STC13187-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04468-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela instaurada por Camilo Estaban Montero Rodr\u00edguez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad y las partes e intervinientes reconocidos en el juicio reivindicatorio 2016-00818. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, por conducto de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abigualdad ante la ley, acceso a una justicia imparcial, debido proceso, principios de legalidad y congruencia de la ley\u00bb. <\/p>\n
2. Sostuvo, en s\u00edntesis, que al interior del reivindicatorio promovido por Benjam\u00edn Reyes Garz\u00f3n contra Camilo y Juan Montejo, que actualmente cursa en el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1, impetr\u00f3 la nulidad de todo lo actuado al considerar que no fue vinculado a la actuaci\u00f3n pese a ser \u00abposeedor leg\u00edtimo\u00bb del bien a reivindicar. <\/p>\n
Dijo que, con auto de 17 de febrero del a\u00f1o en curso, la c\u00e9lula judicial cognoscente rechaz\u00f3 de plano la solicitud invalidatoria, decisi\u00f3n ratificada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 29 de agosto al resolver la apelaci\u00f3n por \u00e9l formulada1. <\/p>\n
3. Prove\u00eddo este que, a su juicio, adolece de defectos f\u00e1ctico y sustantivo, por cuanto \u00abse parcializa en forma errada producto del grado de convencimiento con el que la defensa lo lleva mediante el defecto de sustanciaci\u00f3n en relatos fatuos de los hechos, manipulaci\u00f3n de pruebas aportadas deshonestas que vician por completo el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, ocultan la prueba principal, la cual trata de la justificaci\u00f3n de la entrega del inmueble, las testimoniales no coinciden en los tiempos y modos de entrega de la tradici\u00f3n al accionado, para ello manipulan testigos dando fechas y relato de hechos manipulados cambiando para inducir en error a la administraci\u00f3n y promover las falsedades sobre el inmueble trabado en la listis [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, en consecuencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ordenar que la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) proferida por LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de BOGOTA, se deje sin efectos legales por no cumplir los requisitos m\u00ednimos de conformidad con la Constituci\u00f3n Nacional art\u00edculos 29, 228 normas sustantivas o materiales, lo anterior sin soslayar sobre el contenido de la sentencia judicial, la cual proviene de la recata claridad atribuible a los deberes de prevalencia en su finalidad propia, contener valores y deberes jur\u00eddicos de cada cual, su contenido visto de forma ponderada libre de vicios bajo los contenidos expuestos en el pre\u00e1mbulo, resultando y considerando resolutivos de plena validez y eficacia de sus actuaciones jur\u00eddicas y procesales, en contexto y vistos los requisitos de la sentencia judicial en un comparado somero con el caso que nos ocupa se visualiza defecto sustantivo. <\/p>\n
(\u2026) Se ordene al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de BOGOTA, restablecer los derechos del se\u00f1or ESTEBAN MONTERO RODRIGUEZ, con la entrega inmediata del inmueble (lote bodega) referenciados en el presente libelo, donde resulta claro que dicha persona ejerce posesi\u00f3n material, presente, pac\u00edfica y con animus de se\u00f1or y due\u00f1o la cual venia ostentando y bajo las mentiras de la parte demandante el tribunal orden\u00f3 quitarle dicho derecho a la victima de forma violenta y arbitraria, sin que se soslayaran las \u00f3rdenes del Juzgado 13 civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
(\u2026) Se ordene al tribunal que en el t\u00e9rmino de este prove\u00eddo se DECLARE LA NULIDAD de los actos administrativos procesales lesivos, incluso se limite al se\u00f1or BENJAMIN REYES, a seguir ofreciendo el inmueble en venta mediante una nueva aclaraci\u00f3n [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia cuestionada, se limit\u00f3 a manifestar que \u00abla actuaci\u00f3n surtida\u2026 se ajust\u00f3 a la legalidad\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del resguardo, para lo cual dijo \u00abatene[rse] a la actuaci\u00f3n surtida al interior del proceso verbal objeto de la queja constitucional, aunado a que los mismos contienen alegaciones, interpretaciones y percepciones que no ata\u00f1en puntualmente a las causales de nulidad, m\u00e1s cuando la decisi\u00f3n del superior se encuentra en todo ajustada a derecho y sustentada en debida forma\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Treinta Civil Municipal de Bogot\u00e1 dio cuenta de las actividades desarrolladas como comisionado para efectuar la entrega del bien inmueble sobre el que recay\u00f3 el proceso objeto de escrutinio. <\/p>\n
En tal sentido, resalt\u00f3 que la oposici\u00f3n a dicha diligencia, formulada por el ac\u00e1 gestor, fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 10 de febrero de 2021, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta contra la decisi\u00f3n de 10 de marzo de 2020 por medio de la cual el juzgado cognoscente la hab\u00eda acogido. <\/p>\n
En tal virtud, agreg\u00f3, la entrega efectiva del predio se realiz\u00f3, con apoyo de la fuerza p\u00fablica, el 2 de diciembre de 2022 por lo que la comisi\u00f3n fue devuelta, debidamente auxiliada, a la c\u00e9lula judicial comitente. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del estrado a su cargo en tanto que \u00abno [se] formul\u00f3 queja alguna en [su] contra\u2026 am\u00e9n de que este despacho no le ha vulnerado prerrogativa fundamental alguna\u00bb al gestor. <\/p>\n
