STC13188-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC13188-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-01193-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 10 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cC\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de aumento de cuota alimentaria n\u00b0 \u201c2010-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y en representaci\u00f3n de su menor hija \u201cM\u201d, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela judicial efectiva, m\u00ednimo vital y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por el despacho judicial convocado dentro del diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que mediante acuerdo conciliatorio avalado por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 28 de abril de 2012, se estableci\u00f3 que la custodia y cuidado personal de su hija \u201cS\u201d -quien a la fecha cuenta con 19 a\u00f1os de edad-, ser\u00eda asumida por la progenitora de esta, y en dicha oportunidad \u00abse fijaron las obligaciones alimentarias a mi cargo\u00bb. <\/p>\n
Que tras haber contra\u00eddo matrimonio con \u201cR\u201d el 4 de julio de 2021, \u00abmi relaci\u00f3n con \u201cS\u201d se afect\u00f3 ostensiblemente [y] empez\u00f3 a formular solicitudes de car\u00e1cter econ\u00f3mico que exced\u00edan mis capacidades\u00bb, puesto dentro de su uni\u00f3n matrimonial, \u00abel 3 de diciembre de 2021, procreamos [a] \u201cM\u201d, quien actualmente tiene 21 meses de edad\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 9 de mayo de 2023, a trav\u00e9s de apoderado judicial, \u201cS\u201d interpuso demanda de aumento de cuota alimentaria en mi contra recurriendo a hechos falsos y pretensiones sin fundamento jur\u00eddico. En la tarde del 25 de mayo de 2023, al revisar la bandeja de entrada de mi correo electr\u00f3nico, me enter\u00e9 del auto admisorio de la demanda [por lo que] consider\u00e9 lo m\u00e1s conveniente dirigirme a la mayor brevedad al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d para cerciorarme directamente i) del auto admisorio de la demanda, ii) del escrito de demanda, y iii) de todos los anexos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 26 de mayo de 2023\u00bb acudi\u00f3 a las instalaciones del juzgado y tras informarle a un empleado \u00abque me hab\u00eda enterado por correo electr\u00f3nico del auto admisorio de la demanda y que requer\u00eda informaci\u00f3n sobre la demanda interpuesta por \u201cS\u201d e instrucciones para proceder como correspond\u00eda, [aquel] me indic\u00f3 que deb\u00eda proceder con la notificaci\u00f3n personal de la demanda [y por ello se] procedi\u00f3 a elaborar y suscribir acta de notificaci\u00f3n personal\u00bb, se\u00f1alando \u00abque contaba con \u201ccon el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para contestar la demanda\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00abel 9 de junio de 2023 a las 8:37 A.M., teniendo en cuenta la confianza leg\u00edtima en las diligencias de notificaci\u00f3n personal surtidas el 25 (sic) de mayo de 2023 (\u2026), a trav\u00e9s de mi apoderado judicial, contest\u00e9 la demanda de aumento de cuota alimentaria\u00bb, empero, \u00ab[al] 3 d\u00eda h\u00e1bil siguiente al d\u00eda de radicaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda, de manera sorpresiva, el apoderado de \u201cS\u201d solicit\u00f3 al Juzgado que no se tuviera en cuenta la contestaci\u00f3n de la demanda por, supuestamente, haber sido radicada fuera de t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 27 de junio de 2023, el juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d resolvi\u00f3 la solicitud del apoderado se\u00f1alando que la contestaci\u00f3n de la demanda hab\u00eda sido contestada \u201cfuera del t\u00e9rmino legal\u201d. Esto porque, a su juicio, la demanda fue notificada por correo electr\u00f3nico \u201cel d\u00eda 23 de mayo de 2023\u201d\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual \u00abel 5 de julio de 2023, mi apoderado judicial (\u2026) solicit\u00f3 \u201crealizar el control de legalidad sobre las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de la referencia y m\u00e1s a\u00fan en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n (\u2026) en aras de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa ya que esta parte se atuvo fue al termino que otorg\u00f3 el funcionario de su despacho de manera presencial\u201d\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante auto del 10 de agosto de 2023, el juzgado accionado [neg\u00f3] la solicitud de control de legalidad [al concluir] que la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica del auto admisorio de la demanda \u201cse realiz\u00f3 en debida forma, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00ba de la ley 2213 de 2022\u201d. As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que \u201clos t\u00e9rminos de los diez (10) d\u00edas para contestar la demanda empezaron a correr a partir del d\u00eda 26 de mayo, y venc\u00edan a las 5:00 p.m. del d\u00eda 8 de junio de 2023\u201d\u00bb, y ello, pese a reconocer que \u00abse present\u00f3 una \u201cequivocaci\u00f3n de la secretar\u00eda del despacho [al] notificar[me] personalmente\u201d\u00bb. Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que contra ese auto \u00abmi apoderado judicial present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n\u00bb, el cual fue desatado desfavorablemente el 7 de septiembre de 2023. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abdejar sin efectos los autos proferidos el 27 de junio de 2023, 10 de agosto de 2023 y 7 de septiembre de 2023 por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia del Circuito de \u201cX\u201d, dentro del proceso de aumento de cuota alimentaria con radicaci\u00f3n [\u201c2010-00000\u201d]. En su lugar, ordenar al Juzgado que declare que la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026), efectuada el 9 de junio de 2023, fue radicada dentro del t\u00e9rmino legal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tras relacionar lo actuado en el juicio criticado, concretamente sobre el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n personal del demandado, se opuso a lo pretendido, asegurando que dicho acto procesal asegur\u00f3 que esta se realiz\u00f3 \u00abcon sujeci\u00f3n a las previsiones del art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 2213 de 2022\u00bb, y que efectuado el c\u00f3mputo respectivo se estableci\u00f3 que la contestaci\u00f3n de la demanda no se present\u00f3 en oportunidad, y que el prove\u00eddo que as\u00ed lo dispuso \u00abno fue objeto de recurso alguno\u00bb. Acot\u00f3 que \u00abla solicitud de control de legalidad fue resuelta negativamente, por auto de 10 de agosto de 2023; providencia que se encuentra debidamente motivada y contiene un debido an\u00e1lisis y la debida explicaci\u00f3n al caso, siendo esta la decisi\u00f3n que fue impugnada mediante el recurso de reposici\u00f3n, que igualmente fue resuelto a trav\u00e9s de la providencia de 7 de septiembre de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cV\u201d, progenitora de la alimentaria \u201cS\u201d, manifest\u00f3 -en extenso-, las razones por la que se opon\u00eda a lo pretendido por el accionante, aseverando que este y su esposa \u00abdevengan sueldos millonarios, los dos, [por lo que] no entiendo c\u00f3mo pueden decir que entablan una tutela por el m\u00ednimo vital, siendo mi hija \u201cS\u201d siempre ha vivido en la precariedad por la irresponsabilidad del se\u00f1or \u201cC\u201d funcionario de la rama judicial, solo se est\u00e1 exigiendo que pague lo que corresponde a la educaci\u00f3n universitaria de mi hija, ya que no lo hizo ni en el jard\u00edn, ni en el bachillerato, ni aport\u00f3 para la salud de mi hija, [quien] no ha podido retomar sus estudios, por la negativa del [padre] a cancelar lo que le corresponde, [y que \u00e9l] est\u00e1 realizando una persecuci\u00f3n en contra de mi hija y la m\u00eda, basado en hechos falsos por ser funcionario de la rama judicial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio porque en lo tocante a \u00abla decisi\u00f3n del 27 de junio de 2023 no fue objeto de censura, pues el accionante, pese a que contaba con los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n (sic) no hizo uso de ellos, desaprovechando as\u00ed los mecanismos <\/p>\n
