STC13349-2023 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13349-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00546-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 26 de octubre de 2023, dictado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Esmeralda S\u00e1nchez Callej\u00f3n contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, conformado por los \u00c1rbitros Jaime Alberto Arrubla Paucar, Carlos Eduardo Pareja Emiliani y Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas, tr\u00e1mite al cual fue vinculadas las partes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abpropiedad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Tribunal accionado \u00abde[jar] sin efectos el laudo arbitral de fecha septiembre 15 de 2023\u2026\u00bb y, en consecuencia, se disponga \u00abproferir un nuevo laudo, atendiendo el precedente judicial obligatorio constituido por las sentencias SC1971-2022, radicaci\u00f3n 73319-31-03-001-2018-00106-01 de diciembre 12 de 2022 y STC4914-2023, radicaci\u00f3n 22300122130002023-00052-01 de mayo 4 de 2023, proferidas por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Constantino S\u00e1nchez Garc\u00eda convoc\u00f3 a proceso arbitral a Gustavo Sanabria Rodr\u00edguez, Constantino Juan y Esmeralda S\u00e1nchez Callej\u00f3n, con la finalidad de que se declarara la simulaci\u00f3n absoluta de las Escrituras P\u00fablicas Nros. 1160 de 12 de julio de 2001 de la Notar\u00eda Cuarta de Cartagena, por medio de la cual Gustavo Sanabria cedi\u00f3 a t\u00edtulo de venta 5000 cuotas sociales de Servihoteles Ltda. a Constantino Juan, y la Nro. 3230 de 31 de diciembre de 2003 de la Notar\u00eda Segunda de Cartagena, con la que Constantino Juan cedi\u00f3 a t\u00edtulo de venta dichas cuotas sociales a favor de Esmeralda S\u00e1nchez Callej\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Instalado el Tribunal de Arbitramento, los convocados contestaron la demanda, proponiendo, entre otras, la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de los derechos y de la acci\u00f3n, comoquiera que, los negocios demandados devienen de los a\u00f1os 2001 y 2003, momento en el que, a su parecer, naci\u00f3 el inter\u00e9s jur\u00eddico del demandante para ejercer la acci\u00f3n; de ah\u00ed que, los 10 a\u00f1os dispuestos en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil hab\u00edan fenecido con un actuar silente de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Agregaron que, otros momentos para contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n es la Escritura P\u00fablica n\u00b0 3277 de 19 de noviembre de 2009 de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Cartagena, a trav\u00e9s de la cual se liquid\u00f3 la sociedad conyugal entre el convocante y Alfreda Callej\u00f3n, donde qued\u00f3 constancia que S\u00e1nchez Garc\u00eda solo contaba con el 50% de las cuotas sociales de Servihoteles Ltda; asimismo, porque all\u00ed pudo de presente que el demandante le revoc\u00f3 el poder general a su hijo Constantino Juan, mostrando all\u00ed el deterioro y desconfianza entre ellos; de ah\u00ed que, con ese actuar tambi\u00e9n le surg\u00eda inter\u00e9s para demandar, pero no lo hizo en tiempo. <\/p>\n
2.3. Descorrido el traslado de los medios exceptivos, el demandante refiri\u00f3 que el inter\u00e9s para demandar, en calidad de tercero en los negocios, naci\u00f3 el 19 de noviembre de 2021, cuando Esmeralda S\u00e1nchez realiz\u00f3 una junta extraordinaria de socios con su progenitora y lo removieron de su condici\u00f3n de representante legal de Servihoteles Ltda., situaci\u00f3n que conllev\u00f3 a la venta de 3 lotes de la sociedad; concluyendo que, tales hechos lo tomaron por sorpresa. <\/p>\n
