STC13351-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13351-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2023-00058-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 31 de octubre de 2023 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Diego Fernando Guerrero Zorrilla contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, seguridad jur\u00eddica, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdeclarar sin valor y\/o eficacia jur\u00eddica\u2026 la sentencia de \u00fanica instancia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco el\u2026 6 de diciembre de 2022 por medio de la cual se negaron las pretensiones deprecadas por el demandante en demanda de revisi\u00f3n de cuota alimentaria\u2026\u00bb y, en consecuencia, se ordene al estrado judicial \u00abproferir nueva providencia\u2026 mediante la cual\u2026 acced[a] a las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, Diego Fernando Guerrero Zorrilla adelant\u00f3 proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria contra Luz Ang\u00e9lica Ortiz Magallanes, en representaci\u00f3n, para ese entonces menor Diego Andr\u00e9s Guerrero Ortiz; esto, atendiendo que, conforme en la conciliaci\u00f3n adelantada en ese despacho, el 28 de enero de 2021 se acord\u00f3 una cuota mensual para esa data de $790.611 m\u00e1s cuota extraordinaria en junio y diciembre; empero, si bien estaba vinculado laboralmente a la Armada Nacional de Colombia, lo cierto es que, por motivos ajenos a su voluntad fue retirado y pensionado, encontr\u00e1ndose sin empleo, sumado a que, cuenta con otra hija menor y debe velar por la manutenci\u00f3n de su progenitora. <\/p>\n
2.3. El 24 de noviembre de 2022 se adelant\u00f3 diligencia, en la que se recepcionaron los interrogatorios de las partes; en los intentos de conciliaci\u00f3n particip\u00f3 el ya mayor de edad Diego Andr\u00e9s Guerrero Ortiz, al tiempo que, la convocada aport\u00f3 documentales que daban cuenta de los gastos de su hijo el cual es universitario y residen en la ciudad de Bogot\u00e1, tales como certificado de estudios, recibos de arriendo, gastos relacionados por el alimentario, medios suasorios que indic\u00f3 el despacho los tendr\u00e1 como pruebas; decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.4. El 5 de diciembre de 2022 el Juzgado neg\u00f3 la disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria, precisando que, en la actualidad Diego Andr\u00e9s no recibe ni tan siquiera el 25% de lo que actualmente percibe el demandante, si en cuenta se tiene que la pensi\u00f3n del progenitor oscila en los $4.095.494, por lo que su cambio de trabajador a pensionado no puede considerarse para tal disminuci\u00f3n, de ah\u00ed que contin\u00faa con capacidad econ\u00f3mica para suministrar alimentos a sus 2 hijos, sumado a la necesidad de Diego Andr\u00e9s en proveer sus alimentos, necesidad que qued\u00f3 demostrada; en ese orden, dispuso una cuota alimentaria del 21% del sueldo y de las primas de junio y diciembre, las cuales deber\u00e1n ser descontada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y consignadas a \u00f3rdenes del Juzgado. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el promotor, en s\u00edntesis, que el fallador atendi\u00f3 probanzas que no fueron aportadas en tiempo, toda vez que, la demandada no contest\u00f3 la demanda y fue en la audiencia concentrada donde \u00abaport[\u00f3] pruebas como gastos de manutenci\u00f3n de su hijo, certificado de estudios de la Fundaci\u00f3n de Universidad de Bogot\u00e1 Jorge Tadeo Lozano y recibos de pagos de pieza que arrienda en Bogot\u00e1, siendo que esta etapa procesal correspondiente a la contestaci\u00f3n de la demanda y presentaci\u00f3n de pruebas ya hab\u00eda acabado\u00bb. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que su hijo cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad 4 d\u00edas antes de llevar a cabo la audiencia, por lo que la progenitora, para esa fecha \u00abperdi\u00f3 la condici\u00f3n de representante legal del alimentario\u00bb y no pod\u00eda participar bajo esa condici\u00f3n el esa diligencia, a m\u00e1s no era a quien se le deb\u00eda interrogar, configur\u00e1ndose una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en esa vista p\u00fablica, sumado a que, \u00aben este tipo de casos no hay interrogatorio de parte de la mam\u00e1 o del pap\u00e1 en un proceso en el cual se cuestionen derechos alimentarios en favor de menores de edad, mucho menos en favor de mayores de edad que puedan trabajar\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que el fallador \u00abomiti\u00f3 estudiar el debate real del asunto que