STC13291-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13291-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04608-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por No\u00e9 Rocha Rodr\u00edguez, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot y citadas las partes e intervinientes en el proceso declarativo de radicado no. 25307310300120210002201. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 proceso de responsabilidad civil contractual contra Bancolombia SA, para que se le declarara civil y contractualmente responsable, por los perjuicios materiales e inmateriales causados \u00abcon ocasi\u00f3n del cobro excesivo del cr\u00e9dito hipotecario que aqu\u00e9l adquiri\u00f3 entre los a\u00f1os 1996 y 1997, y por la demanda ejecutiva que se le formul\u00f3 -con imposici\u00f3n de medidas cautelares-. Adem\u00e1s, declarar que Bancolombia SA, incumpli\u00f3 el contrato de mutuo perfeccionado con el desembolso\u00bb, de las sumas de dinero contenidas en los pagar\u00e9s Nos. 8212320022489, 8212320022504, 8212320022516, 8212320022532, 8212320022542 y 8212320022550, obligaciones otorgadas para la adquisici\u00f3n y financiamiento de vivienda respaldadas con garant\u00eda hipotecaria constituida a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica No. 2832 de 26 de septiembre de 1996. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, una vez agotadas las etapas procesales, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot en sentencia de 19 de octubre de 2022 concedi\u00f3 parcialmente las pretensiones de la demanda, declar\u00f3 civil y contractualmente responsable a Bancolombia SA por la ejecuci\u00f3n imperfecta del contrato de mutuo celebrado con el demandante y lo conden\u00f3 a pagar $25\u2019041.797 por da\u00f1o emergente y $20\u2019000.000 por da\u00f1o moral, decisi\u00f3n que la entidad financiera recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal Superior de Cundinamarca en sentencia de 12 de julio de 2023, revoc\u00f3 la anterior decisi\u00f3n y neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Sostuvo que esa Corporaci\u00f3n desconoci\u00f3 sus derechos por cuanto, i) excedi\u00f3 su competencia frente al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandada, ii) no dio una correcta valoraci\u00f3n a las pruebas aportadas que demostraban los da\u00f1os materiales -da\u00f1o emergente: gastos de defensa t\u00e9cnica y representaci\u00f3n judicial- e inmateriales (morales) ocasionados con el proceso ejecutivo que previamente Bancolombia SA adelant\u00f3 en su contra, iii) no tuvo en cuenta que la entidad bancaria contest\u00f3 la demanda en forma extempor\u00e1nea, y que tampoco objet\u00f3 el dictamen pericial elaborado por el perito que design\u00f3 el Juzgado, ni el que \u00e9l aport\u00f3 y, iv) no tuvo en cuenta el fallo STC10923-2015 proferido por esta Sala en la acci\u00f3n de tutela que tuvo por objeto el proceso ejecutivo promovido en su contra. <\/p>\n
Indic\u00f3 en conclusi\u00f3n, que el ad quem \u00aben forma incomprensible, repito, valor\u00f3 en forma err\u00f3nea, arbitraria y si se quiere caprichosa estas pruebas pues determin\u00f3 que a pesar de que los perjuicios estaban mencionados en el fallo proferido por el Tribunal del 27 de agosto de 2015, estos se acompasaban con las agencias en derecho tambi\u00e9n impuestas en dicho fallo, lo que no fue debatido por la entidad demandada en la presente litis pues debe rememorarse que contest\u00f3 en forma extempor\u00e1nea la demanda y no objet\u00f3 el dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin valor ni efecto la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca de 12 de julio de 2023, para que, en su lugar, \u00abse dicte [una providencia de reemplazo], en la cual se confirme y se profieran las condenas impuestas por el a quo\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso mencionado. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, adem\u00e1s de compartir el link del expediente objeto de esta acci\u00f3n, inform\u00f3 que la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 en primera instancia el 19 de octubre de 2022, fue revocada por el Tribunal Superior de Cundinamarca el 12 de julio de 2023. <\/p>\n
2. Bancolombia SA manifest\u00f3 que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n fue tramitado en debida [forma] por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con base en los reparos se\u00f1alados por el apelante en la primera instancia y debidamente sustentados, por lo que la presente acci\u00f3n de tutela no deber\u00e1 ser utilizada para una tercera instancia, ya que se ha respetado el debido proceso y todas las garant\u00edas procesales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la queja constitucional recae en la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el 12 de julio de 2023, que revoc\u00f3 el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot de 19 de octubre de 2022 y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso de responsabilidad civil contractual promovida por No\u00e9 Rocha Rodr\u00edguez contra Bancolombia SA, de radicado no. 2021-00022. <\/p>\n
