STC13408-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13408-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2023-00162-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 31 de octubre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda, as\u00ed como los intervinientes en la causa rad. n.\u00ba 2020-00021. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, el querellante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales a la doble instancia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del resguardo los siguientes: <\/p>\n
Se\u00f1ala el promotor que en el desarrollo del juicio ejecutivo rad. n\u00ba 2020-00021, que se promueve en su contra, ante el Juzgado Primero Municipal de Nunch\u00eda, \u00abse llev\u00f3 a cabo audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento [en la que] se dict\u00f3 sentencia desfavorable (\u2026), por el cual (sic) fue necesario agotar el recurso ordinario de apelaci\u00f3n, una vez expuestos los reparos (\u2026), el despacho judicial concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, asignado el asunto al juzgado del circuito convocado, para desatar la segunda instancia, este \u00abadmiti\u00f3 el recurso y orden\u00f3 correr traslado para la sustentaci\u00f3n (carga que ya se hab\u00eda realizado) (\u2026), [por lo que] entend[i\u00f3] que la orden iba dirigida a la parte activa dentro del proceso y que el traslado que ordenaba el despacho judicial era el recurso ya sustentado, por esto no se sustent\u00f3 por segunda vez el recurso\u00bb; a partir de lo anterior, dice que el estrado encartado declar\u00f3 desierto el recurso y mantuvo su decisi\u00f3n en reposici\u00f3n. <\/p>\n
Bajo ese entendido, arguye que con lo decidido se desconoce que \u00abha sido larga la l\u00ednea jurisprudencial de altas cortes y m\u00e1s a\u00fan de la honorable corte constitucional, donde expresamente se ha mantenido en decir, que prevalece el derecho sustancial sobre el derecho formal\u00bb y que, en este caso, \u00abreposa la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en el expediente digital, si bien sustentar prematuramente el recurso de apelaci\u00f3n daba como castigo al litigante declarar[lo] desierto; desconoce entonces el despacho judicial accionado la jurisprudencia de la corte suprema de justicia (\u2026) [que ha decantado que] no era admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura\u00bb <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abse revoque la decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026) y en consecuencia de ello se ordene al despacho judicial accionado, en virtud a la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, prosiga con el tr\u00e1mite del recurso hasta dar con el fallo en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, hizo un recuento de las actuaciones surtidas a su cargo y refiri\u00f3 que su proceder se sustenta en \u00ablo normado en el art\u00edculo 322 de la obra procesal general\u00bb y que \u00ablo que pretende evidentemente el accionante es que se imponga un criterio de naturaleza jurisprudencial distinto a la aplicaci\u00f3n directa de la ley tenida en cuenta (\u2026), lo que desde luego no es suficiente para acceder al amparo incoado cuando se trata de una mera disparidad de criterios que de ninguna manera constituye defecto alguno en la providencia judicial a la que se le endilga vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb; asimismo, agreg\u00f3 \u00abque, si bien en sede constitucional la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha estimado en algunas de sus decisiones que la sustentaci\u00f3n de la alzada puede brindarse ante el juzgador de primer grado, no es menos que esos amparos han sido revocados integralmente por la Sala Laboral de la misma Corte al momento de desatar la impugnaci\u00f3n\u00bb, por lo que deprec\u00f3 que se declare la improcedencia del amparo. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo tras establecer que la decisi\u00f3n censurada \u00abpor lado alguno luce antojadiza o caprichosa, al contrario, guarda plena identidad con la norma procesal, la cual establece como consecuencia por la falta de sustentaci\u00f3n del recurso en segunda instancia que, el mismo se declare desierto como en efecto acaeci\u00f3 en el caso bajo estudio\u00bb y precis\u00f3 que \u00abla ley 2213 de 2022 no omiti\u00f3 la obligaci\u00f3n de sustentar el recurso de apelaci\u00f3n en segunda instancia, simplemente cambi\u00f3 la forma de hacerlo, en el entendido que ya no es por audiencia sino de forma escritural, por manera que es claro para esta Sala que el accionado simplemente dio aplicaci\u00f3n a lo establecido en la norma procesal o en otras palabras acogi\u00f3 la voluntad del legislador, circunstancia que por lado alguno vulnera los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el gestor insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal vulner\u00f3 las prorrogativas fundamentales reclamadas al declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda, en virtud del juicio ejecutivo rad. n\u00ba 2020-00021, desconociendo la sustentaci\u00f3n presentada ante el a-quo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelaci\u00f3n, a la luz de Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
3.1. La Ley 2213 de 2022 \u00abpor medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones\u00bb regula en el art\u00edculo 122 el tr\u00e1mite para adelantar la apelaci\u00f3n de sentencias en los procesos civiles y de familia, preceptuando que: <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. Si se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicar\u00e1n, se escuchar\u00e1n alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. (Negrilla a prop\u00f3sito). <\/p>\n
