STC13399-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13399-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04558-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Victoria Eugenia Walker Gallego contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio y las partes e intervinientes reconocidos en el asunto radicado n\u00ba 2022-15423-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1 La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso que, en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor que promovi\u00f3 contra El Roble Motor S.A., Pac\u00edfico Motors S.A.S. y Ford Motor Colombia S.A.S., en audiencia de 23 de mayo del cursante a\u00f1o, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profiri\u00f3 sentencia desestimatoria la cual apel\u00f3, procediendo, el 26 del mismo mes, a \u00abenvi[ar] la sustentaci\u00f3n\u2026 al a-quo\u00bb con lo que cumpli\u00f3 anticipadamente la carga procesal que le correspond\u00eda. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, con auto de 7 de julio siguiente (el que, seg\u00fan dijo, le fue notificado v\u00eda correo electr\u00f3nico el 10 de julio), la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y corri\u00f3 el traslado de que trata el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, por lo que el 24 de aquella calenda \u00absustent[\u00f3] (nuevamente) el recurso\u2026 mediante correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
A pesar de lo anterior, asegur\u00f3, el pasado 8 de agosto la autoridad de segundo grado declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada aduciendo que el memorial contentivo de las razones del disenso fue allegado extempor\u00e1neamente, teniendo en cuenta que el enteramiento de la providencia admisoria del recurso se efectu\u00f3 mediante anotaci\u00f3n por estado de 10 de julio, situaci\u00f3n que, adujo, no es cierta pues \u00abse enter\u00f3 y notific\u00f3 fue por medio del correo electr\u00f3nico, nunca por estado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la anterior decisi\u00f3n fue ratificada el 31 de agosto por la misma colegiatura, al desatar la reposici\u00f3n que formulara. <\/p>\n
3. As\u00ed, luego de exponer la forma sobre, c\u00f3mo bajo su particular intelecci\u00f3n de las normas llamadas a gobernar el asunto, el tribunal debi\u00f3 contabilizar el t\u00e9rmino para sustentar la apelaci\u00f3n (insistiendo en que la notificaci\u00f3n del auto que la admiti\u00f3 se efectu\u00f3 personalmente por mensaje de datos), afirm\u00f3 que las providencias cuestionadas adolecen de \u00abdefecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional\u00bb as\u00ed \u00abdefecto procedimental\u00bb. <\/p>\n
Frente al primero, dijo que se configur\u00f3 \u00ab(\u2026) al contabilizar el t\u00e9rmino de manera desfavorable a la suscrita, [pues] se deja de lado el criterio constitucional establecido en la sentencia C-420 de 2020 y, adem\u00e1s, el usar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s desfavorable entre varias posibles, hace que, tambi\u00e9n, se incurra en este efecto al inobservar el criterio constitucional establecido en las sentencias C-225\/2019; SU 228\/2021 y T559\/2011\u00bb. <\/p>\n
En torno al segundo, advirti\u00f3 que \u00ab(\u2026) el ad-quem al declarar desierto el recurso cuando fue sustentado en dos oportunidades procesales diferentes y, ambas, v\u00e1lidas, desconoce para el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n judicial la ritualidad previamente establecida para el efecto, aplicando una ritualidad que reg\u00eda para eventos diferentes, cuando deb\u00eda sustentarse el recurso de apelaci\u00f3n en audiencia y frente a los Magistrados, lo que era l\u00f3gico, v\u00e1lido e, incluso, una muestra de respeto para con ellos\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse declare la nulidad de lo actuado hasta la providencia de fecha 8 de agosto de 2023, emitida por la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1, inclusive; y, en consecuencia, se tenga por sustentado el recurso de apelaci\u00f3n (por cuanto dicha sustentaci\u00f3n se hizo, tanto en primera instancia como en segunda instancia) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de los prove\u00eddos cuestionados remiti\u00f3 copia de los mismos y se limit\u00f3 a manifestar que \u00abla actuaci\u00f3n surtida en es[a] corporaci\u00f3n se ajust\u00f3 a la legalidad\u00bb. <\/p>\n
2. La coordinadora del Grupo de Trabajo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en tanto que \u00abel petitum de la acci\u00f3n se encuentra limitado a acciones u omisiones en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. Por conducto de apoderado, Pac\u00edfico Motors S.A.S. se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que, en su concepto, la decisi\u00f3n de la colegiatura fustigada halla sustento en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto particular. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas de Victoria Eugenia Walker Gallego al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia desestimatoria dictada el 23 de mayo de 2023 por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2022-15423-01, (autos de 8 y 31 de agosto de 2023, este \u00faltimo que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n) supuestamente desconociendo la sustentaci\u00f3n presentada ante la autoridad a quo. <\/p>\n