2.4. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 15 de septiembre de 2023 el Tribunal de Arbitramento declar\u00f3 no probadas las excepciones incoadas y, en consecuencia, accedi\u00f3 a la simulaci\u00f3n pretendida; destacando, respecto de la prescripci\u00f3n alegada que, del momento para tomar como inici\u00f3 del c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n no existe una postura consolidada por v\u00eda jurisprudencial, que para el caso, durante el tiempo en que los simulantes respetaron la verdad de los negocios, el demandante no ten\u00eda necesidad de incoar la demanda, por lo que de la acci\u00f3n s\u00f3lo le surgi\u00f3 el inter\u00e9s en el a\u00f1o 2021 cuando le revocaron su representaci\u00f3n legal de la sociedad, insistiendo en que, \u00absin inter\u00e9s no hay acci\u00f3n\u00bb, a m\u00e1s que, si bien la Sala de Casaci\u00f3n Civil en reciente jurisprudencia SC1971-2022 fij\u00f3 una postura estableciendo que el plazo debe contarse desde la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, tambi\u00e9n lo es que, all\u00ed se precis\u00f3 que en trat\u00e1ndose de terceros afectados el derecho a reclamar deviene del menoscabo que el pacto aparente les irroga, precisando que, para el caso, el convocante es un tercero en los contratos demandados. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, a su parecer, el Tribunal de Arbitramento desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales de obligatoria aplicaci\u00f3n que sobre el t\u00e9rmino prescriptivo en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n refiere, en espec\u00edfico, la sentencia en casaci\u00f3n SC1971-2022 y el fallo en tutela STC4914-2023, por medio de los cuales se estableci\u00f3 que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n debe contabilizarse desde el momento en que se realiz\u00f3 el negocio jur\u00eddico, para el caso, en los a\u00f1os 2001 y 2003, es decir, la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n debi\u00f3 prosperar. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que conforme a la sentencia SU027 de 2021 proferida por la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente jurisprudencial configura una v\u00eda de hecho, por lo que, al desconocer el fallo criticado las decisiones referidas a espacio, la salvaguarda es procedente. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que al concluir que el inici\u00f3 del conteo de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n comenzaba desde el a\u00f1o 2021, por un supuesto acto de rebeld\u00eda de su parte, adem\u00e1s de desconocer del precedente, conllev\u00f3 a que \u00abper[diera] la propiedad de las 5.000 cuotas sociales de las que [es] leg\u00edtimamente propietaria en la sociedad Servihoteles Ltda.\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que \u00abno [le] resulta posible presentar recurso de apelaci\u00f3n y tampoco [le] resulta posible presentar recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, debido a que la causal constituida en la inaplicaci\u00f3n de precedente judicial obligatorio no se encuentra dentro de las taxativas causales que permite el art\u00edculo 41 de la ley 1563 de 2012\u00bb, por lo que la salvaguarda debe ser procedente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, pues no es la llamada a responder las pretensiones constitucionales. <\/p>\n
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2. La C\u00e1mara de Comercio de Cartagena relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado hasta la instalaci\u00f3n de Tribunal y la admisi\u00f3n de la demanda; resalt\u00f3 que ha obrado en estricto cumplimiento de las normas que regula el ejercicio de sus funciones. <\/p>\n
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3. Jaime Alberto Arrubla Paucar, Jos\u00e9 Pereira Llamas y Carlos Pareja Emiliani, en calidad de \u00e1rbitros integrantes del Tribunal de Arbitraje constituido para resolver las controversias en el proceso criticado instaron la improcedencia del resguardo; anotaron que no desconoci\u00f3 el precedente, por el contrario, expuso las diferentes tesis jurisprudenciales sobre la materia; que por disposici\u00f3n de las partes, la constituci\u00f3n y la ley, el laudo arbitral se debe proferir en equidad; que est\u00e1 pendiente de resolverse un recurso extraordinario de anulaci\u00f3n ya interpuesto, a m\u00e1s que, est\u00e1 corriendo el t\u00e9rmino para interponer recurso de anulaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Constantino S\u00e1nchez Garc\u00eda, a trav\u00e9s de apoderado judicial, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada no luce caprichosa, m\u00e1xime cuando los \u00e1rbitros pueden y deben rendir su determinaci\u00f3n con base en la equidad pudiendo para ello hacer a un lado una regla positiva del ordenamiento jur\u00eddico, por lo que, el car\u00e1cter especial de la justicia arbitral implica que se deba hacer un examen de procedibilidad mucho m\u00e1s estricto; que el fallo criticado no evidencia una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
