STC13389-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13389-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04553-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Silvia Fierro Leiva contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali, a la cual fueron vinculados los Juzgados Primero Civil del Circuito Especializado de Mocoa y Promiscuo Municipal de Puerto Caicedo (Put.), as\u00ed como todas aquellas personas y entidades que intervienen en el juicio de restituci\u00f3n de tierras n.\u00ba 2016-00399. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba una vida digna\u2026 a la igualdad\u2026 al trabajo\u2026 al debido proceso\u2026 a la no confiscaci\u00f3n\u2026 a la protecci\u00f3n de la tercera edad\u2026 en conexi\u00f3n con el derecho a la vida digna\u2026 a una vivienda digna\u2026 en conexi\u00f3n con el derecho a la vida digna y derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Refiere, en s\u00edntesis y para lo que interesa al presente resguardo, que al interior del proceso civil transicional, la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cali, mediante sentencia de 30 de junio de 2020, protegi\u00f3 el derecho a la restituci\u00f3n de la se\u00f1ora Mar\u00eda Eugenia Chaves Calvache y su grupo familiar, ordenando el reintegro de una porci\u00f3n de terreno de 289 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Puerto Caicedo (Put.). <\/p>\n
Sostiene que en dicho prove\u00eddo se le reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de ocupante secundaria, por lo que se hizo acreedora de las medidas de protecci\u00f3n consagradas en el Acuerdo 033 de 2016, entre ellas, la entrega de una finca de similares condiciones a la restituida o la compensaci\u00f3n monetaria en caso de ser imposible la anterior. <\/p>\n
Asegura que, por diferencias tanto en la extensi\u00f3n del predio reclamado, como en su aval\u00fao, solicit\u00f3 a la corporaci\u00f3n cognoscente la modulaci\u00f3n del fallo a efectos de que se ordenara al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi realizar un nuevo peritaje y determinar el valor actual del bien; no obstante, tal petici\u00f3n fue denegada mediante prove\u00eddo del pasado 3 de agosto, y refrendada el 26 de octubre siguiente, al desatar el recurso de reposici\u00f3n por ella formulado. <\/p>\n
3. La gestora acudi\u00f3 a este instrumento constitucional, para exponer dos quejas puntuales. <\/p>\n
La primera, dirigida contra el fallo de restituci\u00f3n pues estima que adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, habida consideraci\u00f3n que, seg\u00fan dice, el tribunal valor\u00f3 indebidamente la prueba recaudada que daba cuenta, de un lado, de su condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa y, de otro, de las \u00abinconsistencias\u00bb en la extensi\u00f3n de la porci\u00f3n de tierra reclamada, error al que fue inducido por la UAEGRTD pues \u00aballeg\u00f3 un informe de georreferenciaci\u00f3n que\u2026 practic\u00f3 sin [su] presencia\u00bb. <\/p>\n
El segundo reclamo gravit\u00f3 en torno a las decisiones por medio de las cuales no se accedi\u00f3 a la modulaci\u00f3n de la sentencia, acusando la incursi\u00f3n en un \u00abdefecto procedimental\u00bb comoquiera que \u00aben primer lugar desconoce que el Decreto 4829 (ib\u00eddem [sic]) reglamenta en general el capitulo [sic] III del titulo [sic] cuarto de la Ley 1448 de 2011 que regula el proceso de restituci\u00f3n de tierras en t\u00e9rminos generales; en segundo lugar que las medidas de protecci\u00f3n a los segundos ocupantes fueron reguladas en el Acuerdo 003 de 2016 de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, que prev\u00e9 en favor de los segundo ocupantes, al igual que a los solicitantes, la entrega de predios por equivalencia; en tercer lugar que, dicho acuerdo establece en su art\u00edculo 11 que los aval\u00faos que se requieran con el fin de otorgar las medidas establecidas en el presente cap\u00edtulo, ser\u00e1n practicados de conformidad con lo establecido en la Resoluci\u00f3n n\u00famero 953 de 2013 – Manual T\u00e9cnico Operativo del Fondo – y, que dicha resoluci\u00f3n fue expedida en el contexto de lo dispuesto en el mentado decreto [sic] 4829 tal como reza en su parte