Para el accionante, la decisi\u00f3n del ad quem desconoce su derecho al debido proceso, como quiera que, el Tribunal Superior accionado, i) excedi\u00f3 su competencia al pronunciarse respecto a reparos que no fueron formulados por el apelante contra la decisi\u00f3n de primera instancia, ii) valor\u00f3 indebidamente las pruebas que acreditaron al causaci\u00f3n de los da\u00f1os materiales e inmateriales, ocasionados con el proceso ejecutivo que previamente Bancolombia SA adelant\u00f3 en su contra, iii) no tuvo en cuenta que la entidad contest\u00f3 la demanda en forma extempor\u00e1nea, iv) no objet\u00f3 los dict\u00e1menes practicados y, v) tampoco tuvo en cuenta el fallo STC10923-2015 proferido por esta Sala en la acci\u00f3n de tutela que tuvo por objeto el proceso ejecutivo que se promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al examinar la providencia de segunda instancia cuestionada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que no puede calificarse de arbitraria, porque fue el resultado de una adecuada interpretaci\u00f3n de las normas aplicables al caso objeto de estudio, aunado a una apropiada valoraci\u00f3n de las pruebas incorporadas al expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3.1 Inicialmente el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot declar\u00f3 civil y contractualmente responsable a Bancolombia SA \u00abcomo consecuencia de la ejecuci\u00f3n imperfecta del contrato de mutuo celebrado con [No\u00e9 Rocha Rodr\u00edguez]\u00bb y conden\u00f3 a la entidad crediticia a pagarle las sumas de $25\u2019041.797 por da\u00f1o emergente y $20\u2019000.000 por da\u00f1o moral. <\/p>\n
3.2 Contra esa decisi\u00f3n Bancolombia SA formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n con fundamento en que, a) oper\u00f3 el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada, por virtud de la transacci\u00f3n celebrada entre las partes y que dio lugar a la terminaci\u00f3n del proceso verbal de prescripci\u00f3n de hipoteca que convoc\u00f3 a las mismas partes y en las mismas calidades (de radicado 2019-00352), b) el contrato de transacci\u00f3n fue reconocido por el demandante al absolver su interrogatorio de parte y, c) no se acredit\u00f3 la existencia de los da\u00f1os materiales y morales, porque \u00abcon el movimiento hist\u00f3rico del comportamiento del cr\u00e9dito y con la reliquidaci\u00f3n efectuada al mismo, aportados al proceso, se demostr\u00f3 que en ning\u00fan momento se cobraron tasas de inter\u00e9s superiores a las pactadas, no se capitalizaron intereses y se imputaron todos los abonos realizados por el deudor. No hay prueba alguna que demuestre la irregularidad de estos saldos que deb\u00eda el se\u00f1or Rocha\u00bb, por lo que en la ejecuci\u00f3n de este contrato en ning\u00fan momento se causaron perjuicios al demandante. <\/p>\n
3.3 El Tribunal Superior de Cundinamarca en sentencia de 12 de julio de 2023, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso bajo los siguientes argumentos, <\/p>\n
Empez\u00f3 por descartar que el contrato de transacci\u00f3n de 23 de septiembre de 2019 celebrado entre las partes hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, en atenci\u00f3n a que \u00abno fue arrimado al expediente de manera oportuna, ello es, en alguno de los momentos con que cuentan las partes para aportar los medios probatorios que pretenden hacer valer en el juicio, principalmente, con la demanda y con su contestaci\u00f3n\u00bb, pues Bancolombia SA replic\u00f3 la demanda de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Aun as\u00ed, expuso que, si esa prueba hubiera sido susceptible de apreciaci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) tampoco podr\u00edan aplicarse al proceso los efectos de cosa juzgada que ambiciona la parte pasiva, pues bien vistas las cosas, esa negociaci\u00f3n comprendi\u00f3 un objeto diferente al que se ventila en esta tramitaci\u00f3n, desde el punto de vista sustancial y material. <\/p>\n