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5. Constantino Juan S\u00e1nchez Callej\u00f3n y Gustavo Sanabria Rodr\u00edguez, en escritos separados, coadyuvaron la petici\u00f3n de amparo, pues, el Tribunal de Arbitramento desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial de obligatoria aplicaci\u00f3n, frente a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que en tiempo formularon, configur\u00e1ndose una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que las determinaciones criticadas no lucen caprichosas; destacando que, el desacuerdo planteado por la promotora no evidencia una relaci\u00f3n directa con el debido proceso, toda vez que, la actora no argument\u00f3 de manera suficiente por qu\u00e9 el hecho de que el Tribunal de Arbitramento haya acogido una de las 2 posturas jurisprudenciales implica el desconocimiento inequ\u00edvoco del principio del juez natural, de ah\u00ed que, no se evidencia una relevancia constitucional que permitan efectuar un an\u00e1lisis de fondo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la obligatoriedad de aplicar el precedente judicial no es absoluta, a m\u00e1s que, \u00abaunque el Tribunal\u2026 no mencion\u00f3 expresamente la sentencia SC1971-2022, lo cierto es que hizo referencia a la regla all\u00ed establecida sobre la fecha en que se debe iniciar el c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n -la cual no es nueva en la jurisprudencia civil- y plante\u00f3 de manera amplia los motivos por los cuales se apart\u00f3 de ella\u00bb, situaci\u00f3n que al margen de que se comparta, tal determinaci\u00f3n no puede ser tildada de irrazonable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, insistiendo que, conforme la sentencia SU 027 de 2021 el desconocimiento y falta de aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial, constituye una v\u00eda de hecho, para el caso, al no aplicar la postura dispuesta por esta Corte en los fallos SC1971-2022 y STC4919-2023 en punto al momento del inici\u00f3 del conteo del t\u00e9rmino prescriptivo en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, debe conllevar a invalidar el laudo arbitral criticado; agreg\u00f3 que, si bien Constantino S\u00e1nchez Garc\u00eda fue considerado como un tercero en los negocios demandados, lo cierto es que \u00abcada uno de los contratos simulados fueron celebrados y posteriormente cedidos por orden y voluntad suya, lo que es igual a decir, que el convocante intervino como determinador en su formaci\u00f3n y celebraci\u00f3n, motivo por el cual no puede considerarse un tercero\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal de Arbitramento criticado, en el laudo de 15 de septiembre de 2023, por medio del cual declar\u00f3 no probadas las excepciones, entre ellas, la de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n y, en consecuencia, accedi\u00f3 a la simulaci\u00f3n absoluta de los actos jur\u00eddicos perfeccionados a trav\u00e9s de las escrituras p\u00fablicas n\u00b0 1160 de 12 de julio de 2001 de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Cartagena con la que Gustavo Sanabria cedi\u00f3 a t\u00edtulo de venta 5000 cuotas sociales de Servihoteles Ltda. a Constantino Juan S\u00e1nchez Callej\u00f3n, y la n\u00b0 3230 de 31 de diciembre de 2003 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cartagena, con la que Constantino Juan cedi\u00f3 a t\u00edtulo de venta las referidas cuotas sociales a Esmeralda S\u00e1nchez Callej\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n no estaba probada. <\/p>\n
En efecto, tras exponer el medio defensivo expuesto por los convocados y la defensa del convocante, cit\u00f3 el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, consignando que: <\/p>\n
74. Sabido es que en el C\u00f3digo Civil se prev\u00e9 la prescripci\u00f3n como modo de adquirir las cosas ajenas (art. 2512) y como modo de extinci\u00f3n de las acciones y derechos. La segunda, que es la alegada por los integrantes de la Parte Convocada, est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cARTICULO 2535. PRESCRIPCION EXTINTIVA. La prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible.\u201d <\/p>\n