motiva; en cuarto lugar, si acept\u00e1semos el decir del Magistrado Ponente en el sentido que para los segundo ocupantes no existe norma para el tema de aval\u00faos, olvida el jurista que una de las obligaciones de los jueces, en el caso de vac\u00edos normativos, es aplicar las normas aplicables a casos similares que conlleven igual soluci\u00f3n a supuestos semejantes. En este sentido, el Tribunal incurre en una v\u00eda de hecho al omitir aplicar una norma, aplicable al asunto [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita \u00abrevocar\u00bb las providencias cuestionadas, para que, en su lugar, se ordene a la colegiatura cognoscente \u00abmodular la sentencia en los t\u00e9rminos solicitados [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de las providencias fustigadas resalt\u00f3 que, como \u00aben buena medida la acci\u00f3n de tutela se endereza contra la labor de juzgamiento que se concret\u00f3 en la emisi\u00f3n de la sentencia 2 calendada el 30 de junio de 2020\u00bb corresponde a la Corte examinar el cumplimiento del \u00abrequisito gen\u00e9rico de procedibilidad relativo a la inmediatez\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, enfatiz\u00f3 que las decisiones adoptadas en la etapa de posfallo del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n, han tenido como norte \u00abgarantizar el cumplimiento de la decisi\u00f3n judicial, como parte integrante del derecho a la tutela 6 judicial efectiva o derecho fundamental de acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia, que no se puede limitar al acceso al proceso y a la jurisdicci\u00f3n sino que se extiende al derecho que tienen los justiciables a que se emita una decisi\u00f3n racional y razonable, fundada en el derecho y debidamente motivada, y no solo a eso sino tambi\u00e9n a que dicha decisi\u00f3n se cumpla, y como puede verse han transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os desde el proferimiento del fallo sin que hasta el momento se haya podido restituir materialmente el inmueble a la v\u00edctima del conflicto armado interno\u00bb. <\/p>\n
En torno a ello, sostuvo que los prove\u00eddos no adolecen de los yerros atribuidos por la gestora, pues encuentran soporte en la \u00abLey de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, y en lo pertinente en el C\u00f3digo General del Proceso, cosa diferente es que la parte opositora no est\u00e9 de acuerdo con la actuaci\u00f3n judicial especialmente porque se ha opuesto desde diferentes puntos de vista y ejerciendo variados mecanismos de defensa a que el fallo se cumpla en punto a la determinaci\u00f3n principal del mismo, referente a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del inmueble\u2026 teniendo la posibilidad la accionante de acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n si considera que un documento que no puedo ser aportado al proceso y de esa manera valorado por el juzgador puede variar la providencia adoptada, o si estima que en la misma, que en efecto carece de recurso por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia, se incurri\u00f3 en nulidad por las razones que ahora intenta ventilar por v\u00eda de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Mocoa, luego de un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto sometido a escrutinio, dijo que las mismas \u00abest\u00e1n conformes a las reglas del procedimiento establecido en el C\u00f3digo General del Proceso y en especial de la Ley 1448 de 2011\u00bb pues a quienes intervinieron \u00abse les garantiz\u00f3 el debido proceso, su derecho de defensa y contradicci\u00f3n y el acceso al expediente sin limitaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abcarece de competencia en conocer el proceso 2016-00399, teniendo en cuenta que fue remitido a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali para tramitar la oposici\u00f3n y tramite posterior conforme a la ley 1448 de 2011 [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. En concepto de la Procuradora 11 Judicial II de Mocoa, delegada para la Restituci\u00f3n de Tierras, la negativa de practicar un nuevo aval\u00fao s\u00ed configura un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb habida cuenta que, el que obra en la actuaci\u00f3n ya perdi\u00f3 su vigencia, siendo necesario llevar a cabo una actualizaci\u00f3n pues no basta con que se realice una simple indexaci\u00f3n de valores pues esta figura \u00abno tiene en cuenta los factores internos y externos que influyen en la valoraci\u00f3n del inmueble\u00bb <\/p>\n
