STC13181-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13181-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04450-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Clara In\u00e9s Campos de L\u00f3pez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Dieciocho de Familia de esa localidad, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones y la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013UGPP, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Clara In\u00e9s Campos de L\u00f3pez present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, en procura de que la entidad \u00abrestableciera\u00bb la sustituci\u00f3n pensional a la que tendr\u00eda derecho por el fallecimiento de su esposo1, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 (rad. n.\u00ba 2023-00164), quien, el 21 de marzo de 2023, deneg\u00f3 el petitum, por subsidiariedad. <\/p>\n
2.2. Inconforme, formul\u00f3 impugnaci\u00f3n, pero, el 20 de junio posterior, la Sala de Familia del Tribunal Superior de esa localidad confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo, tras colegir que (i) se pretermiti\u00f3 la inmediatez, pues la resoluci\u00f3n DPE11590 se dict\u00f3 el 22 de diciembre de 2021; sumado a que (ii) la interesada cuenta con otros mecanismos para plantear sus argumentos2. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, la libelista cuestion\u00f3 esas determinaciones, porque, en su sentir, no tuvieron en cuenta su calidad de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013dada su edad de 85 a\u00f1os y que se hizo cargo de sus 10 descendientes\u2013, entre otros aspectos. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abse le ordene a Colpensiones S.A. y a la UGPP, mi Derecho a la Sustituci\u00f3n Pensional en el R\u00e9gimen Especial Ley 12, de manera inmediata, en un t\u00e9rmino de 48 horas a que hacen referencia todos los puntos de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital, al igual que el estrado Dieciocho de Familia de esa urbe. <\/p>\n
2. La Notar\u00eda S\u00e9ptima de esa ciudad dijo que \u00abno se pronunciar\u00e1 al respecto\u00bb. Por su parte, la Quinta adujo que \u00abno tenemos conocimiento de los hechos relatados ni nos vemos afectados\u00bb. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Asuntos Constitucionales de Colpensiones adujo que \u00absi bien es cierto, la raz\u00f3n de ser de la tutela radica en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales como consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n imputable, no es posible jur\u00eddica ni materialmente atribuir a Colpensiones dicha responsabilidad cuando el interesado pretende acudir a esta instancia judicial sin haberlo hecho antes a la entidad competente\u00bb. <\/p>\n
4. La UGPP a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla presente acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, habida cuenta de la existencia de temeridad en la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n teniendo en cuenta que hay una identidad de sujetos y pretensiones y que no se encuentran nuevas situaciones que hayan incidido de manera determinante en la situaci\u00f3n de hecho o derecho de la accionante que permita considerar que la acci\u00f3n que ahora se ventila cuenta con un hecho nuevo que la viabiliza y en tal sentido s\u00edrvase rechazar de plano la acci\u00f3n constitucional que hoy se debate previniendo a la accionante, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en este tipo de maniobras que contravienen los principios orientadores de este tipo de acciones\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 expuso que \u00abeste despacho conoci\u00f3 del proceso verbal adelantado bajo el radicado 2003-00099, en el que fueron parte los se\u00f1ores Jorge L\u00f3pez y Clara In\u00e9s Campos de L\u00f3pez. Dicho asunto se encuentra archivado en la actualidad1. As\u00ed mismo, hemos constatado el correo electr\u00f3nico del juzgado y no se encuentra solicitud alguna de desarchivo, tr\u00e1mite que, dicho sea de paso, es de competencia exclusiva del Archivo Central y no de los juzgados de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
6. El hom\u00f3logo Dieciocho de Familia de la misma urbe relat\u00f3 las gestiones a su cargo en el resguardo confutado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del amparo que la gestora formul\u00f3 contra Colpensiones (rad. n.\u00ba 2023-00164), por ratificar, en segunda instancia, la desestimaci\u00f3n del reclamo, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias de la misma naturaleza. Improcedencia y excepciones. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnaci\u00f3n, y, \u00aben todo caso\u00bb, de \u00absu eventual revisi\u00f3n\u00bb, mecanismo respecto del cual la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho\u2013 porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC, SU-1219\/01). <\/p>\n
Determinada como regla general su improcedencia, esta Corte ha razonado que, \u00abde manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respectivo tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 25 jun. 2012, rad. 00069-01); \u00abo cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STP, 3 jul. 2012, rad. 60963). <\/p>\n