75. En cuanto al t\u00e9rmino para el ejercicio de la acci\u00f3n, dispone el art\u00edculo 2536 que la acci\u00f3n ordinaria prescribe a los diez (10) a\u00f1os, per\u00edodo dentro del cual el interesado debe interponer la demanda. <\/p>\n
76. Habida cuenta que la acci\u00f3n simulatoria no tiene una norma espec\u00edfica que disponga un t\u00e9rmino expreso para su ejercicio, la regla general del art\u00edculo 2536 es la que resulta aplicable. As\u00ed lo ha explicado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, explicando que dicha acci\u00f3n \u201cest\u00e1 sometida a la llamada prescripci\u00f3n extintiva, consagrada en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil que, para su cumplimiento, exige el transcurso de cierto tiempo y la inacci\u00f3n del acreedor, o el no haberla ejercitado\u201d. <\/p>\n
77. La prescripci\u00f3n, teniendo en cuenta que hace alusi\u00f3n al ejercicio o inactividad de un derecho subjetivo, es renunciable y, por ende, el solo transcurso del tiempo no permite su operancia, de ah\u00ed que sea indispensable su alegaci\u00f3n como excepci\u00f3n de m\u00e9rito para que pueda ser declarada por el Tribunal. <\/p>\n
78. As\u00ed lo dispone el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cART\u00cdCULO 282. RESOLUCI\u00d3N SOBRE EXCEPCIONES. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda. Cuando no se proponga oportunamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, se entender\u00e1 renunciada\u201d <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo en la jurisprudencia estudi\u00f3 el momento para tomar de inicio el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n en la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n demandada, indicando que: <\/p>\n
79. Frente a la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n y el momento para tomar como inicio del c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n, el Tribunal debe iniciar destacando que, a la fecha, no existe una postura consolidada al interior de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
80. En efecto, mientras que existen sentencias que sostienen la tesis seg\u00fan la cual el plazo letal debe contarse a partir de un hecho que suponga el desconocimiento de un derecho o relaci\u00f3n jur\u00eddica acordada entre las partes del convenio ficto, o mejor, desde que existe un alzamiento en rebeld\u00eda del deudor es que podr\u00eda iniciarse el plazo prescriptivo, otras sentencias, en cambio, sostienen que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva debe contarse desde la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico atacado, aduciendo que la obligaci\u00f3n de revelar la realidad y aniquilar la apariencia del negocio simulado surge de inmediato. <\/p>\n
82. Ciertamente, la existencia de un hecho jur\u00eddico desconocedor del pacto simulado es lo que da lugar a que surja un inter\u00e9s en cabeza del afectado con el acto rebelde para acudir al juez para demostrar que ese negocio es fingido. Sin la verificaci\u00f3n de que el acto gener\u00f3 un perjuicio o lesi\u00f3n derivado del desconocimiento del pacto simulado, no puede entonces nacer el inter\u00e9s jur\u00eddico, toda vez que \u201csin inter\u00e9s no hay acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
85. As\u00ed las cosas, solo hasta que exista un agravio o lesi\u00f3n en cabeza de una persona, es que surge su inter\u00e9s jur\u00eddico para demandar y, por lo mismo, solamente a partir de all\u00ed es que debe contabilizarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n. Inclusive, desde all\u00ed es que adquiere titularidad jur\u00eddica para formular una pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n. Y no podr\u00eda ser de otra manera, se insiste, porque mientras los signatarios del negocio simulado no lo desconozcan, no hay riesgo de ninguna clase\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
87. Desde esa perspectiva, si el legislador castiga la inercia del acreedor en el ejercicio oportuno de sus derechos, en modo alguno el inicio del t\u00e9rmino para demandar puede ser un momento en que, ciertamente, no ha existido lesi\u00f3n para el titular que abra paso a demandar. Solo tras lo anterior es que, como se dijo, nace el inter\u00e9s jur\u00eddico del titular. <\/p>\n
