STC13195-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13195-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04496-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Reyner Felipe R\u00edos Rico contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, vivienda, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.2. Con posterioridad, el 5 de febrero de 2019, se corri\u00f3 la escritura n.\u00ba 276 en la Notar\u00eda 23 del C\u00edrculo de Cali, a trav\u00e9s de la cual el demandado Brand Gir\u00f3n entreg\u00f3, en daci\u00f3n de pago, el bien previamente identificado, al aqu\u00ed tutelante, Reyner Felipe R\u00edos Rico, documento que se registr\u00f3 el 11 de febrero posterior. Por ello, el 1 de marzo de 2021, se reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado del \u00faltimo mencionado, quien solicit\u00f3 ingresar al proceso como \u00abtercero adquirente de buena fe\u00bb. <\/p>\n
2.3. En atenci\u00f3n al acontecer procesal, en lo que al resguardo interesa, el 15 de agosto de 2023, el se\u00f1or R\u00edos Rico solicit\u00f3 la nulidad \u00abconstitucional\u00bb del tr\u00e1mite, por la supuesta falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito \u2013en virtud de la Ley 546 de 1999\u2013, pero el cognoscente la rechaz\u00f3, por carecer de legitimaci\u00f3n, decisi\u00f3n que dej\u00f3 inc\u00f3lume en sede de reposici\u00f3n y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Por su parte, el 17 de octubre hoga\u00f1o, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, tras colegir, grosso modo, que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abM\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de haberse resuelto la solicitud de nulidad del proceso, volvi\u00f3 con los mismos argumentos a pretender, bajo el disfraz de una petici\u00f3n de levantamiento de unas medidas cautelares, la declaraci\u00f3n de LA ILEGALIDAD de lo actuado en el proceso en lo tocante con la realizaci\u00f3n del embargo y secuestro del bien inmueble dado en garant\u00eda hipotecaria, a pesar de ser conocedor de lo que le indic\u00f3 el Tribunal en esa providencia\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00ab(\u2026) las peticiones relacionadas con el proceso, de acuerdo con lo indicado en el art\u00edculo 109 del C. G. P., deben ser objeto de pronunciamiento y, por ende, desgaste del aparato judicial, sobre todo cuando son peticiones con argumentos que ya han sido analizados y resueltos en providencias anteriores, como ocurre en el presente caso, donde se tiene conocimiento pleno y obra prueba en el expediente de: a) La solicitud de nulidad del 10 de mayo de 2023; b) La solicitud de control de legalidad del 10 de julio de 2023; c) Dos acciones de tutela del mes de agosto de 2023, las cuales han sido denegadas por ser notoriamente improcedentes, y que al ser impugnadas, fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u1c06\u00ab(\u2026) el litisconsorcio que se presenta en este caso, a ra\u00edz de la adquisici\u00f3n del derecho de dominio sobre el bien entrabado en el proceso ejecutivo hipotecario, no es otro que el cuasinecesario, pero nunca necesario, ya que el se\u00f1or REYNER FELIPE R\u00cdOS RICO tiene una relaci\u00f3n sustancial con el se\u00f1or FERNANDO BRAND GIRON, que es el contrato de daci\u00f3n en pago, a la cual se extiende los efectos jur\u00eddicos de la decisi\u00f3n en este proceso, raz\u00f3n por la cual cuando llega al proceso, en aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 62 y 70 del C. G. P., debe tomar el proceso en el estado en que lo encuentra, teniendo en cuenta el principio de preclusi\u00f3n que indica que no se puede regresar a las actuaciones legamente concluidas, lo cual es totalmente aplicable a este caso\u00bb. <\/p>\n