Lo anterior, da cuenta de que a la luz de la citada normativa el tr\u00e1mite de la segunda instancia estar\u00e1 regido por la escrituralidad, y no, como ocurre en el r\u00e9gimen de oralidad propio del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo esbozado, resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado por escrito, antes de la oportunidad se\u00f1alada en el art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que se le impone, no obstante que lo hubiese hecho, como ya se indic\u00f3, de manera anticipada al t\u00e9rmino reglado en el referido precepto. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, mayoritariamente, ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
Significa, lo anterior, que aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el canon 12 de la citada ley, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en un caso similar precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[a]hora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada. <\/p>\n
En suma, el recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deber\u00e1 sustentarse ante el superior por escrito y dentro del t\u00e9rmino de traslado indicado en el art\u00edculo 14 de esa norma. Toda sustentaci\u00f3n posterior a ese lapso o la omisi\u00f3n del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese l\u00edmite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuaci\u00f3n inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto\u00bb (STC5790-2021, 24 may.21). <\/p>\n
3.2. Finalmente, como en m\u00faltiples oportunidades la postura que sobre el tema ha mantenido esta Sala Especializada, ha sido rebatida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte -conforme lo se\u00f1al\u00f3 el despacho judicial accionado-, cabe recordar lo dicho, al respecto, en reciente oportunidad, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no desconoce la Sala que la postura de la Magistratura convocada se sustenta en la de la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la cual ha revocado m\u00faltiples pronunciamientos de esta Magistratura bajo la tesis de que deben atenderse las formas y los t\u00e9rminos prescritos por la ley para sustentar el remedio vertical. <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese que ese dilema, finalmente, fue zanjado por la Corte Constitucional en favor de la hermen\u00e9utica defendida por esta Sala, al considerar que en un escenario escritural, donde no es necesario acudir a una audiencia ante el ad quem a sustentar la alzada, nada obsta para que \u00e9ste valore las argumentaciones presentadas por el recurrente antes de la oportunidad legal correspondiente. <\/p>\n
Sobre el particular, dicha Corporaci\u00f3n tras recordar que en la sentencia SU-418 de 2019, advirti\u00f3 que \u00abexigir la sustentaci\u00f3n en audiencia, no configura un defecto procedimental absoluto, en la medida en que existe una obligaci\u00f3n clara y expresa que estableci\u00f3 el Legislador y que es razonable\u00bb, anot\u00f3 in extenso: <\/p>\n
136. Estos casos son diferentes al que estudia la Sala, pues la discusi\u00f3n giraba en torno a la aplicaci\u00f3n de las reglas en materia del recurso de apelaci\u00f3n contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso, pues los recursos en todos los casos fueron interpuestos antes de la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, mientras que en el presente asunto se trata de un recurso que, como se explic\u00f3, fue interpuesto en vigencia del Decreto 806 de 2020, lo que diferencia los referentes normativos y el problema jur\u00eddico considerado en ambos casos. <\/p>\n
<\/p>\n
137. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que si bien la carga de sustentaci\u00f3n ante el ad quem resulta necesaria en un modelo de oralidad, en los t\u00e9rminos expuestos por la jurisprudencia constitucional, dado que la audiencia de sustentaci\u00f3n es la oportunidad procesal dispuesta para que la contraparte y el fallador de segundo grado conozcan el desarrollo de los reparos frente al fallo de primer grado, con la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, esta carga se flexibiliz\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
138. Esto, porque, en primer lugar, no se prev\u00e9 una audiencia de sustentaci\u00f3n para que el juez y la contraparte conozcan el desarrollo de los motivos de inconformidad del recurrente frente al fallo. En segundo lugar, porque el recurso de apelaci\u00f3n presentado ante el juez de primera instancia, cuando despliega razonablemente los argumentos que sustentan la apelaci\u00f3n, permite al juez de segundo grado, en el an\u00e1lisis de admisi\u00f3n, determinar si contiene o no los elementos necesarios para que se entienda sustentado, pues en el modelo del Decreto 806 de 2020 estos reparos se presentan por escrito. Es claro que ese instrumento permite velar por los derechos de contradicci\u00f3n, doble instancia y debido proceso de las partes (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala comparte los argumentos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela de primera instancia porque, en efecto, la parte accionante present\u00f3 de manera suficiente y anticipada las razones que se le pod\u00edan exigir al apelante y que el tribunal conoci\u00f3. A pesar de lo anterior, y por un apego excesivo a la norma procesal contenida en el art\u00edculo 14 del Decreto 806, resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso. (\u2026). <\/p>\n