88. Lo anterior encuentra fundamento, adem\u00e1s, en el principio seg\u00fan el cual la prescripci\u00f3n no corre contra quien no puede valerse para actuar (contra nom valentem agere prescriptio non currit) que ha sido explicado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cEl fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva de derechos y acciones, como se sabe, opera sobre dos presupuestos b\u00e1sicos: el transcurso de un determinado lapso de tiempo sin la debida actividad de su titular. <\/p>\n
En cuanto a lo primero, cabe observar que el abandono o negligencia del titular del derecho o acci\u00f3n de que se trate, solo se le puede imputar cuando pudiendo obrar, omite hacerlo. Por tal raz\u00f3n, el tiempo necesario para configurar la prescripci\u00f3n, solo corre a partir del momento en que est\u00e9 en posibilidad de ejercitar el respectivo derecho o acci\u00f3n, conforme al principio seg\u00fan el cual la prescripci\u00f3n no corre contra quien no puede valerse para actuar (contra nom valentem agere prescriptio non currit). Dicho en otras palabras, no puede condenarse a sufrir la extinci\u00f3n de sus derechos o acciones a quien no cuenta con la posibilidad de ejercitarlos\u201d (CSJ SC 30 sep. 2002, rad. 6682). <\/p>\n
Seguidamente, atendiendo el precedente jurisprudencial reciente por v\u00eda de casaci\u00f3n, el cual la promotora refiere una falta de aplicaci\u00f3n (SC1971-2022), para el caso, consign\u00f3 que: <\/p>\n
91. El Tribunal no echa de menos, como se explic\u00f3 en l\u00edneas precedentes, que otras sentencias dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en concreto, la sentencia SC1971-2022 de 12 de diciembre de 2022, estableci\u00f3 que el plazo letal debe contarse desde la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, tesis soportada en que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n no puede quedar sometido a plazo o condici\u00f3n, pues la obligaci\u00f3n de revelar la realidad y aniquilar la apariencia es una obligaci\u00f3n pura, simple y, por consiguiente, exigible inmediatamente. <\/p>\n
92. Sin embargo, es igualmente menester advertir que dicha sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia fue clara en precisar que, en trat\u00e1ndose de terceros afectados con la simulaci\u00f3n (siendo, en el caso concreto, la Parte Convocante un tercero distinto a las partes de los negocios simulados) \u201cel dies a quo del plazo prescriptivo de la acci\u00f3n de esos terceros coincida con el nacimiento de su inter\u00e9s jur\u00eddico en la declaratoria de simulaci\u00f3n\u201d para lo cual se explic\u00f3 que \u201cno es la mendacidad del contrato simulado lo que les confiere derecho a reclamar la prevalencia de la verdadera voluntad de los contratantes, sino el menoscabo que el pacto aparente les irroga, aunque este se materialice mucho tiempo despu\u00e9s de celebrado el contrato simulado\u201d. <\/p>\n
Luego, atendiendo tales derroteros al sub examine dijo que: <\/p>\n
93. Con fundamento en lo anterior, teniendo como punto de partida para definir si est\u00e1 probada o no la prescripci\u00f3n, que el plazo habr\u00e1 de contarse desde el surgimiento del inter\u00e9s jur\u00eddico y\/o acto de rebeld\u00eda por uno de los contratantes que hubiere alegado la Parte Convocante, es necesario entonces, entrar a valorar los escenarios planteados en la demanda arbitral reformada, luego de lo cual se determinar\u00e1 si, en efecto, fue all\u00ed cuando naci\u00f3 el inter\u00e9s jur\u00eddico o si, como lo sostienen los opositores, el aludido inter\u00e9s naci\u00f3 en fecha previa. <\/p>\n
94. Indic\u00f3 el Convocante que el acto de rebeld\u00eda a partir del cual debe contabilizarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n es la remoci\u00f3n del se\u00f1or CONSTANTINO S\u00c1NCHEZ GARC\u00cdA como Representante Legal de SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.) (con los votos de los integrantes de la Parte Convocada), lo cual tuvo lugar en la junta extraordinaria de socios celebrada el 19 de noviembre de 2021, con la posterior compraventa de tres (3) lotes pertenecientes a SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.) a CARTAGENA DUB\u00c1I BEACH RESORT S.A.S., lugar donde se construyera el HOTEL DUB\u00c1I. <\/p>\n
