STC13226-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13226-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-04416-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Herlinda Aya Monta\u00f1a contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La tutelante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados en el juicio de radicado 23001312100120150018800 (01). <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Direcci\u00f3n Territorial C\u00f3rdoba present\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n de tierras a favor de Oscar Antonio Altamiranda Salgado, Luis Eduardo Espitia Delgado, Jos\u00e9 Manuel Anaya D\u00edaz y Gabriel Antonio Ocampo Mart\u00ednez, respecto de los predios denominados \u00abParcela I-1\u00bb, \u00abParcela O\u00bb, \u00abParcela Y\u00bb y \u00abParcela U\u00bb, esta \u00faltima identificada con el FMI n\u00b0 140-94865. <\/p>\n
2.2. Durante el tr\u00e1mite adelantado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda presentaron oposici\u00f3n Luis Fernando Elejalde Arbel\u00e1ez (respecto de las Parcelas \u00abI-1\u00bb, \u00abY\u00bb y \u00abU\u00bb) y Luz Herlinda Aya Montaya (sobre las Parcelas \u00abO\u00bb y \u00abU\u00bb), de manera que el 23 de agosto de 2016 se dispuso la remisi\u00f3n del proceso a la Corporaci\u00f3n accionada para la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.3. Mediante sentencia del 23 de agosto de 2022 el Tribunal accionado, entre otros, i) declar\u00f3 impr\u00f3speras las oposiciones de Luis Fernando Elejalde Arbel\u00e1ez y Luz Herlinda Aya Mont\u00f1a; ii) reconoci\u00f3 el derecho fundamental a la restituci\u00f3n y orden\u00f3 la restituci\u00f3n material de los inmuebles a Jos\u00e9 Manuel Anaya D\u00edaz y su n\u00facleo familiar y su compa\u00f1era permanente al momento del despojo Magalys del Carmen Correa Meza, de Gabriel Antonio Ocampo Mart\u00ednez y su n\u00facleo familiar y su compa\u00f1era permanente al momento del despojo Luisa Raquel Altamiranda Mart\u00ednez, de Oscar Antonio Altamiranda Salgado y su n\u00facleo familiar y su compa\u00f1era permanente al momento del despojo Jaifa Del Carmen Romero Vergara y de la sucesi\u00f3n l\u00edquida de Francisco Miguel Espitia Durango, representada por Luis Eduardo, Alba Rosa, Benjam\u00edn Antonio, Nilsa Isabel, Gledy Judith, German Antonio, Omaira Elena, Nelcy Catalina, Cristina Isabel Y Francisco Amador Espitia Delgado. <\/p>\n
2.4. Luis Fernando Elejalde Arbel\u00e1ez y Luz Herlinda Aya Monta\u00f1a presentaron solicitud para que se suspendiera de manera definitiva la entrega material de las parcelas \u00abY\u00bb, \u00abU\u00bb y \u00abI-1\u00bb, con fundamento en que, dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral subsiguiente al proceso penal seguido por fraude procesal y falso testimonio en contra de Gabriel Antonio Ocampo Mart\u00ednez, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Control de Garant\u00edas de Monter\u00eda hab\u00eda dispuesto mediante auto del 04 de julio de 2023 el restablecimiento del derecho a favor de Luz Herlinda Aya Monta\u00f1a y, como consecuencia, la anulaci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de las anotaciones 7,8,9, 10 y 11 relativas al inmueble con FMI n\u00b0 140-948652. <\/p>\n
2.5. En auto del 9 de octubre de 20233 el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que tal petici\u00f3n no \u00abtiene virtud\u00bb para que la Sala vuelva sobre lo resuelto en la sentencia, puesto que all\u00ed se hab\u00edan valorado los hechos que rodearon la denuncia y el proceso penal contra Gabriel Antonio Ocampo Mart\u00ednez y de Jos\u00e9 Manuel Ayala Diaz, \u00aby se dejaron expuestas las razones por las cuales no era \u00f3bice dar acreditados los presupuestos axiol\u00f3gicos del derecho a la restituci\u00f3n y probadas las presunciones de despojo\u00bb. Adem\u00e1s, dispuso remitir copia de la sentencia al Juzgado Penal mencionado con la advertencia de que \u00ablo resuelto emana de un proceso transicional, con estirpe constitucional y para la garant\u00eda de derechos protegidos por los DH y el DIH\u00bb. <\/p>\n
