STC13196-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13196-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04494-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, siendo vinculados al tr\u00e1mite el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de esta ciudad, as\u00ed como los intervinientes en el juicio de resoluci\u00f3n de contrato n\u00ba 2019-00343. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, Adriana Kloch Convers present\u00f3 demanda de resoluci\u00f3n de promesa de compraventa en su contra (BBVA Asset Management S.A., Sociedad Fiduciaria), y de \u00abWellnes Center M.D.I. Marino S.A.S., y el Fideicomiso Wellness Center M.D.I. Marino S.A.S\u00bb, con la pretensi\u00f3n de que se declare el incumplimiento por parte de aqu\u00e9llas respecto de unos contratos de promesa de compraventa y los otros\u00edes respectivos, \u00abcuyo objeto era la transferencia de unos inmuebles\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, el 3 de diciembre de 2021, el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dict\u00f3 fallo mediante el cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb que propuso al contestar la demanda, ya que, seg\u00fan alega, \u00abno fue parte de los contratos de promesa de compraventa\u00bb. Dicha decisi\u00f3n fue apelada por la demandante, sin que en el escrito de sustentaci\u00f3n se tocara el tema de la \u00abcoligaci\u00f3n de contratos\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, el 16 de marzo de 2023, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, para en su lugar, declarar no configuradas las excepciones propuestas por las demandadas, neg\u00f3 las pretensiones de la reconvenci\u00f3n planteada por \u00abWellness Center MDI Marino S.A.S.\u00bb, y accedi\u00f3 a declarar terminados y resueltos los contratos celebrados entre esta \u00faltima y la demandante Kloch Convers; as\u00ed como el de vinculaci\u00f3n al encargo fiduciario con la Fiduciaria BBVA Asset Management; y, finalmente, las conden\u00f3, de manera solidaria, a devolver a la all\u00ed promotora la cantidad de \u00ab$773\u2019326.101.oo, correspondiente a la suma indexada que esta deposit\u00f3 como pago de los bienes prometidos en venta\u00bb. <\/p>\n
Cuenta que, present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, pero el tribunal deneg\u00f3 su concesi\u00f3n (auto de 1\u00ba junio de 2023), y mantuvo su decisi\u00f3n al resolver la reposici\u00f3n; por su parte, indica que, la Sala de Casaci\u00f3n Civil con auto AC2385-2023 de 22 de agosto de 2023 (al pronunciarse frente al recurso de queja formulado), declar\u00f3 bien denegado el recurso extraordinario, tras encontrar que no estaba colmada la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, seg\u00fan el umbral econ\u00f3mico establecido en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La presente salvaguarda est\u00e1 dirigida concretamente contra la sentencia de segunda instancia, proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el asunto en cuesti\u00f3n. En ese sentido, alega que, la mencionada colegiatura resolvi\u00f3 abordando aspectos que, no solo no fueron objeto de la apelaci\u00f3n, ni de la decisi\u00f3n de primer nivel, sino que tampoco de la demanda inicial. <\/p>\n
En lo atinente, arguye que, \u00abel tribunal excedi\u00f3 su competencia, pues las normas procesales lo limitan \u00fanica y exclusivamente a los reparos concretos planteados ante el a quo y la sustentaci\u00f3n del recurso de alzada [\u2026] no pudo ejercer v\u00e1lidamente su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, habida cuenta que, los argumentos mediante los cuales se edific\u00f3 la condena, solamente fueron conocidos por primera vez y de manera sorpresiva en el fallo del ad quem, situaci\u00f3n que evidencia la may\u00fascula violaci\u00f3n de los derechos fundamentales [\u2026] pues la referencia a los contratos coligados solo aparece en la sentencia que se reprocha y por inclusi\u00f3n oficiosa del tribunal\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, el tutelado desatendi\u00f3 el principio de congruencia que consagra el art\u00edculo 281 del estatuto adjetivo, as\u00ed como la regla contenida en el 328 ejusdem, que limita la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos expuestos por el apelante. <\/p>\n
