STC13314-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00678-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 4 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Resguardo Ind\u00edgena de Cuaspud Carlosama, en nombre de Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan y contra de la Corte Constitucional, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00ba 52001310700220170900500 y en el conflicto de jurisdicciones, expediente N\u00ba CJU-1644. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, administraci\u00f3n de justicia y \u00abenfoque diferencial y diversidad \u00e9tnica\u00bb, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en los asuntos referidos. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan \u00abcomunero ind\u00edgena de Cuaspud Carlosama\u00bb, fue denunciado penalmente por Joaqu\u00edn Vladimir Carlosama Moreno, tr\u00e1mite en el que se adelant\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 17 de agosto de 2017 por el delito de secuestro extorsivo agravado, en calidad de c\u00f3mplice, y tras lo cual se accedi\u00f3 a decretar como medida de aseguramiento su reclusi\u00f3n en \u00ablas instalaciones de la casa madre del Cabildo Ind\u00edgena de Cuaspud Carlosama\u00bb al que pertenece el agenciado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, aun cuando en la jurisdicci\u00f3n ordinaria se estaban adelantando las audiencias de juicio oral, el Resguardo emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba 01 de 19 de julio de 2021, mediante la cual dispuso sancionar Narv\u00e1ez Yand\u00fan a la pena privativa de la libertad de 10 a\u00f1os en \u00abel radio de acci\u00f3n del pueblo de Los Pastos\u00bb, as\u00ed como a cuarenta latigazos, por \u00ablos delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado\u00bb, decisi\u00f3n que fue puesta en conocimiento de los jueces ordinarios, pero que pasaron por alto al hallarse en una etapa procesal que no permit\u00eda controvertir su competencia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por lo anterior, el Resguardo Ind\u00edgena de Cuaspud Carlosama promovi\u00f3 anterior amparo que fue decidido favorablemente por el Tribunal Superior de Pasto, y en sentencia de 10 de septiembre de 2021, orden\u00f3, entre otras cuestiones \u00abal Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto y a la Fiscal\u00eda para que brinden [la] orientaci\u00f3n necesaria para hacer efectivo el di\u00e1logo intercultural que permita a las autoridades ind\u00edgenas escoger la mejor alternativa y cu\u00e1les ser\u00edan los pasos a seguir para establecer si adelantan el tr\u00e1mite [de] conflicto de jurisdicciones o el de preclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en cumplimiento de la anterior decisi\u00f3n, en audiencia de 24 de septiembre de 2021, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, tras escuchar a los intervinientes, resolvi\u00f3 ordenar la ruptura de la unidad procesal, en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s procesados, y respecto de Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional, autoridad competente para resolver los conflictos entre distintas jurisdicciones. <\/p>\n
Expres\u00f3 que en el Auto 426 de 29 de marzo de 2023, el Alto Tribunal Constitucional resolvi\u00f3 que el competente para conocer del proceso penal contra Narv\u00e1ez Yand\u00fan era la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por lo que resolvi\u00f3 dejar sin efectos la resoluci\u00f3n con la cual el Resguardo lo hab\u00eda sancionado, providencia que vulnera los derechos invocados, porque en ella se desconocieron las garant\u00edas de las comunidades ind\u00edgenas, as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Convenio 169 de la OIT y el criterio de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, de las que se concluye que \u00abes a la propia comunidad, en ejercicio de su autonom\u00eda, a la que le corresponde definir la identidad de una persona, y al respecto debe primar la realidad sobre las formas\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que la Corte Constitucional releg\u00f3 la figura de la cosa juzgada, porque inobserv\u00f3 el procedimiento que adelant\u00f3 el Resguardo para sancionar al comunero acusado, incluida la imposibilidad de establecer d\u00f3nde se encontraba el asunto en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, \u00abya que no se contaba con la ubicaci\u00f3n exacta del proceso, hab\u00eda una descoordinaci\u00f3n total, sin comunicaci\u00f3n y sin saber que fiscal\u00eda ten\u00eda la competencia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Resguardo estaba plenamente habilitado para tramitar y fallar el asunto, pues \u00abse cuenta con un reconocimiento ante el Ministerio del Interior, como autoridad natural que acoge los tres poderes del poder aut\u00f3nomo, judicial, ejecutivo y territorial, y ese reconocimiento hace las veces a que el Resguardo sea vinculado al pueblo de los pastos Quillasingas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 144 Judicial II Penal, manifest\u00f3 la improcedencia de este amparo, porque no evidenci\u00f3 lesi\u00f3n a derechos sustanciales. <\/p>\n
