STC13305-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N ALVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13305-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2023-00551-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 25 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juvenal Carrillo Sabalza contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria con radicado 2022-00112-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que present\u00f3 solicitud de exoneraci\u00f3n de la cuota alimentaria fijada el Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco en favor de su excompa\u00f1era Osiris del Carmen Rosales Polo en sentencia de 25 de septiembre de 2018. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, subsanada la demanda, fue admitida en auto de 18 de julio de 2022, y corrido el traslado, la demandada acept\u00f3 algunos hechos y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abfalta de agotamiento del requisito de procedibilidad\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado de conocimiento incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico en la providencia, en raz\u00f3n a que deb\u00eda limitarse \u00abal examen critico de las pruebas con explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas\u00bb porque la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco, revocar la sentencia de 30 de agosto de 2023, y, en su lugar, profiera una nueva decisi\u00f3n que sea congruente y se fundamente en los hechos acreditados en el expediente y, en consecuencia, se le exonere de la obligaci\u00f3n de pagar alimentos. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco, tras indicar las actuaciones que se adelantaron en el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota objeto de debate, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, en atenci\u00f3n a que el juicio aludido se adelant\u00f3 y resolvi\u00f3 con sentencia de 30 de agosto de 2023, en la que valor\u00f3 los medios de pruebas solicitados y practicados en audiencia, evidenciando que el accionante en la actuaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba conforme lo establece el art\u00edculo 167 del del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, luego de realizar un an\u00e1lisis a las actuaciones que se adelantaron en el proceso que dio origen a la presente acci\u00f3n, neg\u00f3 el amparo al no advertir la configuraci\u00f3n de las irregularidades invocadas por el actor en la sentencia proferida el 30 de agosto de 2023, porque \u00aben tal decisi\u00f3n se efectu\u00f3 del an\u00e1lisis probatorio de conformidad con la documental aportada, as\u00ed como de los interrogatorios efectuados por las partes y el testimonio rendido por \u00c1ngel Puello Mart\u00ednez, es decir, la actuaci\u00f3n no se observa caprichosa ni arbitraria, por el contrario, argumentada, s\u00f3lida, debidamente cimentada en el an\u00e1lisis de las pruebas y el sustento jurisprudencial en la materia, sin que se logre identificar alg\u00fan vestigio de vulneraci\u00f3n del debido proceso que pudiera arrastrar la decisi\u00f3n hacia la anulaci\u00f3n pretendida\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, con argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela, esto es, la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas que llev\u00f3 al juez a una conclusi\u00f3n errada en relaci\u00f3n con la demostraci\u00f3n de la ausencia de necesidad alimentaria de la demandada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, corresponde establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso invocado por el se\u00f1or Juvenal Carrillo Sabalza con la decisi\u00f3n proferida el 30 de agosto de 2023 en el proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, o s\u00ed, por el contrario, tal actuaci\u00f3n se\u00f1ala razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. Sea lo primero indicar que la sentencia es el acto jurisdiccional asignado por excelencia al juez, cuya caracter\u00edstica definitoria la constituye el dirimir de fondo una controversia (CSJ. SC. Sentencia de 22 de octubre de 1935, Cfr. CSJ. SC. Sentencia de 17 de diciembre de 1935; auto de 23 de septiembre de 1937; fallo de 14 de junio de 1967). <\/p>\n
En lo que refiere a su contenido, se halla integrada por las declaraciones de hechos que, en m\u00e9rito de la apreciaci\u00f3n de las pruebas legalmente allegadas y practicadas en el juicio, estima probadas el juzgador, por las definiciones jur\u00eddicas que, de ellas, como verdad legal, se deriven, y por la consiguiente declaraci\u00f3n del derecho discutido en la controversia (CSJ. SC. Sentencia de 2 de octubre de 1956) <\/p>\n
Por lo anterior, el fundamento de toda sentencia es la totalidad del material procesal, por tratarse de un acto del juez que satisface la obligaci\u00f3n de proveer, no puede ir m\u00e1s all\u00e1, ni fuera de las peticiones de la demanda, so pena de incurrirse en alguna de las tres \u00fanicas causales de incongruencia, previstas en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ahora bien, los motivos de desacuerdo frecuentemente estudiados por esta Corte se resumen en, (i) cuando se otorga m\u00e1s de lo pedido por el actor (ultra petita) o, (ii) se resuelve sobre lo que no fue impetrado por \u00e9ste (extra petita). (CSJ. SC. Sentencias de 30 de noviembre de 1935, de 16 de agosto de 1938, 13 de junio de 1946, de 30 de marzo de 1949, de 30 de abril de 1952, de 30 de agosto de 1954, de 8 de febrero de 1955, entre muchas otras) <\/p>\n
4. Por la naturaleza y particularidades propias de los procesos de alimentos, le corresponde al juez actuar con especial diligencia al momento de resolver esos conflictos, pues los involucrados son sujetos de especial protecci\u00f3n, v\u00e9ase como, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, clara y terminantemente le impone al fallador la obligaci\u00f3n de decretar, aun oficiosamente, \u00ab(\u2026) las pruebas necesarias para establecer la capacidad econ\u00f3mica del demandado y las necesidades del demandante, si las partes no las hubieren aportado\u00bb. <\/p>\n