Por otro lado, aduce que la sentencia atacada constituye v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, ya que, el tribunal \u00abvalor\u00f3 inadecuadamente el contrato de promesa de compraventa al concluir que mi representada forma parte de este, a pesar que el documento que lo contiene no est\u00e1 firmado por ella. No existe prueba dentro del proceso que acredite que [\u2026] es parte del contrato [\u2026] en calidad de promitente vendedora, y en esa medida no puede ser objeto de condena por una resoluci\u00f3n de un contrato del cual no fue parte\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, se deje sin efecto \u00ab(\u2026) la sentencia del 16 de marzo de 2023 que revoc\u00f3 la sentencia proferida por el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 de 3 de diciembre de 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia recriminada, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la juridicidad de la determinaci\u00f3n adoptada, pues fue producto del an\u00e1lisis amplio del contexto procesal, de las pruebas y de la aplicaci\u00f3n de la normativa y jurisprudencia pertinente, \u00absin que tales consideraciones resulten constitutivas de alguna v\u00eda de hecho o puedan ser calificadas como arbitrarias, ilegales o caprichosas\u00bb. <\/p>\n
2. Adriana Kloch Convers, vinculada, por intermedio de apoderado se opuso a la prosperidad de la presente acci\u00f3n por cuanto, \u00ab(\u2026) el Tribunal le dio a la demanda una lectura integral, adecuada y acertada y su decisi\u00f3n no es antojadiza, arbitraria o grosera, ya que el negocio de compraventa de los inmuebles, el contrato de fiducia y la vinculaci\u00f3n de estos, da como resultado obvio, la de la relaci\u00f3n, conexidad, coligaci\u00f3n o nexos entre la relaci\u00f3n contractual\u00bb, adicionalmente, porque la demanda incumpli\u00f3 el requisito de la inmediatez, ya que, la sociedad demandante, \u00ab(\u2026) h\u00e1bilmente interpone adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja hasta llegar a hoy y creando 4 figuras para dilatar el termino y finalmente radicar la tutela. Se interpone la casaci\u00f3n cuando conoc\u00eda de antemano que era improcedente por la cuant\u00eda [\u2026] por tal raz\u00f3n los t\u00e9rminos de la inmediatez deben contarse desde el momento en que qued\u00f3 en firme la sentencia de segunda instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. La decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Circunscrita la Corte al problema jur\u00eddico planteado por la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed accionante, que se muestra inconforme con el veredicto que le fue adverso en segundo grado del juicio verbal de resoluci\u00f3n contractual, puntualmente porque, afirma, el tribunal excedi\u00f3 sus facultades como juez ad quem de la causa al abordar temas no desarrollados por la recurrente; tras revisar la determinaci\u00f3n criticada, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado como consecuencia del presunto desconocimiento del principio de congruencia por parte del accionado, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. La magistratura convocada, preliminarmente, comenz\u00f3 por recalcar que su competencia para desatar la alzada estaba limitada de conformidad con el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, por los argumentos del apelante, \u00absin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley\u00bb; a continuaci\u00f3n explic\u00f3 que, en todo caso, le concern\u00eda resolver al amparo de esa facultad oficiosa, comoquiera que, el punto central de la sentencia de primera instancia hab\u00eda sido la falta legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de la sociedad demandada. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que la pretensi\u00f3n cardinal era que se declarara que las sociedades incoadas incumplieron los contratos de promesa de compraventa y los otros\u00edes n\u00ba 1 y 2 suscritos el 1\u00ba de marzo de 2011, 8 de octubre de 2015 y 25 de enero de 2017, cuyo objeto final consist\u00eda en la transferencia de los apartamentos 206 de la torre 1 y 103 de la torre 3 del proyecto inmobiliario \u00abCondo Hotel Wellness Center\u00bb. En cuanto a los contratos, dijo el tribunal que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se puede afirmar que en ellos concurren las exigencias que consagra el art\u00edculo 1611 del C.C., subrogado por el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, puesto que constan por escrito, contienen un plazo para la celebraci\u00f3n del contrato definitivo, no son de aquellos que la ley califica como ineficaces y se determinaron los bienes por sus linderos generales y planos, como puede apreciarse en especial en el otros\u00ed No. 1, de tal forma que para su perfeccionamiento solo restaba observar la formalidad atinente a la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, detall\u00f3 m\u00e1s adelante que, las partes se hallaban en imposibilidad jur\u00eddica de cumplir con aquellos por un hecho sobreviniente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) acaecido desde el auto 294 de 22 de julio de 2015, emanado de la Corte Constitucional dentro del tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela donde le orden\u00f3 a la Superintendencia de Notariado y Registro que se abstuviera de \u201cinscribir cualquier t\u00edtulo, acto o negocio jur\u00eddico en el corregimiento de Arroyo Grande\u201d, lugar donde se encuentra ubicado el proyecto del que hacen parte los inmuebles materia del contrato de promesa de compraventa, lo que justifica jur\u00eddicamente que ninguno de ellos hubiese comparecido a la notar\u00eda a suscribir el contrato de compraventa, porque conforme a lo demostrado en el proceso, esa conducta omisiva provino de ambas partes, (\u2026). <\/p>\n
La citada medida provisional adoptada por la Corte Constitucional en el auto del 22 de julio de 2015 se torn\u00f3 definitiva y hasta que se defina el proceso de clarificaci\u00f3n de predios ordenado en la Sentencia T-601 de 2016. Al respecto, conforme lo expuso una de las convocadas como medio de defensa, la misma Corporaci\u00f3n mediante la sentencia de tutela de 2 de noviembre de 2016, que se alleg\u00f3 como prueba, al resolver sobre conservaci\u00f3n de la identidad y protecci\u00f3n de la vida de comunidades afrocolombianas, con ocasi\u00f3n al desplazamiento forzado a que han sido sometidas, materia de ese asunto, en el numeral tercero de la parte resolutiva le orden\u00f3 al Director de la Agencia Nacional de Tierras, en coordinaci\u00f3n con el Superintendente de Notariado y Registro y el Gerente del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazz\u00ed, realizar el proceso de clarificaci\u00f3n de la propiedad del predio Arroyo Grande; proceso \u00e9ste que, conforme al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994 tiene como finalidad, como su nombre lo indica, el de clarificar la situaci\u00f3n de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado. <\/p>\n
(\u2026) Las consecuencias de ese proceso de clarificaci\u00f3n no son otras que la de no poder inscribir en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria ning\u00fan acto o contrato, como se evidenci\u00f3 en la comunicaci\u00f3n que el 16 de julio de 2018 le dirigi\u00f3 la representante legal de la sociedad Wellness Center Marino a la ac\u00e1 demandante (\u2026) <\/p>\n
Tambi\u00e9n conlleva, el no poder generar folios individuales como lo dispone el art\u00edculo 52 de la Ley 675 de 2001, lo que de paso obstaculiza cualquier suscripci\u00f3n de contrato de compraventa, en otras palabras, sac\u00f3 de facto el bien del comercio hasta tanto se defina la cuesti\u00f3n, que son los efectos pr\u00e1cticos de esas Resoluciones y tambi\u00e9n es una prueba que para aquel 26 de abril de 2017 el predio prometido en venta no estaba en condiciones jur\u00eddicas para ser transferido en venta. <\/p>\n