2. La Corte Constitucional luego de indicar el tr\u00e1mite dado al asunto, se opuso a la prosperidad del amparo porque en la decisi\u00f3n cuestionada no incurri\u00f3 en irregularidad. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda D\u00e9cima Especializada de Pasto, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n propuesta, porque lo relativo al conflicto de jurisdicciones se defini\u00f3 adecuadamente. Anot\u00f3 que no se lesionaron los derechos de los involucrados y agreg\u00f3 que la tutela no puede subsanar la argumentaci\u00f3n de cuestiones que no fueron aducidas en el proceso criticado. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, refiri\u00f3 el tr\u00e1mite del asunto cuestionado desde el 26 de junio de 2017 y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n porque no se dirigen pretensiones en su contra y porque no vulner\u00f3 los derechos invocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo solicitado porque no hall\u00f3 irregularidad en el Auto 426 de 29 de marzo de 2023 con el cual la Corte Constitucional, resolvi\u00f3 mantener en cabeza de la jurisdicci\u00f3n ordinaria la investigaci\u00f3n y juzgamiento del aqu\u00ed representado, Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan, pues el \u00abpronunciamiento controvertido (\u2026) no configura alguna de las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. M\u00e1s bien, se observa que los argumentos planteados en esa decisi\u00f3n se ajustan al marco legal y a la jurisprudencia correspondiente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el Resguardo accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos propuestos en el escrito inicial, a los que adicion\u00f3 que los elementos del fuero ind\u00edgena, esto es, el personal, territorial, objetivo e institucional se encontraban acreditados en el caso, por lo que la Corte Constitucional debi\u00f3 respetar la cosa juzgada y permitir que la sanci\u00f3n impuesta al \u00abcomunero\u00bb por la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena se siguiera aplicando. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s, se advierte que esta Corte est\u00e1 facultada para conocer \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb el presente amparo, formulado contra la Corte Constitucional, conforme a la regla general de competencia prevista en los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 37 del Decreto 2591 de 1991 y en concordancia con el Decreto 333 de 6 de abril de 2021, al igual que con lo establecido por la Corte Constitucional (CC Auto 055 de 2011) y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en casos similares (STP3762-2015, STC10136-2020, STC15841-2021, STC13897-2021 y STC6749-2022, entre otras), por lo que, presentado este amparo ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la impugnaci\u00f3n corresponde a esta Sala. <\/p>\n
3. En el presente asunto, advierte la Sala que el Resguardo Ind\u00edgena de Cuaspud Carlosama, en nombre de Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan, censura el Auto 426 de 29 de marzo de 2023 por el cual la Corte Constitucional defini\u00f3 el conflicto de jurisdicciones planteado y resolvi\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) PRIMERO: (\u2026) DECLARAR que corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto conocer sobre el proceso penal adelantado contra el se\u00f1or Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan por el delito de secuestro extorsivo agravado. <\/p>\n
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Resoluci\u00f3n 001 del d\u00eda 19 de julio de 2021 del gobernador del Cabildo de Cuaspud Carlosama, mediante la que sancion\u00f3 al se\u00f1or Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan. <\/p>\n
TERCERO. Por intermedio de la Secretar\u00eda General, REMITIR el expediente CJU-1644 al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pasto, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisi\u00f3n a los interesados\u00bb. <\/p>\n