Previo a ello, se examinar\u00e1 si existi\u00f3 alguna irregularidad en la forma como se notific\u00f3 el auto por medio del cual la corporaci\u00f3n querellada admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y corri\u00f3 traslado para sustentarlo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
3.1. Sobre la notificaci\u00f3n de las providencias <\/p>\n
3.1.1. El primer tema sobre el que se detendr\u00e1 la Corte consiste en examinar si la colegiatura accionada incurri\u00f3 en alg\u00fan comportamiento susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional por la forma en que notific\u00f3 a Victoria Eugenia Walker Gallego el auto admisorio del recurso de apelaci\u00f3n y le corri\u00f3 el traslado consagrado en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 pues, a juicio de la gestora, \u00abexiste una dicotom\u00eda, en el sentido en que [sic], seg\u00fan el Honorable Tribunal, la notificaci\u00f3n se dio por estado, pero para este caso la parte recurrente se enter\u00f3 y notific\u00f3 fue por medio del correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
La notificaci\u00f3n es uno de los denominados actos de comunicaci\u00f3n mediante el cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales el contenido de las providencias producidas en el proceso, a fin de que se enteren del desarrollo de la actuaci\u00f3n y con ello garantizar la bilateralidad de la relaci\u00f3n jur\u00eddica y especialmente la garant\u00eda de contradicci\u00f3n como manifestaci\u00f3n del derecho de defensa. <\/p>\n
3.1.2. En relaci\u00f3n con el tema objeto de estudio, es preciso resaltar que ninguna irregularidad se advierte en la forma como le fue comunicada a la gestora del resguardo la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso establece qu\u00e9 providencias se deben notificar personalmente1, al tiempo que los c\u00e1nones 291 \u00eddem y 8\u00ba de la Ley 2213 de 2022 regulan la forma de llevar a cabo tal acto (\u00e9ste \u00faltimo con \u00e9nfasis en la que se realiza a trav\u00e9s de mensajes de datos). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 295 del Estatuto Procedimental General consagra la denominada notificaci\u00f3n \u00abpor estado\u00bb de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ART\u00cdCULO 295. Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el secretario. La inserci\u00f3n en el estado se har\u00e1 al d\u00eda siguiente a la fecha de la providencia, y en \u00e9l deber\u00e1 constar: <\/p>\n
1. La determinaci\u00f3n de cada proceso por su clase. <\/p>\n
2. La indicaci\u00f3n de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastar\u00e1 la designaci\u00f3n de la primera de ellas a\u00f1adiendo la expresi\u00f3n \u201cy otros\u201d. <\/p>\n
3. La fecha de la providencia. <\/p>\n
4. La fecha del estado y la firma del secretario. <\/p>\n
El estado se fijar\u00e1 en un lugar visible de la Secretar\u00eda, al comenzar la primera hora h\u00e1bil del respectivo d\u00eda, y se desfijar\u00e1 al finalizar la \u00faltima hora h\u00e1bil del mismo. <\/p>\n
De las notificaciones hechas por estado el secretario dejar\u00e1 constancia con su firma al pie de la providencia notificada. <\/p>\n
De los estados se dejar\u00e1 un duplicado autorizado por el secretario. Ambos ejemplares se coleccionar\u00e1n por separado en orden riguroso de fechas para su conservaci\u00f3n en el archivo, y uno de ellos podr\u00e1 ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la vigilancia de aquel. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Cuando se cuente con los recursos t\u00e9cnicos los estados se publicar\u00e1n por mensaje de datos, caso en el cual no deber\u00e1n imprimirse ni firmarse por el secretario. <\/p>\n
Cuando se habiliten sistemas de informaci\u00f3n de la gesti\u00f3n judicial, la notificaci\u00f3n por estado solo podr\u00e1 hacerse con posterioridad a la incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n en dicho sistema (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. De acuerdo con el material probatorio recaudado, la anterior labor fue desarrollada a cabalidad por la autoridad convocada pues, al verificar la radicaci\u00f3n 2022-15423-01 en el aplicativo de consulta de procesos del sitio electr\u00f3nico de la Rama Judicial, se evidenci\u00f3 que el enteramiento del auto a trav\u00e9s del cual se admiti\u00f3 la alzada interpuesta por la demandante contra la sentencia desfavorable a sus intereses, se practic\u00f3 por estado de 10 de julio de 2023, como se muestra en la imagen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Es claro, entonces, que la determinaci\u00f3n judicial fue notificada en la forma como lo ordena la disposici\u00f3n legal transcrita siendo insertada, adem\u00e1s, en formato digital a trav\u00e9s de sendos hiperv\u00ednculos en el micrositio de la corporaci\u00f3n https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/tribunal-superior-de-bogota-sala-civil\/148, estado E-118 de 10de julio de 2023. <\/p>\n
