STC13353-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00298-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de noviembre de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Iv\u00e1n Montoya V\u00e9lez, en calidad de Director Encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familia \u2013 ICBF \u2013 Regional Antioquia-, quien dice actuar en inter\u00e9s de los menores Maximiliano y Paola, contra el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El actor, a favor de los menores, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud, familia, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abpersonalidad jur\u00eddica\u00bb, \u00abpaz\u00bb, \u00abcuidado y amor\u00bb, presuntamente vulnerados por el Juzgado enjuiciado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abde[clarar] la nulidad de la providencia proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Oralidad de Medell\u00edn dentro del proceso denominado \u201cDirime Conflicto de Competencia Suscitado por la Comisar\u00eda de Familia Comuna Ochenta San Antonio de Prado Medell\u00edn\u201d de fecha septiembre 28 de 2023, pero equivocadamente fechada\u2026 28 de octubre de\u2026 2023\u00bb y, en consecuencia, \u00abse declare la no prosperidad de la acci\u00f3n, orden\u00e1ndose al se\u00f1or Comisario de Familia Comuna Ochenta del Corregimiento de San Antonio de Prado del municipio de Medell\u00edn asumir el conocimiento del proceso, tramit\u00e1ndolo hasta el logro del prop\u00f3sito\u2026 esto es el restablecimiento y reparaci\u00f3n de los fundamentales derechos de los ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Previa denuncia telef\u00f3nica por presunto maltrato por violencia intrafamiliar a los menores de edad, la Coordinadora del Centro Zonal Sur Oriente de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, remiti\u00f3 las diligencias a la Comisar\u00eda de Familia Comuna Ochenta San Antonio de Prado (Medell\u00edn), con el fin de que adelantara el proceso de verificaci\u00f3n de derechos y lo que se derive de estos para los ni\u00f1os en el contexto de violencia intrafamiliar, esto, porque ante la concurrencia de Defensor de Familia y de Comisario de Familia en el mismo municipio, el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2126 de 2021 fij\u00f3 un criterio diferenciador para asumir el conocimiento, a m\u00e1s que, la gu\u00eda de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del ICBF, en cuanto al direccionamiento, establece que mientras el menor no est\u00e9 de manera f\u00edsica en el despacho del defensor, no se entiende que tiene conocimiento de los presuntos hechos de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Recepcionadas las diligencias en la Comisar\u00eda de Familia Comuna Ochenta San Antonio de Prado Medell\u00edn, rehus\u00f3 el conocimiento, suscitando conflicto de competencia entre autoridades administrativas, tras considerar que, conforme al par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2126 de 2021 la primera autoridad que conozca del asunto, previo a remitir por competencia, debe realizar la primera verificaci\u00f3n y tomar medidas urgentes; reliev\u00f3 que la gu\u00eda de gesti\u00f3n de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias del ICBF no puede estar por encima de la Ley, pues su conocimiento no puede circunscribirse al escenario de tener al menor f\u00edsicamente en su despacho, en la medida en que, es contrario al principio de primac\u00eda de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <\/p>\n
2.3. El 28 de septiembre de 20231 el Juzgado Quinto de Familia de Medell\u00edn, al desatar el conflicto de competencia, dispuso remitir las diligencias a la Defensor\u00eda de Familia \u2013 Centro Zonal Sur Oriente del ICBF, con el fin de dar estricto cumplimiento a lo consagrado en el par\u00e1grafo 2\u00b0 de la ley 2126 de 202, esto es, al ser la primera autoridad receptora de la informaci\u00f3n, previo a remitir el conocimiento del asunto a la Comisar\u00eda, realice las gestiones primarias de verificaci\u00f3n de las garant\u00edas de los menores y de ser el caso, dar inicio al proceso de restablecimiento de derechos, destacando que los protocolos administrativos dise\u00f1ados por el ICBF como lo gu\u00eda de peticiones, quejas y reclamos, no pueden contrariar la normatividad. