STC13222-2023 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13222-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01780-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 improcedente el amparo promovido por Felicia Mercedes Z\u00fa\u00f1iga de Pe\u00f1ate contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso laboral de radicado 47001310500520180039300. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la seguridad social y al m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Ana Margarita Navarro Cuao demand\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP), para que se ordenara el pago del 50% de la mesada pensional, por el fallecimiento de su compa\u00f1ero permanente Carlos Manuel Pe\u00f1ate Barros, pensionado de Puertos de Colombia, con quien procre\u00f3 a An\u00edbal y Ana Daniela Pe\u00f1ate Navarro, en los a\u00f1os 1990 y 2000, respectivamente. La demandante pidi\u00f3 que se integrara el contradictorio con Felicia Mercedes Z\u00fa\u00f1iga de Pe\u00f1ate y Fanny Esther Barliza Curvelo, quienes tambi\u00e9n reclamaron la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge y de compa\u00f1era permanente del fallecido. <\/p>\n
2.2. El 22 de noviembre de 2019, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta conden\u00f3 a la UGPP a reconocer y pagar el 50% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a Ana Margarita Navarro Cuao y Fanny Esther Barliza Curvelo, en un 25% para cada una, en su condici\u00f3n de compa\u00f1eras permanentes e indic\u00f3 que, cuando se extinguiera el derecho de Ana Daniela Pe\u00f1ate Navarro, este acrecentar\u00eda al de aqu\u00e9llas de manera proporcional; asimismo, el Juzgado neg\u00f3 las pretensiones de Felicia Mercedes Z\u00fa\u00f1iga de Pe\u00f1ate. <\/p>\n
2.3. El 29 de octubre de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, al resolver los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por la UGPP, Felicia Mercedes Z\u00fa\u00f1iga de Pe\u00f1ate y Fanny Esther Barliza Curvelo, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. <\/p>\n
2.4. Inconforme, la se\u00f1ora Z\u00fa\u00f1iga de Pe\u00f1ate interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, mediante sentencia CSJ SL277 del 21 de febrero de 2023, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral esta Corte no cas\u00f3 el fallo de segundo grado, debido a las graves deficiencias t\u00e9cnicas del recurso, que no fue posible subsanar de oficio. <\/p>\n
2.5. La actora considera que las determinaciones anteriores incurrieron en violaci\u00f3n directa de la ley y en defecto material o sustantivo, por evidente contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n y errores en la valoraci\u00f3n de la prueba y por desconocimiento del precedente judicial. <\/p>\n
3. Con sustento en lo narrado, pide dejarlas sin efectos y que se ordene realizar una nueva valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral solicit\u00f3 negar la tutela, dado que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con la t\u00e9cnica exigida y porque la decisi\u00f3n del Tribunal se fund\u00f3 en las pruebas aportadas al proceso, que evidenciaron que la ac\u00e1 actora no demostr\u00f3 su condici\u00f3n de beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2. La UGPP inst\u00f3 negar la tutela, porque ning\u00fan derecho fundamental de la gestora vulner\u00f3. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, dado que no cumpli\u00f3 con el presupuesto de la subsidiaridad, en tanto en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segundo grado se incurri\u00f3 en graves deficiencias t\u00e9cnicas, que impidieron abordar de fondo el asunto. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora reiter\u00f3 lo dicho en la tutela y agreg\u00f3 el recurso extraordinario s\u00ed cumpli\u00f3 con la t\u00e9cnica exigida, circunstancia que el juez constitucional pas\u00f3 por alto. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. En efecto, en la sentencia CSJ SL277-2023, la Sala accionada expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal, por falta de t\u00e9cnica en el medio de impugnaci\u00f3n extraordinario formulado. <\/p>\n
Al respecto, manifest\u00f3 que el recurso presentaba graves deficiencias, imposibles de subsanar de oficio, por raz\u00f3n del car\u00e1cter dispositivo, pues, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 90 del CPTSS, aqu\u00e9l debe reunir una serie de requisitos que permitan a la Corte revisar la legalidad de la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
En ese sentido, sostuvo que la acusaci\u00f3n contra la sentencia de segundo grado debe ser clara, racional y l\u00f3gica y, adem\u00e1s, debe existir una demostraci\u00f3n efectiva y real de la transgresi\u00f3n de la ley sustancial de alcance nacional, porque el fin de la casaci\u00f3n no reside en desplegar meras interpretaciones discordantes u opuestas a las del Tribunal, sino en acreditar sus yerros, lo cual la actora omiti\u00f3 por completo, en tanto se limit\u00f3 a se\u00f1alar que convivi\u00f3 con el causante durante m\u00e1s de 5 a\u00f1os en cualquier \u00e9poca y que, por ser la c\u00f3nyuge, ten\u00eda derecho a la sustituci\u00f3n pensional. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, al margen de lo anterior, el fallo del juez ad quem se ciment\u00f3 sobre los medios de prueba aportados al proceso, cuya apreciaci\u00f3n permiti\u00f3 evidenciar que no estaba acreditada la convivencia entre la recurrente y el causante, circunstancia que imposibilit\u00f3 acreditar su condici\u00f3n de beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 v\u00e1lidamente con fundamento en el art\u00edculo 61 del CPTSS, de modo que no se incurri\u00f3 en ning\u00fan error de hecho protuberante, garrafal o manifiesto en la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas del proceso, conforme a la facultad de libre formaci\u00f3n del convencimiento que le asist\u00eda, sin que la recurrente hubiere logrado derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que amparaba la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida despu\u00e9s de una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones correspondientes, la normatividad que gobierna el recurso de casaci\u00f3n y la jurisprudencia aplicable, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. En efecto, la Sala accionada estableci\u00f3 motivadamente, de un lado, que la demanda de casaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con la t\u00e9cnica exigida y ello impidi\u00f3 que el juez emitiera un pronunciamiento de fondo y, de otro, que el Tribunal profiri\u00f3 su decisi\u00f3n con fundamento en el material probatorio allegado al proceso, a partir del cual y concluy\u00f3 que la demandante no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa, entre la decisi\u00f3n controvertida y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro y determine cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio de la actora sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada; m\u00e1xime, teniendo en cuenta que el recurso de casaci\u00f3n present\u00f3 serias deficiencias t\u00e9cnicas, que impidieron un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado del asunto, omisiones que no pueden sanearse en sede de tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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