4.1 As\u00ed, tras relatar lo ocurrido en el proceso penal, lo concerniente a la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 001 de 19 de julio de 2021, con la cual el gobernador del Cabildo de Cuaspud Carlosama sancion\u00f3 a Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan por hechos id\u00e9nticos a los investigados por las autoridades de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, y lo decidido en la acci\u00f3n de tutela que otrora impuls\u00f3 el Resguardo acusado y que dio lugar al conflicto de jurisdicciones, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que en otros casos similares consider\u00f3 procedente la definici\u00f3n de un conflicto de tales caracter\u00edsticas, aun cuando las autoridades tradicionales hubiesen proferido decisiones definitivas (C.C. Autos 749\/21, 1609\/22 y 059\/23), por lo que no hab\u00eda duda de que estaba habilitada para resolver. <\/p>\n
Enseguida, resalt\u00f3 que estaba ante un conflicto positivo de jurisdicciones porque las involucradas pretend\u00edan asumir el conocimiento del asunto penal seguido a Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan. <\/p>\n
Luego, para resolver sobre la activaci\u00f3n del fuero ind\u00edgena, advirti\u00f3 que, en cuanto al elemento personal, no hab\u00eda duda de su acreditaci\u00f3n porque las \u00abautoridades del Cabildo dieron a conocer que el se\u00f1or Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan es miembro de la Comunidad Ind\u00edgena de Cuaspud Carlosama al momento de intervenir en el proceso penal. En el documento que establece el fallo de la Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena tambi\u00e9n se afirma que el procesado es miembro de ese pueblo\u00bb. <\/p>\n
Sobre el elemento territorial, destac\u00f3 que \u00e9ste no se prob\u00f3, porque en el escrito de acusaci\u00f3n se advirti\u00f3 que la v\u00edctima fue secuestrada en una v\u00eda ubicada en el sector de \u00abLas Cruces\u00bb del municipio de Ipiales y que estuvo detenida en un inmueble localizado en ese municipio y, por su parte, las autoridades ind\u00edgenas \u00abno dieron a conocer de forma concreta los l\u00edmites f\u00edsicos del territorio de la comunidad\u00bb, puesto que en la decisi\u00f3n sancionatoria all\u00ed expedida, s\u00f3lo \u00abse consign\u00f3 que el procesado reconoci\u00f3 que el delito fue cometido en el territorio de la comunidad, sin hacer m\u00e1s elaboraciones al respecto\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el documento que aportaron, llamado \u00abPlan de Acci\u00f3n para la vida del pueblo de los Pastos\u00bb -que recopila informaci\u00f3n relativa a ese pueblo- se afirma que el territorio de la comunidad del Resguardo Carlosama -tambi\u00e9n llamado de Cuaspud Carlosama- est\u00e1 ubicado en el municipio de Cuaspud Carlosama, en el departamento de Nari\u00f1o\u00bb, se\u00f1ala \u00abcu\u00e1les resguardos de los Pastos est\u00e1n ubicados en el municipio de Ipiales, sin incluir ah\u00ed a la comunidad del Resguardo Carlosama\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que, ante la falta de un pronunciamiento expreso de las autoridades ind\u00edgenas sobre el territorio comunal y las dudas que gener\u00f3 su localizaci\u00f3n, no pod\u00eda verificarse si la presunta conducta objeto de reproche \u00abocurri\u00f3 en el espacio f\u00edsico del resguardo. Ocurre lo mismo al momento de verificar si el elemento territorial se acredita desde una perspectiva amplia. Las autoridades tradicionales no presentaron elementos que permitan considerar que la comunidad se desenvuelve culturalmente en el municipio de Ipiales\u00bb. <\/p>\n
Sobre el elemento objetivo, concerniente a la importancia para la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena del bien jur\u00eddico trasgredido y la nocividad de la conducta investigada para las comunidades ind\u00edgenas, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que la v\u00edctima se trataba de un ciudadano ecuatoriano perteneciente a la sociedad mayoritaria, para quien \u00abel bien jur\u00eddico de la libertad individual est\u00e1 protegido a trav\u00e9s de las normas que estipulan el delito imputado en este caso. Adem\u00e1s, el delito de secuestro extorsivo constituye una conducta de especial nocividad para la sociedad mayoritaria por su impacto directo sobre el derecho fundamental a la libertad de la forma expuesta por la Corte en el Auto 579\/22, providencia en la que se analiz\u00f3 un caso donde la v\u00edctima tambi\u00e9n pertenec\u00eda a la sociedad mayoritaria\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior adicion\u00f3 que el delito presuntamente cometido, \u00abes de especial nocividad para la cultura mayoritaria. Eso no excluye autom\u00e1ticamente la competencia de la Jurisdicci\u00f3n Especial Ind\u00edgena, sino que obliga a realizar un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado del elemento institucional para descartar que los hechos investigados queden impunes o que no se materialicen garant\u00edas efectivas a favor de la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo elemento, el institucional, explic\u00f3 que, si bien el Resguardo accionante indic\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta al procesado en esa jurisdicci\u00f3n la emiti\u00f3 una autoridad competente, tras una investigaci\u00f3n y luego de aplicar las normas establecidas en el reglamento interno de la comunidad, ese elemento no estaba satisfecho, pues, aunque exista \u00abcierta capacidad org\u00e1nica de la comunidad\u00bb, el resguardo no tiene la capacidad institucional para juzgar el caso, porque, <\/p>\n
(\u2026) La asociaci\u00f3n se refiere a un reglamento interno sin referirse a las disposiciones espec\u00edficas aplicables al delito de secuestro extorsivo. Establece que existe una serie de remedios colectivos e individuales, pero no explica cu\u00e1les son los criterios de aplicaci\u00f3n para cada remedio, m\u00e1s all\u00e1 de indicar que fueron utilizados en el caso del se\u00f1or Humberto Leovigildo Narv\u00e1ez Yand\u00fan. (\u2026) La comunidad no se refiri\u00f3 sobre si las v\u00edctimas tienen facultades procesales en el desarrollo de la causa judicial. Si bien, el gobernador estableci\u00f3 que existen \u00abmedidas de aseguramiento\u00bb para proteger a las v\u00edctimas, no hubo una explicaci\u00f3n concreta sobre las condiciones y caracter\u00edsticas de esas medidas. El gobernador tambi\u00e9n dio a conocer las medidas de reparaci\u00f3n a favor de la v\u00edctima, sin advertir c\u00f3mo se pueden aplicar a los casos donde la v\u00edctima no pertenece a la comunidad ind\u00edgena y, en consecuencia, no participa de las actividades colectivas que se celebran all\u00ed. <\/p>\n
(\u2026) Tambi\u00e9n llama la atenci\u00f3n el hecho de que un representante de la comunidad se\u00f1al\u00f3 en una de las audiencias del proceso penal que en este asunto no se pod\u00eda reparar a las v\u00edctimas porque ya se hab\u00eda emitido decisi\u00f3n de fondo. Pese a que se puede comprobar que la comunidad cuenta con un aparato de justicia con cierta coerci\u00f3n social y un concepto gen\u00e9rico de nocividad, no se puede establecer si la institucionalidad de la comunidad puede actuar de forma previsible al momento de juzgar conductas relacionadas con el secuestro extorsivo y respetando los derechos de las v\u00edctimas en el contexto de un an\u00e1lisis estricto de los est\u00e1ndares del elemento org\u00e1nico, considerando la importancia de este \u00faltimo aspecto, seg\u00fan lo expuesto por la Corte en los Autos 636\/22 , 750\/21 , 029\/22 y 311\/22\u00bb. <\/p>\n
5. Como se advirti\u00f3, la Sala no encuentra irregularidad en las consideraciones antes expuestas, pues la Corte Constitucional resolvi\u00f3 el asunto razonablemente, explicando los motivos por los cuales no consider\u00f3 satisfechos los denominados elementos territorial e institucional para activar el fuero ind\u00edgena, por lo que, en definitiva consider\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n ordinaria era la que mejor garantizaba los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del procesado y la v\u00edctima, lo que la llev\u00f3 a dejar sin efecto la sanci\u00f3n que antes se hab\u00eda impuesto por gobernador del Cabildo de Cuaspud Carlosama, argumentos que no constituyen arbitrariedad, ya que como lo ha indicado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades, este amparo no se abre paso por las divergencias de criterios que pudieran tener los accionantes con las decisiones judiciales (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022 y, STC4373-2023, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, cuesti\u00f3n que refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n aqu\u00ed reclamada (CSJ. STC, 7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022 STC2622-2022 y, STC12796-2023, entre muchas). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13314-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00678-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77730","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77730\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}