STC13178-2023_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13178-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04454-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y el propietario del \u00abCentro Odontol\u00f3gico Odonto Express\u00bb, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2022-00115. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el convocante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mario Alberto Restrepo Zapata promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abCentro Odontol\u00f3gico Odonto Express\u00bb, en procura de que se ordenara la contrataci\u00f3n \u00abcon entidad id\u00f3nea [para] la atenci\u00f3n para la poblaci\u00f3n que manda la ley 982 de 2005\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, quien ampar\u00f3 el derecho colectivo; en ese sentido, concedi\u00f3 costas en favor del actor. <\/p>\n
Inconforme, la all\u00ed demandada formul\u00f3 el remedio vertical, el cual fue concedido por el cognoscente en auto del 24 de enero de 2023; as\u00ed mismo, en prove\u00eddo de la misma fecha, fij\u00f3 las agencias en derecho en la suma de \u00ab10.000\u00bb1. <\/p>\n
Finalmente, el referido estrado remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, quien el 12 de septiembre de 2023, admiti\u00f3 la alzada2 y corri\u00f3 traslado de la sustentaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
El precursor acudi\u00f3 a la presente salvaguarda cuestionando que \u00abel tribunal nunca cumple art 37 ley 472 de 1998\u00bb y que no se admita su \u00abdesistimiento\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en lo fundamental, que se ordene aceptar su \u00abdesistimiento de la renuente acci\u00f3n popular ante la mora y la renuencia judicial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El tribunal ad quem manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n popular (\u2026) ingres\u00f3 a despacho (\u2026) el 08 de septiembre y por medio de auto del 12 siguiente se admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que \u00abdesde la fecha en la cual fue asignada la citada demanda popular (\u2026) han ingresado m\u00e1s de 97 asuntos por reparto, se han tramitado 102 procesos de car\u00e1cter prevalente (acciones de tutela de primera y segunda instancia, consulta de incidentes de desacato) y m\u00e1s de 80 acciones populares. Adem\u00e1s, se han proferido 290 providencias\u00bb. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno del se\u00f1or Mario Alberto Restrepo Zapata, pues se aplicaron en ella las reglas establecidas en la Ley 472 de 1998, as\u00ed como las del C\u00f3digo General del Proceso aplicables a las Acciones Populares\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad destac\u00f3 que \u00abno cuenta con la facultad de exigir de las personas privadas la adecuaci\u00f3n de los espacios privados o locales comerciales, ello teniendo en cuenta que la norma que ordena la adecuaci\u00f3n se refiere a entidades gubernamentales o que presten servicios p\u00fablicos, en tanto que con las empresas que como en el caso sometido a estudio, prestan un servicio al p\u00fablico, no le es dable acceder al interior del establecimiento y su competencia se debe limitar a verificar que cumpla con las normas legales en su acceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha precisado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el promotor, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de la prerrogativa esencial invocada, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el querellante censur\u00f3 que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira no atiende el t\u00e9rmino legalmente previsto en la Ley 472 de 1998 para desatar la segunda instancia en la acci\u00f3n popular rad. n.\u00b0 2022-00115; sin embargo, contrario a lo afirmado, una vez verificado el expediente digital del proceso confutado, se pudo constatar que: <\/p>\n
(i) Dicha causa se someti\u00f3 a reparto el 30 de agosto de 2023; (ii) el 12 de septiembre de esta anualidad, se admiti\u00f3 el recurso y se corri\u00f3 traslado de la sustentaci\u00f3n del mismo; (iii) en constancia del 21 del mismo mes, la colegiatura encartada inform\u00f3 que \u00abel Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA23- 12089 suspendi\u00f3 los t\u00e9rminos judiciales, en todo el territorio nacional, a partir del 14 y hasta el 20-09-2023\u00bb; (iv) seguidamente, en auto del 2 de noviembre de este a\u00f1o, resolvi\u00f3 diferentes solicitudes presentadas por \u00abCotty Morales Caama\u00f1o y a la Procuradora Judicial II de la Procuradur\u00eda 31 Judicial II Asuntos Civiles Bogot\u00e1\u00bb; (v) finalmente, el 10 de noviembre de 2023, la foliatura ingres\u00f3 a despacho. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la referida autoridad no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, lo que permite colegir que ha realizado las gestiones pertinentes para definir lo de su competencia, en un tiempo prudencial. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov.). <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. De otra parte, sobre la manifestaci\u00f3n realizada por Mario Alberto Restrepo Zapata indicando que \u00abnunca se acepta desistir de la acci\u00f3n\u00bb; se observa que, el actor no acredit\u00f3 que, antes de acudir a la tutela, hubiera presentado ante el tribunal dicho requerimiento, siendo a este a quien le compete evaluar los argumentos del memorialista y pronunciarse en torno a los mismos. <\/p>\n
Lo anterior se traduce en el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, que ratifica la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todas las herramientas de defensa antes de acudir al ruego tuitivo. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones, dirigidas a que se ordene \u00abinvestigar al juez 2 civil cto y al magistrado por mora y renuencia\u00bb, nada obsta para que el libelista comparezca directamente ante las autoridades correspondientes para formular las denuncias que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que conciernen al interesado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que: (i) no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada; y (ii) el resguardo no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto el gestor no acredit\u00f3 haber acudido previamente ante la autoridad judicial cognoscente a exponer las dem\u00e1s inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Respecto de la \u00faltima determinaci\u00f3n, el gestor interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, requiriendo que se modificara dicho rubro; recursos que se encuentran pendientes de ser definidos. <\/p>\n
2\u0002 Presentada respecto de la sentencia del 17 de noviembre de 2022. <\/p>\n
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