La Corte Constitucional unific\u00f3 dichos criterios al se\u00f1alar que: \u00ab[s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la [resoluci\u00f3n] adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (CC, SU-627\/15). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, la Sala precisa que declarar\u00e1 la inviabilidad del auxilio, en tanto que: (i) no cumple el presupuesto general de procedibilidad, consistente en que no puede dirigirse contra un fallo dictado en un tr\u00e1mite de similar naturaleza; aunado a que (ii) la providencia confutada hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra decisi\u00f3n del mismo linaje: <\/p>\n
Con observancia en las premisas que anteceden, en el sub-lite se configura la situaci\u00f3n descrita, porque la gestora dirige el ataque contra las providencias de instancia, proferidas el 21 de marzo, por el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 y el 20 de junio de 2023, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de esta urbe, respectivamente, en el curso del resguardo que inco\u00f3 contra Colpensiones \u2013en el que invoc\u00f3 la pretendida sustituci\u00f3n pensional que habr\u00eda causado su fallecido esposo\u2013, en atenci\u00f3n a la pretermisi\u00f3n de los criterios de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a una determinaci\u00f3n de tutela no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo, pues para ese prop\u00f3sito el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y a\u00fan la insistencia \u2013en caso de negarse esta\u2013, como instrumentos procedentes ante los funcionarios competentes, siendo instituida la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha enfatizado en que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda constitucional, toda vez que \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723, reiterada en STC1213-2023, 15 feb.). <\/p>\n
3.2. De la cosa juzgada constitucional: <\/p>\n
De igual forma, la Sala estima oportuno resaltar que el auxilio es inviable, no solo porque se enfil\u00f3 contra otro fallo de la misma naturaleza, sino porque el debate planteado se agot\u00f3 en sede del control directo ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional, dado que ese tribunal lo excluy\u00f3 de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n con auto del 31 de agosto de 2023 (T-9.556.081), por lo que emerge igualmente la inmutabilidad de la cosa juzgada que impide volver sobre aspectos definidos en ese juicio. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha memorado que: <\/p>\n
\u00ab(…) [si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2013, reiterada, entre otras, en CSJ STC, 3 sep.; STC8931-2022, 13 jul. y STC11576-2023, 18 oct.). <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. De otra parte, en lo que ata\u00f1e a las censuras frente a la negativa de Colpensiones y\/o la UGPP de proceder en la forma pedida por la reclamante, la Sala constata que, precisamente, se trata del tema discutido y zanjado en la decisi\u00f3n de tutela que viene de memorarse, de modo que, en esas condiciones, no es posible reabrir el debate en esta sede; m\u00e1xime si, se itera, lo all\u00ed dispuesto se revisti\u00f3 de los efectos de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
4.2. Igualmente, sobre la afirmaci\u00f3n de la libelista de que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013en tanto pertenece a la tercera edad\u2013, esta Colegiatura pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar el amparo en la forma pretendida, pues, sobre el punto, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por [la gestora] como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.). <\/p>\n
4.3. Finalmente, el resguardo tampoco procede como mecanismo transitorio en el sub-lite, porque la censora no prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. No se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud de un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
5.2. El asunto se excluy\u00f3 de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n, con lo que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el punto, en el fallo confutado se anot\u00f3 que \u00absu exesposo, dice la accionante, fue empleado p\u00fablico del \u201cIDEMA\u201d, trabaj\u00f3 toda su vida y, su matrimonio finaliz\u00f3 en el a\u00f1o 2003, procrearon 10 hijos y la solicitante era econ\u00f3micamente dependiente por lo que, en virtud de la Ley 71, al haber adquirido su pensi\u00f3n como empleado p\u00fablico, se asist\u00eda el derecho al reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 M\u00e1xime que, \u00abante el fallecimiento del se\u00f1or Jorge L\u00f3pez, se present\u00f3 una solicitud de sustituci\u00f3n pensional por parte de la se\u00f1ora Flor Elba D\u00edaz Espitia, a quien se le reconoci\u00f3 el derecho mediante acto administrativo SUB139867, mientras el motivo principal de la negativa la sustituci\u00f3n a la accionante, fue que no acredit\u00f3 convivencia continua con el fallecido en los 5 a\u00f1os anteriores su muerte\u00bb. <\/p>\n
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