147. As\u00ed las cosas, la Sala considera que el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, porque est\u00e1 sustentado en una aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes que, aunque correcta, es excesivamente rigurosa (\u2026). <\/p>\n
153. Asimismo, la configuraci\u00f3n del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, como consecuencia de que el tribunal declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y no repuso dicho auto, no solo vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, sino tambi\u00e9n el derecho a la doble instancia. En efecto, el desconocimiento de la cl\u00e1usula de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (art. 228 C.P.), que es el fundamento que sustenta el defecto por exceso ritual manifiesto, tiene como consecuencia la imposibilidad material de: (i) acceder efectivamente a la administraci\u00f3n de justicia; (ii) permitir la discusi\u00f3n del fallo de primera instancia por un juez de superior jerarqu\u00eda y (iii) limit\u00f3 la deliberaci\u00f3n sobre la controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
154. Finalmente, se precisa que, aunque el tribunal no incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, pues se ci\u00f1\u00f3 al procedimiento previsto, como se explic\u00f3, s\u00ed incurri\u00f3 en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto (se enfatiza, sentencia T-310 de 2023)\u00bb. (STC11864-2023, 30 oct.). <\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
En efecto, la autoridad convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera -aqu\u00ed accionante-, a trav\u00e9s de apoderado, desconociendo que hab\u00eda cumplido con la carga de sustentar el recurso con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
N\u00f3tese que, el apoderado del aqu\u00ed actor, ejecutado en el proceso confutado, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda en audiencia del pasado 9 de marzo, propuso oralmente el recurso y luego, expuso y desarroll\u00f3 los reparos contra la misma mediante escrito que alleg\u00f3 a ese despacho el d\u00eda 14 del mismo mes3, indicando, con precisi\u00f3n, que insist\u00eda en los argumentos esbozados en el medio exceptivo de causa u objeto il\u00edcito de la obligaci\u00f3n, planteado al enterarse de la demanda e, igualmente, reproch\u00f3 de manera por dem\u00e1s detallada la valoraci\u00f3n desplegada por el juez cognoscente frente a las pruebas decretadas y practicadas, as\u00ed como \u00abque la carga din\u00e1mica de la prueba era solo de la parte ejecutada y no del ejecutante\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, se impone revocar la decisi\u00f3n de primera instancia para, en su lugar, conceder el resguardo, a fin de que el estrado acusado proceda a dar tr\u00e1mite al recurso interpuesto, pues, como ya tuvo oportunidad de indicarse, en el expediente reposan los motivos de inconformidad del recurrente frente a la sentencia impugnada. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n -y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, pues all\u00ed se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 entonces el fallo impugnado para, en su lugar, conceder la salvaguarda pedida, pues se advierte configurada la v\u00eda de hecho y la consecuente vulneraci\u00f3n al debido proceso por defecto procedimental \u2013 exceso ritual manifiesto, dado que el ad quem acusado, teniendo suficientes elementos a su alcance para resolver el m\u00e9rito de la discusi\u00f3n, los obvi\u00f3 y en su lugar, dio primac\u00eda a las formas de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n cuestionada, as\u00ed como las actuaciones subsiguientes a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales invocados por el querellante. <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR sin valor ni efecto el prove\u00eddo del 14 de agosto de 2023, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, al interior del juicio ejecutivo rad. n\u00ba 2020-00021-01, mediante el cual resolvi\u00f3 \u00abNo reponer el prove\u00eddo de fecha 01\/06\/2023 contentivo de la deserci\u00f3n del recurso de alzada\u00bb, as\u00ed como las decisiones que de aqu\u00e9l se desprendan. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, profiera una nueva decisi\u00f3n frente al recurso de reposici\u00f3n formulado en contra del auto de 1\u00b0 de junio de 2023 que \u00ab[declar\u00f3] desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el ejecutado en contra de la sentencia de fecha 09\/03\/2023 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda\u2013Casanare\u00bb, as\u00ed mismo, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con salvamento de Voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n a la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 31 de octubre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso ejecutivo n\u00ba 2020-00021 que se promovi\u00f3 en su contra, el Juzgado Primero Municipal de Nunch\u00eda el 9 de marzo de 2023 orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y el 14 de ese mes alleg\u00f3 escrito en el que sustent\u00f3 los reparos. <\/p>\n
Recibido el expediente por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal admiti\u00f3 el recurso y, posteriormente en providencia de 1\u00b0 de junio de 2023 la declar\u00f3 desierta por no haber sido sustentada en esa instancia, decisi\u00f3n que mantuvo el 14 de agosto de 2023, al resolver la reposici\u00f3n que interpuso. <\/p>\n