2.5. Sin embargo, a juicio del censor, esa determinaci\u00f3n es irregular, comoquiera que (i) \u00abse trata de un incidente de nulidad constitucional al cual debe d\u00e1rsele el tr\u00e1mite conforme lo dispone el art\u00edculo 127 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb; (ii) \u00abes deber de los jueces, realizar y revisar si junto con el t\u00edtulo base del recaudo la parte demandante ha acreditado la totalidad de los documentos contentivos del t\u00edtulo valor y la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, puesto que, como se ha remarcado dentro del proceso ejecutivo hipotecario de la referencia, estos documentos conforman \u201cun t\u00edtulo ejecutivo complejo\u201d y por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb; y (iii) \u00abdesestim\u00f3 la legitimidad y oportunidad que tengo como tercero adquirente de buena fe, de acceder a la justicia, aun cuando desde un principio mediante apoderado judicial avizor\u00e9 el error dentro de las etapas procesales culminadas al interior del proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abse REVOQUE el auto No. 1118 de fecha 17 de agosto del 2023, notificado por estado electr\u00f3nico el 18 de agosto de 2023, para darle tr\u00e1mite a la nulidad constitucional conforme el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 127 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El tribunal querellado envi\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. El magistrado sustanciador se opuso a la prosperidad del resguardo. <\/p>\n
2. Davivienda S.A. indic\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante y que el juzgado ha procurado respetar los lineamientos legales y constitucionales en el tr\u00e1mite del ejecutivo, resultando evidente en este caso que la tutela solo busca entorpecer la buena marcha del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ejecutivo de la referencia (rad. n.\u00ba 2015-00093), por confirmar, en sede de apelaci\u00f3n, el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 la nulidad que el gestor, en su calidad de \u00abtercero adquirente de buena fe\u00bb del inmueble dado en garant\u00eda, formul\u00f3 en ese decurso, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed como de la normativa y jurisprudencia aplicables. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, si bien el embate se dirige contra los pronunciamientos de ambos grados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido por el ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, 5 mar., STC11584-2023, 18 oct., et. al.). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga confirm\u00f3 el prove\u00eddo del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 la nulidad que formul\u00f3 el aqu\u00ed pretensor, en su calidad de \u00abtercero adquirente de buena fe\u00bb del predio afectado con el gravamen hipotecario en el compulsivo, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, en lo que es materia de reproche a trav\u00e9s del resguardo, el colegiado ad quem anot\u00f3 como antecedentes relevantes los siguientes: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El 15 de agosto de 2023, el apoderado del se\u00f1or REYNER FELIPE RIOS RICO presenta solicitud de nulidad del proceso, argumentando la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por falta del requisito de la homogeneidad y reestructuraci\u00f3n contractual en raz\u00f3n al incumplimiento del art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999, lo cual conduce a la nulidad constitucional por violaci\u00f3n a los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso, a la vivienda digna y a la igualdad, previstos en los art\u00edculos 29, 51 y 13 de la Carta Magna y en el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La petici\u00f3n de nulidad fue resuelta por medio del auto interlocutorio No.1118 de agosto 17 de 2023, en el numeral segundo donde expreso: \u201cSEGUNDO: RECHAZAR DE PLANO las nulidades presentadas por el autodenominado TERCERO ADQUIRENTE, por carecer de legitimaci\u00f3n, de conformidad con se\u00f1alado en el presente prove\u00eddo\u201d. <\/p>\n
La decisi\u00f3n se soport\u00f3 en lo siguiente: \u201cEn el presente asunto no se cumplen los requisitos de oportunidad, previsto en los art\u00edculos 134 y los requisitos previstos en el art\u00edculo 135 de ah\u00ed que resulte perentorio un pronunciamiento de fondo. Pues en lo tocante a la oportunidad, existen dos estadios procesales, como lo son; antes de que se dicte sentencia; situaci\u00f3n que no ocurre en el subjudice, ya que el 13 de octubre de 2016 se emiti\u00f3 por parte del despacho auto que ordena seguir adelante y; con posterioridad a \u00e9sta, teniendo una condici\u00f3n de procedibilidad y es, que la nulidad haya ocurrido en la misma sentencia, es