En las condiciones anotadas, no puede atribu\u00edrsele defecto alguno a la actuaci\u00f3n del colegiado, habida cuenta que se ci\u00f1\u00f3 a la normativa atinente al procedimiento de comunicaci\u00f3n de la providencia en cuesti\u00f3n, de all\u00ed que no pueda hablarse de negligencia, omisi\u00f3n o arbitrariedad de parte suya. <\/p>\n
3.2. Sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelaci\u00f3n, a la luz de Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
3.2.1. Superado el anterior an\u00e1lisis, debe la Corte abordar la posible incursi\u00f3n, por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el denominado defecto procedimental por excesivo ritualismo, con la declaratoria de deserci\u00f3n de la alzada interpuesta por Walker Gallego. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022 \u00abpor medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones\u00bb regula, en el art\u00edculo 122, el tr\u00e1mite para adelantar la apelaci\u00f3n de sentencias en los procesos civiles y de familia, preceptuando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicar\u00e1n, se escuchar\u00e1n alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u00bb. El resalto es propio de la Corte. <\/p>\n
Lo anterior da cuenta de que, a la luz de la citada normativa el tr\u00e1mite de la segunda instancia se encuentra regido por la escrituralidad y no, como ocurre en el r\u00e9gimen de oralidad propio del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2.2. En raz\u00f3n de lo esbozado, resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado antes de la oportunidad se\u00f1alada en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que se le impone, no obstante que lo hubiese hecho, como ya se indic\u00f3, de manera anticipada al t\u00e9rmino reglado en el referido precepto. Sobre esto, la Sala, mayoritariamente, ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n (\u2026)\u00bb. (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021) Negrillas a prop\u00f3sito. <\/p>\n
Significa lo anterior, que aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el canon 12 de la citada ley, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en un caso similar precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [a]hora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada. <\/p>\n
En suma, el recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deber\u00e1 sustentarse ante el superior por escrito y dentro del t\u00e9rmino de traslado indicado en el art\u00edculo 14 de esa norma. Toda sustentaci\u00f3n posterior a ese lapso o la omisi\u00f3n del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese l\u00edmite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuaci\u00f3n inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto (\u2026)\u00bb (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
3.2.3. De la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el resguardo habr\u00e1 de concederse, comoquiera que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al interior de la causa objeto de reclamaci\u00f3n, incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
N\u00f3tese que, mediante escrito remitido v\u00eda correo electr\u00f3nico a la autoridad jurisdiccional cognoscente3, el apoderado de la demandante present\u00f3 la disertaci\u00f3n argumentativa de su alzada, en el que consign\u00f3 las censuras frente a la sentencia de primer grado; sin embargo, la corporaci\u00f3n convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso, desconociendo que el representante de la parte cumpli\u00f3 con la carga de sustentarlo, aun cuando lo hizo con anterioridad al t\u00e9rmino de traslado (5 d\u00edas) otorgado en el auto admisorio datado el 7 de julio de esta anualidad, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
Al respecto, lo que concern\u00eda dilucidar a la colegiatura era si la referida intervenci\u00f3n satisfac\u00eda las exigencias del numeral 3, tercer inciso, del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, si el impugnante expres\u00f3 \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, pero no exigir una sustentaci\u00f3n por escrito adicional, que supliera la exposici\u00f3n oral prevista en el estatuto procedimental. <\/p>\n
De esta forma, el yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Refuerza la anterior postura, el pronunciamiento adoptado recientemente por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, a trav\u00e9s del cual dirimi\u00f3 la dicotom\u00eda existente sobre la obligatoriedad o no de sustentar la apelaci\u00f3n por escrito y ante la autoridad judicial de segunda instancia, prohijando la interpretaci\u00f3n adoptada de tiempo atr\u00e1s por esta Sala, incluso, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020; en dicha providencia se dijo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la carga de sustentaci\u00f3n ante el ad quem resulta necesaria en un modelo de oralidad, en los t\u00e9rminos expuestos por la jurisprudencia constitucional, dado que la audiencia de sustentaci\u00f3n es la oportunidad procesal dispuesta para que la contraparte y el fallador de segundo grado conozcan el desarrollo de los reparos frente al fallo de primer grado, con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, esta carga se flexibiliz\u00f3. <\/p>\n
