STC13288-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13288-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04598-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la apoderada general de La Equidad Seguros Generales OC, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual de radicado no. 080013103007-2010-0029400. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Ana Romelia Rodr\u00edguez de Barrios y Luis Alfredo Barrios P\u00e1jaro promovieron demanda de responsabilidad civil contractual, en su contra, de Betsy Mar\u00eda Solano Torres y, de la Cooperativa de Transporte del Cesar y La Guajira, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su hijo Jos\u00e9 Gregorio Barrios Rodr\u00edguez, quien se transportaba como pasajero del veh\u00edculo de placas UVT-302 que tuvo un accidente de tr\u00e1nsito el 12 de noviembre de 2008. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, adelantado el tr\u00e1mite, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla profiri\u00f3 sentencia el 22 de junio de 2021, en la que acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 parcialmente a las demandadas al pago de los perjuicios reclamados. <\/p>\n
Explic\u00f3 que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n y el Tribunal Superior accionado el 15 de marzo de 2022 modific\u00f3 el numeral primero de la sentencia recurrida, para condenar a La Equidad Seguros Generales OC \u00abal pago, por concepto de la obligaci\u00f3n legal y contractual, hasta por el monto amparado en el contrato de seguro pactado\u00bb, revoc\u00f3 la condena por perjuicios materiales y confirm\u00f3 la providencia en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Sostuvo que, si bien en la sentencia limita su responsabilidad al valor asegurado, \u00ablo cierto es que con el fallo proferido no se resuelve de fondo la controversia suscitada con el valor asegurado se\u00f1alando su monto de forma num\u00e9rica como se solicit\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n, puesto que el Juez de Primera Instancia consider\u00f3 que el l\u00edmite del valor asegurado de la p\u00f3liza de responsabilidad civil de pasajeros No. AA027429 era de $300\u00b4000.000 cuando en realidad es $43\u00b4370.000 como se excepcion\u00f3 en la demanda y el recurso formulado\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 adici\u00f3n de la sentencia de segundo grado, para que se pronunciara espec\u00edficamente sobre el valor asegurado, petici\u00f3n que fue negada el 29 de septiembre de 2023, providencia que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y se mantuvo en auto de12 de octubre de 2023. <\/p>\n
Indic\u00f3 que de manera reiterada ha solicitado al Tribunal Superior de Barranquilla pronunciarse acerca del valor asegurado en la p\u00f3liza referida, \u00absin que a la fecha ello haya sido objeto de pronunciamiento, enti\u00e9ndase de esta manera violentados los derechos al [debido proceso] de la aseguradora\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar a la autoridad accionada, \u00abque se pronuncie de manera clara y detallada sobre el valor asegurado contenido en la p\u00f3liza No. AA027429, analizando los argumentos esgrimidos por la aseguradora tanto en su recurso de alzada, como los mencionados en el escrito de solicitud de adici\u00f3n y recurso de reposici\u00f3n que neg\u00f3 dicha petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Barranquilla sostuvo que con la decisi\u00f3n cuestionada no desconoci\u00f3 los derechos fundamentales de la accionante, adem\u00e1s, precis\u00f3, <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, refiri\u00f3 que corresponde al Juez constitucional verificar s\u00ed se re\u00fanen los requisitos generales y espec\u00edficos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. Por ende, dijo estar presto a cumplir lo resuelto en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la queja y los soportes allegados, la Sala advierte la improcedencia del amparo por falta de legitimaci\u00f3n por activa de la abogada que present\u00f3 el amparo, pues si bien manifest\u00f3 actuar \u00aben calidad de apoderada general\u00bb de La Equidad Seguros Generales OC, lo cierto es que no alleg\u00f3 el poder especial conferido para actuar en su nombre en este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. En ese sentido, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el abogado que ejerce la acci\u00f3n a nombre de otro, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial, y el no hacerlo, advierte la improcedencia del amparo por falta de legitimaci\u00f3n para reclamar, como as\u00ed lo ha ense\u00f1ado esta Corte, \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela (\u2026), aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ. STC1042-2019, reiterada entre otras en STC9237-2023). <\/p>\n
Tema sobre el que tambi\u00e9n ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
(\u2026) De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ. STC1042-2019, STC9902, reiterada en STC256-2022, STC3425-2022, STC10448-2022 y,STC12469-2023 entre otras). (Se subraya) <\/p>\n
Por tanto, cuando se busca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de otra persona natural o jur\u00eddica, siempre y cuando se haga a trav\u00e9s de abogado, es indispensable actuar con poder especial, o demostrar que no est\u00e1 en condiciones de ejercer su defensa. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la Equidad Seguros Generales OC, quien es la directamente afectada en los derechos fundamentales de los que se busca su protecci\u00f3n, otorg\u00f3 poder general a la abogada Nathalya Lasprilla Herrera mediante Escritura P\u00fablica 834 de 17 de mayo de 2023 otorgada en la Notar\u00eda D\u00e9cima del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, mandato que, conforme los precedentes de esta Sala, resulta insuficiente para presentar esta acci\u00f3n constitucional, toda vez que, <\/p>\n
\u00abEl poder general otorgado por las prenombradas personas a favor de la accionante (…), no la habilita para cuestionar a nombre de ellos la actuaci\u00f3n adelantada por la Colegiatura accionada mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u201cpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u201d (CSJ. STC7036-2019, reiterada, entre otras, en STC7147-2020, STC3109-2021, STC15691-2022 y STC9237-2023). <\/p>\n
4. En esa medida, como la legitimidad para actuar es un presupuesto de la acci\u00f3n de tutela, que en este caso no se cumple, el amparo resulta improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por La Equidad Seguros Generales OC contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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