decir, en el auto No. 458 del 13 de octubre de 2016. Ello queriendo significar adem\u00e1s que, la posibilidad de alegar una nulidad despu\u00e9s de proferida la sentencia de primera instancia, queda abierta \u00daNICAMENTE si se apel\u00f3; con el fin de que el superior pueda analizar tal aspecto, situaci\u00f3n que aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Contra dicha decisi\u00f3n, el apoderado judicial del se\u00f1or REYNER FELIPE RIOS RICO interpuso el recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, el de apelaci\u00f3n sustent\u00e1ndolo en que el A-Quo actu\u00f3 de manera equivocada, pues aduce que se trata de un incidente de nulidad constitucional, debiendo tramitarse por los ritos del art\u00edculo 127 del C\u00f3digo Adjetivo, por cuanto aduce que se trata de una nulidad situada en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En el t\u00e9rmino del traslado del recurso la parte demandante se pronunci\u00f3 indicando que la falta de aplicaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n alegada es para cr\u00e9dito otorgados en UPAC u otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999 y en este caso el pagare objeto del proceso fue suscrito en el 2009 en pesos en decir cuando la Ley 546 de 1999 ya llevaba m\u00e1s de 9 a\u00f1os de vigencia; evidenciando que son argumentos esgrimidos ampliada y reiteradamente en este proceso, tanto, por los abogados del demandado Fernando Brand como por el tercero REYNER FELIPE RIOS, por ende ampliamente discutidos en las etapas del proceso, siendo impertinentes y careciendo de un m\u00ednimo de sustento legal, vislumbrando un \u00e1nimo de dilatar el proceso y evitar que se lleve a cabo la diligencia de remate. <\/p>\n
El recurso de reposici\u00f3n fue resuelto negativamente por medio del auto interlocutorio No.1272 de septiembre 28 de 2023, concediendo el recurso de apelaci\u00f3n, soportando la decisi\u00f3n en lo siguiente: \u201cEn el sub judice, respecto de la solicitud de nulidad, primeramente, se tiene que deb\u00eda haberse interpuesto antes de que se dicte sentencia; situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3, ya que el 13 de octubre de 2016 se emiti\u00f3 por parte del despacho auto que ordena seguir adelante; y con posterioridad a \u00e9sta, teniendo una condici\u00f3n de procedibilidad y es, que dichas nulidades hayan ocurrido en la misma sentencia; es decir, en el auto No. 458 del 13 de octubre de 2016; y en el presente no ocurrieron ninguno de los dos estadios procesales. Seguidamente, se tiene que los argumentos esbozados para solicitar la nulidad por parte del apoderado judicial del se\u00f1or REYNER FELIPE RIOS RICO, abogado RU\u00c9N DARIO AVELLANEDA RODRIGUEZ; son que la solicitud de nulidad deprecada, se ha de tramitar conforme el art\u00edculo 127 del C\u00f3digo Adjetivo; basado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; olvidando el togado que el art\u00edculo 127 expresamente estipula \u201cSolo se tramitar\u00e1n como incidente los asuntos que la ley expresamente se\u00f1ale; los dem\u00e1s se resolver\u00e1n de plano \u2026\u201d por lo tanto con la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, las NULIDADES PROCESALES no se tramitan como incidente; pues el r\u00e9gimen de nulidades establece en su disposici\u00f3n especial [art. 134 C.G.P.] su tr\u00e1mite; as\u00ed mismo, se encuentran en el cap\u00edtulo II de las normas procesales, las causales expresas de nulidad [art. 133 C.G.P.] luego entonces, se encuentran totalmente errados los argumentos procesales expuestos por el togado recurrente. <\/p>\n
Ahora bien, se denota que el apoderado judicial del se\u00f1or REYNER FELIPE RIOS RICO, doctor RUBEN DARIO AVELLANEDA RODRIGUEZ, est\u00e1 incurriendo en un yerro, adem\u00e1s que intenta conducir al Juez en error, pues pretende alegar que el derecho a la alegada reestructuraci\u00f3n es aplicable a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos en vigencia de la Ley 546 de 1999, siendo un requisito sine qua non para iniciar y proseguir la demanda compulsiva; y \u00e9sta es una obligaci\u00f3n tanto de las entidades financieras como de los cesionarios del respectivo cr\u00e9dito; olvidando nuevamente el apoderado que dichos argumentos debieron ser alegados en el t\u00e9rmino del traslado al demandado FERNANDO BRAND GIRON, esto es, del 1 de diciembre de 2015 al 7 de diciembre de 2015 [pg. 171 sec. 1 cdo 1 cdo 1 e.d.] demandado que prefiri\u00f3 guardar silencio. <\/p>\n
