STC13225-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13225-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04433-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edgar Eduardo Galvis, quien dice actuar en representaci\u00f3n de Olivia Trujillo Gir\u00f3n y como agente oficioso de Nilce In\u00e9s Trujillo contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Casanare y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Orocu\u00e9 (Casanare). Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de apoyo judicial de radicado 2022-00031-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. El actor narra que actu\u00f3 como apoderado de Olivia Trujillo Gir\u00f3n en el juicio 2022-00031-00, en el cual, interpuso demanda de \u00abadjudicaci\u00f3n judicial de apoyos, en favor de la hermana de esta, [\u2026] Nilce In\u00e9s Trujillo Gir\u00f3n, quien de acuerdo con el diagn\u00f3stico m\u00e9dico sufre demencia tipo Alzheimer la cual produce discapacidad mental permanente\u00bb. Asunto que fue tramitado ante el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Orocu\u00e9. <\/p>\n
2.1. Refiere que al interior de la causa se orden\u00f3 \u00abla valoraci\u00f3n por un profesional de salud mental adscrito a la EPS, para determinar la condici\u00f3n actual\u00bb. Manifiesta que el 25 de noviembre de 2022, aport\u00f3 documento del \u00abresultado de la consulta de psiquiatr\u00eda, como consulta particular, debido a que la EPS [\u2026] no asign\u00f3 cita con esa instituci\u00f3n especializada en Casanare, en este tipo de servicios\u00bb. Seguidamente, menciona que el despacho -con auto del 23 de diciembre de 2022- reiter\u00f3 el requerimiento de \u00abvaloraci\u00f3n por psiquiatr\u00eda\u00bb, con el agregado de que \u00abes para determinar el estado de salud mental con la finalidad que pueda asumir el cargo de tutora de su hermana\u00bb. Se\u00f1ala que el 6 de enero de 2023 el hogar geri\u00e1trico donde permanece Nilce In\u00e9s remiti\u00f3 informe sobre los cuidados y atenciones de su hermana. Seguidamente, indica que el 2 de febrero de la presente anualidad \u00abse reitera la orden probatoria, pero esta vez en el sentido de aportar certificaci\u00f3n m\u00e9dica por la especialidad de psiquiatr\u00eda de la EPS, a la cual estaba adscrita [\u2026] para determinar su capacidad para asumir el cargo de tutora de su hermana [\u2026], m\u00e1s la certificaci\u00f3n de la afiliaci\u00f3n a salud\u00bb. No obstante, acota que \u00abel Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, nunca dio orden a la EPS, a la cual est\u00e1 afiliada la demandante [\u2026] m\u00e1s la certificaci\u00f3n de la afiliaci\u00f3n a salud\u00bb. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el juez de conocimiento -con auto del 13 de abril de 2023- resolvi\u00f3 \u00abdecretar el desistimiento t\u00e1cito\u00bb1. Inconforme con lo determinado, interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n2. El funcionario de la causa -con prove\u00eddo del 19 de mayo siguiente- dispuso \u00abno reponer la decisi\u00f3n del 13 de abril de 2023\u00bb y, concedi\u00f3 el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo\u00bb3. <\/p>\n
2.3. El Tribunal de Casanare -con decisi\u00f3n del 27 de septiembre de 2023- confirm\u00f3 la providencia del a quo4. <\/p>\n
2.4. Censura que no se consider\u00f3 por los estrados judiciales el \u00abcontenido material de la norma positiva, con lo cual finalmente se dio prosperidad al desistimiento t\u00e1cito, sin consideraci\u00f3n a que el inciso final del Art. 317 del C. G. del P., impone una limitante a la aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica en procura de garantizar los derechos fundamentales de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad como ocurre en el presente caso, con lo cual adem\u00e1s se afecta el m\u00ednimo vital a que tiene derecho la se\u00f1ora Nilce In\u00e9s Trujillo Gir\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, estima que con \u00abla aplicaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito, se deja en espera por 6 meses, la posibilidad de interponer nuevamente la demanda, sin consideraci\u00f3n a las condiciones econ\u00f3micas y de salud de Nilce In\u00e9s Trujillo Gir\u00f3n, quien es pensionada y ante su condici\u00f3n de salud, no ha podido acceder a las mesadas respectivas, pero sobrevive, junto con su hermana [\u2026] de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n que esta recibe, la cual es insuficiente para atender las necesidades de preservaci\u00f3n del m\u00ednimo vital para las dos\u00bb. Y, cuestiona que los \u00abfuncionarios judiciales [\u2026] no tuvieron en cuenta, el Art. 38 de la Ley 1996 de 2019, contentiva del procedimiento para el tr\u00e1mite del proceso en forma puntual y el contenido del Art. 317, numeral 1, en concordancia con el numeral 2, literal h, inciso final del C. G. del P., por que dicha norma establece lo siguiente: \u00ab\u2026El presente art\u00edculo no se aplicar\u00e1 en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial\u00bb\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se revoquen las providencias emitidas en sede de instancia \u00aby en su reemplazo [se] decida lo que corresponda para garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y especialmente al m\u00ednimo vital, para que la discapacitada pueda disponer de los recursos econ\u00f3micos necesarios para su supervivencia a trav\u00e9s de la persona a la que se asigne la responsabilidad de ser su cuidadora, conforme el inciso 2 del art. 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Orocu\u00e9 manifest\u00f3 que algunas de las quejas rese\u00f1adas \u00abno fueron expuest[as] durante el proceso\u00bb. Adem\u00e1s, que lo dictado fue analizado bajo el an\u00e1lisis de las piezas suscritas en el expediente. Y, agreg\u00f3 que \u00absituaci\u00f3n distinta es que no haya sido del agrado del accionante el que este juzgado y la segunda instancia no hayan acogido sus argumentos\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Se anuncia el fracaso de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2. En efecto, del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se evidencia que el promotor no es el titular de los derechos cuya vulneraci\u00f3n se alega. Adem\u00e1s, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLa legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC6069-2022). <\/p>\n
2.2. En ese orden, son las partes intervinientes en los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios. De tal manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitado por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto5. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el accionante no es el titular de las garant\u00edas fundamentales que se buscan proteger, sino que figura como apoderado de la parte demandante en el proceso recriminado6. Empero, no alleg\u00f3 poder especial ni acredit\u00f3 que se dieran las condiciones para actuar como agente oficioso. De este modo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARAR IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notificar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab024Auto13Abril2023DecretaDesistimientoTacito\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab025Recurso\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab027AutoMayo19Mayo2023ResuelveRecurso-NoRepone_ConcedeApelacion\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab03FamiliaDesistimientoDecisionSegundaInstancia27Sept2023-202200003101\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) <\/p>\n
(Se subraya). <\/p>\n
6\u0002 Folio 15 del archivo PDF \u00ab001DemandaAnexos\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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