STC13193-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13193-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01552-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 29 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Dorita Beltr\u00e1n Caro contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes reconocidas en el proceso de justicia y paz 2017-00031. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, m\u00ednimo vital y propiedad que estima quebrantados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Refiri\u00f3, en s\u00edntesis, que al interior del proceso de justicia y paz 2017-00031, con auto de 16 de mayo de 20191 se dispuso el embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo, con fines de extinci\u00f3n de del derecho de dominio, de una edificaci\u00f3n ubicada en la \u00abcarrera 3 # 15-11 de Puerto Boyac\u00e1, identificado con Nro. de matr\u00edcula inmobiliaria 088-6228\u00bb del que asegura ser propietaria desde el a\u00f1o 1999, por compraventa que realiz\u00f3 a Luz Marina Ruiz G\u00f3mez. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que tal bien hac\u00eda parte de uno de mayor extensi\u00f3n distinguido con la matr\u00edcula 008-0001709, el cual, a su vez, hab\u00eda sido denunciado, con vocaci\u00f3n de reparaci\u00f3n, por Arnubio Triana Mahecha dentro del tr\u00e1mite de justicia y paz 2006-80002, a favor de las v\u00edctimas de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyac\u00e1. <\/p>\n
Adujo que, contra el decreto de las cautelas arriba referenciadas \u00abno pud[o] interponer los recursos correspondientes\u2026 al no haber[le] sido notificada la [decisi\u00f3n], neg\u00e1ndose[le] de esta forma el derecho de defensa y contradicci\u00f3n y la oportunidad de solicitar pruebas con el fin de controvertir la medida\u2026 para demostrar que obr[\u00f3] de buena fe exenta de culpa en la adquisici\u00f3n del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Dijo que, la autoridad judicial \u00abpas\u00f3 por alto la circunstancia de que para el momento en que se profiri\u00f3 la providencia que orden\u00f3 la medida cautelar sobre el predio, \u00e9ste ya no se encontraba en manos de la persona sobre la cual reca\u00eda la acci\u00f3n penal. Esa decisi\u00f3n desconoce el derecho de propiedad que leg\u00edtimamente adquir\u00ed en relaci\u00f3n con el bien inmueble, el cual tiene su g\u00e9nesis en un contrato de compraventa que se celebr\u00f3 con una persona diferente a la que estuvo involucrada en el proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
3. En suma, luego de realizar una exposici\u00f3n en torno a la buena fe cualificada con la que, seg\u00fan dice, obr\u00f3 en la adquisici\u00f3n del bien objeto de extinci\u00f3n de dominio en el tr\u00e1mite de justicia y paz y sin atribuir a la decisi\u00f3n que cuestiona defecto alguno de aquellos que viabilizan la tutela contra providencias judiciales, solicit\u00f3 \u00ab[d]ejar sin valor ni efecto el auto proferido por el Tribunal\u2026 el cual dispuso el embargo, secuestro y disposici\u00f3n del poder dispositivo sobre el inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 088-2668 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VUNCULADOS <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la falta de notificaci\u00f3n previa de la diligencia de secuestro no lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de aquella en atenci\u00f3n a que, de conformidad con el art\u00edculo 17B de la Ley 975 de 2005, es de car\u00e1cter reservada, de all\u00ed que solo deban comparecer los delegados de la Fiscal\u00eda y de la UARIV; no obstante, agreg\u00f3, Beltr\u00e1n Caro estuvo presente en la misma por ser residente del inmueble, tanto as\u00ed que fue quien la atendi\u00f3. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad del resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que la interesada \u00aba\u00fan cuenta con la posibilidad de promover el incidente de oposici\u00f3n a la medida cautelar previsto en el art\u00edculo 17C de la ley citada\u2026 o por qu\u00e9 no hacerse parte en el incidente de reparaci\u00f3n integral\u2026 que se adelante en el despacho de la\u2026 magistrada de conocimiento de es[a] Sala, dentro del radicado 2017-00031\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo dicho, advirti\u00f3 que la presente tutela \u00abtampoco\u2026 cumple con el requisito de la inmediatez\u2026 ya que\u2026 desde el momento de la medida cautelar, esto es, el 6 de mayo de 2019 hasta la interposici\u00f3n\u2026 han transcurrido m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. La magistrada de la misma colegiatura con funci\u00f3n de conocimiento, Oher Hadith Hern\u00e1ndez Roa, qui\u00e9n adelanta la etapa de incidente de reparaci\u00f3n integral en el proceso objeto de la queja, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa sala por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que, de un lado, no decret\u00f3 las cautelas censuradas y, de otro, no le corresponde decidir sobre su levantamiento en tanto que, para ello, el legislador previ\u00f3 un tr\u00e1mite incidental consagrado en el art\u00edculo 17C de la Ley de Justicia y Paz cuya competencia recae en los magistrados con funciones de control de garant\u00edas, siendo un asunto completamente ajeno a la etapa procesal por la cual transita la actuaci\u00f3n (incidente de reparaci\u00f3n) en la cual no le es permitido intervenir a terceros. <\/p>\n