En esas condiciones, no se puede afirmar que la incumplida fue la demandante al no haber comparecido a la notar\u00eda aquel 26 de abril de 2017, por el contrario, lo que aconteci\u00f3 fue un hecho sobreviniente que provino inicialmente de la autoridad Constitucional y luego de la Administrativa, que puso a \u00e9sta y al promitente vendedor en imposibilidad de cumplir. <\/p>\n
Luego, resalt\u00f3 que, si bien, las comentadas medidas decretadas por la Corte Constitucional afectaron el negocio, toda vez que lo obstaculiz\u00f3 hasta que la Agencia Nacional de Tierras cumpla con la clarificaci\u00f3n de los predios, mientras ello acontece, sostuvo el tribunal que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sus consecuencias no pueden ser trasladadas a la promitente compradora quien pag\u00f3 casi la totalidad del precio, cuyo saldo fue convenido para el otorgamiento de la escritura p\u00fablica, evento que no se dio por las razones anotadas; por tanto, no puede achac\u00e1rsele incumplimiento por no haber sufragado el precio convenido pues ello lo justifica una decisi\u00f3n prudente de protecci\u00f3n a sus propios derechos y patrimonio ante la incertidumbre creada por la compleja situaci\u00f3n ya referida. <\/p>\n
Lo acontecido con el predio puede ser considerado, para este caso, como un fen\u00f3meno de fuerza mayor que justifica el incumplimiento, pero no solo del promitente vendedor, sino tambi\u00e9n de la promitente compradora, en raz\u00f3n a que el contrato de promesa de compraventa se inici\u00f3 y gran parte se desarroll\u00f3 bajo la creencia soportada en que el folio de matr\u00edcula inmobiliaria no conten\u00eda afectaci\u00f3n alguna que impidiera la celebraci\u00f3n del contrato prometido (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para la colegiatura tutelada, no ser\u00eda posible la aplicaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, porque dicha norma legitima para demandar la resoluci\u00f3n al demandante cumplido, y por las circunstancias descritas, en este evento, a ninguna de las partes podr\u00eda d\u00e1rsele esa calificaci\u00f3n, es decir, lo que se evidenciaba era un incumplimiento rec\u00edproco de las obligaciones estipuladas. <\/p>\n
As\u00ed, para establecer la responsabilidad de BBVA Asset Managemet explic\u00f3 que, el 1\u00ba de agosto de 2011, suscribi\u00f3 con \u00abUrban Group Colombia S.A., Marco Marketing Consultans S.A.\u00bb y Alan Alberto Gonz\u00e1lez Varela (fideicomitentes), <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administraci\u00f3n, pagos y fuente de pagos, que se denomin\u00f3 \u201cFIDEICOMISO WELLNESS CENTER.MDI\u201d, para la construcci\u00f3n del proyecto as\u00ed denominado, acto jur\u00eddico que une a las citadas partes. <\/p>\n
A la parte demandante, con las mencionadas sociedades, la vincula el contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con la sociedad Urban Group Colombia S.A., inicialmente, respecto del apartamento 103 de la torre C, 203 de la torre A y 206 y 208 de la torre B a construirse en el Proyecto Condo Hotel Wellness Center, contratos posteriormente cedidos por el promitente vendedor y aceptados por la promitente compradora, donde tambi\u00e9n convino cambiar el objeto al apartamento 103 de la Torre 3 y 206 de la Torre 1, y simult\u00e1neamente la suscripci\u00f3n con la Fiduciaria BBVA del contrato de vinculaci\u00f3n para consignar los recursos como cliente de Urban Group S.A. <\/p>\n
De esa uni\u00f3n de contratos, todos dirigidos a un mismo fin, es lo que se denomina coligaci\u00f3n, que a voces de la Corte Suprema de Justicia [SC18476-2017], <\/p>\n
\u201cTr\u00e1tase de la utilizaci\u00f3n pr\u00e1ctica de las diferentes tipolog\u00edas contractuales, que se enlazan para conformar una unidad negocial inescindible, de modo que surgen entre las diversas formas aplicadas una relaci\u00f3n ya sea de mutua dependencia, ora de subordinaci\u00f3n, todo en procura de facilitar el intercambio de bienes y productos, la prestaci\u00f3n de servicios y el cr\u00e9dito.\u201d (\u2026) \u201cel coligamiento de contratos se da cuando hay lugar a la celebraci\u00f3n de dos o m\u00e1s convenciones, cada una sometida a las normas que la regulan y dirigida al fin que la caracteriza, pero que sirven a un prop\u00f3sito que las supera y arropa, cuyo logro s\u00f3lo es posible en virtud de su arm\u00f3nica conjunci\u00f3n.\u201d (\u2026) <\/p>\n
