STC13367-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13367-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00987-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Fernando Vega Ram\u00edrez frente al fallo proferido el 1\u00ba de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulneradas por la sede encausada al declarar desierta su impugnaci\u00f3n especial. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, revocar esa determinaci\u00f3n y ordenar a la Colegiatura acusada aceptarla y \u00abdarle el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso: <\/p>\n
2.1. En la causa penal seguida contra el actor por el punible de falsedad material en documento p\u00fablico, agravada por el uso, el 23 de julio de 2020 el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 emiti\u00f3 sentencia absolutoria, la que el 18 de noviembre siguiente revoc\u00f3 el Tribunal convocado y, en su lugar, lo conden\u00f3 a 48 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable del referido delito. <\/p>\n
2.2. Contra esa decisi\u00f3n, oportunamente, el quejoso interpuso impugnaci\u00f3n especial, la que, sin embargo, el 12 de febrero de 2021 declar\u00f3 desierta el Tribunal convocado, al advertir que no fue sustentada dentro del t\u00e9rmino correspondiente. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, el accionante cuestion\u00f3 la anterior decisi\u00f3n porque, en su sentir, s\u00ed sustent\u00f3 tempestivamente la referida censura, por lo que result\u00f3 desacertada la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando injustificadamente no se accedi\u00f3 a su leg\u00edtima solicitud de ampliaci\u00f3n del lapso para satisfacer tal carga. <\/p>\n
Sostuvo que, aunque el t\u00e9rmino para ello, inicialmente, fenec\u00eda el 4 de febrero de 2021, lo cierto era que quien entonces lo apoderaba present\u00f3 renuncia al mandato, la que le fue aceptada con auto del d\u00eda 3 anterior, en el que se le indic\u00f3 que contaba con 5 d\u00edas para designar uno nuevo, de donde ten\u00eda hasta el 10 de febrero de esa anualidad para ello, y confiri\u00f3 poder a otro profesional del derecho el d\u00eda 8 del mismo mes, de donde \u00abno tuvo defensa t\u00e9cnica los d\u00edas 4, 5 y 8 de febrero de 2021\u00bb, por lo que la Colegiatura acusada debi\u00f3 suspender el conteo del t\u00e9rmino durante esos d\u00edas, evidenci\u00e1ndose que ten\u00eda del 9 hasta el 11 siguientes para allegar la respectiva sustentaci\u00f3n, la que oportunamente radic\u00f3 el \u00faltimo de esos d\u00edas. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 histori\u00f3 la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida y pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00aben el tr\u00e1mite se observaron todas las garant\u00edas procesales constitucionales y legales pertinentes\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abno est\u00e1 acreditado que, contra el auto del 12 de febrero de 2021, se hubieran ejercido todos los recursos judiciales que ordinariamente proced\u00edan en su contra. Ello por cuanto al final de dicha providencia expresamente se estableci\u00f3 que contra ella proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n y, no obstante ello, de acuerdo con el dicho de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dicho recurso no fue sustentado de manera oportuna\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, en todo caso, no existi\u00f3 la vulneraci\u00f3n denunciada, porque, contrario a lo aducido por el gestor, \u00abno se qued\u00f3 sin defensa t\u00e9cnica durante los d\u00edas 4, 5 y 8 de febrero de 2021 pues, tal y como lo sostuvo el Tribunal demandado, la renuncia del abogado anterior solo produjo efectos a partir del quinto (5\u00ba) d\u00eda, posterior al momento en que se present\u00f3 el respectivo memorial\u2026, de conformidad con el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; siendo \u00abevidente que, si la renuncia al poder solo produc\u00eda efectos a partir del 10 de febrero, y el nuevo apoderado de\u2026 Vega Ram\u00edrez se acredit\u00f3 como tal el d\u00eda 8\u00ba de ese mismo mes, el accionante nunca estuvo desprovisto de una defensa t\u00e9cnica y, como tal, es falaz el argumento esgrimido por ese abogado para solicitar la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino establecido legalmente para la sustentaci\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, muy a pesar de las alegaciones del censor, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, pero porque no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos por el Tribunal acusado, en el prove\u00eddo del 12 de febrero de 2021, para declarar desierta la impugnaci\u00f3n especial que propuso frente a la sentencia condenatoria dictada en su contra. <\/p>\n