3. Los restantes magistrados integrantes de la misma sala de conocimiento, \u00c1lvaro Fernando Moncayo Guzm\u00e1n e Ignacio Humberto Alfonso Beltr\u00e1n, manifestaron atenerse a la respuesta ofrecida por su hom\u00f3loga. <\/p>\n
4. El Fiscal Veintid\u00f3s Delegado ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, adscrito al Grupo de Persecuci\u00f3n de Bienes de la Direcci\u00f3n Nacional de Justicia Transicional, dijo que, por virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 17B de la Ley 975 de 2005, la audiencia para el decreto y pr\u00e1ctica de cautelas sobre los bienes denunciados con vocaci\u00f3n reparadora, es de car\u00e1cter reservada, de all\u00ed que ninguna vulneraci\u00f3n se hubiere presentado por la no convocatoria de la aqu\u00ed accionante a la misma. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, evacuadas las anteriores diligencias, \u00abse activa el mecanismo de defensa de quien se considere con mejor derecho al de las v\u00edctimas, acudiendo a un incidente de levantamiento de las medidas previsto en el art\u00edculo 17C de la Ley 975 de 2005\u00bb, por lo que, en el presente caso, la gestora cuenta con \u00abun medio id\u00f3neo para satisfacer las pretensiones\u2026 distinto a esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. El Procurador 15 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda por incumplir la exigencia de la subsidiariedad \u00abpor cuanto la ley prev\u00e9 un expreso mecanismo de defensa judicial contra las decisiones que imponen medidas cautelares en justicia transicional, cual es el incidente de posici\u00f3n, previsto y regulado en el actual art\u00edculo 17 C de la Ley 975 de 2005, adem\u00e1s que el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio ante la magistratura de conocimiento de la Justicia Transicional aun [sic] no se ha adelantado\u2026 pudiendo la accionante ejercer sus derechos en ese momento procesal\u00bb. <\/p>\n
No obstante, agreg\u00f3, \u00abla decisi\u00f3n atacada\u2026 fue expedida por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones\u2026 y de competencia y est\u00e1 debidamente argumentada y sustentada, sin que se constate violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales que le asisten al demandante [sic], por lo que no se constata ning\u00fan defecto que amerite su anulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, tanto en la modalidad de incuria, pues la gestora no acudi\u00f3 al instrumento id\u00f3neo consagrado en el art\u00edculo 17C la Ley 975 de 20052, como por encontrarse el proceso en curso siendo ese el escenario natural para \u00abelevar\u2026 la queja que por este mecanismo excepcional plantea\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante sin realizar manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lesion\u00f3, dentro del proceso transicional 2017-00031, las garant\u00edas fundamentales de la promotora al disponer el embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo, con fines de extinci\u00f3n de dominio, de un bien de su propiedad, aparentemente sin tener en cuenta que, para su adquisici\u00f3n, obr\u00f3 con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
La gestora acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera quebrantado con el auto de 16 de mayo de 2019, a trav\u00e9s del cual un magistrado con funciones de control de garant\u00edas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dispuso el embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo, con fines de extinci\u00f3n de dominio, de un bien de su propiedad por cuanto, seg\u00fan dijo, no tuvo en cuenta que, para su adquisici\u00f3n, obr\u00f3 con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad habida cuenta que, si bien la accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, injustificadamente lo desaprovech\u00f3, pues pese a encontrarse al tanto de la actuaci\u00f3n y de haber estado presente en la diligencia de secuestro llevada a cabo el 23 de agosto de 2019, no formul\u00f3 oposici\u00f3n a trav\u00e9s del incidente regulado en el art\u00edculo 17C de la Ley 975 de 2005 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 17C. Incidente de oposici\u00f3n de terceros a la medida cautelar. En los casos en que haya terceros que se consideren de buena fe exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para efectos de extinci\u00f3n de dominio en virtud del art\u00edculo 17B, el magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, a instancia del interesado, dispondr\u00e1 el tr\u00e1mite de un incidente que se desarrollar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Presentada la solicitud por parte del interesado, en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de cargos, el Magistrado con funci\u00f3n de control de garant\u00edas convocar\u00e1 a una audiencia dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes en la cual el solicitante aportar\u00e1 las pruebas que pretenda hacer valer y cuyo traslado se dar\u00e1 a la Fiscal\u00eda y a los dem\u00e1s intervinientes por un t\u00e9rmino de 5 d\u00edas h\u00e1biles para que ejerzan el derecho de contradicci\u00f3n. Vencido este t\u00e9rmino e magistrado decidir\u00e1 el incidente y dispondr\u00e1 las medidas a que haya lugar. <\/p>\n
Si la decisi\u00f3n del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado ordenar\u00e1 el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario, el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio continuar\u00e1 su curso y la decisi\u00f3n ser\u00e1 parte de la sentencia que ponga fin al proceso de Justicia y Paz. <\/p>\n
Este incidente no suspende el curso del proceso\u00bb. (Resalta la Sala) <\/p>\n
Sobre dicho instrumento, la Corte Constitucional en Sentencia de Unificaci\u00f3n 424 de 2021 dijo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) (i) los bienes ingresan por la denuncia del postulado o por la identificaci\u00f3n que de los mismos haga la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; (ii) la denuncia del postulado constituye \u00fanicamente prueba sumaria acerca del derecho de dominio real o aparente sobre el bien. En consecuencia, la FGN tiene la carga de recaudar los elementos de prueba necesarios para inferir que esos bienes son del postulado o del grupo armado al margen de la ley para que en audiencia reservada se decreten las medidas cautelares; (iii) los terceros afectados con las cautelas en menci\u00f3n cuentan con un tr\u00e1mite incidental, como oportunidad \u00fanica para demostrar la condici\u00f3n definida en la norma para enervar la cautela: la buena fe exenta de culpa; (iv) el incidente es un tr\u00e1mite sumario en el que el opositor presentar\u00e1 todas las pruebas que sustenten la calidad en menci\u00f3n, las cuales est\u00e1n sujetas a una \u00fanica instancia de contradicci\u00f3n; (v) contra la decisi\u00f3n sobre la oposici\u00f3n procede el recurso de apelaci\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal; y (vi) si no prospera la oposici\u00f3n la decisi\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio se tomar\u00e1 en la sentencia, en la que no se eval\u00faa la situaci\u00f3n del tercero, la cual qued\u00f3 resuelta en el incidente (\u2026)\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Acorde con ello, la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades desperdiciadas y menos para recuperar t\u00e9rminos fenecidos, pues en el caso particular, era el incidente de oposici\u00f3n arriba mencionado el instrumento adecuado para poner en conocimiento de la instancia correspondiente la condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa y no a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n que se caracteriza por ser excepcional. <\/p>\n
Lo dicho para significar que, cuando les es atribuible al interesado la omisi\u00f3n en el ejercicio de las herramientas procesales de defensa consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico, queda inevitablemente vinculados a las consecuencias de las decisiones que les fueron adversas, en tanto tal resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Cabe resaltar que la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
En suma, la no utilizaci\u00f3n de la herramienta referida en precedencia, torna inviable la presente acci\u00f3n de tutela, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 habida consideraci\u00f3n que, como jurisprudencialmente se tiene decantado, uno de los presupuestos de procedibilidad del amparo supralegal es el agotamiento de todos los medios de defensa, pues la salvaguarda no es un instrumento para rescatar oportunidades desperdiciadas por el descuido de las partes. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
El resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad toda vez que la gestora obr\u00f3 con incuria al no agotar en debida forma las herramientas procesales disponibles para buscar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Proferido por un magistrado con funciones de control de garant\u00edas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2\u0002 Incidente de oposici\u00f3n de terceros a la medida cautelar. <\/p>\n
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