Aunado a ello, el togado RUBEN DARIO AVELLANEDA RODRIGUEZ, deja de lado que la falta de reestructuraci\u00f3n es para cr\u00e9dito otorgados en UPAC u otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999 y en este caso el pagare objeto del proceso fue suscrito en el 2009 en pesos en decir cuando la Ley 546 de 1999 ya llevaba m\u00e1s de 9 a\u00f1os de vigencia; pretendiendo nuevamente inducir en error a este funcionario judicial. Respecto de los precitados argumentos, este despacho judicial quiere dejar relevancia, que son exactamente los mismos argumentos esbozados por la apoderada judicial del demandado FERNANDO BRAND GIRON en la SOLICITUD DE NULIDAD [10-05-2023]; en ACCI\u00d3N DE TUTELA [07-06- 2023]; en la solicitud de CONTROL DE LEGALIDAD [10- 07-2023] y en la ACCI\u00d3N DE TUTELA [16-08- 2023]; acciones constitucionales que han sido denegadas por ser notoriamente improcedente, y que siendo impugnadas, fueron confirmadas por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, evidenci\u00e1ndose que son actuaciones para dilatar la etapa siguiente del presente proceso. [V\u00e9ase consecutivo 99 cdo 1 cdo 1 e.d.] Quedando m\u00e1s que evidente que este Funcionario Judicial no se encuentra en equivoco, cuando manifiesta que el apoderado RUBEN DARIO AVELLANEDA RODRIGUEZ, pretende revivir una etapa que legalmente se encuentra concluida, con una postura que no le asiste, pues como ya se le expres\u00f3 en m\u00faltiples pronunciamientos, tanto en sede constitucional como en sede de los diferentes recursos de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n; que el haber recibido el inmueble objeto de litis en daci\u00f3n de pago y al haberse presentado al proceso ejecutivo, toma el proceso en el estado en que se encuentre de acuerdo a lo estatuido en la norma procedimental. Art. 70 del C.G.P.)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, circunscrito a los motivos de disenso expuestos por el libelista en el remedio vertical, y con observancia en el tr\u00e1mite surtido en el compulsivo, el tribunal reiter\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(i) M\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de haberse resuelto la solicitud de nulidad del proceso, volvi\u00f3 con los mismos argumentos a pretender, bajo el disfraz de una petici\u00f3n de levantamiento de unas medidas cautelares, la declaraci\u00f3n de LA ILEGALIDAD de lo actuado en el proceso en lo tocante con la realizaci\u00f3n del embargo y secuestro del bien inmueble dado en garant\u00eda hipotecaria, a pesar de ser conocedor de lo que le indic\u00f3 el Tribunal en esa providencia. <\/p>\n
(ii) Es sabedor, el abogado, que las peticiones relacionadas con el proceso, de acuerdo con lo indicado en el art\u00edculo 109 del C. G. P., deben ser objeto de pronunciamiento y, por ende, desgaste del aparato judicial, sobre todo cuando son peticiones con argumentos que ya han sido analizados y resueltos en providencias anteriores, como ocurre en el presente caso, donde se tiene conocimiento pleno y obra prueba en el expediente de: <\/p>\n
<\/p>\n
a. La solicitud de nulidad del 10 de mayo de 2023;<\/p>\n
b. La solicitud de control de legalidad del 10 de julio de 2023;<\/p>\n
c. Dos acciones de tutela del mes de agosto de 2023, las cuales han sido denegadas por ser notoriamente improcedentes, y que al ser impugnadas, fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, evidenci\u00e1ndose que son actuaciones para dilatar la etapa siguiente del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, procedi\u00f3 a analizar la situaci\u00f3n indicada, destacando que \u00abdespu\u00e9s de estarse adelantando el proceso por m\u00e1s de 7 a\u00f1os y tener orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, pretende la declaraci\u00f3n de una nulidad del proceso bajo unos argumentos que debieron ser aducidos mediante la v\u00eda procesal prevista para ello en las normas adjetivas vigente y que no es otra que la se\u00f1alada en el art\u00edculo 430 del C.G.P., consistente en el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que libro mandamiento de