STC13363-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13363-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04518-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Richard Mart\u00ednez Barboza contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados \u00c1lvarez y Collins S.A., Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor & C\u00eda. S. en C., Inversiones Karimaya C\u00eda. Ltda. en liquidaci\u00f3n, Inversiones Andy Curiel Ayala & C\u00eda. S.A.S., Osmi Curiel Choles, Edgar Rinc\u00f3n Romero, Ricardo Santander Medivil, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n\u00b0 2015-00118. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
Inconforme, indica que, si bien \u00abpresent\u00f3 reparos\u00bb encaminados a alegar que \u00abse encuentran probadas las mejoras realizadas al inmueble objeto de este proceso y que fueron tasados pericialmente (\u2026) en la suma de $91.059.200,00 y que adem\u00e1s se tasaron bajo la gravedad del juramento en esa suma y tampoco fueron objetados por la parte demandada\u00bb, lo cierto es que el tribunal ad-quem endilgado confirm\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 el convocante que \u00abentre las partes del negocio contractual (no intervino el accionante) se hab\u00eda desarrollado un primer proceso en donde se practicaron pruebas que fueron tra\u00eddas v\u00e1lidamente al proceso actual entre las que se encontraba la prueba pericial que determin\u00f3 en su momento como \u00c1LVAREZ Y COLLINS S A hab\u00eda hecho unas mejoras [y] esa prueba en espec\u00edfico fue la que el H. TRIBUNAL aqu\u00ed accionado, hecho (sic) de menos, no tuvo en cuenta y por all\u00ed derecho concluy\u00f3 que las pretensiones todas de este segundo proceso, no prosperaban\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene \u00abdictar nueva sentencia, en este caso, favorable a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La magistratura acusada dijo que lo decidido a su cargo \u00ab[se] fundament[\u00f3] en las pruebas aportadas al proceso, as\u00ed como de conformidad con los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La titular del juzgado encartado hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de queja y afirm\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite (\u2026) se sujet\u00f3 a las normas procedimentales establecidas para el caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal acusado lesion\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el accionante, en el asunto verbal de responsabilidad civil contractual rad. n\u00b0 2015-00118, en el que acude como cesionario de los derechos litigiosos del all\u00e1 demandante; lo anterior, por cuanto decidi\u00f3 confirmar la sentencia dictada por el a-quo que, a su vez, resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR que los demandados (\u2026) no son civilmente responsables en la modalidad contractual de los perjuicios solicitados por la parte demandante [y, en consecuencia, NEG\u00d3] la totalidad de las pretensiones planteadas en la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se evidencia la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa fundamental deprecada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, se advierte que el colegiado a cargo, luego de narrar los antecedentes, precis\u00f3 que \u00abla pretensi\u00f3n de la demandante es que se declare a sus demandados como \u201cCIVILMENTE RESPONSABLES, EN LA MODALIDAD CONTRACTUAL, de la ejecuci\u00f3n parcial (relleno de predio y rebaja de la parte alta del Lote) hecha por \u00c1LVAREZ Y COLLINS S.A. del contrato de obra suscrito por las partes el 9 de noviembre de 1.999\u201d (sic), lo que interpretado conduce a inferir que su prop\u00f3sito es que se le indemnice por la realizaci\u00f3n de unas obras que, contratadas por la demandada y desarrolladas parcialmente por la demandante, seg\u00fan contrato celebrado entre las partes (\u2026) no le fueron pagadas [y que], seg\u00fan aduce, el contrato fue resuelto mediante sentencia judicial en proceso independiente al que aqu\u00ed se expone -Radicaci\u00f3n No. 13001310300820010029400-, pero que en ella no se decidi\u00f3 lo relacionado con las obras y mejoras que realiz\u00f3 la demandante en predio de los demandados\u00bb. <\/p>\n