4. El Juez Promiscuo Municipal de Puerto Caicedo (Put.) se\u00f1al\u00f3 que su intervenci\u00f3n en el asunto sobre el que recay\u00f3 la queja se limit\u00f3 a auxiliar la comisi\u00f3n para la entrega del predio restituido, conferida por el Tribunal Superior de Cali, de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrsele conducta lesiva de los derechos de la gestora. <\/p>\n
5. El Defensor Regional del Pueblo del Valle del Cauca refiri\u00f3 que \u00abno se encontr\u00f3 solicitud o tr\u00e1mite alguno de la usuaria, sin embargo se pudo evidenciar que la peticionaria Silvia Fierro Leiva est\u00e1 siendo representada por la\u2026 defensora p\u00fablica de la regional Putumayo [sic]\u00bb. <\/p>\n
6. La Directora Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD, los jefes de la Oficina Jur\u00eddica de la UARIV y de la Gobernaci\u00f3n del Putumayo, el Director Territorial Nari\u00f1o del IGAC y el apoderado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pidieron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de las respectivas entidades por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Especializada del Tribunal Superior de Cali lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Silvia Fierro Leiva al interior del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras 2016-00399 con la expedici\u00f3n de las siguientes determinaciones: (i) sentencia de 30 de junio de 2020 que le reconoci\u00f3 la condici\u00f3n de ocupante secundaria, (ii) auto de 3 de agosto de 2023 que no accedi\u00f3 a la modulaci\u00f3n del fallo en cuanto a la correcci\u00f3n de la cabida superficiaria del terreno y (iii) providencia de 26 de octubre de 2023 a trav\u00e9s de la cual, en sede de reposici\u00f3n, deneg\u00f3 la pr\u00e1ctica de un nuevo aval\u00fao del bien restituido; las cuales, a juicio de la gestora, adolecen de defectos f\u00e1ctico y procedimental. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. Del presupuesto de la inmediatez <\/p>\n
El primer reproche de Silvia Fierro Leiva recay\u00f3 sobre la sentencia de 30 de junio de 2020 la que, a su juicio, adolece de \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb en la medida en que el tribunal no valor\u00f3 adecuadamente el material probatorio que daba cuenta (i) de su condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa y (ii) de las inconsistencias en torno a la extensi\u00f3n del predio reclamado y posteriormente restituido; sin embargo, tal cuestionamiento desatiende el presupuesto de la tempestividad como pasa a indicarse. <\/p>\n
La exigencia en comento impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente a este tema, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed, se desconoce el mentado requisito, visto como la urgencia de la protecci\u00f3n, cuando desde la providencia a la que se le atribuye el perjuicio hasta cuando se implora el auxilio, se supera el t\u00e9rmino prudencial para acudir a dicho remedio. En torno a este t\u00f3pico, el precedente tiene dicho que: <\/p>\n
\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC 2 de agosto de 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada STC4650-2016, 15 abr. 2016, rad. 00857-00 y STC12287-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 00537-01, entre otras). <\/p>\n
En el presente caso, es claro que la accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, habida consideraci\u00f3n que la sentencia cuestionada data del 30 de junio de 2020, mientras que el resguardo fue incoado el pasado 15 de noviembre, es decir, superado con amplitud el semestre considerado prudencial. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
En efecto, la mentada exigencia adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, la gestora nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna improcedente el resguardo frente al fallo de 30 de junio de 2020. <\/p>\n