138. Esto, porque, en primer lugar, no se prev\u00e9 una audiencia de sustentaci\u00f3n para que el juez y la contraparte conozcan el desarrollo de los motivos de inconformidad del recurrente frente al fallo. En segundo lugar, porque el recurso de apelaci\u00f3n presentado ante el juez de primera instancia, cuando despliega razonablemente los argumentos que sustentan la apelaci\u00f3n, permite al juez de segundo grado, en el an\u00e1lisis de admisi\u00f3n, determinar si contiene o no los elementos necesarios para que se entienda sustentado, pues en el modelo del Decreto 806 de 2020 estos reparos se presentan por escrito. Es claro que ese instrumento permite velar por los derechos de contradicci\u00f3n, doble instancia y debido proceso de las partes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala considera que el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, porque est\u00e1 sustentado en una aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes que, aunque correcta, es excesivamente rigurosa. <\/p>\n
(\u2026) La interpretaci\u00f3n del tribunal de esta disposici\u00f3n es correcta, pues es cierto que, como se explic\u00f3, el Decreto 806 de 2020 exige que la apelaci\u00f3n se sustente ante la autoridad que dispone su admisi\u00f3n, esto es, el superior del que dict\u00f3 la providencia de primera instancia y que esta normativa permite que las razones de la apelaci\u00f3n se presenten por escrito. <\/p>\n
149. Sin embargo, el tribunal aplic\u00f3 la regla de sustentaci\u00f3n del recurso ante el superior de manera excesivamente formal, pues exigi\u00f3 una nueva sustentaci\u00f3n por escrito del recurso que, efectivamente, ya estaba sustentado y que hac\u00eda parte del expediente que se le remiti\u00f3. Para la Sala las razones contenidas en el escrito de apelaci\u00f3n son claras y suficientes de cara a satisfacer una sustentaci\u00f3n del recurso, de acuerdo con la exigencia del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. En efecto, no se trata simplemente de los reparos contra la sentencia, sino de verdaderas y suficientes razones que tienen el prop\u00f3sito de discutir los fundamentos de la sentencia de primera instancia. As\u00ed, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ten\u00eda a su alcance las razones concretas, claras y suficientes de cara a admitir el recurso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
151. As\u00ed las cosas, la Sala comparte los argumentos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela de primera instancia porque, en efecto, la parte accionante present\u00f3 de manera suficiente y anticipada las razones que se le pod\u00edan exigir al apelante y que el tribunal conoci\u00f3. A pesar de lo anterior, y por un apego excesivo a la norma procesal contenida en el art\u00edculo 14 del Decreto 806, resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
153. Asimismo, la configuraci\u00f3n del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, como consecuencia de que el tribunal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y no repuso dicho auto, no solo vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sino tambi\u00e9n el derecho a la doble instancia. En efecto, el desconocimiento de la cl\u00e1usula de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (art. 228 C.P.), que es el fundamento que sustenta el defecto por exceso ritual manifiesto, tiene como consecuencia la imposibilidad material de: (i) acceder efectivamente a la administraci\u00f3n de justicia; (ii) permitir la discusi\u00f3n del fallo de primera instancia por un juez de superior jerarqu\u00eda y (iii) limit\u00f3 la deliberaci\u00f3n sobre la controversia. <\/p>\n
154. Finalmente, se precisa que, aunque el tribunal no incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, pues se ci\u00f1\u00f3 al procedimiento previsto, como se explic\u00f3, s\u00ed incurri\u00f3 en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto (\u2026)\u00bb. (CC Sent. T-310 de 2023, 15 de ago.). <\/p>\n
3.2.4. En las condiciones anotadas, aun cuando el tribunal convocado notific\u00f3 en debida forma el auto mediante el cual admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n y corri\u00f3 traslado para que se presentara la sustentaci\u00f3n, ciertamente, incurri\u00f3 en un defecto procedimental por excesivo ritualismo al declarar la deserci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional deprecada por Walker Gallego, removi\u00e9ndose los efectos jur\u00eddicos de las providencias cuestionadas y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ellas, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de Victoria Eugenia Walker Gallego, lesionados por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR sin valor ni efecto los prove\u00eddos de 8 y 31 de agosto de 2023, proferidos en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor n\u00ba 2022-15423-01, mediante los cuales la Sala Civil (unitaria) del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 el de reposici\u00f3n, respectivamente, as\u00ed como las decisiones que de aqu\u00e9llos se desprendan. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, REMITIR las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04558-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que la se\u00f1ora Victoria Eugenia Walker Gallego promovi\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, <\/p>\n