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el estrado acusado \u00abb\u00e1sicamente\u2026 se adhiri\u00f3 totalmente a lo expuesto por el\u2026 Comisario de Familia\u00bb, relievando que \u00abtanto las Comisar\u00edas de Familia como las Defensor\u00edas de Familia son entidades encargadas de garantizar los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y su restablecimiento, por lo que ambas entidades pertenecen al sistema nacional de Bienestar Familiar\u00bb, no obstante, el ICBF es el rector del sistema nacional de Bienestar Familiar, por lo que no solo debe observar el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, sino las normas que rigen la prestaci\u00f3n del servicio, de ah\u00ed que, \u00ablos funcionarios encargados de las l\u00edneas de recepci\u00f3n de denuncias, quejas, peticiones y sugerencias del ICBF cuentan con una amplia formaci\u00f3n en materia de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, por lo que en el evento que se identifique que el asunto requiere una actuaci\u00f3n urgente lo remite a la autoridad m\u00e1s cercana al lugar de ocurrencia de los hechos, defensor o comisario de familia, con el fin de que el asunto se atienda con la m\u00e1xima prontitud posible\u00bb, como ac\u00e1 ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el Comisario de Familia Comuna Ochenta del Corregimiento de San Antonio de Prado \u00abes el competente para conocer de los hechos puestos en su conocimiento por la Coordinaci\u00f3n de Centro Zonal Suroriente del ICBF Regional Antioquia (en su funci\u00f3n de articuladora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar como parte del ICBF), raz\u00f3n por la cual el Comisario de Familia debi\u00f3 asumir la competencia del asunto, realizar la correspondiente verificaci\u00f3n de garant\u00eda de derechos y adoptar las medidas de protecci\u00f3n que la situaci\u00f3n del ni\u00f1o demandara\u00bb. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que la argumentaci\u00f3n del Comisario fue sesgada y despachada favorablemente por el estrado judicial, sin observar los art\u00edculos 4\u00b0 y 5\u00b0 de la Ley 1098 de 2006, insistiendo en que el Juez \u00abno hizo m\u00e1s que avalar la inobservancia de la ley, conducta puesta en pr\u00e1ctica sin argumento legal v\u00e1lido alguno por el se\u00f1or Comisario\u2026 dejando en vilo la garant\u00eda, restablecimiento y reparaci\u00f3n de los derechos de los [menores]\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que \u00abla funcionaria contra la que se promovi\u00f3 el conflicto de competencia carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para ser reconocida como parte pasiva en la acci\u00f3n judicial, al ser una funcionaria de car\u00e1cter administrativo (Coordinadora del Centro Zonal Suroriente), funcionaria que de acuerdo con el contenido de la providencia que resolvi\u00f3 el conflicto de competencia fue confundida\u2026 con una Defensora de Familia\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Unidad de Comisar\u00edas de Familia y los Comisarios de Familia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n de Medell\u00edn pidieron denegar la salvaguarda; refirieron que el ICBF a trav\u00e9s de la l\u00ednea nacional 141 recibe la solicitud de protecci\u00f3n y desatendiendo la Ley 1098 de 2006, en aplicaci\u00f3n de un memorando que no tiene alcance de lineamiento, deciden a trav\u00e9s del Coordinador del Centro Zonal, quien no es autoridad administrativa de protecci\u00f3n, remitir a las Comisar\u00edas de Familia de Medell\u00edn las solicitudes, que desde la implementaci\u00f3n de dicho memorando han sido aproximadamente 80 remisiones indebidas, que son devueltas por el Comisario y con resueltos con diversos conflictos de competencia por los Jueces de Familia; que no es legal que la Defensor\u00eda asuma el conocimiento de la denuncia s\u00f3lo si el ciudadano se presenta de forma f\u00edsica con el menor; que la gu\u00eda de gesti\u00f3n de peticiones, quejas y reclamos del ICBF no contempla que sean los funcionarios del centro de contacto quienes determinen la autoridad competente, pues esto solo surge del an\u00e1lisis y la verificaci\u00f3n de derechos que realice una autoridad administrativa y establezca si las amenazas o vulneraciones son en el marco de la violencia intrafamiliar o no; que el ICBF cuando recibe por sus diferentes peticiones la supuesta vulneraci\u00f3n de derechos no est\u00e1 actuando como \u00abcall center o entidad privada\u00bb, sino como m\u00e1xima entidad del Estado que trabaja por la prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los j\u00f3venes y las familias en Colombia; que la directora zonal del ICBF que conozca del caso inicial, tiene la obligaci\u00f3n de remitirla al Defensor de Familia para que den cumplimiento conforme el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 2126 de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia Comuna Ochenta \u2013 Corregimiento de San Antonio de Prado inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; manifest\u00f3 que no se advierte la vulneraci\u00f3n de derechos que amerite recurrir a la acci\u00f3n de tutela, \u00abdemostrando una vez m\u00e1s el ICBF un desgaste innecesario del aparato judicial, que se evitar\u00eda asumiendo las competencias a prevenci\u00f3n, dadas por la ley\u00bb; que como despacho asume los casos de maltrato infantil, sin embargo, tal remisi\u00f3n debe hacerse luego de la respectiva verificaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Quinto de Familia de Medell\u00edn defendi\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, advirtiendo que el ICBF al conocer de la denuncia e identificar los hechos puestos en conocimiento debi\u00f3 de inmediato dar aplicaci\u00f3n al par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 