STC13220-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13220-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2023-00164-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil\u2013Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 12 de octubre de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por J.L.B.V -en calidad de agente oficioso de sus hijas menores1 L.D.B.C., y D.Z.B.O- contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2023-00164. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. M.G.C -en representaci\u00f3n de su hija L.M.B.G- promovi\u00f3 proceso ejecutivo de alimentos en contra del actor. Una vez repartida la demanda, el juzgado accionado \u2013con auto del 17 de mayo de 2023- libr\u00f3 orden de pago a favor de la parte ejecutante por la suma de $1.368.559. Y decret\u00f3 el embargo correspondiente al 30% del sueldo del ejecutado. En raz\u00f3n de lo anterior, el accionante contest\u00f3 la demanda y plante\u00f3 excepciones. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que elev\u00f3 solicitud ante el Juzgado accionado a fin de obtener la reducci\u00f3n del embargo al 16%, en atenci\u00f3n a que debe salvaguardar los derechos de sus hijos en partes iguales. Se\u00f1al\u00f3 que ha reiterado varias solicitudes enfiladas a la reducci\u00f3n de la cuota de alimentos. Sin embargo, la autoridad convocada ha omitido los pedimentos. Y, en su lugar, fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 y 373 del C.G.P. <\/p>\n
2.2. Sostuvo que por acta de conciliaci\u00f3n lleg\u00f3 a un acuerdo de voluntades con la demandante en la que se fij\u00f3 una cuota de alimentos por la suma de $250.000, motivo por el cual, exigi\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar pues el acuerdo conciliatorio es una causal de terminaci\u00f3n del proceso. No obstante, el juez no se pronunci\u00f3 sobre las peticiones del tutelante, sino que resuelve mediante auto que no es procedente decretar la terminaci\u00f3n del proceso ni mucho menos reducir el porcentaje decretado. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se ordene al juzgado debatido reducir el embargo decretado del 30% al 16 % a fin de proteger los derechos de sus hijos en partes iguales. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica expres\u00f3 que \u00ablos argumentos que expone el tutelante para que se le reduzca el embargo decretado en este proceso es por la tenencia de otros hijos menores, los cuales no son v\u00e1lidos en un proceso ejecutivo, pues ac\u00e1 se est\u00e1 cobrando una deuda de cuotas alimentarias atrasadas\u00bb. Recalc\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante; adem\u00e1s el porcentaje fijado est\u00e1 acorde con los par\u00e1metros establecidos en el numeral 1\u00ba del art. 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia; es decir, la medida no es excesiva para reducirle la cuota alimentaria que valga decir, a\u00fan no se encuentra al d\u00eda con ellas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Constat\u00f3 que \u00ablos derechos fundamentales solicitado por el accionante no son procedentes, pues la solicitud realizada son disgustos relacionados con el proceso ejecutivo de alimentos para reducir las cuotas alimentarias, visto que, se est\u00e1 cobrando una deuda por cuotas alimentarias atrasadas con la menor, as\u00ed se logra apreciar en el dossier en auto que decide sobre la petici\u00f3n. De lo anterior, esta Sala es recurrente al recordar que la acci\u00f3n de tutela no es para saltarse la v\u00eda jurisdiccional correspondiente, ya que en este caso estamos al frente de un asunto con respecto al derecho de familia; como es la figura jur\u00eddica de reducci\u00f3n de cuota alimentaria que corresponde a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y no al Juez constitucional\u00bb. Asimismo, consider\u00f3 que \u00abla pretensi\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela conforme al derecho invocado del debido proceso no es id\u00f3nea y de manera acertada, pues la discusi\u00f3n ha sido debidamente contestada por el medio de auto explicativo por la cual no se puede realizar la reducci\u00f3n de cuota alimenticia, as\u00ed lo prueba el auto que decide sobre la petici\u00f3n, debe observarse que el juez de familia es quien conoce la situaciones propias del proceso ejecutivo de alimentos y determino la no procedencia de la reducci\u00f3n de la cuota de alimentos as\u00ed las cosas no existe compromiso de los derechos fundamentales incoados, adem\u00e1s ha respetado las garant\u00edas propias del juicio, as\u00ed como el derecho de contradicci\u00f3n y el debido proceso \u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor insiste en los argumentos plasmados en el escrito inicial. Aduce que \u00aben la cuota alimentaria se deben incluir no solo los alimentos, sino tambi\u00e9n los costos de vivienda (arriendo, servicios, educaci\u00f3n, salud, vestuario, recreaci\u00f3n, transporte y todo lo que el menor de edad necesite para su desarrollo integral. Esto equivale a un (16.6%) del salario para cada una de ella, sin ning\u00fan tipo de distinci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada por lo que viene. <\/p>\n
2. Se observa que el juzgado accionado \u2013con auto del 6 de septiembre de 20232- resolvi\u00f3 las solicitudes elevadas por el quejoso encaminadas a que \u00abse termine el proceso o en su defecto se reduzca el embargo decretado\u00bb. Al respecto, consider\u00f3 que <\/p>\n
desde mayo de 2021, hasta agosto de 2023, debi\u00f3 haber cancelado la suma $8.619.579, con las cuotas adicionales y los incrementos del IPC; sin embargo, el demandado solamente cancel\u00f3 17 cuotas por la suma de $250.000 mensuales, sin los incrementos respectivos y sin cancelar las cuotas adicionales; a ra\u00edz del presente proceso y la medida cautelar decretada se le han descontado dos cuotas por el guarismo de 862.781 cada una, es decir, la suma de $1.725.562; por consiguiente, lo pagado hasta ahora por el demandado asciende a la suma de $5.975.562 quedando un saldo por pagar de $2.644.017 hasta el mes de agosto del a\u00f1o en curso; esto sin incluir la morosidad de los intereses legales, los cuales se reflejan en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. En ese orden de ideas, no es procedente decretar la terminaci\u00f3n proceso ni reducir el porcentaje decretado; igualmente, los sujetos procesales deben enterarse que en esta clase de proceso se cobran las cuotas alimentarias vencidas y las que en lo sucesivo se causen tal como lo consagra el inciso 2\u00ba del art. 431 del C.G.P. <\/p>\n
Frente a esta determinaci\u00f3n, el actor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3. De lo anotado brilla el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Ello pues, el libelista no impetr\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 318 del C.G.P. contra la providencia recriminada. Y con ello, desperdici\u00f3 el mecanismo con que contaba para ejercer la defensa de sus derechos, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, respecto del planteamiento tocante con que se debe garantizar los alimentos de sus otras dos hijas, es preciso indicar que el actor \u2013si lo estima pertinente y cambian las condiciones- cuenta con la posibilidad de promover el proceso de reducci\u00f3n de cuota alimentaria a fin de exponer las razones que sustenten esa disminuci\u00f3n y poder cumplir con sus obligaciones. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Versi\u00f3n para las partes. En virtud del Acuerdo No. 034 del 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 16AUTO DECIDE PETICION.pdf. Expediente Juzgado. <\/p>\n
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STC13220-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13220-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2023-00164-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77679\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}