STC13207-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13207-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 4 de septiembre de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Blanca Rosa C\u00e1rdenas Cruz contra el Juzgado Civil Circuito de Gachet\u00e1 y el Despacho Promiscuo Municipal de Guasca. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2019-00033-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. La promotora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene <\/p>\n
2.1. Luis Leonardo Salinas L\u00f3pez demand\u00f3 -en proceso ejecutivo hipotecario- a Jorge Romero C\u00e1rdenas (Q.E.P.D.) y a la accionante con el fin de que se libre mandamiento de pago en su contra por la suma de $80.000.000 por el capital suscrito en sendas letras de cambio, adem\u00e1s, de los intereses moratorios causados y se ordene la venta en p\u00fablica subasta del inmueble \u00abubicado en jurisdicci\u00f3n de [\u2026] Guasca Cundinamarca, inscrito bajo el n\u00famero catastral 25-322-01-00-00-00-0054-0025-0-00-00000 con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 50N-324747\u00bb1. En efecto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Guasca -con auto del 23 de abril de 2019- resolvi\u00f3 admitir la demanda ejecutiva de menor cuant\u00eda con t\u00edtulo hipotecario, orden\u00f3 a la pasiva el pago de las sumas debidas en los t\u00edtulos ejecutivos, dispuso el embargo y secuestro sobre el bien objeto de cautela y decret\u00f3 el emplazamiento de los ejecutados2. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el despacho -con prove\u00eddo del 30 de julio de 2019- resolvi\u00f3 \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n para el cumplimiento de las obligaciones en el mandamiento de pago de fecha 23 de abril de 2019 [\u2026], para lo cual se ordena el aval\u00fao y posterior remate del inmueble embargado, previa solicitud de secuestro del mismo\u00bb3. Sin que se interpusieran recursos por parte del curador ad litem al respecto. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, Jorge Romero C\u00e1rdenas y la actora propusieron incidente de nulidad con fundamento en la causal 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar que el demandante ten\u00eda pleno conocimiento del \u00ablugar de residencia o domicilio de los demandados, [lo cual], se encuentra respaldado en el material probatorio recaudado y obrante en el expediente\u00bb4. Cumplido el respectivo tr\u00e1mite procesal, el juez de la causa \u2013con providencia del 15 de octubre de 2021- resolvi\u00f3 denegar lo requerido y orden\u00f3 que el asunto sub examine contin\u00fae su curso5. Inconforme con lo decidido, la pasiva impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n6, el cual, fue concedido en el efecto devolutivo7. <\/p>\n
2.4. El Juzgado Civil del Circuito de Gachet\u00e1 -con auto del 15 de junio de 2023- dispuso confirmar lo resuelto por el a quo8. <\/p>\n
2.5. Censur\u00f3 que con las decisiones de instancia, le fue vulnerado su derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la defensa, pues a pesar de \u00abhaberse suministrado una direcci\u00f3n en el ac\u00e1pite de notificaciones, dentro de las presentes diligencias no obra constancia alguna de haberse intentado dicha notificaci\u00f3n y mucho menos obra constancia alguna de la compa\u00f1\u00eda de correo [\u2026] de haberse intentado efectuar la notificaci\u00f3n en los t\u00e9rminos como lo ordena la ley\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se decrete \u00abla nulidad de todo lo actuado, a partir del auto mediante el cual se admiti\u00f3 la demanda y se libr\u00f3 mandamiento de pago\u00bb. Y, se ordene al \u00abjuez Promiscuo Municipal de Guasca a notificar en forma personal a los demandados dentro del proceso ejecutivo 2019-00033\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Circuito de Gachet\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abse remite a las argumentaciones dadas en la providencia judicial que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Despacho Promiscuo Municipal de Guasca indic\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno dentro del tr\u00e1mite sub examine, \u00abpor el contrario se ha procurado salvaguardar los mismos por lo que para la defensa de los intereses de los ejecutados se les design\u00f3 un curador que los representara\u00bb. Y, agreg\u00f3 que \u00aben aras de verificar si era cierto que se pod\u00edan notificar los ejecutados a los lugares que figuran en los documentos anexos a la demanda, se decret\u00f3 una prueba de oficio mediante auto del 28 de octubre de 2.020 (cuaderno 2, folio 13) y se hicieron los requerimientos a que hubo lugar\u00bb. <\/p>\n
3. Luis Leonardo Salinas L\u00f3pez se pronunci\u00f3 frente a cada uno de los hechos expuestos por la tutelante y concluy\u00f3 en oponerse a lo pretendido, dado que \u00abno se viol\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental, porque como quedo demostrado al momento de realizarse la diligencia de secuestro el d\u00eda 28 de noviembre del a\u00f1o 2019, all\u00ed no se encontr\u00f3 domiciliado a ninguna de los demandados, sino a los arrendatarios quienes manifestaron tener el domicilio desde hace 3 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, se\u00f1al\u00f3 que las decisiones objeto de queja hayan sido producto de \u00abun desvar\u00edo que amerite la intervenci\u00f3n constitucional suplicada por la gestora del amparo, desde que, por m\u00e1s reparos que merezca esas elucidaciones [\u2026] a la quejosa, en una situaci\u00f3n como la que enfrent\u00f3 la parte y asumi\u00f3 el juzgador, lo cierto es que a las conclusiones a que arrib\u00f3 no lucen descabelladas o arbitrarias, lo que de suyo repele el \u00e9xito del amparo, cuya procedibilidad, cuando de decisiones judiciales se trata, est\u00e1 supeditado a que la actuaci\u00f3n de los juzgadores constituya una \u201cv\u00eda de hecho\u201d, es decir, cuando aquella desconozca abiertamente el derecho objetivo o la materialidad del litigio mismo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
La gestora funda su inconformidad en argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. <\/p>\n
2. Se advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado, en raz\u00f3n al incumplimiento del requisito aludido. Ello, en la medida que la accionante cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, con fundamento en la causal 7\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso9 contra lo cumplido al interior del juicio sub examine. Por lo tanto, la gestora tiene la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. As\u00ed las cosas, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa estipulados al interior del tr\u00e1mite. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 44 a 48 del archivo PDF \u00ab001. DemandaySiguientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 52 a 54. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 88 a 89. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 3 a 9 del archivo PDF \u00ab001. Nulidad\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folios 32 a 37. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 39 a 49. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 51. Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00ab04Auto15Junio2023ConfirmaAuto\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Art. 355. Son causales de revisi\u00f3n: [\u2026] 7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
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