giraba en torno a la disminuci\u00f3n de la cuota de alimentos, y\/o denegar las pretensiones de la demanda y no llegar a modificarlas como se observa en varios apartes de la sentencia, en donde bajo su criterio impone una cuota del 21% de [su] salario, que resulta m\u00e1s alta a lo que estaba pagando en el transcurso de este a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio criticado; anot\u00f3 que para la audiencia de 24 de noviembre de 2022 atendi\u00f3 a Diego Andr\u00e9s Guerrero como parte, pues d\u00edas anteriores hab\u00eda cumplido la mayor\u00eda de edad, mismo que estuvo presente en la diligencia, al punto que particip\u00f3 en la etapa de conciliaci\u00f3n presentando sus gastos y no aceptando los ofrecimiento de su progenitor; refiri\u00f3 que respecto de las pruebas allegadas en la referida audiencia, la parte actora pudo formular recurso de reposici\u00f3n y no lo hizo, m\u00e1xime cuando al inici\u00f3 de la etapa probatoria puso de presente las pruebas documentales de las partes; que la decisi\u00f3n criticada data de hace m\u00e1s de 5 meses, por lo que no cumple con el presupuesto de inmediatez: remiti\u00f3 para consulta del expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar, de un lado, que la supuesta indebida representaci\u00f3n de Diego Andr\u00e9s Guerrero, el \u00fanico legitimado para alegarla ser\u00eda aqu\u00e9l, raz\u00f3n por la que tal argumentaci\u00f3n no resulta trascendente, m\u00e1xime cuando en la diligencia de 24 de noviembre de 2022 no se dijo nada al respecto. <\/p>\n
Por otra parte, al incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues frente a la introducci\u00f3n del material probatorio por parte de la demandada por fuera de la oportunidad permitida nada se dijo, en efecto, las mismas se aportaron en la audiencia de 24 de noviembre de 2022 y en el desarrollo de la diligencia, ni siquiera al momento de alegar en conclusi\u00f3n, se aleg\u00f3 la supuesta imposibilidad de tomarlos como prueba. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo, a los que adicion\u00f3 que con el fallo criticado se dispuso un \u00abdescuento de [su] pensi\u00f3n\u2026 y sin fundamentos legales dos embargos de [su] pensi\u00f3n con una medida cautelar de cobro ejecutivo, habiendo cancelado puntual los dineros en la cuenta de la mam\u00e1 de [su] hijo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De entrada, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada al fracaso, pues, adem\u00e1s de que el ya mayor de edad, Diego Andr\u00e9s, particip\u00f3 en calidad de parte en la diligencia de 24 de noviembre de 2022, lo cierto es que la intervenci\u00f3n de Luz Ang\u00e9lica Ortiz, que en sentir del promotor no contaba con legitimaci\u00f3n por pasiva para ese momento, no fue alegada en oportunidad ante el fallador natural; de ah\u00ed que, el presupuesto de subsidiariedad est\u00e1 insatisfecho. <\/p>\n
Asimismo, frente al reparo en que el Juzgado no deb\u00eda atender los medios suasorios aportados por la parte demandada en la diligencia de 24 de noviembre, pues el libelo no fue contestado en oportunidad, por lo que tales probanzas terminaban siendo extempor\u00e1neos; se destaca que la salvaguarda tambi\u00e9n se torna inviable, en la medida en que el gestor ning\u00fan reproche al respecto plante\u00f3 al interior de la audiencia, ni cuando se adelant\u00f3 la etapa probatoria donde se puso de presente esos medios suasorios, o incluso, al momento de alegar en conclusi\u00f3n, mecanismos de defensa que no utiliz\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC8898-2017, 21 jun. 2017, rad. 2017-00112-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, frente a la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, que conllev\u00f3 a modificar la cuota a un 21% de lo que devenga por cuenta de su pensi\u00f3n, la acci\u00f3n constitucional tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Juzgado criticado, en la decisi\u00f3n de 5 de diciembre de 2022, luego de analizar las situaciones f\u00e1cticas y legales, dijo que: <\/p>\n
\u2026al presentarse copia de la actual nomina del demandante, se puede verificar que hoy con la disminuci\u00f3n que se alega por el retiro y pensi\u00f3n del se\u00f1or DIEGO FERNANDO GUERRERO ZORRILLA, su hijo DIEGO ANDR\u00c9S GUERRERO ORTIZ, no recibe ni tan siquiera el 25% de su derecho como alimentario; en tanto el sueldo es de\u2026 cuatro millones noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos (4.095.494); el demandante est\u00e1 proporcionando mucho menos de lo que en realidad le corresponde no solo hoy sino antes de su retiro cuando devengaba mucho m\u00e1s. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica del demandado, consignando que: <\/p>\n