5. Ahora bien, revisados los argumentos del escrito de tutela y cotejados con la informaci\u00f3n que arroja el expediente allegado a este tr\u00e1mite, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada en consideraci\u00f3n a que la decisi\u00f3n cuestionada obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, por cuanto el Juzgado Promiscuo de Familia de Turbaco, en sentencia de 30 de agosto de 2023 resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la demanda de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria formulada por Juvenal Carrillo Sabalza contra Osiris del Carmen Rosales Polo, sin embargo, dispuso disminuir la cuota fijada en providencia del 25 de septiembre de 2018 del 25 % al 12.5% de los ingresos mensuales pensionales que percibe el se\u00f1or Carrillo de Colpensiones y Electrificadora del Caribe. <\/p>\n
Para arribar a tal determinaci\u00f3n, luego de hacer relaci\u00f3n a las normas que rigen la obligaci\u00f3n alimentaria (art\u00edculos 411 y 422 del C\u00f3digo Civil), indic\u00f3 que la pretensi\u00f3n de la demanda, se circunscrib\u00eda a la exoneraci\u00f3n de Juvenal Carrillo Sabalza de la obligaci\u00f3n de brindar alimentos a su excompa\u00f1era Osiris del Carmen Rosales Polo conforme a la cuota fijada en sentencia de 25 de septiembre de 2018 proferida por ese Juzgado en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial. <\/p>\n
Luego procedi\u00f3 a referirse a las pruebas recaudadas como los interrogatorios de las partes, las documentales y las declaraciones rendidas en el proceso, y se\u00f1al\u00f3 que, se logr\u00f3 probar que el demandante percibe ingreso de 2 mesadas pensionales, a lo que se adiciona la suma de $180\u2019000.000 producto de la venta del inmueble objeto de divisi\u00f3n perteneciente a la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abpor el contrario\u00bb, la se\u00f1ora Osiris del Carmen Rosales no recibe un ingreso mensual diferente a la cuota alimentaria a la que tiene derecho y que percibe a trav\u00e9s de medida de embargo que fue decretada en proceso ejecutivo que all\u00ed se adelanta, y, que si bien, la demandada obtuvo la suma de $120\u2019000.000, debe pagar honorarios a abogados ante los \u00abm\u00faltiples\u00bb procesos que ha tenido que presentar por la negativa del actor de reconocerle sus derechos como compa\u00f1era permanente. M\u00e1s adelante agreg\u00f3, <\/p>\n
\u00abadicional a ello se encuentra en tr\u00e1mite el proceso liquidatorio de la sociedad patrimonial en el que se resolvi\u00f3 el incidente de objeciones y solicitud de exclusi\u00f3n de bienes se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por parte del hoy demandante el cual fue resuelto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. As\u00ed mismo est\u00e1 en curso proceso Ejecutivo en el que se modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito pendiente por resolver solicitud de aclaraci\u00f3n del se\u00f1or Juvenal Carrillo Sabalza. Si bien la demandada recibi\u00f3 la referenciada suma de dinero a\u00fan est\u00e1n por definirse dos actuaciones judiciales con las que se definir\u00eda y verificar\u00eda la verdad sobre la capacidad econ\u00f3mica de la demandada por lo que no se podr\u00eda afirmar la suficiencia de los propios medios ante la falta de definici\u00f3n de dos procesos en los que tiene una expectativa de recibir la suma que resulte de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y pago efectivo de mismo y el reconocimiento del pago de los gananciales en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial por lo que necesita que se lo contin\u00faen suministrando de la mesada pensional del demandado JUVENAL CARRILLO SABALZA\u00bb <\/p>\n
En este sentido, consider\u00f3 que el demandante no cumpli\u00f3 con la carga de probar que su excompa\u00f1era no necesita la cuota de alimentos, as\u00ed como tampoco demostr\u00f3 que su situaci\u00f3n econ\u00f3mica haya desmejorado. <\/p>\n
Sin embargo, al haber logrado probar el demandante la existencia de otra obligaci\u00f3n domestica para con su actual compa\u00f1era, y atendiendo las facultades extra y ultra petita previstas en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, disminuy\u00f3 la cuota alimentaria inicialmente fijada en el 25% al 12.5%, atendiendo que \u00abel se\u00f1or JUVENAL CARRILLO SABALZA hace vida marital con otra persona, paga obligaciones comerciales y bancarias y de forma responsable y solidaria ayuda a su nieta, hermanos e hijos\u00bb. <\/p>\n
6. Conforme a lo anteriormente expuesto, la pretensi\u00f3n invocada a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional no resulta de recibo, porque la decisi\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que, contrario a lo sostenido por el solicitante, se fundamenta en razonamientos que demuestran adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas y de la norma aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, puesto que, <\/p>\n
(\u2026) El Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ. STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC11444-2022, entre otras). <\/p>\n
7. Finalmente debe se\u00f1alarse, que la sentencia proferida no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, por lo tanto, de cambiar las circunstancias y considerar el quejoso que han variado las condiciones econ\u00f3micas de su excompa\u00f1era y las necesidades alimentarias de esta, puede acudir a la justicia ordinaria para que se revise la cuota alimentaria, alegaciones que deben estar debidamente acreditadas y probadas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Sala explic\u00f3 \u00abno resulta impertinente ni redundante a\u00f1adir que, trat\u00e1ndose la decisi\u00f3n atacada de una providencia que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en sentido material, toda vez que es susceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, [el] accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas\u00bb (CSJ. STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada el 25 may. 2012, rad. 00139- 01, el 26 abr. 2013, rad. 00032-01, STC3512-2022, STC6394-2022, STC6771-2022 y STC9271-2022). <\/p>\n
8. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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