A decir verdad, el objeto al que apunt\u00f3 el conocido acuerdo vers\u00f3 sobre la cancelaci\u00f3n de la hipoteca que pesaba sobre el predio del entonces deudor hoy [demandante], gravamen real que en adici\u00f3n y seg\u00fan lo dicho en ese proceso de cancelaci\u00f3n estaba vinculado al pagar\u00e9 820084555 como con expresividad se anot\u00f3 all\u00ed (\u2026) Entre tanto, las actuaciones del proceso ejecutivo promovido por Bancolombia SA contra Rocha Rodr\u00edguez evidencian que las obligaciones que se presentaron a recaudo coercitivo fueron las contenidas en los pagar\u00e9s 8212320022653 por $39\u00b4614.421 y 8212320023008 por $1\u00b4268.021, t\u00edtulos valores distintos a los referidos en la transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego se refiri\u00f3 a que la entidad crediticia demandada \u00aben forma gen\u00e9rica pero suficiente se dirigi\u00f3 a cuestionar la existencia de los da\u00f1os reconocidos en la sentencia impugnada, as\u00ed como las justificaciones que se esgrimieron para abrir paso a la indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Centr\u00f3 su atenci\u00f3n en que la conducta responsable atribuida al Banco demandado se relaciona con \u00abel contrato de mutuo que entre ellos se celebr\u00f3 -entre 1996 y 1997-, o lo que es lo mismo, con el cr\u00e9dito hipotecario instrumentado en los en los pagar\u00e9s 8212320022653 y 8212320023008, garantizado con el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 307-0037839 de la ORIP de Girardot, conductas que, en lo medular, se refirieron: al cobro en exceso de ese cr\u00e9dito durante su vigencia, a la ejecuci\u00f3n judicial con medidas cautelares, a la ausencia de reliquidaci\u00f3n de la deuda a 31 de diciembre de 1999, a la falta de cuantificaci\u00f3n del alivio, y a la no reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n acorde con el r\u00e9gimen imperante\u00bb. <\/p>\n
Hizo hincapi\u00e9 en que para la procedencia de este tipo de acciones era necesario la concurrencia de los siguientes presupuestos, i) la preexistencia de un v\u00ednculo convencional, ii) el cumplimiento imperfecto o incumplimiento o inejecuci\u00f3n del contrato, iii) la conducta culposa del obligado y iv) el nexo causal entre la culpa y el perjuicio reclamado, los cuales no encontr\u00f3 reunidos en su totalidad, porque, <\/p>\n
(\u2026) los reproches que No\u00e9 le endilg\u00f3 a su acreedor dimanan, en realidad, no de las estipulaciones que pudieron acordarse en su momento en el \u00e1mbito del mutuo, sino que vinieron fundados en la omisi\u00f3n de ciertas actividades que se impusieron postreramente y en virtud de un nuevo r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n de vivienda, a saber, el contenido en la Ley 546 de 1999, complementado con los lineamientos jurisprudenciales que en su momento fueron abastecidos, principalmente, por la Corte Constitucional, r\u00e9gimen que exig\u00eda a las entidades financieras acometer la redenominaci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos otorgados bajo el extinto sistema UPAC, fijando al efecto un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y puntuales directrices como la aplicaci\u00f3n de los alivios otorgados por el gobierno nacional, concibi\u00e9ndose asimismo el mecanismo de restructuraci\u00f3n de deudas <\/p>\n
Claro, si la obligaci\u00f3n principal del banco convocado se cumpli\u00f3 con la entrega del dinero -de lo que no hay duda- y los comentados deberes se impusieron por ley con posterioridad al perfeccionamiento del acuerdo de voluntades, c\u00f3mo inferir en ese primer escenario los supuestos de cumplimiento imperfecto, incumplimiento o inejecuci\u00f3n del contrato de mutuo. Empero, al margen de ello, aun estimando que las nuevas obligaciones que por ley nacieron para el mutuante en cr\u00e9dito hicieron parte del contrato en s\u00ed mismas, habr\u00eda que apreciar otras cosas de suyo relevantes para verificar la eventual desatenci\u00f3n contractual: cu\u00e1l fue la causa de esos postreros deberes legales, c\u00f3mo se advino el banco a cumplirlos, y si en esa actividad actu\u00f3 con la intenci\u00f3n de agraviar a su deudor, o si lo hizo al menos de manera culposa (\u2026) <\/p>\n
No hay que perder de vista, entre tanto, que en cuanto al cr\u00e9dito de vivienda otorgado al hoy demandante -en UPAC-, Bancolombia S.A. en su momento efectu\u00f3 la redenominaci\u00f3n de la deuda -a UVR-efectu\u00f3 la reliquidaci\u00f3n y dispuso la aplicaci\u00f3n de un alivio -como lo dejan ver los anexos de la demanda- omitiendo aportar al respectivo proceso ejecutivo no m\u00e1s que la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, de modo que aunque ese tr\u00e1mite compulsivo hab\u00eda culminado con sentencias favorables en primera y segunda instancia para el ejecutante, fue en virtud del fallo de tutela STC10923 de 2015 que se orden\u00f3 desatar nuevamente el pleito en segunda instancia, lo que aparej\u00f3 su terminaci\u00f3n, dest\u00e1quese, \u00fanicamente ante la ausencia de cumplimiento de dicho requisito -restructuraci\u00f3n-, seg\u00fan sentencia de 27 de agosto de 2015 dictada por este tribunal\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 su estudio afirmando