STC13191-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13191-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2023-00186-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 30 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfonso Alzate Salazar contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los estrados Tercero y Octavo Civil Municipal de Manizales, Nebelcy, Alpidio, Sulma y Porfidio Vel\u00e1squez Hurtado, Sergio Alberto Cardona Ocampo, los herederos indeterminados de Celina Hurtado de Vel\u00e1squez, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2017-00321. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor, por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
El querellante aduce que al interior del juicio ejecutivo que promueve en contra de Nebelcy Vel\u00e1zquez Hurtado y Celina Hurtado de Vel\u00e1squez (q.e.p.d) -rad. n\u00b0 2015-00608-, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales \u00abdecret\u00f3 la medida de embargo de los remanentes y\/o bienes que por cualquier motivo se llegaren a desembargar dentro del proceso [rad. n\u00b0 2017-00321]\u00bb; sin embargo, a partir de \u00abun error aritm\u00e9tico\u00bb, dice que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa urbe, al tomar nota de la aludida cautela, \u00abdesconoce a uno de los demandados, es decir a la codemandada Celina Hurtado de Vel\u00e1squez\u00bb, en tanto solo reconoce a Nebelcy Vel\u00e1squez Hurtado al momento de hacer la distribuci\u00f3n de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que obran por cuenta del ejecutivo a su cargo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, afirma que \u00abinterpus[\u00f3] recurso de reposici\u00f3n subsidiario de apelaci\u00f3n y como no se acept\u00f3 coloc\u00f3 recurso de queja (\u2026), donde el juzgado primero civil del circuito de Manizales, sin motivaci\u00f3n alguna [lo rechaz\u00f3], lo cual tambi\u00e9n [l]e est\u00e1 violando el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene \u00abla correcci\u00f3n del auto que deja por fuera a la codemandada Celina Hurtado de Vel\u00e1squez [y, en consecuencia, se realice] el pago de los t\u00edtulos totales de los remanentes para el proceso 608 de 2015\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Manizales empez\u00f3 por precisar que \u00abel proceso (\u2026) radicaci\u00f3n No. 008-2017-00321 (\u2026) se surti\u00f3 de conformidad a la normatividad y reglas jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb y destac\u00f3 que, encontr\u00e1ndose a su cargo la etapa de ejecuci\u00f3n, \u00abcon ocasi\u00f3n a la aprobaci\u00f3n de la diligencia de remate realizada mediante auto del 05 de octubre de 2021, se resolvi\u00f3 declarar terminado (\u2026) y as\u00ed mismo, se dispuso dejar los remanentes a \u00f3rdenes del proceso (\u2026)No. 003-2015-00608. De igual forma, mediante prove\u00eddo del 24 de octubre de 2022, que fuere adicionado mediante auto del 11 de noviembre de 2022, se orden\u00f3: convertir los dep\u00f3sitos judiciales a favor de la coejecutada Nebelcy Vel\u00e1squez Hurtado equivalente al 25% de los excedentes que quedaron producto del remate del bien objeto del proceso (\u2026) al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal De Manizales para el proceso (\u2026) rad. 003-2015-00608 por embargo de remanentes\u00bb; decisi\u00f3n confirmada en reposici\u00f3n y sin que, al respecto, existan defectos sustanciales, procedimentales o v\u00edas de hechos que puedan ser endilgadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La titular del estrado Primero Civil del Circuito cuestionado, asegur\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en la acci\u00f3n de tutela, ya que (\u2026) al momento de revisar el recurso de queja que por reparto [le] correspondi\u00f3 se imparti\u00f3 el tr\u00e1mite de ley, en tal virtud, todas las actuaciones adelantadas (\u2026) en el proceso hipotecario 2017-321 se llevaron con estricto acatamiento del derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Despacho Octavo Civil Municipal de Manizales y su hom\u00f3logo Tercero, pidieron la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues los procesos objeto de queja, que inicialmente tuvieron a su cargo, fueron remitidos a los juzgados de ejecuci\u00f3n correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Nebelcy Vel\u00e1squez Hurtado, a trav\u00e9s de curadora ad-litem, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y arguy\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para corregir omisiones\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo deprecado por improcedente, al estimar que \u00aben su rol de juez Constitucional, no se halla facultada para intervenir y disponer la suerte de los t\u00edtulos colectados tras el remate efectuado al interior del proceso con radicado 2017-00321 y la fracci\u00f3n de estos que se puso a disposici\u00f3n del 2015-00608, toda vez que, no obstante tratarse de determinaciones tomadas al interior de litigios judiciales de m\u00ednima cuant\u00eda (\u2026), la discusi\u00f3n, por su car\u00e1cter eminentemente patrimonial, escapa a la \u00f3rbita tuitiva, en tanto no se alude la repercusi\u00f3n de los presuntos yerros en derechos distintos al debido proceso o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00faltimo que, valga advertirlo, se ha visto respetado pues, con prescindencia del sentido en que los variados e imprecisos requerimientos del togado libelista se han despachado, han tenido soluci\u00f3n por parte del operador judicial encargado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial e insisti\u00f3 en que \u00abel juzgado segundo de ejecuci\u00f3n civil de Manizales se equivoc\u00f3, incurriendo en un defecto procedimental absoluto y, como consecuencia, error aritm\u00e9tico al liquidar como no era los t\u00edtulos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si los Juzgados Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Primero Civil del Circuito, ambos de Manizales, vulneraron las prerrogativas fundamentales denunciadas por el querellante, al interior del ejecutivo rad. n\u00b0 2017-00321. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
