STC13215-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13215-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal Hom\u00f3loga de esta Corporaci\u00f3n el 4 de julio de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Milena Santa Giraldo contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y la Sala Penal del Tribunal Superior \u2013ambos de Medell\u00edn-. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de igualdad, dignidad humana y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. Por hechos ocurridos el 16 de marzo de 1997, Wilson Osorio Moncada, Jorge Enrique Villegas Mej\u00eda y la actora fueron condenados por el Juzgado Regional de Medell\u00edn \u2013con sentencia del 26 de marzo de 1999- a la pena de 37 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 108 SMLMV por haber sido hallados responsables, en el grado de coautores del delito de secuestro extorsivo agravado, tr\u00e1fico de armas y municiones de defensa personal y hurto calificado y agravado1. <\/p>\n
2.1. Inconformes con lo determinado, los defensores de los sentenciados apelaron la decisi\u00f3n. La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 modific\u00f3 la condena en lo concerniente a la pena de Jos\u00e9 Andr\u00e9s Toro Zapata y Sandra Milena Santa Giraldo, fij\u00e1ndola en 36 a\u00f1os y 8 meses de prisi\u00f3n2. Surtidos algunos tr\u00e1mites, la sentenciada \u2013aqu\u00ed accionante- solicit\u00f3 ante el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de Seguridad de esta ciudad, la redosificaci\u00f3n de la pena. En consecuencia, -el 2 de agosto de 2017- el Juzgado ejecutor de la condena, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad redosific\u00f3 el quantum punitivo en 35 a\u00f1os y 8 meses de prisi\u00f3n, entre otras, decisi\u00f3n que no fue objeto de recursos3. <\/p>\n
2.2. La promotora censur\u00f3 que el \u00abJuzgado Noveno se neg\u00f3 a aplicar el principio de favorabilidad, en providencia del 2 de agosto de 2017, por ocurrencia de unas normas que jam\u00e1s entend\u00ed y en una providencia que no tuve\u2026forma alguna de apelar\u00bb. Raz\u00f3n por la cual present\u00f3 nueva solicitud ante el Juzgado de Penas accionado, que fue negada el 13 de junio de 2022 y confirmada por el Tribunal el 15 de febrero de 2023, por lo que \u00ab[e]stim\u00f3 vulnerado por los accionados el alejarse del mandato constitucional de la favorabilidad penal y del principio de igualdad ante la ley y las circunstancias derivadas de su aplicaci\u00f3n\u2026todo ello a cambio de resguardarse en una interpretaci\u00f3n relativa al concepto de Cosa Juzgada. Peor aun cuando terminan aduciendo que [su] aplicaci\u00f3n\u2026depend\u00eda que yo, pobre, reclusa ignorante, en condiciones de inferioridad, hubiera interpuesto recursos a la decisi\u00f3n del Juzgado Noveno de Penas de Bogot\u00e1, que a su antojo vari\u00f3 la pena\u00bb. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se amparen sus derechos y que se \u00abordene y se disponga la readecuaci\u00f3n de mi Condena de Prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
Las autoridades judiciales accionadas, en escritos separados, defendieron la legalidad de sus actuaciones y remitieron las providencias rebatidas. Por su parte, la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas Especializada de Medell\u00edn solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Jes\u00fas Arcelio Alcaraz Escudero, respald\u00f3 las pretensiones de la tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional neg\u00f3 por improcedente la salvaguarda impetrada. Estim\u00f3 que \u00abla demandante pudo controvertir la dosificaci\u00f3n punitiva contenida en la decisi\u00f3n del 2 de agosto de 2017 a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, presentando argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela. Sin embargo, como advirti\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn, el auto cuestionado no fue impugnado\u00bb. Sumado a que \u00ablos autos objeto de reproche estuvieron precedidos del an\u00e1lisis serio y ponderado de la controversia planteada y de la aplicaci\u00f3n normativa pertinente\u2026no hay duda que la redosificaci\u00f3n que pretende la demandante ya fue resuelta el 2 de agosto de 2017 por la autoridad competente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. Refiri\u00f3 que \u00abno estoy conforme con el fallo, porque mi derecho a la igualdad es evidente y su reconocimiento es de elemental justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Escrutado el material probatorio, se advierte que la censura respecto al auto proferido por el Juez Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas de esta ciudad -el 2 de agosto de 2017-que modific\u00f3 la pena de prisi\u00f3n en 35 a\u00f1os y 8 meses, en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, no satisface el presupuesto de subsidiariedad. Ello pues, la actora desperdici\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que ten\u00eda a su alcance para censurar la decisi\u00f3n que ahora busca derruir en sede superlativa. Se reitera, ello resulta inviable en raz\u00f3n al car\u00e1cter residual sobre el que est\u00e1 erigido este sendero excepcional. <\/p>\n
2. A lo anterior se suma el incumplimiento del presupuesto de inmediatez exigido para la procedencia de la salvaguarda. Esto, comoquiera que el prove\u00eddo atacado que modific\u00f3 y redosific\u00f3 la condena fue proferido por el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas \u2013vinculado- el 2 de agosto de 2017 y la presente tutela se instaur\u00f3 el 20 de junio de 20236. Esto es, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional, sin que se evidencie la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito7. <\/p>\n
Al respecto, se aclara lo que viene. Si bien ante el Juzgado 1\u00b0 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn, la promotora solicit\u00f3 nuevamente la redosificaci\u00f3n de la pena, -negada con prove\u00eddo del 13 de junio de 2022-, lo cierto es que la Corporaci\u00f3n atacada confirm\u00f3 lo determinado -el 15 de febrero de 2023- en raz\u00f3n a que \u00abla readecuaci\u00f3n de la pena en virtud de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad\u2026fue debidamente resuelta por el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 el dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017) y esa providencia qued\u00f3 en firme8\u00bb, de lo cual se deduce que esta \u00faltima providencia no defini\u00f3 el asunto. Y, por ende, no extiende el t\u00e9rmino para presentar la acci\u00f3n de tutela. Esto pues, las \u00abfalencias de los interesados en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del respectivo proceso no excusan el requisito de interposici\u00f3n oportuna de esta acci\u00f3n excepcional y subsidiaria\u00bb (CSJ STC521-2022, recientemente reiterada en CSJ STC8735-2023). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno 01PrimeraInstancia. Carpeta C01Principal. Subcarpeta DocumentosApoyo. Pdf01SentenciaPrimera. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno 01PrimeraInstancia. Carpeta C01Principal. Subcarpeta DocumentosApoyo. Pdf02SentenciaSegunda. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Cuaderno 01PrimeraInstancia. Carpeta C01Principal. Subcarpeta DocumentosApoyo. Pdf04ReadecuacionSandra. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta 01PrimeraInstancia. Cuaderno C01Principal. Subcarpeta Ejecucion. Documento pdf.047Auto1791NiegaReadecuacionPena. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Documento pdf 0002Demanda. Expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Ver: CSJ STC12196-2014, 11 de septiembre, rad. 01892-00. STC2710-2015, 12 mar., rad. 00505-00. STC1837-2023, 1\u00ba de mar., rad. 2023-00002-01. <\/p>\n
8\u0002 Carpeta 02SegundaInstancia. Cuaderno C02ApelacionAuto. Documento pdf.003AutoResuelveApelacion. Expediente digital. <\/p>\n
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