STC13232-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13232-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 15001-22-13-000-2023-00139-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que concedi\u00f3 el amparo solicitado por Luisa Castro Naranjo, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad Mar\u00eda Andrade Castro1, contra la Fiscal\u00eda Local Seccional Chiquinquir\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Daniel Andrade Mu\u00f1oz, al Juzgado de Familia de Chiquinquir\u00e1, a la Defensor\u00eda del Pueblo Boyac\u00e1 y a la Procuradur\u00eda Delegada para asuntos de Familia y Defensor\u00eda de Familia de Chiquinquir\u00e1, as\u00ed como a las dem\u00e1s a las partes e intervinientes del proceso de radicado 760016099165202060498. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora demanda la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 23 de julio de 2013, el Juzgado convocado dict\u00f3 sentencia en el proceso de paternidad promovido por la tutelante, en la cual, entre otros, se fij\u00f3 una cuota alimentaria a favor de su hija y en contra de su progenitor -Daniel Andrade Mu\u00f1oz- del 25% de su salario. <\/p>\n
2.2. La tutelante inici\u00f3 un proceso ejecutivo contra el padre de su hija menor de edad, que finaliz\u00f3 el 1\u00ba de febrero de 20192, por acuerdo conciliatorio entre las partes, en el que convinieron el pago de la totalidad de las cuotas alimentarias adeudadas por el ejecutado por $2.438.000 y de una cuota de vestuario de $207.000, que se incrementar\u00eda en el mismo porcentaje de la mensualidad de alimentos. <\/p>\n
2.3. La promotora refiere que el padre de la menor de edad solo ha cancelado una parte de las obligaciones pactadas, raz\u00f3n por la cual, el 28 de marzo de 2022, radic\u00f3 una denuncia penal en su contra, por el presunto punible de inasistencia alimentaria. <\/p>\n
2.4. Manifest\u00f3 que, el 5 de mayo de 2022, visit\u00f3 al Fiscal encargado de la denuncia, \u00absin lograr que me emitieran nada\u00bb. Por ese motivo, el 26 de mayo del 2023, elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n, pero \u00ab(\u2026) no me respondi\u00f3 lo solicitado dentro del mismo\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adujo que, el 5 de junio de este a\u00f1o, \u00ab(\u2026) se rechaza la respuesta del DP al tenor que la Fiscal no ha emitido el apoderado de v\u00edctimas y no informa con claridad que presuntas diligencias emano en aras de proteger los derechos de mi NNA\u00bb. <\/p>\n
2.6. La gestora censura la respuesta incompleta emitida por la Fiscal\u00eda Seccional accionada y que no le haya dado tr\u00e1mite a su solicitud de investigar al padre de su hija. Destaca que \u00e9l ha sido reincidente en su conducta omisiva frente a las obligaciones alimentarias y que, por esa raz\u00f3n, ha elevado las respectivas peticiones -en menci\u00f3n a un escrito anexo dirigido al Juzgado de Familia-, para que se cancele la cuota de alimentos a la que su hija tiene derecho. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicita que: i) se ordene a la Fiscal\u00eda accionada resolver de fondo el derecho de petici\u00f3n; ii) imponer a la Fiscal\u00eda y al Juzgado de Familia de Chiquinquir\u00e1 que surtan los procesos ejecutivos y penales pertinentes; iii) ordenar al padre de su hija consignar y subsanar la deuda de alimentos; v) de no comprobarse la consignaci\u00f3n de lo adeudado, que se disponga emitir el correspondiente escrito de acusaci\u00f3n en su contra; vi) entregar las constancias de consignaci\u00f3n de las cuotas alimentarias ante el Juzgado Circuito de Familia de Chiquinquir\u00e1 y que, de no tenerse estas, se inicie la imputaci\u00f3n del progenitor de su hija. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia del Circuito de Chiquinquir\u00e1, adem\u00e1s de realizar un recuento de los procesos a su cargo relacionados con la tutelante, inform\u00f3 que ofici\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo, para que le nombraran un abogado, que pudiera promover las acciones pertinentes a favor la menor de edad. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 6 Local de Chiquinquir\u00e1 manifest\u00f3 que notific\u00f3 a la peticionaria3 la decisi\u00f3n de archivar la denuncia interpuesta, por lo que se configur\u00f3 un hecho superado, dado que emiti\u00f3 la respuesta pretendida. <\/p>\n