2126 de 2021; que la remisi\u00f3n de las diligencias que hizo el ICBF a la Comisar\u00eda fue sin realizar la verificaci\u00f3n dispuesta en esa norma, \u00abno se trataba en ning\u00fan momento de adelantar el proceso de Restablecimiento de Derechos, era hacer lo que en derecho le correspond\u00eda inicialmente, lo que de su actuaci\u00f3n se deriva efectivamente ya si era de competencia de la Comisar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 145 Judicial II Para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres indic\u00f3 que el actuar del estrado judicial desborda la potestad legal que le confiere la ley y su decisi\u00f3n es atentatoria de normas de orden p\u00fablico; que a la Coordinadora Zonal del ICBF no se le puede atribuir funciones que la ley no le asign\u00f3, como la de abrogar la facultad de autoridad administrativa para que decida externamente sobre los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, pues esta funci\u00f3n est\u00e1 reglada y restrictiva al defensor o comisario; que el juzgado debe \u00abasign[ar] a un defensor y que este sea el que provoque el conflicto\u00bb, pues no debe existir conflicto entre la Comisar\u00eda y la Coordinadora del Centro Zonal. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar, de un lado, que el actor carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa, pues si bien dijo promover el resguardo en inter\u00e9s y defesa de los menores de edad, lo cierto es que, no acudi\u00f3 a la salvaguarda para velar, prevenir, proteger o restablecer los derechos de aqu\u00e9llos ni\u00f1os, sino para cuestionar una decisi\u00f3n judicial que dispuso que la Defensor\u00eda de Familia que regenta es quien debe dar estricto cumplimiento a lo consagrado en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2126 de 2021. <\/p>\n
Por otra parte, porque a\u00fan si se atendiera la legitimaci\u00f3n para actuar, la determinaci\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues m\u00e1s all\u00e1 de los lineamientos del ICBF para recepcionar denuncias, lo cierto es que, es obligaci\u00f3n de los funcionarios y defensores de familia, como receptores iniciales de la noticia, actuar con prontitud conforme el art\u00edculo 52 de la Ley 1098 de 2006 y al par\u00e1grafo 2\u00b0 del canon 5\u00b0 de la Ley 2126 de 2021. <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abla Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn abord\u00f3 el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n puesta bajo su conocimiento desde el lugar de mero Juez ordinario y no de Juez Constitucional como lo exig\u00eda el asunto, igual pas\u00f3 con el se\u00f1or Juez Quinto de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, el cual en nada tuvo en consideraci\u00f3n la especial normatividad de ni\u00f1ez, infancia y adolescencia (Ley 1098\/2006), la cual en su art\u00edculo 6\u00b0 fija como criterios de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n, adem\u00e1s del mismo C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, los Tratados y Convenios Internacionales en Materia de Derechos Humanos, especialmente la Convenci\u00f3n Internacional Sobre los Derechos del Ni\u00f1o de la ONU\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso sub exime la queja se dirige contra la providencia de 28 de octubre de 20232, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Medell\u00edn, mediante la cual fij\u00f3 en la Defensor\u00eda de Familia Centro Zonal Sur Oriente del ICBF, la competencia para dar estricto cumplimiento a lo consagrado en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2126 de 2021, esto es, dar la atenci\u00f3n primaria a la denuncia, pues la defensor\u00eda que conozca de casos diferentes a los de su competencia, verificar\u00e1 la garant\u00eda de derechos, y de ser necesario dar\u00e1 inicio al proceso de restablecimiento de derechos, ordenar\u00e1 las medidas de protecci\u00f3n y de restablecimiento de derechos y remitir\u00e1 a la autoridad competente a m\u00e1s tardar al tercer d\u00eda h\u00e1bil siguiente; sin embargo, para la Sala, esa determinaci\u00f3n no luce arbitraria, al margen que se comparta, por lo que la salvaguarda rogada est\u00e1 llamada a fracasar. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado enjuiciado, tras historiar el sub judice, cit\u00f3 el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2126 de 2021, consignando que: <\/p>\n
