STC13346-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13346-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01997-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 17 de octubre de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Margarita Mar\u00eda G\u00f3mez Gallego contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso e igualdad, as\u00ed como tambi\u00e9n de los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, buena fe, confianza leg\u00edtima y \u00abracionabilidad\u00bb, que dice vulnerados por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse revoque la sentencia del 23 de noviembre de 2022\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra las sentencias proferidas el 31 de octubre de 2008 y 30 de octubre de 2009, en el marco del proceso ordinario laboral que Margarita Mar\u00eda G\u00f3mez Gallego promovi\u00f3 contra la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social -Cajanal- tr\u00e1mite en el que G\u00f3mez Gallego fue representada por curador ad litem. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2022, la sede judicial acusada declar\u00f3 pr\u00f3spero el prenotado medio de impugnaci\u00f3n, por lo que \u00abinvalid\u00f3\u00bb los fallos acusados y, en su lugar, \u00ababsolvi\u00f3\u00bb a Cajanal de las pretensiones que elev\u00f3 en su contra Margarita Mar\u00eda G\u00f3mez Gallego. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que s\u00f3lo conoci\u00f3 de la sentencia que resolvi\u00f3 la revisi\u00f3n, \u00abcuando se [le] notific\u00f3 por parte de la UGPP [la] resoluci\u00f3n RDP001860\u00bb, que dio cumplimiento a dicho fallo; y que el estrado acusado desconoci\u00f3 \u00abel precedente judicial vertical y horizontal, al admitir\u2026 el recurso extraordinario\u2026 presentado por la UGPP\u00bb, comoquiera que \u00abpara la fecha [en] que [se] present\u00f3 se encontraba caducado el t\u00e9rmino para solicitar dicha revisi\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 26 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resalt\u00f3 que \u00abdebe declararse improcedente el amparo, dado que la acci\u00f3n constitucional no cumple con el requisito de inmediatez\u2026\u00bb; y que \u00abla decisi\u00f3n que\u2026 profiri\u00f3 en el juicio objeto de cuestionamiento se respald\u00f3 en argumentos razonables y compatibles con el ordenamiento jur\u00eddico, de modo que no puede considerarse lesiva de las prerrogativas fundamentales invocadas\u00bb. <\/p>\n
3. La UGPP defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n objeto de censura constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que: <\/p>\n
\u2026 uno de los presupuestos de procedibilidad consiste justamente en la inmediatez, del cual se advierte su incumplimiento, en tanto la decisi\u00f3n reprochada\u2026 [fue] proferida el 23 de noviembre de 2022, fue notificada por edicto el 19 de diciembre del mismo a\u00f1o y, de all\u00ed hasta cuando se interpuso la presente acci\u00f3n de tutela \u2013 28 de septiembre de 2023, super\u00f3 la temporalidad de 6 meses que se considera razonable por la jurisprudencia, para acudir al instrumento de amparo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del resguardo esgrimi\u00f3 que \u00abno existe un t\u00e9rmino legal para presentar la acci\u00f3n constitucional\u00bb y que \u00absi bien jurisprudencialmente se ha dicho que el t\u00e9rmino razonable es de seis\u2026 meses, es preciso tambi\u00e9n advertir que la Corte Constitucional\u2026 ha indicado que este t\u00e9rmino no es el \u00fanico criterio de razonabilidad, toda vez que el juez debe\u2026 valorar las circunstancia por las cuales la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 en determinado tiempo\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a argumentar que debi\u00f3 rechazarse el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que formul\u00f3 la UGPP, por estar caducada la oportunidad para interponerlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que, al margen del supuesto incumplimiento del presupuesto de inmediatez, la cuestionada providencia de 23 de noviembre de 2022 (SL4328-2022), no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada explic\u00f3 los motivos por los que consideraba oportuna la presentaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n por parte de la UGPP, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Preliminarmente, es conveniente se\u00f1alar que la demanda de revisi\u00f3n fue presentada en tiempo, dado que, si bien la sentencia data de octubre de 2009, lo que en principio llevar\u00eda a concluir que la demanda es inoportuna, lo cierto es que cuando el proceso lo inicia la UGPP, el plazo de 5 a\u00f1os debe contarse a partir de cuando dicha entidad asumi\u00f3 la defensa judicial de la extinta Cajanal -12 de junio de 2013-, tal como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia SU-427-2016 y esta Corporaci\u00f3n en autos AL1479-2018 y AL1932-2018. En consecuencia, al haberse radicado la demanda de revisi\u00f3n ante esta Sala el 22 de marzo de 2018, se estima oportuna. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que el recurso de revisi\u00f3n se present\u00f3 oportunamente por la UGPP atendiendo las circunstancias especiales del caso. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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