3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 30 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres con funciones en Tunja indic\u00f3 que es procedente conceder el amparo solicitado para proteger el derecho fundamental de petici\u00f3n, porque han trascurrido varios meses desde que la actora radic\u00f3 una solicitud de informaci\u00f3n en la Fiscal\u00eda y no ha recibido respuesta. <\/p>\n
5. Adelaida Fajardo Poveda manifest\u00f3 que no fungi\u00f3 como apoderada de la tutelante, pues su \u00fanica actuaci\u00f3n fue atender la solicitud de servicio radicada ante la Oficina Regional de la Defensor\u00eda del Pueblo en Tunja. <\/p>\n
6. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Boyac\u00e1 se limit\u00f3 al env\u00edo de la copia de la resoluci\u00f3n de archivo de la denuncia tramitada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo solicitado respecto del ente investigador, por considerar que la falta de gesti\u00f3n oficiosa de este, para verificar los hechos denunciados por inasistencia alimentaria, vulneraban los derechos de la menor de edad, a quien se le deben garantizar los alimentos; en consecuencia, orden\u00f3 que la Fiscal revisar nuevamente las diligencias y realizar las actuaciones pertinentes para determinar si hab\u00eda o no lugar a reabrir la investigaci\u00f3n en contra de su padre, por no cumplir con el pago de las cuotas alimentarias. <\/p>\n
En cuanto al Juzgado de Familia convocado advirti\u00f3 que ha tramitado los procesos promovidos por la actora, procurando la protecci\u00f3n de los derechos de la ni\u00f1a, en tanto le pidi\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo que le asignara un nuevo apoderado. <\/p>\n
A su vez, exhort\u00f3 a la Directora del ICBF en Boyac\u00e1, para que determinara el estado de asistencia, defensa y protecci\u00f3n de los derechos de la ni\u00f1a, por parte de la Defensora de Familia designada. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3, indicando que su hija hace m\u00e1s de dos a\u00f1os no ha recibido cuota alimentaria, por lo que solicit\u00f3 que se conminara al Juzgado de Familia, para que requiriera al padre de su hija. Manifiesta que no se le asign\u00f3 defensor en asuntos penales, para que represente su hija frente al proceso de inasistencia alimentaria. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 que se vinculara a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que indagara la renuencia y extralimitaci\u00f3n de funciones en torno a la denuncia penal. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones que pasan a exponerse, centrando el an\u00e1lisis frente al Juzgado convocado, toda vez que, en torno a la investigaci\u00f3n penal, el a quo emiti\u00f3 las \u00f3rdenes procedentes, sin que el ente investigador recurriera tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Revisado las pruebas allegadas, se advierte que el Juzgado ha tramitado los procesos iniciados por la actora y orden\u00f3 la designaci\u00f3n de un defensor, aspecto que ella tambi\u00e9n puede solicitar directamente ante la Defensor\u00eda del Pueblo, de manera que, como lo pretendido es que se le cobren al padre de su hija las cuotas adeudadas, la tutelante debe promover el proceso ejecutivo pertinente, dado que, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, no se pueden sustraer o evadir los mecanismos ordinarios de defensa, por lo que tal asunto debe resolverse en la instancia pertinente. <\/p>\n
3. Finalmente, en lo que se refiere la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la exigencia para que esta defienda los intereses de su hija o investigue la conducta del Fiscal asignado a su caso, debe indicarse que corresponde a la actora hacer la solicitud pertinente ante esa autoridad y ante la instancia disciplinaria competente, dada la naturaleza residual y subsidiaria de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 043 Anexo08Fiscalia.pdf. <\/p>\n
<\/p>\n
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