Ahora bien, realizado el an\u00e1lisis pertinente en torno a la censura formulada sobre los autos de 3 de agosto y 26 de octubre del cursante a\u00f1o, por medio de los cuales el Tribunal Superior de Cali no accedi\u00f3 a la modulaci\u00f3n de la sentencia en torno a la clarificaci\u00f3n de la extensi\u00f3n del predio restituido ni a la pr\u00e1ctica de un nuevo aval\u00fao comercial del mismo, la Sala considera que tampoco podr\u00eda abrirse paso el amparo, toda vez que tales decisiones no constituyen defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedecen a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
Respecto del primer tema propuesto, resalt\u00f3 la sala convocada que con la pretendida modulaci\u00f3n lo que buscaba la interesada era obtener la correcci\u00f3n del fallo respecto de la cabida superficiaria de la heredad, lo que resultaba inviable, entre otras situaciones, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el expediente obran elementos suficientes para tener los referidos 289 metros cuadrados como \u00e1rea atinente a la plena y precisa identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n del fundo en comento, en virtud de las experticias practicadas por el \u00c1rea Catastral y de An\u00e1lisis Territorial de la D.T. Putumayo de la\u2026 UAEGRTD, mismas respecto de las cuales esa entidad no ha aportado prueba alguna que d\u00e9 cuenta de la necesidad de realizar un nuevo proceso de georreferenciaci\u00f3n por estar supuestamente en duda aquella que allegada con la presentaci\u00f3n de la demanda se presentaron y que se tuvieron como fundamento para determinar la extensi\u00f3n superficiaria del fundo restituido y formalizado al extremo activo, que por lo dem\u00e1s corresponde al \u00e1rea que fue inscrita en el RTDAF por parte de esa UAEGRTD (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que, el an\u00e1lisis conjunto de las piezas procesales obrantes en la actuaci\u00f3n permiti\u00f3 determinar \u00abcu\u00e1l era la porci\u00f3n a restituir\u00bb, medios demostrativos que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) fueron sometidos a contradicci\u00f3n en el curso de este proceso civil transicional y la opositora no present\u00f3 reparo alguno frente a los mismos, tampoco lo hizo el Ministerio P\u00fablico a trav\u00e9s de la Procuradora, de all\u00ed que no pueda valorarse positivamente el argumento ahora vertido por su mandataria en virtud del cual tan solo despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del fallo tuvo a su alcance el conocimiento de que presuntamente el \u00e1rea en la que ejerci\u00f3 derechos la parte actora, respecto de la cual, se insiste, se declar\u00f3 la pertenencia, corresponde a una inferior a la medida por la UAEGRTD y tenida en cuenta al momento de emitir la sentencia, pues la etapa posfallo no puede erigirse en una nueva oportunidad para alegar lo que tuvo la posibilidad de arg\u00fcir y no arguy\u00f3 en la etapa procesal pertinente. <\/p>\n
Con tanta certeza emerge lo que se viene sosteniendo, que la propia Dra. Ruby Amparo Mora Qui\u00f1onez aport\u00f3 con el memorial que obra a consecutivo 106 del expediente digital cargado al Portal de Tierras copia de un aval\u00fao particular contratado por su prohijada y practicado por el \u201ctop\u00f3grafo – valuador\u201d Jos\u00e9 Albert Garc\u00eda Amaya, respecto del cual elev\u00f3 solicitud de traslado a las partes que amerit\u00f3 pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n mediante Auto No. 174 emanado de Sala Unitaria el d\u00eda 28 de junio de 2023, en el que el citado profesional, quien adem\u00e1s por su preparaci\u00f3n acad\u00e9mica (top\u00f3grafo) debe entenderse que corrobor\u00f3 la cabida del fundo antes de elaborar su experticia, se\u00f1al\u00f3 con contundencia en diferentes ac\u00e1pites que el \u00e1rea del terreno es de 289 metros cuadrados. <\/p>\n