3. La promotora reiter\u00f3 los hechos en que se fundament\u00f3 su petici\u00f3n resuelta el 9 de octubre de 2023 y se\u00f1al\u00f3 que, si bien ha trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o luego de la sentencia de restituci\u00f3n, considerando la naturaleza especial del proceso, se deb\u00eda tener en cuenta lo decido por el Juez penal y la protecci\u00f3n de los derechos de los opositores y los segundos ocupantes en condici\u00f3n de vulnerabilidad, de acuerdo a la jurisprudencia decantada sobre la materia. <\/p>\n
4. Conforme a lo narrado, la actora pretende que se ordene la modulaci\u00f3n de la sentencia y se reconozca su derecho como segundo ocupante de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala accionada se\u00f1al\u00f3 que la tutela pretende, temerariamente, volver sobre lo ya decidido en torno a la segunda ocupaci\u00f3n; adem\u00e1s que no ha agotado la acci\u00f3n de revisi\u00f3n con tal fin, por lo que no cumple con los requisitos de procedencia. <\/p>\n
2. El Juzgado convocado inform\u00f3 que en se encuentra pendiente la entrega de las parcelas \u00abO\u00bb y \u00abU\u00bb, la cual se program\u00f3 para el pr\u00f3ximo 30 de noviembre, en la cual no tiene competencia distinta a la de actuar como comisionado para la diligencia. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Agencia Nacional de Tierras y La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas alegaron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Servicio Nacional e Aprendiza \u2013 Regional C\u00f3rdoba sostuvo que no existen derechos fundamentales vulnerados. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declara improcedente el amparo: no satisface los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. En efecto, escrutado el material probatorio, esta Sala advierte la improcedencia del ruego contra el auto del 9 de octubre de 20234 que deneg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n de la entrega del inmueble, con fundamento en lo decidi\u00f3 por Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Control de Garant\u00edas de Monter\u00eda dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral arriba rese\u00f1ado, en atenci\u00f3n a que la accionante no interpuso el recurso de reposici\u00f3n contra aquella providencia, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. (Ver, entre otras CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. Igualmente, el ruego no satisface el presupuesto de inmediatez, frente a la pretensi\u00f3n de modulaci\u00f3n de la sentencia de restituci\u00f3n, dado que, entre la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela -26 de octubre de 20235- y la del fallo que finiquit\u00f3 el asunto -23 de agosto de 2022- transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, t\u00e9rmino que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n.6 Ahora bien, este plazo puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no lesionar el principio de seguridad jur\u00eddica. Esto es, \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb7. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Oscar Antonio Altamiranda Salgado, Luis Eduardo Espitia Delgado, Jos\u00e9 Manuel Anaya D\u00edaz, Gabriel Antonio Ocampo Mart\u00ednez, Jaifa Del Carmen Romero Vergara y Luis Fernando Elejalde Arbel\u00e1ez. <\/p>\n
2\u0002 Consecutivo 132, expediente 2015-00188-00. <\/p>\n
4\u0002 Notificado por estado del 10 de octubre de 2023 (consecutivo 138) y mediante oficio dirigido a Jos\u00e9 Luis Giraldo Pineda (apoderado de los solicitantes) en correo electr\u00f3nico del 18 de octubre de 2023 (consecutivo 141). <\/p>\n
5\u0002 De acuerdo con el acta de reparto del Consejo de Estado, Corporaci\u00f3n que remiti\u00f3 la tutela por competencia. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC, 29 Abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
7\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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