2.1. En efecto, al auscultar tal determinaci\u00f3n, se encuentra que dicha Colegiatura, tras advertir que aquella censura se interpuso tempestivamente, observ\u00f3 que el 1\u00ba de diciembre de 2020 \u00abcomenz\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de\u2026 (30) d\u00edas para la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n en menci\u00f3n, sin embargo, vencido el mismo el 4 de febrero [de 2021]\u2026 a las 5:00 de la tarde, el referido profesional no lo hizo a pesar de hab\u00e9rsele comunicado que la renuncia al mandato que se le hab\u00eda otorgado en [ese] proceso[,] radicada el pasado 3 de febrero[,] no finiquitaba el mismo sino\u2026 (5) d\u00edas despu\u00e9s[,] sin soluci\u00f3n de continuidad, por lo que resulta imperioso declararla desierta\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, para desechar la \u00absolicitud de pr\u00f3rroga\u00bb que el 8 de febrero de 2021 present\u00f3 el nuevo defensor que constituy\u00f3 el quejoso, \u00abpara sustentar la impugnaci\u00f3n especial interpuesta por su antecesor, aduciendo que tan solo hasta el d\u00eda anterior se le design\u00f3 con ese espec\u00edfico prop\u00f3sito\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abcomo ya se acotara, el t\u00e9rmino para hacerlo venci\u00f3 el 4 de febrero hoga\u00f1o a las 5:00 de la tarde[,] sin que su entonces apoderado cumpliera con dicha carga procesal\u00bb, a m\u00e1s que deb\u00eda tenerse en cuenta que: <\/p>\n
\u2026el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho de defensa t\u00e9cnica como uno de los elementos que conforman el debido proceso y, por tanto, desde el punto de vista de su origen y finalidad, est\u00e1 ligado a la autodeterminaci\u00f3n del titular del derecho. <\/p>\n
De esta forma, las partes o los intervinientes involucrados en un proceso judicial tienen libertad de disponer qu\u00e9 abogado habr\u00e1 de representarlos en la litis, sin trasladar, por supuesto, la titularidad de su derecho de defensa per se inalienable e irrenunciable, sino que, dado el conocimiento t\u00e9cnico requerido, simplemente lo autoriza para ejercerlo a su nombre. <\/p>\n
En el caso de la especie, si bien\u2026 VEGA RAM\u00cdREZ fue representado por abogado de confianza durante el devenir procesal, \u00e9ste el 1 de febrero \u00faltimo renunci\u00f3 a tal mandato, ante lo cual, previo a cualquier pronunciamiento, se le requiri\u00f3 para que aportara la comunicaci\u00f3n enviada a su poderdante sobre su unilateral decisi\u00f3n. Una vez suplida dicha falencia, aquella le fue aceptada en auto del d\u00eda 3 siguiente. El d\u00eda 8 ulterior el doctor\u2026 LOZANO LOPERA solicit\u00f3 pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino para sustentar la impugnaci\u00f3n especial interpuesta por su predecesor en procura de garantizar el derecho de defensa de su asistido. <\/p>\n
Luego, como se puede apreciar, para esta \u00faltima calenda ya hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino para cumplir con la aludida carga, sin que sea de recibo la manifestaci\u00f3n del citado letrado consistente en que de conformidad con lo indicado en auto del pasado 3 de febrero, a trav\u00e9s del cual se aceptaba la renuncia a su antecesor, era que elevaba su petici\u00f3n, pues en el mismo se record\u00f3 que de acuerdo con la normativa prevista en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, la renuncia no pone fin al poder sino cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s de presentado, lapso durante el cual contin\u00faa sin soluci\u00f3n de continuidad surtiendo plenos efectos jur\u00eddicos. Por tanto, al encontrarse garantizado el derecho de defensa t\u00e9cnica dentro del lapso con que contaba para sustentar la impugnaci\u00f3n y no haberse elevado la petici\u00f3n de pr\u00f3rroga antes de su vencimiento, que no despu\u00e9s, se negar\u00e1 esta \u00faltima por extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Adem\u00e1s, recu\u00e9rdese que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que \u201cLa pr\u00f3rroga, por su parte, es un instituto procesal dise\u00f1ado por el legislador en beneficio de las partes y frente al cual el funcionario judicial carece por completo de facultades oficiosas. Aqu\u00ed el t\u00e9rmino corre de manera ininterrumpida y puede extenderse m\u00e1s all\u00e1 de la fecha de su vencimiento \u00fanicamente a petici\u00f3n de la parte, previa acreditaci\u00f3n de una causa grave y justificada que le haya imposibilitado actuar.\u201d2, presupuestos que ostensiblemente tambi\u00e9n brillan por su ausencia en este caso. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, se encuentra que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el censor, muy a pesar de sus alegatos, es una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal acusado interpret\u00f3 en su caso las normas (especialmente el inciso 4\u00ba del canon 76 del C\u00f3digo General del Proceso), su aplicabilidad y la jurisprudencia sobre la materia, concluyendo, contrario a lo aducido por \u00e9l, que deb\u00eda declararse desierta la impugnaci\u00f3n especial instaurada porque el lapso para su sustentaci\u00f3n corri\u00f3, en silencio, del 1\u00ba de diciembre de 2020 al 4 de febrero de 2021, destacando que \u00abla renuncia al mandato\u00bb que all\u00ed se present\u00f3 por el apoderado anterior, \u00abno finiquitaba el mismo sino cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s[,] sin soluci\u00f3n de continuidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, aquellas inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte desde el 15 de septiembre de 2021, el diligenciamiento s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, tras dos devoluciones, de forma integral, el 10 de noviembre \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el 14 posterior, y al d\u00eda siguiente ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
2\u0002 Cita incluida en auto del 27 de febrero de 2013, radicado 40637. <\/p>\n
<\/p>\n
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