El ad-quem convocado indic\u00f3 que al definirse que \u00abse realizaron unas obras y otras no\u00bb, era carga de la parte actora \u00abdemostrar e identificar cu\u00e1les fueron las obras que se realizaron, sus valores unitarios, la descripci\u00f3n de los pormenores de su existencia, y obviamente su valuaci\u00f3n, porque se requer\u00eda establecer la diferenciaci\u00f3n, dado que el precio convenido era general por el total de obra que inclu\u00eda\u00bb; sin embargo, \u00abrevisado todo el acopio probatorio, inclusive el incorporado dentro del primer proceso -Rad. No. 13001310300820010029400- recogido en el presente como prueba trasladada, no se atisba ning\u00fan elemento de juicio que permita establecer cu\u00e1les fueron esas obras realizadas y su coste. Las m\u00faltiples pericias realizadas, contradictorias unas, en el mejor de los casos ofrecen informaci\u00f3n fraccionada sobre las obras mismas y ninguna sobre su valor\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Y es que esa informaci\u00f3n t\u00e9cnica, seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3 el tribunal, \u00abresultaba capital para soportar las pretensiones, porque debe individualizarse el valor de cada obra, as\u00ed, por ejemplo, cu\u00e1l era el monto de las obras hidr\u00e1ulicas, las que no fueron realizadas, para as\u00ed entrar a discriminar y valorar las que s\u00ed se hicieron. Y habiendo renunciado las partes a los peritajes que hab\u00edan solicitado dentro del presente proceso, la \u00fanica prueba que blande la demandante es el juramento estimatorio, del que se pide su pleno acogimiento por no haber sido objetado\u00bb. <\/p>\n
Por esa senda, retomando que la estimaci\u00f3n razonada de perjuicios sufridos por la demandante, declarada bajo juramento, se determin\u00f3 en \u00abla suma de $270\u2019000.000 como saldo del valor pactado de las obras, descontando $10\u2019000.000 por la inejecuci\u00f3n del canal y cuantifica las mejoras en $91\u2019059.200\u00bb, subray\u00f3 al respecto, que \u00ab[no se especific\u00f3] en qu\u00e9 consisten y de donde proviene su valor (\u2026), n[i] tienen ning\u00fan sustento t\u00e9cnico\u00bb y aun cuando \u00abel juramento estimatorio presentado (\u2026) no fue objetado, [era] necesario remitirse (\u2026) al art. 206 del CGP y su interpretaci\u00f3n jurisprudencial\u00bb. <\/p>\n
Luego, razon\u00f3 que esa valoraci\u00f3n apuntaba \u00aba erigirse como prueba en torno a la cuant\u00eda del perjuicio, por lo que, en todo caso, correspond[\u00eda] a la parte demandante acreditar la existencia de tal perjuicio, esto es, que en verdad su patrimonio sufri\u00f3 una mengua a ra\u00edz de la ejecuci\u00f3n parcial del contrato antes mencionado, [sin] que este tipo de prueba [tenga] \u00ednsitamente la facultad de tener por demostrado el da\u00f1o en s\u00ed, en este caso, las obras ni las mejoras que se anuncian como realizadas, pero nunca acreditadas. La prueba que constituye el juramento estimatorio no tiene los alcances para suplir la necesidad de la evidencia que debi\u00f3 incorporarse al plenario para informar al juzgador de qu\u00e9 y por qu\u00e9 se cobra\u00bb, por lo que \u00abtampoco esta v\u00eda podr\u00eda ser considerada como suficiente para que la demandante tuviera decisi\u00f3n favorable ante la ausencia de identidad desde la propia demanda y su reforma de los pormenores de las obras y mejoras, ni la menor prueba de su valor. La estimaci\u00f3n contenida en el juramento no es razonada, se muestra infundada y caprichosa\u00bb y siendo ello as\u00ed, indic\u00f3 que, \u00abante la orfandad de sustento f\u00e1ctico y probatorio, las s\u00faplicas de la demanda se ven frustradas y por esa raz\u00f3n [deb\u00edan] negarse\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al tribunal citado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha dicho en precedencia que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por el gestor es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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