En el proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado n\u00ba 2022-15423-01 que instaur\u00f3 contra El Roble Motor SA, Pac\u00edfico Motors SAS y Ford Motor Colombia SAS, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en sentencia de 23 de mayo de 2023 desestim\u00f3 sus pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y sustent\u00f3 el 26 siguiente ante la Delegatura. <\/p>\n
Remitido el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 el recurso el 7 de julio de 2023 y corri\u00f3 el traslado de que trata el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, por lo que el 24 de ese mes lo sustent\u00f3 nuevamente mediante correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
En providencia de 8 de agosto de 2023 el Tribunal Superior lo declar\u00f3 desierto por haber incumplido la carga procesal de sustentar en esa instancia los reparos, porque el memorial contentivo de las razones de inconformidad fue allegado de manera extempor\u00e1nea, determinaci\u00f3n que mantuvo el 31 de agosto de 2023, al resolver el recurso de reposici\u00f3n que propuso. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo reclamado por la se\u00f1ora Victoria Eugenia Walker Gallego, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 3.1.1. El primer tema sobre el que se detendr\u00e1 la Corte consiste en examinar si la colegiatura accionada incurri\u00f3 en alg\u00fan comportamiento susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional por la forma en que notific\u00f3 a Victoria Eugenia Walker Gallego el auto admisorio del recurso de apelaci\u00f3n y le corri\u00f3 el traslado consagrado en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 pues, a juicio de la gestora, \u00abexiste una dicotom\u00eda, en el sentido en que [sic], seg\u00fan el Honorable Tribunal, la notificaci\u00f3n se dio por estado, pero para este caso la parte recurrente se enter\u00f3 y notific\u00f3 fue por medio del correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.1.2. En relaci\u00f3n con el tema objeto de estudio, es preciso resaltar que ninguna irregularidad se advierte en la forma como le fue comunicada a la gestora del resguardo la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.1.3. De acuerdo con el material probatorio recaudado, la anterior labor fue desarrollada a cabalidad por la autoridad convocada pues, al verificar la radicaci\u00f3n 2022-15423-01 en el aplicativo de consulta de procesos del sitio electr\u00f3nico de la Rama Judicial, se evidenci\u00f3 que el enteramiento del auto a trav\u00e9s del cual se admiti\u00f3 la alzada interpuesta por la demandante contra la sentencia desfavorable a sus intereses, se practic\u00f3 por estado de 10 de julio de 2023, como se muestra en la imagen a continuaci\u00f3n: (\u2026) <\/p>\n
En las condiciones anotadas, no puede atribu\u00edrsele defecto alguno a la actuaci\u00f3n del colegiado, habida cuenta que se ci\u00f1\u00f3 a la normativa atinente al procedimiento de comunicaci\u00f3n de la providencia en cuesti\u00f3n, de all\u00ed que no pueda hablarse de negligencia, omisi\u00f3n o arbitrariedad de parte suya. <\/p>\n
3.2. Sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelaci\u00f3n, a la luz de Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
3.2.1. Superado el anterior an\u00e1lisis, debe la Corte abordar la posible incursi\u00f3n, por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el denominado defecto procedimental por excesivo ritualismo, con la declaratoria de deserci\u00f3n de la alzada interpuesta por Walker Gallego. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.2. En raz\u00f3n de lo esbozado, resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado antes de la oportunidad se\u00f1alada en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que se le impone, no obstante que lo hubiese hecho, como ya se indic\u00f3, de manera anticipada al t\u00e9rmino reglado en el referido precepto. Sobre esto, la Sala, mayoritariamente, ha indicado que: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Significa lo anterior, que aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el canon 12 de la citada ley, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.3. De la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el resguardo habr\u00e1 de concederse, comoquiera que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al interior de la causa objeto de reclamaci\u00f3n, incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.4. En las condiciones anotadas, aun cuando el tribunal convocado notific\u00f3 en debida forma el auto mediante el cual admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n y corri\u00f3 traslado para que se presentara la sustentaci\u00f3n, ciertamente, incurri\u00f3 en un defecto procedimental por excesivo ritualismo al declarar la deserci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional deprecada por Walker Gallego, removi\u00e9ndose los efectos jur\u00eddicos de las providencias cuestionadas y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ellas, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, no incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la se\u00f1ora Victoria Eugenia Walker Gallego. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes (\u2026) Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Decreto 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04558-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de divergencia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional invocado por Victoria Eugenia Walker Gallego contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del proceso de protecci\u00f3n al consumidor que le promovi\u00f3 a El Roble Motor S.A., Pac\u00edfico Motors S.A.S. y Ford Motor Colombia S.A.S. (rad. 2022-15423). <\/p>\n