Acreditado el v\u00ednculo de parentesco entre DIEGO FERNANDO GUERRERO ZORRILLA y su hijo DIEGO ANDR\u00c9S GUERRERO ORTIZ y verificadas las necesidades del alimentario conforme a lo narrado dentro de la diligencia del 24 de noviembre de 2022 y la situaci\u00f3n del demandado con la sola presentaci\u00f3n de la demanda y la declaraci\u00f3n de parte, conviene adentrarnos en el estudio de la capacidad econ\u00f3mica del demandado, en el \u00e1nimo de dilucidar si hay o no lugar a la revisi\u00f3n para disminuci\u00f3n. <\/p>\n
En el t\u00f3pico hay certeza en que el padre del alimentario DIEGO ANDR\u00c9S GUERRERO ORTIZ es pensionado de las Fuerzas Armadas y as\u00ed se corrobora con la copia de la n\u00f3mina, con el dicho del demandante y con la misma demanda. <\/p>\n
Las reglas de la experiencia aplicadas al sub-lite indican que el demandado ostenta capacidad econ\u00f3mica para suministrar alimentos a sus dos hijos, ya que toda persona que es asalariado y gana un monto de dinero, est\u00e1 en condiciones de aportar con los alimentos congruos de su prole. <\/p>\n
En lo que respecta al monto a tasarse como cuota alimentaria, el Despacho establecer\u00e1 que en la aplicabilidad al art\u00edculo 413 del C.C. dentro de la divisi\u00f3n de los alimentos est\u00e1n los congruos los que \u201chabilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
El fallo necesariamente devendr\u00e1 a favor de los intereses del alimentario DIEGO ANDR\u00c9S GUERRERO ORTIZ, toda vez que los elementos de juicio aportados nos ense\u00f1an que el padre si ostenta capacidad econ\u00f3mica para atender las necesidades cotidianas de su hijo. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 la tasaci\u00f3n de la mesada alimentaria, precisando que: <\/p>\n
De una parte, hay que ponderar lo siguiente: que DIEGO ANDR\u00c9S GUERRERO ORTIZ ciertamente tiene las necesidades ya alertadas y propias de su edad: est\u00e1 en etapa universitaria y es estudiante en una ciudad fuera de su casa; que se desarrolla en un medio social de alto costo de vida como lo es Bogot\u00e1; que las necesidades presentadas son de credibilidad a la judicatura, con gastos m\u00ednimos de transporte, vivienda, alimentaci\u00f3n sin dejar de mencionar viajes, u otros gastos propios de la vida universitaria, y de los que normalmente se deben considerar como son elementos de aseo, pago de celular, deporte, salud. Es decir que la cuota alimentaria que recibe de su padre y la ayuda de su madre es apenas acorde con su momento y proyecto de vida. <\/p>\n
La cuota alimentaria, no ser\u00e1 modificada en su monto; sin embargo, la cuota ser\u00e1 descontada directamente desde la entidad pagadora Caja de Retito de las FF:MM CREMIL, consignada a nombre de la madre LUZ ANG\u00c9LICA ORTIZ MAGALLANES a la cuenta del Juzgado para dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario del Juzgado; en porcentaje equivalente al 21% del sueldo y prestaciones sociales. <\/p>\n
Finalmente, dijo que: <\/p>\n
\u2026es oportuno informar y recordar a las partes que las sentencias proferidas en asuntos de alimentos no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, hall\u00e1ndose habilitados para demandar su incremento, disminuci\u00f3n o exoneraci\u00f3n, cuando las circunstancias var\u00eden. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el actor fue una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juzgado accionado valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que Diego Fernando cuenta con capacidad econ\u00f3mica para continuar sufragando la cuota alimentaria, pues si bien fue retirado del servicio activo de las fuerzas militares, tambi\u00e9n lo es que ya tiene un reconocimiento pensional, adem\u00e1s, la cuota alimentaria se asimila a un porcentaje equivale al 21% de lo que actualmente devenga el promotor, asimismo, su hijo cuenta con la necesidad de los alimentos, en la medida en que es universitario en una ciudad diferente a la de su domicilio y requiere para sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Finalmente, en punto al reparo tra\u00eddo en la impugnaci\u00f3n, en que el Juzgado le aplic\u00f3 dos embargos a su mesada pensional mensual, adem\u00e1s de ser un hecho nuevo que no fue alegado con el escrito inicial, tambi\u00e9n lo es que, tales inconformidades puede plantearlas ante el fallador natural, raz\u00f3n por la que el juez constitucional tambi\u00e9n tiene vedado intervenir respecto del particular. <\/p>\n
5. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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