4. Un abogado que obrar \u00aben condici\u00f3n de apoderado judicial del se\u00f1or Benjam\u00edn Reyes Garz\u00f3n\u00bb2, pidi\u00f3 desestimar el resguardo por cuanto \u00abno cumple con la carga de demostrar los requisitos generales (procedibilidad) y las causales espec\u00edficas fijadas por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, impetr\u00f3 \u00abteniendo en cuenta el escrito de tutela y especialmente la falta de respeto con que se dirige la Profesional del derecho en contra del suscrito, adem\u00e1s de las maniobras dilatorias que se han dado, se compulsen copias a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial para que se realice la investigaci\u00f3n disciplinaria a la Abogada Rosa Omaira Vargas Aranza [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3, al interior del reivindicatorio 2016-00818, la garant\u00eda fundamental invocada por el promotor al confirmar la providencia por medio de la cual el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad rechaz\u00f3 la nulidad por \u00e9l formulada incurriendo, supuestamente en defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los motivos en que se sustent\u00f3 la presente queja, con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, se desestimar\u00e1 el resguardo deprecado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por el gestor, habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada tanto en las disposiciones legales aplicables, como en las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, para no acceder al pedido de nulidad, la corporaci\u00f3n accionada indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el caso concreto, se advierte que el auto objeto de censura ser\u00e1 confirmado toda vez que ni el art\u00edculo 133 del C.G.P ni ninguna otra disposici\u00f3n normativa consideran como causal de irregularidad o invalidaci\u00f3n procesal la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta por el recurrente, relativa a la violaci\u00f3n el principio publicidad y congruencia de los actos p\u00fablicos ejecutados (administrativos y sentencia) por la supuesta indebida notificaci\u00f3n del petente. <\/p>\n
No debe perderse de vista que el contenido sobre el cual se eleva la nulidad no recae en ninguna de las condiciones expresamente se\u00f1aladas en el art\u00edculo 133 del CGP y, por el contrario, pretenden retrotraer las actuaciones desplegadas dentro del proceso del ep\u00edgrafe dentro del cual fue proferida sentencia el 14 de octubre de 2018 que acogi\u00f3 de forma favorable las pretensiones de la demanda ordenando la restituci\u00f3n del bien identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-203250, decisi\u00f3n que no fue recurrida por los demandados; quienes fueron notificados por aviso conforme las previsiones del art\u00edculo 292 de la Ley 1564 de 2012 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que en la diligencia de entrega del predio restituido, llevada a cabo el 19 de julio de 2919, \u00abCamilo Esteban Montero Rodr\u00edguez intervino elevando oposici\u00f3n sin poner en conocimiento las posibles irregularidades ahora denunciadas, pues era en dicho momento que deb\u00eda ser alegada de conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 134 ibidem, puesto que la causal de falta de notificaci\u00f3n dentro del asunto pod\u00eda ser invocada en la ya referida diligencia\u00bb; en consecuencia, como el interesado \u00abopt\u00f3 \u00fanicamente en alegar la posible posesi\u00f3n que hoy pretende hacer valer por esta v\u00eda sin hacer uso de los mecanismos legales previstos en la norma procesal vigente\u00bb, fue acertado que se desestimara la solicitud invalidatoria en tanto que el peticionario \u00abact\u00fao sin proponer la causal de indebida notificaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose la misma saneada en los t\u00e9rminos del numeral primero del art\u00edculo 136 ejusdem\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 as\u00ed, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) pesar de la rotulaci\u00f3n del escrito de nulidad, lo cierto es que su supuesto f\u00e1ctico narrado no involucra en forma alguna lo descrito en el ac\u00e1pite procesal vigente, desconoci\u00e9ndose en primera medida el principio de taxatividad que rige el r\u00e9gimen de nulidades procesales. De igual forma no se puede desconocer que la supuesta indebida notificaci\u00f3n que se arguye en la alzada debi\u00f3 ser discutida en la diligencia de entrega del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50S-203250, sane\u00e1ndose la misma y dando lugar al rechazo de la solicitud de nulidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo visto, para esta Sala la providencia emanada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no adolece de los yerros atribuidos, descart\u00e1ndose el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, habida consideraci\u00f3n que encuentra sustento no solo en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, sino tambi\u00e9n en las piezas procesales obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
No se evidencia, pues, la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto de la postulaci\u00f3n de quien dijo ser \u00abapoderado judicial del se\u00f1or Benjam\u00edn Reyes Garz\u00f3n\u00bb, relativa a que se compulsen copias ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 para se investigue el comportamiento de la abogada \u00abRosa Omaira Vargas Aranza\u00bb, baste con indicar que, de un lado, el solicitante no acredit\u00f3 la condici\u00f3n aducida y, de otro, la misma desborda el objeto de la acci\u00f3n de tutela que no es otro que proteger derechos fundamentales cuando que se encuentren en riesgo por la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad. <\/p>\n
En tal virtud, en caso de que el opositor su contraparte ha incurrido en comportamientos contrarios al ordenamiento jur\u00eddico, bien puede acudir, por su cuenta y riesgo, ante la entidad competente y poner en conocimiento tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada porque la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y lo pretendido por el gestor es hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El actor no lo menciona, pero revisadas las pruebas recaudadas, se pudo constatar que contra el auto de rechazo del pedido invalidatorio, se formul\u00f3 como principal el recurso de reposici\u00f3n que fue desatado por el juzgado cognoscente el 31 de marzo de 2023 en el sentido de mantener la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 No aport\u00f3 poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional conferido por la persona que dice representar. <\/p>\n
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