(\u2026) esa extensi\u00f3n tenida por cierta por el top\u00f3grafo contratado por la segunda ocupante no fue tomada de los informes t\u00e9cnico predial y de georreferenciaci\u00f3n elaborados por la Unidad de Tierras, sino que encontr\u00f3 sustento en sus propios c\u00e1lculos de los linderos del predio ocupado actualmente por la se\u00f1ora Fierro Leyva, que dan cuenta de un bien urbano rectangular de 11,70 metros de frente por 24,80 metros de fondo, que nos pone de cara a una extensi\u00f3n total aproximada de 290,16 metros cuadrados, bastante similar a la que fue objeto de restituci\u00f3n y que ahora intenta rebatir el extremo pasivo, resultado que descarta la posibilidad de que haya sido otra la porci\u00f3n en la que ejercieron sus derechos la se\u00f1ora Chaves Calvache y su familia, m\u00e1xime si se valora que se encuentra debidamente alinderada y no ha variado en el tiempo. <\/p>\n
A manera de complemento y con miras a atender lo deprecado por la se\u00f1ora Procuradora en punto a la necesidad de contrastar el \u00e1rea restituida con aquella que arrojaron las experticias elaboradas por la Direcci\u00f3n Territorial Putumayo de la UAEGRTD, es menester se\u00f1alar que en el cuadro de colindancias contenido en el Informe T\u00e9cnico de Georreferenciaci\u00f3n, replicado en el Informe T\u00e9cnico Predial elaborado por la misma entidad, se expone que las colindancias del inmueble \u201cSin Denominaci\u00f3n\u201d tantas veces mencionados son de 11,6 metros con la v\u00eda publica [sic] y con el se\u00f1or Julio C\u00e9sar Ramos y de 24,80 metros con los se\u00f1ores Nilsa Portilla e Israel Parra, para un total de 289,16 metros cuadrados, que no hacen m\u00e1s que ratificar que el \u00e1rea efectivamente restituida a las v\u00edctimas no es otra que la existente en el terreno que por esta senda se les formaliz\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, desestim\u00f3 la petici\u00f3n de modulaci\u00f3n; sin embargo, otorg\u00f3 un mes de plazo a la UAEGRTD para que materializara la adquisici\u00f3n de un inmueble a favor de la ocupante secundaria, luego del cual, de no concretarse esa compra, deb\u00eda procederse con la compensaci\u00f3n monetaria por valor de \u00ab$37.183.100, cantidad que deber\u00e1 indexarse desde la fecha de la rendici\u00f3n del peritaje hasta la entrega efectiva de la suma\u00bb. <\/p>\n
Por v\u00eda del recurso de reposici\u00f3n, la gestora cuestion\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n \u00fanicamente en lo tocante a la medida resarcitoria alternativa aduciendo que, para la determinaci\u00f3n del monto a desembolsar, deb\u00eda practicarse un nuevo aval\u00fao comercial del inmueble. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, la colegiatura encartada indic\u00f3 que las disposiciones normativas sobre las que se apoy\u00f3 el pedido de la impugnante resultaban inaplicables a su situaci\u00f3n particular por las siguientes razones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para abordar los planeamientos vertidos en su escrito por la recurrente se debe relievar que el Cap\u00edtulo II, \u201cCompensaciones y aval\u00faos\u201d, del T\u00edtulo II, \u201cDe las compensaciones y alivio de pasivos\u201d, del Decreto 4829 de 201153, en su art\u00edculo 39, citado por la Dra. Mora Qui\u00f1\u00f3nez, establece [cu\u00e1ndo] ser\u00e1 procedente ordenar y realizar un aval\u00fao en el marco de un proceso civil transicional restitutorio\u2026 <\/p>\n
(\u2026) sobre la aplicaci\u00f3n de esa norma al caso concreto es menester precisar, de cara a la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n formulado, que la representante judicial de la se\u00f1ora Silvia Fierro Leyva incurre en una indebida o imprecisa interpretaci\u00f3n de su contenido al afirmar que el sustento para acceder a su pedimento enderezado a la pr\u00e1ctica de un nuevo aval\u00fao por parte de la autoridad catastral yace en el hecho de que \u201cde no ser posible la restituci\u00f3n por equivalencia procede la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026)\u201d, habida consideraci\u00f3n que lo que se desprende del contenido del literal a) del referido art\u00edculo 39 del Decreto 4829 de 2011 es la viabilidad de practicar un aval\u00fao en aquellos casos en que, por la raz\u00f3n o razones que sea, algunas de ellas enunciadas m\u00e1s no listadas de manera taxativa en el art\u00edculo 97 de la Ley 1448 de 2011, no resulte posible la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material, contemplada como forma principal de reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas en el art\u00edculo 72 de la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, como tampoco la medida de restituci\u00f3n por equivalente, contemplada en la ley como primera subsidiaria. <\/p>\n
