STC13326-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13326-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 70001-22-14-000-2023-00196-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de octubre de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Isabel Ver\u00f3nica Tejada de la Ossa, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita en consecuencia que se ordene \u00abrevo[car] la providencia de segunda [instancia] fechada 27 de septiembre de 2023 proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre y como consecuencia de lo anterior dejar sin efectos la citada providencia (\u2026) y ordenar [al precitado estrado] se pronuncie respecto al recurso de reposici\u00f3n interpuesto\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto. <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso verbal reivindicatorio que la aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 contra Consuelo Silva Polan\u00eda, Vanesa Tejada Silva y Cecilia Tejada Silva, radicado \u00ab2021-00060-01\u00bb, el Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que el extremo demandado interpuso contra el auto de 9 de mayo de 2023, con que se tuvo por no contestada la demanda. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de la misma ciudad, a quien le correspondi\u00f3 conocer de la alzada, resolvi\u00f3 el 27 de septiembre de 2023 declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, por la indebida notificaci\u00f3n del demandado Jairo Torres Morales, con lo cual, sostiene la gestora, se apart\u00f3 de los fines del recurso vertical, en vez de aplicar el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso, poniendo el motivo de invalidaci\u00f3n en conocimiento de la parte afectada, m\u00e1xime cuando Jairo Torres Morales no es parte dentro del juicio, pues su menci\u00f3n en el proceso \u00abfue un error de transcripci\u00f3n en el auto que admite la demanda por parte del juez a quo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual narr\u00f3 que el 26 de mayo de 2023 admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n en comento, pero al percatarse que en auto de 20 de mayo de 2021 se hab\u00eda admitido la demanda contra Jairo Torres Morales, decidi\u00f3 el 27 de septiembre siguiente decretar la nulidad de lo actuado por falta de integraci\u00f3n del contradictorio <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado y corrobor\u00f3 que Jairo Torres Morales no es parte dentro del mismo y \u00absu menci\u00f3n en el auto de fecha 20 de mayo de 2021, se debe a un error de transcripci\u00f3n al momento de proyectar dicha providencia, toda vez que nunca fue se\u00f1alado por parte del demandante\u00bb. <\/p>\n
3. Yolanda Isabel Rey Jim\u00e9nez, quien dijo ser apoderada de Consuelo Silva Polan\u00eda y Vanesa Carolina y Cecilia Victoria Tejada Silva, demandadas dentro del decurso reprochado, expuso el motivo para haber apelado el prove\u00eddo con que se rechaz\u00f3 la contestaci\u00f3n de demanda presentada por las prenombradas, y pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n o a lo sumo se le ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual resolver dicha alzada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo neg\u00f3 el resguardo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la tutela, tras evidenciar que en el proceso criticado la promotora omiti\u00f3 atacar mediante el recurso de reposici\u00f3n el auto de 27 de septiembre de 2023, con que el juzgado accionado declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, mecanismo procedente contra dicha decisi\u00f3n, porque la misma \u00aben verdad no resolvi\u00f3 puntualmente sobre la alzada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora, con fundamento en que no proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n contra el auto de 27 de septiembre de 2023, porque resolvi\u00f3 una apelaci\u00f3n, pero por fuera de los motivos de inconformidad expuestos al interponerla y adem\u00e1s se pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n de aquella determinaci\u00f3n sin que el juzgado accionado haya emitido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De entrada advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n tomada por el a quo constitucional, comoquiera que seg\u00fan se constata del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado, se vislumbra que la accionante desaprovech\u00f3 el mecanismo de defensa con que cont\u00f3. <\/p>\n
Del mismo modo, contra el auto de 20 de mayo de 2021, con que el Juzgado Promiscuo Municipal de Majagual admiti\u00f3 la demanda dentro del proceso cuestionado, incluyendo como demandado a Jairo Torres Morales, la actora dej\u00f3 de interponer el recurso o de reposici\u00f3n, o de solicitar su correcci\u00f3n en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, para la exclusi\u00f3n de aquel como integrante de la pasiva. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando se desaprovechan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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