que la ley procesal le brind\u00f3 para hacer valer sus derechos\u00bb; y lo neg\u00f3 en relaci\u00f3n con el ataque a las providencias del 10 de agosto y 7 de septiembre, afirmando que \u00abel juez accionado obr\u00f3 conforme a las directrices contenidas en la Ley 2213 de 2022 garantizando los derechos de contradicci\u00f3n y defensa del reclamante\u00bb, y por tanto, no observ\u00f3 \u00abproceder susceptible de protecci\u00f3n por v\u00eda de tutela, pues est\u00e1 ajustada a derecho y encuentra que la decisi\u00f3n est\u00e1 afianzada en un discernimiento razonable que no luce meramente subjetivo o caprichoso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para reprochar que el tribunal \u00abeludi\u00f3 arbitrariamente los argumentos de relevancia constitucional, no valor\u00f3 ni se refiri\u00f3 m\u00ednimamente a las pruebas obrantes en el expediente de tutela [e] ignor\u00f3 por completo que los derechos en discusi\u00f3n comprometen la garant\u00eda iusfundamental del m\u00ednimo vital de una menor de edad en edad temprana\u00bb, y con apoyo jurisprudencial, insisti\u00f3 en que para resolver el caso, deb\u00edan aplicarse los principios \u00abde confianza leg\u00edtima [y el de] prevalencia al derecho sustancial frente al derecho procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el actor, al no tener por contestada tempestivamente la demanda de aumento de cuota alimentaria para mayor de edad que se sigue bajo la radicaci\u00f3n n\u00b0 \u201c2010-00000\u201d. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Seg\u00fan los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Asimismo, los precedentes de la Corte Constitucional han se\u00f1alado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados requisitos, siendo esencial el de subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se hayan agotado los medios de defensa judicial, por cuanto esta acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos expuestos por el demandante y con observancia en las pertinentes piezas procesales, la Sala desestimar\u00e1 el amparo implorado, toda vez que desatiende el elemental requisito de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la incuria. <\/p>\n
Este impedimento general emerge porque, en primer lugar, si el demandado estimaba que la notificaci\u00f3n virtual realizada el 23 de mayo de 2023 no reun\u00eda los requisitos legales para su validez, la primera actuaci\u00f3n debi\u00f3 consistir en formular el incidente de nulidad que consagra el inciso final del precepto 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, concordante con los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lugar de desconocer la existencia de la primigenia notificaci\u00f3n acudiendo al juzgado para que esta se realizara nuevamente. <\/p>\n
Ahora, como lo anterior no se hizo, pues tras la repetici\u00f3n de dicho acto procesal otorg\u00f3 poder a un abogado y a trav\u00e9s de este contest\u00f3 la demanda, tal comportamiento omisivo dio lugar a la convalidaci\u00f3n de la nulidad (art\u00edculos 135 y 136 ibidem), como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala (ver: CSJ STC080-2023, 18 ene. 2023, rad. 2022-00379-01, citada en STC5182-2023, 31 may., rad. 02001-00 y STC11598-2023, 18 oct., rad. 00265-01, entre otras). <\/p>\n
En segundo lugar, por cuanto el actor censura que el juzgado hubiera declarado que fue extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda, el debate del caso se traslada a lo dispuesto por el accionado en auto del 27 de junio de 2023, no obstante, frente al mismo el interesado no interpuso el recurso de reposici\u00f3n de que tal decisi\u00f3n era susceptible. <\/p>\n
N\u00f3tese que en el prove\u00eddo en menci\u00f3n, la agencia judicial convocada advirti\u00f3 \u00abque el demandado se\u00f1or \u201cC\u201d fue debidamente notificado de la demanda y sus anexos al correo electr\u00f3nico c\u2026@gmail.com en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8\u00ba de la ley 2213 de 2022\u00bb, y que como esa direcci\u00f3n es la misma que \u00e9l mismo indic\u00f3 le pertenec\u00eda, \u00abpara ning\u00fan efecto legal pertinente se tendr\u00e1 en cuenta la notificaci\u00f3n realizada en las instalaciones del juzgado pues la misma se realiz\u00f3 al correo electr\u00f3nico del demandado\u00bb, tras lo cual concluy\u00f3 que la contestaci\u00f3n se present\u00f3 \u00abfuera del t\u00e9rmino legal\u00bb. <\/p>\n
Es de acotar que independientemente de la razonabilidad que pueda predicarse de los prove\u00eddos del 10 de agosto y 7 de septiembre de 2023, mediante los cuales se desestim\u00f3 la declaratoria de ilegalidad solicitada por el all\u00ed demandado, la Corte evidencia que la respuesta a tal reproche se subsume en la desidia observada frente al acto de notificaci\u00f3n y decisi\u00f3n adoptada tras el respectivo c\u00f3mputo del t\u00e9rmino para la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la tutela deviene inviable, por cuanto su uso racional, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas. As\u00ed, cuando se invoca sin haber acudido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que hubiese dejado de utilizar, o se hace de manera defectuosa o incompleta, en raz\u00f3n a tal desidia, el accionante queda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa a sus aspiraciones procesales. <\/p>\n