(\u2026) De esa manera, la hip\u00f3tesis contemplada en el literal a) del art\u00edculo 39 del decreto 4829 de 2011, invocado como norma controlante por la parte recurrente, se refiere a la compensaci\u00f3n como segunda medida subsidiaria a favor de las v\u00edctimas, procedente en aquellos casos en que no resulte viable la medida principal de restituci\u00f3n jur\u00eddica y material o primera subsidiaria de restituci\u00f3n por equivalente, y no alude a la compensaci\u00f3n a que se hacen acreedores los opositores que han probado su buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
En consecuencia, dicho precepto no es aplicable al asunto bajo estudio porque quien lo invoca no es una v\u00edctima que se hizo derechosa a la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material o en su defecto a la restituci\u00f3n por equivalente, o m\u00e1s puntualmente a la compensaci\u00f3n, debiendo precisarse que dicha normativa no tiene como destinatario al opositor, ni siquiera al que prob\u00f3 la buena fe exenta de culpa, cosa que aqu\u00ed tampoco aconteci\u00f3. <\/p>\n
Ahora bien, tambi\u00e9n se descarta la aplicaci\u00f3n de las dos hip\u00f3tesis restantes de que trata ese enunciado normativo, en tanto, por un lado, aquella contenida en su literal b) est\u00e1 dise\u00f1ada para efectos de atender la primera medida subsidiaria, a saber, la restituci\u00f3n por equivalente en favor de la v\u00edctima a quien se reconoci\u00f3 y protegi\u00f3 ese derecho fundamental, y, por el otro, la plasmada en su literal c) claramente no tiene pertinencia en este asunto, como se desprende de su literalidad (\u2026).\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno al argumento de la censora, atinente a que la figura de la indexaci\u00f3n resultaba insuficiente para calcular la suma de dinero que eventualmente recibir\u00eda, de cara a los factores que influ\u00edan en la apreciaci\u00f3n de la propiedad ra\u00edz, indic\u00f3 el tribunal: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Tampoco tiene cabida el argumento vertido en el recurso de reposici\u00f3n conforme al cual el pago del valor por el que fue avaluado el fundo restituido debidamente indexado a la fecha en que se haga efectivo el mismo a la se\u00f1ora Fierro Leyva desconocer\u00eda que \u201cla propiedad ra\u00edz cada a\u00f1o se va valorizando\u201d, pues justamente la aplicaci\u00f3n de la f\u00f3rmula de la indexaci\u00f3n8 permite traer a valor presente los montos tasados en fechas anteriores; en este caso, en trat\u00e1ndose de un bien inmueble, partiendo precisamente de su valorizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Las motivaciones adoptadas por la colegiatura accionada no constituyen una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denotan ser irrazonables, de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrseles la incursi\u00f3n en alguna conducta irregular, pues su razonamiento y decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en las disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales llamados a gobernar el asunto. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
4. Conclusiones <\/p>\n
4.1. La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional para cuestionar lo resuelto en la sentencia de 30 de junio de 2020; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique la inactividad por tan prolongado tiempo. <\/p>\n
4.2. Los prove\u00eddos de 31 de agosto y 26 de octubre de 2023, por medio de los cuales el Tribunal no acogi\u00f3 las solicitudes de modulaci\u00f3n del fallo y pr\u00e1ctica de un nuevo aval\u00fao comercial del bien restituido, no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13389-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13389-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04553-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Silvia Fierro Leiva contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77764","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77764\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}