95. A su turno, la Convocada, en s\u00edntesis, sostiene que existir alg\u00fan pacto simulatorio, el eventual inter\u00e9s jur\u00eddico del Convocante surgi\u00f3, o bien con la celebraci\u00f3n de la Escritura P\u00fablica No. 3230 del 31 de diciembre de 2003, ante la instrucci\u00f3n a CONSTANTINO JUAN S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N a ESMERALDA S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N, o bien con la Escritura P\u00fablica No. 3860 de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, donde el Convocante declar\u00f3 que ten\u00eda el 50% de las cuotas sociales de SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.) o, finalmente, con la revocatoria de poder que hiciera la Parte Convocante al se\u00f1or CONSTANTINO JUAN S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N, que estaba vigente por m\u00e1s de trece (13) a\u00f1os, ante el deterioro de sus relaciones comerciales. <\/p>\n
96. Sobre este particular, es necesario advertir que, habida cuenta que esta controversia gira en torno a la simulaci\u00f3n de la cesi\u00f3n de cuotas sociales de la sociedad SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.) y la configuraci\u00f3n de un acto de rebeld\u00eda de quienes, sin tener verdadera calidad de socios de SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.), se valieron de aquella para afectar los intereses del Convocante, no se avizora que las hip\u00f3tesis que plantea la Parte Convocada tengan relaci\u00f3n con el pacto simulado. <\/p>\n
97. En efecto, las hip\u00f3tesis que expuso la Parte Convocada no guardan relaci\u00f3n directa o indirecta con los negocios jur\u00eddicos que, en \u00faltimas, son el objeto del litigio: la cesi\u00f3n de las cuotas sociales en SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.) vertidas en las Escrituras P\u00fablicas atacadas en la demanda. <\/p>\n
98. Ciertamente, no puede predicarse rebeld\u00eda alguna de una manifestaci\u00f3n del propio Convocante en la Escritura P\u00fablica de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, cuando dicho acto, como se explic\u00f3 arriba, no es ejercido por uno de los contratantes del negocio cuya simulaci\u00f3n se pretende. Por lo dem\u00e1s, las declaraciones bajo la gravedad de juramento que haya realizado el Convocante en esa Escritura P\u00fablica, en primer lugar, no son un asunto que deba ser comprobado por el Tribunal, cuya competencia est\u00e1 circunscrita al contrato social de la sociedad SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.); y como segundo, si se parte de la base que en ese momento no hab\u00eda nacido el inter\u00e9s jur\u00eddico para demandar (pues el pacto simulado se manten\u00eda) el Convocante no habr\u00eda de declarar algo distinto a lo que se manten\u00eda ficto. <\/p>\n
99. Adicionalmente, frente a la revocatoria del poder general que hiciera la Parte Convocante al se\u00f1or CONSTANTINO S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N por el deterioro de la relaci\u00f3n comercial y la p\u00e9rdida de confianza, es preciso advertir que solamente rebela eso: la p\u00e9rdida de confianza del poderdante con el apoderado, pero ello nada tiene que ver, directa o indirectamente, con la cesi\u00f3n de las cuotas sociales de SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.). Es decir, de all\u00ed no se desprende ning\u00fan hecho que permitiera establecer para el Convocante que el se\u00f1or S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N se rebelar\u00eda contra el pacto simulado. <\/p>\n
101. A partir de las anteriores consideraciones, si el pacto simulado involucra la cesi\u00f3n de las cuotas sociales con las que, ulteriormente, al se\u00f1or CONSTANTINO S\u00c1NCHEZ GARC\u00cdA le fue removida su condici\u00f3n de representante legal, luego de lo cual se enajenaron los lotes pertenecientes a SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.), es posible concluir que fue solo hasta all\u00ed cuando sus intereses patrimoniales se vieron afectados. En otras palabras, el pacto simulado se rompi\u00f3 no con la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal o con la revocatoria de poder, sino con el acto jur\u00eddico desplegado por los contratantes que lo desconocieron, que fue, precisamente, mediante la utilizaci\u00f3n de unas cuotas sociales que \u2013en principio\u2013 no les pertenec\u00edan a los socios, pero que fueron utilizadas para removerlo de su cargo. <\/p>\n