En consecuencia, tras dejar sin efecto los prove\u00eddos de 8 y 31 de agosto de 2023, mediante los cuales la Sala accionada declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 el de reposici\u00f3n, respectivamente, as\u00ed como las decisiones que de aquellos se desprendan, le orden\u00f3 a esta, que \u00abadopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque a la luz de la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, el tr\u00e1mite de la segunda instancia estar\u00e1 regido por la escrituralidad, y no por la oralidad, que es el r\u00e9gimen propio del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seguidamente, memor\u00f3 el criterio mayoritario de la Sala, planteado en la sentencia STC5790-2021 (24 may.), seg\u00fan el cual, <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n. Negrillas a prop\u00f3sito. <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces, que: <\/p>\n
(\u2026) De la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el resguardo habr\u00e1 de concederse, comoquiera que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al interior de la causa objeto de reclamaci\u00f3n, incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
N\u00f3tese que, mediante escrito remitido v\u00eda correo electr\u00f3nico a la autoridad jurisdiccional cognoscente, el apoderado de la demandante present\u00f3 la disertaci\u00f3n argumentativa de su alzada, en el que consign\u00f3 las censuras frente a la sentencia de primer grado; sin embargo, la corporaci\u00f3n convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso, desconociendo que el representante de la parte cumpli\u00f3 con la carga de sustentarlo, aun cuando lo hizo con anterioridad al t\u00e9rmino de traslado (5 d\u00edas) otorgado en el auto admisorio datado el 7 de julio de esta anualidad, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
Al respecto, lo que concern\u00eda dilucidar a la colegiatura era si la referida intervenci\u00f3n satisfac\u00eda las exigencias del numeral 3, tercer inciso, del canon 322 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, si el impugnante expres\u00f3 \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, pero no exigir una sustentaci\u00f3n por escrito adicional, que supliera la exposici\u00f3n oral prevista en el estatuto procedimental (\u2026). <\/p>\n
Reforz\u00f3 lo anterior, con la sentencia T310-2023 de la Corte Constitucional – \u2013, que reprodujo in extenso, en la que, en un caso similar al ahora analizado, aval\u00f3 la tesis que aqu\u00ed se sostiene de manera mayoritaria. <\/p>\n
2.- No comparto la resoluci\u00f3n, principalmente, porque la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Victoria Eugenia Walker Gallego. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n-. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
2.3.- Ahora, si bien la Corte Constitucional en la sentencia T-310 de 2023 acogi\u00f3 la tesis de la Sala Mayoritaria de esta Corporaci\u00f3n, no conduce a solventar de manera id\u00e9ntica, en tanto, adem\u00e1s de que los pronunciamientos emitidos en \u00ablas acciones constitucionales\u00bb generan efecto inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996, que prev\u00e9: \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781-2021 y STC5396-2022 y STC382-2023), las razones expuestas all\u00ed en nada var\u00edan las expuestas en salvamentos anteriores frente a id\u00e9ntica posici\u00f3n de la Sala Mayoritaria y, que aqu\u00ed, con el debido respeto y consideraci\u00f3n, reitero. <\/p>\n
2.4.- Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo no debi\u00f3 concederse en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez plural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Entre las cuales no se encuentra el auto por medio del cual se admite el recurso de apelaci\u00f3n y se corre traslado para sustentarlo. <\/p>\n
2\u0002 Antiguo canon 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3\u0002 Situaci\u00f3n advertida y admitida por el Tribunal en el prove\u00eddo en que se declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
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STC13399-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13399-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04558-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Victoria Eugenia Walker […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77768","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77768\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}