STC13319-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC13319-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04564-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la tutela que Julio C\u00e9sar Ordo\u00f1ez Mart\u00ednez instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior y al Juzgado Cincuenta Penal del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-09021-01 (60318). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y defensa t\u00e9cnica\u00bb, para que, en lo que se entiende, se ordenara a la Magistratura criticada dejar sin efectos el \u00abauto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia del 14 de julio de 2020 de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1\u00bb adiado 6 de septiembre de 2023. <\/p>\n
De lo documentado en el infolio y lo narrado en el escrito genitor se colige que el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 al actor a 200 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os, agravado\u00bb (17 sep. 2019), determinaci\u00f3n que el superior ratific\u00f3 el 14 de julio de 2020. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, Julio Cesar interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya demanda fue inadmitida (6 sep. 2023) y la Procuradur\u00eda Delegada para la Intervenci\u00f3n Primera para la Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la insistencia que impuls\u00f3, en atenci\u00f3n a que \u00ablas pretensiones del demandante en casaci\u00f3n fueron gen\u00e9ricas, al no relacionar el presunto vicio procesal con los principios de las nulidades, en especial, el de trascendencia, pues no especific\u00f3 como habr\u00eda afectado las decisiones condenatorias de haberse subsanado, la supuesta vulneraci\u00f3n al derecho de defensa t\u00e9cnica, limitando sus alegaciones a se\u00f1alar la manera en que se habr\u00eda transgredido el derecho mencionado\u00bb, aunado a que \u00abcensur[\u00f3] la calificaci\u00f3n jur\u00eddica endilgada por el ente acusador, y [pretendi\u00f3] reabrir un nuevo escenario para [refutar] el acervo probatorio debatido en el juicio oral, dirigiendo el reproche a demostrar que la conducta desplegada por el enjuiciado se dio en la modalidad tentada, al no haberse acreditado su consumaci\u00f3n\u00bb (26 oct.). <\/p>\n
2-. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las actuaciones surtidas en la lid confutada. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y La Defensor\u00eda del Pueblo se opusieron al amparo, porque \u00abno se ha vulnerado derecho alguno al accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se anticipa el fracaso de la salvaguarda, por observarse una conducta negligente y desidiosa en Julio C\u00e9sar Ordo\u00f1ez Mart\u00ednez, quien no formul\u00f3 adecuadamente la \u00abdemanda de casaci\u00f3n\u00bb, descuido que llev\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal a abstenerse de examinar de fondo el litigio sometido a su escrutinio, esto es, la sentencia de segundo grado que convalid\u00f3 la del a quo (AP52685-2023, 6 sep.). <\/p>\n
i)- El consagrado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por \u00abdesconocimiento del debido proceso por afectaci\u00f3n sustancial de su estructura o de la garant\u00eda debida a cualquiera de las partes\u00bb, toda vez que \u00abse vulner\u00f3 el derecho a la defensa, en cuanto a la posibilidad de solicitar, conocer y controvertir las pruebas, y los principios de in dubio pro reo, legalidad e igualdad de armas\u00bb, pues su primer defensor solicit\u00f3 \u00abun informe m\u00e9dico pericial de refutaci\u00f3n que indicar\u00eda que la \u2018rasgadura [en el vest\u00edbulo vaginal de la peque\u00f1a] fue producida por una mala postura al momento de alg\u00fan ejercicio o por una prenda interior\u2019\u00bb; sin embargo, \u00abel profesional del derecho que lo reemplaz\u00f3 renunci\u00f3 inexplicablemente a esa prueba, con lo cual el acusado qued\u00f3 en un estado de abandono, aspecto que no fue tenido en cuenta por el Tribunal al desatar dicho recurso\u00bb. <\/p>\n
ii)- Con fundamento en la causal 3\u00aa, denunci\u00f3 \u00abla violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho en el sentido de falso juicio de legalidad\u00bb, debido a que \u00ablos juzgadores malinterpretaron \u2018los hechos de la denuncia y de la declaraci\u00f3n rendida por la menor\u2019. As\u00ed mismo, la imputaci\u00f3n contra el investigado fue equivocada al atribuirle el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os, cuando ha debido endilg\u00e1rsele la modalidad tentada, en tanto no se consum\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal anunci\u00f3 que \u00ab[l]a demanda examinada (\u2026) no satisface los requisitos m\u00ednimos que exige el (\u2026) canon 184 para su admisi\u00f3n, en la medida que el censor no solo omiti\u00f3 referirse a la finalidad perseguida con la impugnaci\u00f3n, sino que no acredit[\u00f3] la posible ocurrencia de errores susceptibles de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este medio\u00bb. <\/p>\n
1.1.- Para ello, explic\u00f3, frente al \u00abcargo primero\u00bb, que <\/p>\n
(\u2026) para demostrar alguna falencia en la defensa t\u00e9cnica, capaz de quebrantar las garant\u00edas esenciales del individuo sometido a juzgamiento, se requiere probar que la actitud procesal asumida por el defensor obedeci\u00f3 a la decisi\u00f3n negligente de agenciar sus derechos sin apego a los lineamientos que el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado \u2013con especial \u00e9nfasis en el \u00e1rea del derecho penal- le demandan, rese\u00f1ar la omisi\u00f3n o la actuaci\u00f3n desplegada que se tacha de inapropiada y, mostrar por consecuencia, la gesti\u00f3n objetiva que debi\u00f3 desarrollar, para finalmente precisar su incidencia de cara a las conclusiones del fallo cuestionado. <\/p>\n