3. Del requisito de la inmediatez y del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed, se desconoce el mentado presupuesto -visto como la urgencia de la protecci\u00f3n-, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio. En torno a este t\u00f3pico, el precedente tiene dicho que, <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se evidencia que el actor reprocha, de una parte, el prove\u00eddo de 31 de enero de 2023 que confirm\u00f3 el de 11 de noviembre de 2022 -que adicion\u00f3, de oficio, el de 24 de octubre de 2022- por medio del cual, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Manizales, distribuy\u00f3 los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial recaudados con ocasi\u00f3n de la almoneda llevada a cabo, disponiendo \u00abconvertir los dep\u00f3sitos judiciales a favor de la coejecutada Nebelcy Velasquez Hurtado equivalente al 25% de los excedentes que quedaron producto del remate (\u2026) al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Manizales para el proceso (\u2026) 003-2015-00608 por embargo de remanentes; y, por otro lado, el emitido el 27 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual, el estrado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, resolvi\u00f3 \u00abRECHAZAR DE PLANO el recurso de queja interpuesto (\u2026) contra el auto de fecha 31 de enero de 2023, mediante el cual se deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el recurrente en contra de la providencia adiada el 11 de noviembre de 2022\u00bb. Lo anterior, porque, a juicio del convocante, con lo decidido, se desconoce el embargo de los remanentes de la demandada Celina Hurtado de Vel\u00e1squez -tambi\u00e9n decretados, seg\u00fan afirma- y, en cuanto al recurso de queja, se rechaz\u00f3 \u00absin motivaci\u00f3n [al]guna\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo anterior, resulta evidente la desatenci\u00f3n del referido postulado que viene coment\u00e1ndose, comoquiera que si el tutelante consideraba que dichas determinaciones vulneraban sus derechos o constitu\u00edan v\u00eda de hecho, debi\u00f3 acudir al resguardo de manera tempestiva, sin embargo, no lo hizo dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado como prudente por la jurisprudencia constitucional, en tanto la tutela se radic\u00f3 el reciente 13 de octubre 20231. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que el accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte para incoar la salvaguarda. <\/p>\n
3.3. Adem\u00e1s, esta Sala ha resaltado que, la verificaci\u00f3n preliminar de la tempestividad del amparo es criterio que debe precisarse a\u00fan m\u00e1s cuando se trata de ataques a decisiones judiciales, como ocurre en este caso -y no de un asunto meramente econ\u00f3mico como lo estim\u00f3 el tribunal a quo constitucional-. <\/p>\n
En efecto, el mentado requisito adquiere relevancia cuando la censura recae sobre una providencia judicial y su an\u00e1lisis exige mayor rigor, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, al fallador constitucional le concierne no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si es viable superarlo o no; empero, en esta ocasi\u00f3n, el actor no acredit\u00f3 qu\u00e9 situaciones ajenas a su voluntad le impidi\u00f3 acudir tempranamente al resguardo. <\/p>\n
En este particular, la Corte Constitucional ha indicado que puede prescindirse de este requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n cuando se presentan circunstancias puntuales que expliquen la inactividad del actor de cara a la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n; en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub-lite, la Corte no advierte la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez, por lo que ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas, como la juridicidad de las decisiones criticadas, examen que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
3.4. Finalmente, es menester se\u00f1alar que pese a no desconocer que, por auto de 8 de mayo de 2023, la agencia municipal cuestionada obedeci\u00f3 lo decidido por el ad-quem enjuiciado y que, frente a tal determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed promotor formul\u00f3 diversas peticiones y recursos, siendo desechados por improcedentes mediante recientes prove\u00eddos de 9 y 30 de junio, y 17 de octubre de 2023; ha sido consistente la Sala en el sentido de precisar que, peticiones e incidentes promovidos con posterioridad a la decisi\u00f3n que concretamente se ataca v\u00eda tutela o como en este evento ocurre, la formulaci\u00f3n de solicitudes evidentemente superfluas, reiterativas, inconducentes o impertinentes, no alteran necesariamente el an\u00e1lisis sobre la \u00abinmediatez\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque, el plazo y el despliegue de la acci\u00f3n se mira respecto del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico del que primariamente se demanda la aparente infracci\u00f3n, sin que sea de recibo extender su entorno a escenarios ulteriores provocados por la interposici\u00f3n de solicitudes o medios de refutaci\u00f3n improcedentes, pues en tales eventos, el criterio de la temporalidad se desdibujar\u00eda comoquiera que siempre ser\u00e1 posible que el disconforme interpele las determinaciones con la presentaci\u00f3n de memoriales orientados a recabar en la problem\u00e1tica, con miras a reactivar actuaciones agotadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en casos similares en los que se intent\u00f3 obviar el requisito enunciado insistiendo con solicitudes insulares posteriores que redundaban finalmente en el mismo prop\u00f3sito o con la interposici\u00f3n de remedios procesales impertinentes o inoportunos, esta Corporaci\u00f3n expuso \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida [\u2026] sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio\u00bb (CSJ, STC 27 may. 2011, rad. 00096-01; reiterada en STC11067-2015). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la sentencia de primera instancia, pero en atenci\u00f3n a que el accionante, sin justificaci\u00f3n, tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, incumpliendo el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al tribunal a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo 01ActaReparto.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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