pago\u00bb, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se trata de discutir los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo como quiera que se alega la falta del requisito de la homogeneidad y reestructuraci\u00f3n contractual en raz\u00f3n al incumplimiento del art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999. Cabe dejar por sentado que el art\u00edculo 135 del C. G. P. dispone que no puede alegar la nulidad quien haya actuado en el proceso sin proponerla en el momento procesal oportuno y por el medio id\u00f3neo para ello, como ocurre en el caso a estudio, circunstancia ante la cual es imperativo el rechazo de plano de la solicitud encaminada hacia ese fin\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, estableci\u00f3 que el inconforme adquiri\u00f3 el derecho de dominio sobre el predio trabado en la litis, bajo la figura de daci\u00f3n en pago, estando vigente el gravamen hipotecario a favor de la sociedad ejecutante, \u00abconstituido por el se\u00f1or Fernando Brand Gir\u00f3n, mediante la escritura p\u00fablica No.3092 de octubre 29 de 2009, corrida en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Palmira (V), registrada el d\u00eda 5 de noviembre de 2009 en la matr\u00edcula inmobiliaria No. 378-27516 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Palmira\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, reliev\u00f3 que \u00ablo coherente y racional que se hace por parte de una persona que pretende adquirir un bien inmueble es revisar el certificado de tradici\u00f3n del bien actualizado para saber su situaci\u00f3n jur\u00eddica en ese instante, lo que aplicado a este caso refleja que al momento de efectuarse la negociaci\u00f3n, o sea en el a\u00f1o 2019 y casi 10 a\u00f1os despu\u00e9s de registrada la escritura de hipoteca y sin que se hubiese existido una cancelaci\u00f3n, ese gravamen estaba vigente y debi\u00f3 averiguar qu\u00e9 pasaba con ese cr\u00e9dito garantizado con esa hipoteca, ante lo cual se habr\u00eda enterado de todas las anomal\u00edas y problemas que el se\u00f1or FERNANDO BRAND GIRON ten\u00eda y que le hab\u00eda generado varias medidas cautelares entre el a\u00f1o 2009 al 2019\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dej\u00f3 sentado que \u00abcuando se adquiere el derecho de un bien que est\u00e1 entrabado en un proceso judicial se debe tener en cuenta lo expresado en el C\u00f3digo General del Proceso, en los art\u00edculos 62, 68 y 70\u00bb, aunado a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el litisconsorcio que se presenta en este caso, a ra\u00edz de la adquisici\u00f3n del derecho de dominio sobre el bien entrabado en el proceso ejecutivo hipotecario, no es otro que el cuasinecesario, pero nunca necesario, ya que el se\u00f1or REYNER FELIPE R\u00cdOS RICO tiene una relaci\u00f3n sustancial con el se\u00f1or FERNANDO BRAND GIRON, que es el contrato de daci\u00f3n en pago, a la cual se extiende los efectos jur\u00eddicos de la decisi\u00f3n en este proceso, raz\u00f3n por la cual cuando llega al proceso, en aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 62 y 70 del C. G. P., debe tomar el proceso en el estado en que lo encuentra, teniendo en cuenta el principio de preclusi\u00f3n que indica que no se puede regresar a las actuaciones legamente concluidas, lo cual es totalmente aplicable a este caso. <\/p>\n
Y, en lo concerniente a las nulidades, que el art\u00edculo 134 del C. G. P. se\u00f1ala que \u201cLas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. (\u2026)\u201d de lo cual se desprende que si el proceso ya cuenta con decisi\u00f3n de fondo no es factible alegar causa de nulidad basado en hechos anteriores a esa resoluci\u00f3n; y s\u00f3lo podr\u00e1 pedirse la nulidad del proceso sobre hechos presentados con posterioridad a ese fallo\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 3092 de octubre 29 de 2009, suscrita en la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Palmira. <\/p>\n
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STC13195-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13195-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04496-00 (Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Reyner Felipe R\u00edos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}