En tanto, <\/p>\n
No basta que el casacionista oponga su sola inconformidad a la estrategia planteada por quienes le precedieron en la representaci\u00f3n judicial de los intereses de su prohijado, o repudiar en t\u00e9rminos gen\u00e9ricos la actividad o pasividad procesal que rigi\u00f3 su desempe\u00f1o para condenar su trabajo defensivo y atribuirle la responsabilidad de desencadenar un prove\u00eddo adverso, pues, en algunas ocasiones, determinada actitud procesal del letrado o su aparente inercia responden a un plan preconcebido en favor de los intereses de su cliente (\u2026) (CSJ SP, 20 may. 2003. rad. 28.013). <\/p>\n
Sumado a lo antelado, predic\u00f3 que \u00ablas fases demostrativas del reproche no fueron debidamente abordadas por el impugnante\u00bb, porque \u00abno solo incumpli\u00f3 el presupuesto de taxatividad, al dejar de identificar la causal de nulidad en que se apoya -entre las descritas en los art\u00edculos 455 a 457 de la Ley 906 de 2004-\u00bb, sino que \u00abno satisfizo los principios de acreditaci\u00f3n y trascendencia en la demostraci\u00f3n de los supuestos vicios denunciados\u00bb, dado que \u00abtal cr\u00edtica se qued\u00f3 en el mero enunciado, ya que dej\u00f3 de lado la ineludible tarea de justificar apropiadamente el aporte real y espec\u00edfico de ese elemento de prueba\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que el casacionista \u00abasegur\u00f3 que se conculc\u00f3 el derecho a solicitar, conocer y controvertir las pruebas, pero no las pormenoriz\u00f3, y la defensa no objet\u00f3 el descubrimiento probatorio de la Fiscal\u00eda\u00bb; adem\u00e1s, durante la audiencia preparatoria \u00abse le proporcion\u00f3 a aquella la posibilidad de enunciar y solicitar los instrumentos probatorios que finalmente fueron decretados en su favor por el juez y, en el juicio oral, los profesionales del derecho que asistieron al acusado hicieron uso cabal y eficiente del contradictorio\u00bb. <\/p>\n
1.2.- En lo atinente, al \u00abcargo segundo\u00bb, relat\u00f3 que el recurrente \u00abde manera fragmentaria enfatiz\u00f3 aquellos apartados probatorios en que i) la v\u00edctima indic\u00f3 que no recordaba lo sucedido con su padrastro, ii) [la hermana mayor] narr\u00f3 que la ni\u00f1a le cont\u00f3 que el procesado solo hab\u00eda intentado darle un beso, iii) el m\u00e9dico Carlos Arturo Segura Organista refiri\u00f3 que la peque\u00f1a ingres\u00f3 al centro hospitalario por sospecha de abuso sexual\u00bb; no obstante, \u00abrest\u00f3 toda relevancia a aquellos otros segmentos en que, a) tras impugnarle credibilidad, la menor reconoci\u00f3 lo narrado en su entrevista forense previa, relativo a la introducci\u00f3n del \u2018coso\u2019 del procesado en su vagina -y otros actos sexuales deplorables-, b) los galenos que la evaluaron advirtieron la existencia de lesiones dentro de la vagina de la v\u00edctima, concretamente en el vest\u00edbulo, las cuales son indicativas del acceso carnal perpetrado por Ordo\u00f1ez Mart\u00ednez contra la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3, esbozando que \u00abaunque el demandante acus\u00f3 defectos en la valoraci\u00f3n de la denuncia y el testimonio de la afectada, no solo no los identific\u00f3, en tanto le bast\u00f3 se\u00f1alar que fueron malinterpretados, sino que por lo menos, en cuanto a la noticia criminal se refiere, es notorio que esta solamente fue empleada para impugnar credibilidad a la madre de la menor\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, advirti\u00f3 \u00abla falta de idoneidad sustancial del reproche, que por parte alguna puso en evidencia alg\u00fan vicio en la producci\u00f3n o aducci\u00f3n de las pruebas, que pudiera dar lugar a un falso juicio de legalidad\u00bb. <\/p>\n
2.- Con el referido comportamiento, el precursor desaprovech\u00f3 la posibilidad que la legislaci\u00f3n adjetiva concede para rebatir los desconciertos que expone en \u00abtutela\u00bb. De modo que, no puede valerse de esta especial v\u00eda para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, ya que era el proceso ordinario el escenario id\u00f3neo donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas que invoca, tomando en cuenta el car\u00e1cter residual de la ayuda supralegal. <\/p>\n
Acerca de ese t\u00f3pico, esta Sala tiene decantado, <\/p>\n
[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC1284-2023). <\/p>\n
Igualmente, ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC13158- 2021, STC14002-2022 y STC3119-2023). <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta inviable el an\u00e1lisis a profundidad del rito, ya que la falta de ese requisito general de procedibilidad frena cualquier intento de inmiscuirse en el caso concreto. <\/p>\n
3.- En consecuencia, el socorro no puede prosperar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Julio C\u00e9sar Ordo\u00f1ez Mart\u00ednez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13319-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC13319-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04564-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la tutela que Julio C\u00e9sar Ordo\u00f1ez Mart\u00ednez instaur\u00f3 contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}