\u2026descendiendo en el presente caso se tiene que, tras el reporte realizado a trav\u00e9s de la L\u00cdNEA 141 del ICBF se pone en conocimiento una posible vulneraci\u00f3n de derechos, en favor del [menor] de 8 a\u00f1os de edad aproximadante, y sin m\u00e1s datos; quien por dem\u00e1s reside en San Antonio del Prado, Medell\u00edn, Antioquia\u201d., la misma es remitida a la COMISARIA DE FAMILIA COMUNA OCHENTA, por competencia, sin que mediara VERIFICACI\u00d3N DE GARANT\u00cdA DE DERECHOS ALGUNA, mucho menos sin que, de ser el caso, se hubieran TOMADO ACCIONES URGENTES U OTORGANDO MEDIDAS PROVISIONALES PARA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE ATENCI\u00d3N., argumentando para ello la defensora el criterio diferenciador de competencia establecido en el art 5 de la 2126 del 2021 que concretamente refiere a la competencia para conocer la violencia en el contexto familiar de parte de las comisar\u00edas y los dem\u00e1s argumentos rese\u00f1ados en la actuaciones administrativa, que a decir verdad, ning\u00fan valor jur\u00eddico contiene; criterio que a juicio de este titular dista a lo establecido en el par\u00e1grafo 2o. de la Ley 2123\/2021 \u2026 \u201cEn virtud de los principios de corresponsabilidad y del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, cuando el defensor o defensora de familia o el comisario o comisaria de familia conozca de casos diferentes a los de su competencia, verificar\u00e1 la garant\u00eda de derechos, y de ser necesario dar\u00e1 inicio el proceso de restablecimiento de derechos, ordenar\u00e1 las medidas de protecci\u00f3n y de restablecimiento de derechos y remitir\u00e1 a la autoridad competente a m\u00e1s tardar al tercer d\u00eda h\u00e1bil siguiente, que se contar\u00e1n a partir del conocimiento del caso\u201d y al mismo par\u00e1grafo 4o. que dispone \u2026\u201dToda actuaci\u00f3n administrativa que pueda obstaculizar, retardar o denegar la prestaci\u00f3n del servicio a cargo de las Defensor\u00edas de Familia y de las Comisarlas de Familia, incluidas las remisiones injustificadas entre autoridades, ser\u00e1 sancionada como lo prev\u00e9 el C\u00f3digo General Disciplinario\u201d. <\/p>\n
Consecuente, con lo anterior, se evidencia entonces que no es lo que afirma la se\u00f1ora DEFENSORA DE FAMILIA de conocimiento, cuando expresa que; \u2026 \u201ctodos los casos que lleguen al ICBF a trav\u00e9s de los canales de atenci\u00f3n deban SER enviados al defensor de familia a prevenci\u00f3n; mucho menos que el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, (ICBF) no es un medio de selecci\u00f3n y clasificaci\u00f3n de casos para las comisar\u00edas de familia. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00absiendo claro para todos que el objeto de conflicto NO ES la COMPETENCIA DE LOS CASOS LLEGADOS POR LA L\u00cdNEA DE ATENCI\u00d3N DEL ICBF; que el conflicto se CENTRA en que si ella como receptora de la primera informaci\u00f3n o solicitud de protecci\u00f3n, DEBI\u00d3 O NO REALIZAR LA VERIFICACI\u00d3N DE GARANT\u00cdA DE DERECHOS, DEBI\u00d3 O NO TOMAR ACCIONES URGENTES, OTORGANDO MEDIDAS PROVISIONALES PARA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE ATENCI\u00d3N\u00bb, concluyendo que: <\/p>\n
\u2026bien claro lo consagra el referido EL PAR\u00c1GRAFO 2\u00ba, de la Ley 2123 DEL 2021 que refiere al principio de corresponsabilidad y del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, cuando el defensor o defensora de familia o el comisario o comisaria de familia conozca de casos diferentes a los de su competencia, verificar\u00e1 la garant\u00eda de derechos, y de ser necesario dar\u00e1 inicio el proceso de restablecimiento de derechos, ordenar\u00e1 las medidas de protecci\u00f3n y de restablecimiento de derechos y remitir\u00e1 a la autoridad competente a m\u00e1s tardar al tercer d\u00eda h\u00e1bil siguiente, que se contar\u00e1n a partir del conocimiento del caso\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, no se trata de revictimizar los sujetos de derecho, se trata de cumplir con lo ordenado en la Ley tal cual ha quedado rese\u00f1ado precedentemente <\/p>\n
Finalmente comparte este titular el criterio del SE\u00d1OR COMISARIO, que, los protocolos o lineamientos de la naturaleza que sea dise\u00f1ados por el ICBF para el manejo de sus asuntos al interior de la entidad y dem\u00e1s autoridades administrativas, han de estar sometidas al imperio de la Ley nunca debajo de ellas. (GU\u00cdA DE GESTI\u00d3N DE PETICIONES QUEJA, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la fundaci\u00f3n peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado enjuiciado aplic\u00f3 el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 2126 de 2021, concluyendo que, al ser el ICBF la receptora de la primera informaci\u00f3n o solicitud de protecci\u00f3n, debi\u00f3 realizar la verificaci\u00f3n de la garant\u00eda de derechos y tomar acciones urgentes, previo a su remisi\u00f3n por competencia a la autoridad correspondiente; en cuyo caso, tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Por las anteriores consideraciones se impone la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fechado err\u00f3neamente con 28 de octubre de 2023. <\/p>\n
2\u0002 Fechada con esa data por error, precisando que la fecha correcta es 28 de septiembre de 2023 seg\u00fan la fecha del c\u00f3digo de verificaci\u00f3n de la firma electr\u00f3nica. <\/p>\n
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STC13353-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00298-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77752","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77752\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}