Sobre la aptitud del recurso horizontal -ac\u00e1 desaprovechado por el querellante-, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada, entre otras, en STC1896-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00699-00). <\/p>\n
A tono con ello, seguidamente se\u00f1al\u00f3: \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para debatir asuntos propios del litigio ordinario, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC7666-2023, 3 ago., rad. 00184-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no es suficiente la simple afirmaci\u00f3n de inminencia en la amenaza de las prerrogativas iusfundamentales, sino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditar la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que exige la jurisprudencia constitucional para su prosperidad bajo tal modalidad: <\/p>\n
\u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
Esto, porque ante el temor del demandante en el sentido de que por no tenerse por contestada la demanda, los resultados del proceso afectar\u00edan las prerrogativas fundamentales de su menor hija Martina, se hace necesario recordar que ello no tendr\u00eda por qu\u00e9 ser as\u00ed, dado que -como bien lo indic\u00f3 el accionado al finalizar el auto del 7 de septiembre de 2023-, tal situaci\u00f3n \u00abno implica que el juzgado al momento de se\u00f1alar fecha para audiencia y decretar pruebas, en caso de encontrar que algunas documentales aportadas por el demandado son de vital importancia para el asunto, atendiendo el inter\u00e9s superior del(la) menor(a), puedan decretarse de oficio, estudio o an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en su momento procesal oportuno\u00bb, en tanto que el juez cognoscente es garante de los derechos e intereses de la familia, y para la tasaci\u00f3n de alimentos no podr\u00eda desconocer la existencia de otras obligaciones que se encuentren debidamente acreditadas en el expediente, m\u00e1xime si se refieren a una persona de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.2. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Habida cuenta que uno de los argumentos que expuso el demandante para intentar excusarse por no hacer uso del recurso de reposici\u00f3n consisti\u00f3 en que \u00abluego de otorgar poder a mi apoderado judicial, confi\u00e9 en que este realizar\u00eda el seguimiento correspondiente a los movimientos procesales\u00bb, es menester que la Corte reitere que tal situaci\u00f3n no deviene razonable para justificar el comportamiento pasivo del actor, porque las supuestas falencias en que su abogado pudo incurrir en el ejercicio de sus deberes y obligaciones legal y convencionalmente establecidos, no pueden enrostrarse al estrado acusado. <\/p>\n
El anterior aserto ha venido siendo sostenido por el precedente jurisprudencial, al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada entre otras muchas en STC6197-2023, 28 jun., rad. 00266-01). Se subraya. <\/p>\n
En ese sentido tambi\u00e9n dijo que, al otorgarse poder a un abogado para atender un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01, citada entre otras en STC912-2023, 8 feb., rad. 2022-00161-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC11598-2023, 18 oct., rad. 00265-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con base en las anteriores precisiones, se impone la desestimaci\u00f3n del amparo, por cuanto no se satisfizo el requisito de subsidiariedad frente a los reparos sobre notificaci\u00f3n y contestaci\u00f3n extempor\u00e1nea de la demanda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC13188-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC13188-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-01193-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77653","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77653","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77653"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77653\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77653"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77653"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77653"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}