a la excepci\u00f3n denominada \u00abefectos jur\u00eddicos del acta de conciliaci\u00f3n\u00bb, la parte Demandada se duele de que el Juzgado de Instancia, no tuvo en cuenta lo plasmado en el acuerdo conciliatorio donde se excluy\u00f3 t\u00e1citamente a los demandados Juan Carlos Pel\u00e1ez C\u00e1rdenas, Olga Roc\u00edo Sanmart\u00edn Arango y Julio Cesar Sanmart\u00edn. <\/p>\n
Pues bien, frente a lo anterior, dispone el art\u00edculo 1687 del C.C., que la novaci\u00f3n es la sustituci\u00f3n de una nueva obligaci\u00f3n a otra anterior, lo cual queda por tanto extinguida. A su turno, el art\u00edculo el art\u00edculo 1687 ibidem, dispone que para que la novaci\u00f3n surta efectos, es necesario que la obligaci\u00f3n primitiva como el contrato de novaci\u00f3n, sean v\u00e1lidos, a lo menos naturalmente. <\/p>\n
Tal y como se expuso en l\u00edneas que anteceden, dentro del acta de conciliaci\u00f3n celebrada ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, se dispuso que el acuerdo plasmado no constituye ning\u00fan tipo de novaci\u00f3n, respecto del contrato de arrendamiento celebrado el 7 de enero de 2016, aspecto de trascendental importancia para no excluir a los pasivos aqu\u00ed relacionados del compromiso de cancelar las sumas de dinero por las cuales se obligaron\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo as\u00ed que, a diferencia de lo considerado por los inconformes, \u00ablas obligaciones primigenias establecidas en el contrato de arrendamiento no se extinguieron como as\u00ed lo quiso ver el apelante, m\u00e1xime que en el acta de conciliaci\u00f3n no fue cumplida por quienes all\u00ed se obligaron\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito querellado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que las decisiones adoptadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que el gestor pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13176-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13176-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2023-00612-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}