que, aunque la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito puede surgir como una desatenci\u00f3n del Banco como acreedor, lo cierto es que tal omisi\u00f3n puede estar justificada para el momento del cobro, descartando un actuar intencional o culposo, puesto que constituy\u00f3 una falencia para adelantar el recaudo judicial, que no un defecto mismo del negocio jur\u00eddico, lo que en otras palabras explic\u00f3 en que para el a\u00f1o 2014 la jurisprudencia no contemplaba la reestructuraci\u00f3n como obligaci\u00f3n a cumplir frente a todos los cr\u00e9ditos de vivienda, exigencia que s\u00ed era imperante para cobrar obligaciones terminadas previamente conforme lo previsto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, haciendo alusi\u00f3n a las sentencias C-955 de 2000 y SU-813 de 2007 de la Corte Constitucional, y STC8655-2014 de esta Corte. <\/p>\n
Al volver al asunto concreto, encontr\u00f3 como hechos probados en el proceso ejecutivo del que se desprenden los perjuicios reclamados, <\/p>\n
(\u2026) que la demanda que dio paso a la iniciaci\u00f3n de ese juicio compulsivo se present\u00f3 en el a\u00f1o 2007; que el mandamiento de pago se libr\u00f3 el 12 de diciembre de esa anualidad; que en el transcurso de ese proceso, pese a que hubo contestaci\u00f3n de la demanda por el deudor con proposici\u00f3n de excepciones, no se invoc\u00f3 la restructuraci\u00f3n como requisito de exigibilidad de las obligaciones cobradas, ni de procedencia para el recaudo forzoso, ni mucho menos como factor de incumplimiento del negocio subyacente a los t\u00edtulos; que la sentencia de primera instancia se dict\u00f3 el 24 de enero de 2014 ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n -con reconocimiento de un pago parcial-; que el primer fallo del tribunal para decidir la alzada all\u00ed formulada por las partes se dict\u00f3 el 15 de mayo de 2015 -modificatorio del primero al proseguir el cobro conforme al mandamiento de pago-; que el fallo de tutela que ampar\u00f3 los derechos del actor -STC 10923- se dict\u00f3 el 20 de agosto de 2015; y que la segunda sentencia del tribunal desatando de nuevo los recursos de apelaci\u00f3n se dict\u00f3 el 27 de agosto de 2015, disponiendo la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por falta de restructuraci\u00f3n, en cumplimiento de lo ordenado por el superior\u00bb. <\/p>\n
De ese recuento, extrajo que para el momento en que se present\u00f3 la demanda ejecutiva no se exig\u00eda la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito como una obligaci\u00f3n legal, categ\u00f3rica o necesaria, y, si ello es as\u00ed, sostuvo, \u00abno hay forma posible entonces de atribuir a la entidad bancaria demanda da un incumplimiento contractual por no reestructurar las deudas contra\u00eddas por Rocha Rodr\u00edguez, cuando la Ley 546 de 1999 no se lo impuso en su momento y tampoco se infer\u00eda esa exigencia de los primeros precedentes jurisprudenciales que interpretaron el art\u00edculo 42 de esa ley (\u2026) de suerte que fue un cambio en la jurisprudencia lo que dio al traste su cobro, que no una omisi\u00f3n contractual en el marco del mutuo (\u2026) descart\u00e1ndose as\u00ed un actuar temerario, negligente o intencional de Bancolombia SA\u00bb, y dej\u00f3 claro que para llegar a otra conclusi\u00f3n resulta insuficiente la confesi\u00f3n ficta estructurada por la contestaci\u00f3n extempor\u00e1nea efectuada por la entidad demandada, porque deben verificarse otras circunstancias o eventualidades probatorias, \u00abde donde la aplicaci\u00f3n de aquel castigo no se sobrepone a las pruebas que revelan la verdad del litigio, teniendo por ello primac\u00eda la realidad que se obtenga de otros medios persuasivos, por encima de la que se presuma a partir de los hechos relatados en el escrito inicial\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, sostuvo que la entidad financiera estaba legitimada para adelantar la ejecuci\u00f3n cuestionada en tanto que se fund\u00f3 en el ejercicio de su derecho propio como acreedor, porque su deudor incurri\u00f3 en mora. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 en que, aun cuando no se desconoce que el ejercicio del derecho a litigar genera consecuencias negativas para quien tiene que resistir la pretensi\u00f3n \u00abello comportar\u00eda al d\u00e9bito indemnizatorio solamente si ese actuar (\u2026) busca agraviar a la contraparte o se utiliza de forma abiertamente imprudente. Y no es ese el escenario que viene de revelarse, que evidencia el ejercicio leg\u00edtimo del acreedor dada la mora en que incurri\u00f3 su deudor, siendo que Bancolombia SA, se someti\u00f3 a la decisi\u00f3n definitiva -que adem\u00e1s implic\u00f3 que su cr\u00e9dito quedara impagado-, sin intentar de nuevo el recaudo\u00bb. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que, agreg\u00f3, no tiene la entidad suficiente para causar un da\u00f1o cuya indemnizaci\u00f3n est\u00e9 a cargo del acreedor, menos uno orientado a revelar un incumplimiento contractual, cuando a lo sumo los perjuicios devendr\u00edan de la materializaci\u00f3n de medidas cautelares, \u00abempero, en virtud de una condena preceptiva y con arreglo al procedimiento que concibi\u00f3 el legislador para el efecto, como as\u00ed se dispuso por el Tribunal en el fallo de 24 de agosto de 2015\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, se\u00f1al\u00f3, que en las instancias que se tramit\u00f3 el proceso ejecutivo se conden\u00f3 en costas al Banco, en donde las agencias en derecho se acompasan con los gastos de defensa judicial reclamados. <\/p>\n
4. Con ese panorama, con independencia de que se compartan o no todos los razonamientos efectuados por el Tribunal Superior accionado para definir la segunda instancia, lo cierto es que no se evidencia defecto del talante de una v\u00eda de hecho como lo alega el accionante, quien por esta v\u00eda extraordinaria pretende imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse la contienda, la conclusi\u00f3n a la que debi\u00f3 llegarse despu\u00e9s de valorar las pruebas practicadas y la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 extraerse de las normas y jurisprudencia aplicables al asunto bajo estudio, para que sus pretensiones y las condenas reclamadas prosperaran. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5. Ahora, en lo que concierne a la indebida valoraci\u00f3n de algunas pruebas, tal situaci\u00f3n tampoco tiene la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia atacada, pues, en estrictez, la Sala ha enfatizado sobre la autonom\u00eda e independencia del Juez en este puntual aspecto, pues es \u00e9l quien puede apreciar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884- 2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC5841-2023), sin olvidar que, <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abEl error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC6666-2019, reiterado en STC10813-2021, STC802-2022, STC4609-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
En este aspecto, cumple resaltar que, contrario a lo afirmado por el accionante y, como qued\u00f3 expuesto, el Tribunal Superior de Cundinamarca, analiz\u00f3 de manera conjunta y arm\u00f3nica las inconsistencias planteadas por el actor, estudio los reparos formulados por Bancolombia SA contra la decisi\u00f3n del a quo, sin desbordar su competencia y, se reitera, tuvo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente, la normativa y la jurisprudencia relacionada con la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos para vivienda adquiridos bajo la modalidad de UPAC, regulada por la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Estudio que, le sirvi\u00f3 para concluir que no se demostraron los elementos de la responsabilidad civil contractual, por inejecuci\u00f3n o ejecuci\u00f3n tard\u00eda o incompleta del contrato de mutuo que vincul\u00f3 a las partes, ni los perjuicios reclamados por los gastos por defensa jur\u00eddica en que incurri\u00f3 el demandante en el proceso ejecutivo que al fin de cuentas termin\u00f3 por falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Entonces, aunque el accionante pretenda dar una visi\u00f3n dis\u00edmil a la del a quem, no puede olvidarse que la diferencia de criterio no es raz\u00f3n suficiente para que salga avante el amparo constitucional, puesto que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida como un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00, STC825-2020, STC10259-2021, STC2621-2022, y STC11814-2022, entre muchas). <\/p>\n
Y, m\u00e1s all\u00e1 de que la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior le resultara adversa al accionante, no es motivo suficiente para que proceda la intervenci\u00f3n del Juez constitucional, menos cuando, como se dijo, la interpretaci\u00f3n aplicada por la autoridad judicial se muestra razonable (CSJ. STC15 feb. 2011, exp. 1404, reiterada en STC12312-2022, STC4373-2023 y STC11912-2023). <\/p>\n
7. En ese orden, el amparo pretendido ser\u00e1 negado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por No\u00e9 Rocha Rodr\u00edguez, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13291-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13291-2023 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2023-04608-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por No\u00e9 Rocha Rodr\u00edguez, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77707","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77707\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}