102. As\u00ed las cosas, el denominado por el demandante \u201cacto de rebeld\u00eda\u201d se materializ\u00f3 en que, aun cuando realmente las cuotas sociales que est\u00e1n en cabeza de ESMERALDA S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N y GUSTAVO SANABRIA RODR\u00cdGUEZ son del se\u00f1or CONSTANTINO S\u00c1NCHEZ GARC\u00cdA, y as\u00ed lo entendieron aquellos desde la cesi\u00f3n de las cuotas sociales vertidas en las Escrituras P\u00fablicas demandadas, de forma sorpresiva, vali\u00e9ndose de sus cuotas sociales en la compa\u00f1\u00eda SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.), votaron a favor para removerlo como representante legal de dicha sociedad y, luego de ello, teniendo la representaci\u00f3n legal de aquella, enajenaron tres (3) lotes de SERVICIOS HOTELEROS DE BOL\u00cdVAR LTDA. (SERVIHOTELES LTDA.). <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
103. Lo anterior da lugar a que la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n se haya ejercido dentro del t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
104. Por lo expuesto, el Tribunal niega la excepci\u00f3n de \u201cPrescripci\u00f3n de los derechos y la acci\u00f3n pretendidos por el convocante \u2013 demandante\u201d formulada por los se\u00f1ores CONSTANTINO JUAN S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N y ESMERALDA S\u00c1NCHEZ CALLEJ\u00d3N, as\u00ed como la excepci\u00f3n de \u201cprescripci\u00f3n de los derechos como consecuencia de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n pretendida por el convocante\u201d invocada por el se\u00f1or GUSTAVO SANABRIA. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa, es una diferencia de criterio acerca de la forma en la cual el Tribunal de Arbitramento acusado analiz\u00f3 la normatividad, medios suasorios y jurisprudencia aplicable al caso concreto, concluyendo que, el momento para iniciar el conteo del t\u00e9rmino prescriptivo, por ser el convocante un tercero en los negocios demandados, deven\u00eda desde que le surgi\u00f3 el inter\u00e9s, mismo que, seg\u00fan las probanzas allegadas al plenario se dio en el a\u00f1o 2021 cuando Esmeralda S\u00e1nchez junto con otros socios de Servihoteles Ltda. le revocaron la representaci\u00f3n legal y procedieron a la venta de 3 lotes de la sociedad, de ah\u00ed que, los 10 a\u00f1os dispuestos en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil no han fenecido. <\/p>\n
Ahora, no se puede predicar un desconocimiento del precedente, si en cuenta se tiene que tal razonamiento provino de la aplicaci\u00f3n reciente del precedente jurisprudencial de esta Corte, el que la promotora refiere su desconocimiento, pues, en la sentencia SC1971-2022 se estableci\u00f3 tal regla prescripctiva para los contratantes, empero, al ser un tercero afectado el demandante de los negocios jur\u00eddicos, (como es el caso, pues Constantino S\u00e1nchez Garc\u00eda no intervino en los instrumentos p\u00fablicos demandados) el hito inicial del plazo de la prescripci\u00f3n extintiva est\u00e1 vinculado con el acaecimiento de alguna lesi\u00f3n concreta generada a ese tercero por el negocio ficto, el que se puede materializar mucho tiempo despu\u00e9s de celebrado el contrato simulado, por lo que, en dicha decisi\u00f3n del Alto Tribunal en materia civil, al variar el precedente, dijo que \u00abelegir la fecha de celebraci\u00f3n del contrato simulado como dies a quo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n que ejercen los contratantes \u2013o sus causahabientes\u2013, es perfectamente compatible con la regla que dispone contabilizar ese lapso prescriptivo frente a terceras personas desde cuando la convenci\u00f3n ficta lesiona sus derechos; es decir, desde cuando surja para ellos \u2013los terceros, se aclara\u2013 un inter\u00e9s subjetivo, serio, concreto y actual en la declaratoria de simulaci\u00f3n\u00bb; razonamiento que mantiene esta Corte, incluso en el fallo de tutela STC4914-2023, donde la parte era un contratante y no un tercero; regla que, adem\u00e1s se reiter\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n SC231-2023; de ah\u00ed que, se insiste, la determinaci\u00f3n criticada no luce caprichosa. <\/p>\n
En ese orden, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13349-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13349-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00546-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 26 de octubre de 2023, dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}