Al tenor de la jurisprudencia en cita, bien se puede afirmar que para el caso existe la coligaci\u00f3n de contratos que impon\u00eda, \u201ca quienes integren la cadena por ellos conformada, el deber de atender las obligaciones propias de las convenciones conjuntadas y, adicionalmente, las que se derivan de la integraci\u00f3n misma, entendida como sistema, particularmente, las relacionadas con su adecuada conformaci\u00f3n y su apropiado funcionamiento. De lo anterior se sigue que, por lo mismo, la acci\u00f3n mediante la cual se reproche al incumplido su conducta, cualquiera sea el deber que haya desconocido, ostenta el mismo linaje contractual\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 precisando que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las obligaciones contractuales que surgieron entre las partes al crear el fideicomiso con el prop\u00f3sito de construir el proyecto inmobiliario, la vinculaci\u00f3n al encargo fiduciario por parte de la demandante, as\u00ed como la promesa de compraventa y los otros\u00edes que \u00e9sta suscribi\u00f3 con los promitentes vendedores, para los efectos de este asunto, deben analizarse como contratos coligados con los efectos que ello genera\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, dentro del contrato de fiducia mercantil de 1\u00ba de agosto de 2011, BBVA Asset Management S.A., asumi\u00f3 obligaciones tales como, <\/p>\n
Comparecer, como vocera del Fideicomiso, al otorgamiento de las escrituras p\u00fablicas de compraventa para transferir la propiedad de las unidades resultantes del Proyecto a los Compradores. Para el efecto comparecer\u00e1n igualmente los Fideicomitentes como constructores y responsables del Proyecto.\u201d <\/p>\n
\u201c19. Llevar la personer\u00eda para la protecci\u00f3n y defensa de los bienes objeto del Fideicomiso, ejercer las acciones y en general prever los mecanismos y medidas de conservaci\u00f3n o recuperaci\u00f3n de los bienes objeto del negocio fiduciario, contra actos de terceros y a\u00fan de los Fideicomitentes, con cargo a los recursos del Fideicomiso.\u201d, obligaci\u00f3n tambi\u00e9n prevista en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1234 del C. de Co. <\/p>\n
\u201c22. Ejercer protecci\u00f3n del Fideicomiso, para lo cual contratar\u00e1, los profesionales que se requieran para ello, con cargo a los recursos del Fideicomiso. (\u2026)\u201d <\/p>\n
Dichas obligaciones y funciones tambi\u00e9n quedaron reproducidas en los numerales 8, 21 y 24 del otros\u00ed que le hicieron al contrato el 15 de enero y 17 de junio de 2016, <\/p>\n
De forma que, ante el inconveniente surgido a partir de lo dispuesto por la Corte Constitucional, para el tribunal, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hay duda que la sociedad fiduciaria desatendi\u00f3 su obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 2.2.1.2.1 de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica, para con quienes suscribieron contratos de vinculaci\u00f3n al encargo fiduciario y\/o los futuros compradores quienes ya hab\u00edan celebrado promesa de compraventa sobre planos, en este caso, la se\u00f1ora Adriana Kloch Convers, puesto que en ning\u00fan momento le puso en conocimiento la situaci\u00f3n que se present\u00f3 con el predio y de la que ya se ha hecho alusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, si bien la demandante se enter\u00f3 de la situaci\u00f3n surgida a ra\u00edz de la determinaci\u00f3n de la Corte Constitucional, la sociedad fiduciaria ten\u00eda conocimiento del asunto desde un a\u00f1o antes, es decir, lo inform\u00f3 tard\u00edamente, pero tambi\u00e9n le atribuye que fall\u00f3 en, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el deber de protecci\u00f3n y defensa del bien por parte de la fiduciaria, obligaci\u00f3n a su cargo por cuanto as\u00ed qued\u00f3 estipulado en el contrato de fiducia y sus otros\u00edes, al convenirse como una de ellas la de: \u201cLlevar la personer\u00eda para la protecci\u00f3n y defensa de los bienes objeto del Fideicomiso, ejercer las acciones y en general prever los mecanismos y medidas de conservaci\u00f3n o recuperaci\u00f3n de los bienes objeto del negocio fiduciario, contra actos de terceros y a\u00fan de los Fideicomitentes, con cargo a los recursos del Fideicomiso.\u201d; actos todos \u00e9stos que aparecen ausentes de prueba, pese a que en la misiva se hizo alusi\u00f3n de contrataci\u00f3n de abogados expertos en la materia, empero, no existe el m\u00ednimo medio probatorio de su intervenci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite administrativo, v\u00eda expedita para tal fin, cuando de conformidad con el Decreto 1465 de 2013, reglamentario de la Ley 160 de 1994, la carga de la prueba la tienen los interesados, en este caso, quien aparece como propietario del bien. Ac\u00e1, s\u00f3lo se observa la interposici\u00f3n de recurso contra la nota devolutiva de registro y promoci\u00f3n de acciones de tutelas, pero por parte de la sociedad Wellness Center MDI Marino S.A.S. <\/p>\n
Entonces, sin ahondar en el incumplimiento que se le enrostra en los hechos de la demanda, lo anotado resulta suficiente para concluir que la sociedad fiduciaria, frente al proceso de clarificaci\u00f3n de la propiedad del bien, como profesional especializado, falt\u00f3 a sus deberes y obligaciones, no actu\u00f3 de manera diligente, con el cuidado de un buen hombre de negocios, como lo afirma la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, permiti\u00f3 que el bien quedase afectado dentro de ese proceso, sin haber emprendido, como ya se dijo, acciones legales eficaces, contra el acto administrativo que as\u00ed lo dispuso, con lo desatendi\u00f3 lo previsto en el C\u00f3digo de Comercio, el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Por todo, concluy\u00f3 que, le asist\u00eda raz\u00f3n a la recurrente en cuanto a que la fiduciaria incumpli\u00f3 obligaciones relacionadas con la transparencia, claridad e informaci\u00f3n, de cara a brindarle garant\u00edas a los compradores frente a su inversi\u00f3n, por lo cual, <\/p>\n
(\u2026) De las excepciones propuestas. Al revocarse la providencia de primera instancia surge la necesidad de efectuar pronunciamiento en relaci\u00f3n con los medios de defensa que invocaron los demandados. <\/p>\n
Lo considerado hasta ahora, evidencia que no prosperan las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva que propuso la sociedad fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT\u00bb. <\/p>\n
3.2. De conformidad con lo transcrito, como se anticip\u00f3, la protecci\u00f3n constitucional no puede prosperar, toda vez que, contrario sensu a lo alegado por la sociedad actora, el fallo recriminado no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie la salvaguarda suplicada, en tanto que, la magistratura acusada tras analizar el recaudo probatorio y el contexto procesal, explicit\u00f3 las razones por las cuales advert\u00eda que a aqu\u00e9lla le era endilgable responsabilidad frente al incumplimiento de los contratos en cuesti\u00f3n, es decir, que s\u00ed contaba con legitimaci\u00f3n en la causa, contrario a lo razonado por el a quo. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, y en lo que es objeto de la queja, es cierto que el juez de segundo grado debe limitarse a los reparos espec\u00edficos de quien propone la apelaci\u00f3n, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley (\u2026)\u00bb, empero, esa restricci\u00f3n no es absoluta, pues, en algunos eventos le incumbe adentrarse en aspectos \u00edntimamente ligados con aquellos que son objeto de impugnaci\u00f3n, cuyo an\u00e1lisis resulta inescindible de cara a la decisi\u00f3n o por estar conectados con los motivos de inconformidad. <\/p>\n
Es decir, la incursi\u00f3n en el estudio de aspectos subyacentes responde a la obligaci\u00f3n que le asiste al colegiado de examinar de manera panor\u00e1mica la litis, si advierte que la decisi\u00f3n revisada es susceptible de modificarse. <\/p>\n
En precedencia, ante un reclamo de similar tenor, se dijo: \u00abDicho en otras palabras, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, al salir avante la apelaci\u00f3n, el ad quem adquiri\u00f3 competencia para examinar los contornos del debate frente a la parte vencida en segundo grado y que no impugn\u00f3, por lo que la infracci\u00f3n al art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no se configura en los t\u00e9rminos alegados por los accionantes\u00bb (CSJ, STC15568-2018, 28 nov. 2018, rad. 03512-00). <\/p>\n
Entonces, si el aqu\u00ed accionado actu\u00f3 bajo esos par\u00e1metros, no es posible atribuirle vulneraci\u00f3n de prerrogativa alguna o incursi\u00f3n en v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos alegados por la tutelante frente a ese t\u00f3pico. <\/p>\n
Ahora bien, sobre la competencia del superior, esta Corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 en sede ordinaria refiri\u00e9ndose a las disposiciones adjetivas que aluden, por un lado, al principio de congruencia, y de otro, a la resoluci\u00f3n de excepciones, contenidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, normativas que se replicaron en el C\u00f3digo General del Proceso; as\u00ed, en sentencia de casaci\u00f3n CSJ SC9141-2014, 14 jul. rad. 2006-00076-01, citada en STC5271-2015, 4 may. rad 00861-00 expuso que, <\/p>\n
\u00abha de recordarse que los art\u00edculos 305 y 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le ordenan, el primero, que su decisi\u00f3n guarde consonancia con \u201clas excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d, y el segundo, que cuando \u201challe probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia\u201d. (\u2026). Es \u00e9sa la doctrina de la Corte: \u201cla actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, est\u00e1 regulada por cuatro vectores cuya conjugaci\u00f3n delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando as\u00ed lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas o m\u00e1s all\u00e1 de lo solicitado o cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador desde\u00f1a pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero que, por disposici\u00f3n legal, deb\u00edan ser objeto de decisi\u00f3n oficiosa.\u201d (Sent. Cas. Civ. 16 de diciembre de 2010, Exp. 1997 11835 01)\u00bb Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De manera que, como la excepci\u00f3n propuesta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva triunf\u00f3 en primera instancia, el ad quem al considerarla infundada, le correspond\u00eda pronunciarse sobre los dem\u00e1s medios exceptivos y efectuar un an\u00e1lisis m\u00e1s amplio del pleito; en tal sentido, en una tutela anterior, se dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [282 en el C\u00f3digo General del Proceso], la autoridad jurisdiccional accionada al encontrar que no prosperaba la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada, deb\u00eda pronunciarse sobre todos los medios exceptivos y su fundamento, como as\u00ed lo ha sostenido la Sala, \u201cciertamente es deber del superior, una vez considera infundada la defensa que el a quo hall\u00f3 probada a fin de rechazar todas las pretensiones, ocuparse de despachar las dem\u00e1s \u2018aunque quien la[s] aleg\u00f3 no haya apelado la sentencia\u201d\u00bb (CSJ, 15 jul. 2010, rad 00196-01, reiterado en STC, 21 mar. 2013, rad. 00987-01, STC, 11 abril 2014, rad. 00281-02 y STC5619-2015, 8 may. rad. 00204-01). <\/p>\n
En definitiva, es evidente que la pretensi\u00f3n de la sociedad tutelante se ci\u00f1\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver lo puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis reprochada. De lo dicho, la Sala en precedencia ha indicado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 el auxilio porque, adem\u00e1s de que la decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda por advertirse razonable, no se observa la extralimitaci\u00f3n denunciada respecto del ad quem al resolver la \u00abalzada\u00bb, ya que, actu\u00f3 al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 282 y 328 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13196-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13196-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04494-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}