Por lo anterior, formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela que neg\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala \u00danica el 31 de octubre de 2023 y que impugn\u00f3 el accionante. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, revoc\u00f3 la sentencia constitucional impugnada y, en su lugar concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal vulner\u00f3 las prorrogativas fundamentales reclamadas al declarar la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda, en virtud del juicio ejecutivo rad. n\u00ba 2020-00021, desconociendo la sustentaci\u00f3n presentada ante el a-quo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al asunto sometido a su escrutinio y con observancia de la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser revocado, comoquiera que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, al interior del asunto rad. n\u00ba 2020-00021, incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
En efecto, la autoridad convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera -aqu\u00ed accionante-, a trav\u00e9s de apoderado, desconociendo que hab\u00eda cumplido con la carga de sustentar el recurso con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
N\u00f3tese que, el apoderado del aqu\u00ed actor, ejecutado en el proceso confutado, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda en audiencia del pasado 9 de marzo, propuso oralmente el recurso y luego, expuso y desarroll\u00f3 los reparos contra la misma mediante escrito que alleg\u00f3 a ese despacho el d\u00eda 14 del mismo mes4, indicando, con precisi\u00f3n, que insist\u00eda en los argumentos esbozados en el medio exceptivo de causa u objeto il\u00edcito de la obligaci\u00f3n, planteado al enterarse de la demanda e, igualmente, reproch\u00f3 de manera por dem\u00e1s detallada la valoraci\u00f3n desplegada por el juez cognoscente frente a las pruebas decretadas y practicadas, as\u00ed como \u00abque la carga din\u00e1mica de la prueba era solo de la parte ejecutada y no del ejecutante\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, se impone revocar la decisi\u00f3n de primera instancia para, en su lugar, conceder el resguardo, a fin de que el estrado acusado proceda a dar tr\u00e1mite al recurso interpuesto, pues, como ya tuvo oportunidad de indicarse, en el expediente reposan los motivos de inconformidad del recurrente frente a la sentencia impugnada. <\/p>\n
El yerro en cuesti\u00f3n -y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, pues all\u00ed se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 entonces el fallo impugnado para, en su lugar, conceder la salvaguarda pedida, pues se advierte configurada la v\u00eda de hecho y la consecuente vulneraci\u00f3n al debido proceso por defecto procedimental \u2013 exceso ritual manifiesto, dado que el ad quem acusado, teniendo suficientes elementos a su alcance para resolver el m\u00e9rito de la discusi\u00f3n, los obvi\u00f3 y en su lugar, dio primac\u00eda a las formas de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n cuestionada, as\u00ed como las actuaciones subsiguientes a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo\u00bb. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
La Ley 2213 de 2022, que adopt\u00f3 como \u00ablegislaci\u00f3n permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020\u00bb, consagra en el art\u00edculo 12, \u00abejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb, norma que reproduce \u00edntegramente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo dem\u00e1s, en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, la sentencia constitucional proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala \u00danica el 31 de octubre de 2023, no debi\u00f3 ser revocada y, en consecuencia tampoco concedido el amparo propuesto, en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (el Tercero Civil del Circuito de Yopal) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2023-00162-02 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 31 de octubre de 2023 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, que neg\u00f3 la tutela invocada por Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad, con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo promovido en su contra (Rad. 2020-00021) y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo. <\/p>\n
En consecuencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 14 de agosto de 2023, dictado por el estrado accionado, por medio del cual resolvi\u00f3 \u00abNo reponer el prove\u00eddo de fecha 01\/06\/2023 contentivo de la deserci\u00f3n del recurso de alzada\u00bb, as\u00ed como las decisiones que de aqu\u00e9l se desprendan, le orden\u00f3 a este, emitir \u00abuna nueva decisi\u00f3n frente al recurso de reposici\u00f3n formulado en contra del auto de 1\u00b0 de junio de 2023 que \u00ab[declar\u00f3] desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el ejecutado en contra de la sentencia de fecha 09\/03\/2023 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda\u2013Casanare\u00bb, as\u00ed mismo, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque a la luz de la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, el tr\u00e1mite de la segunda instancia estar\u00e1 regido por la escrituralidad, y no por la oralidad, que es el r\u00e9gimen propio del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seguidamente, memor\u00f3 el criterio mayoritario de la Sala, planteado en la sentencia STC5790-2021 (24 may.), seg\u00fan el cual, <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n. Negrillas a prop\u00f3sito. <\/p>\n
En el caso concreto, coligi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al asunto sometido a su escrutinio y con observancia de la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser revocado, comoquiera que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, al interior del asunto rad. n\u00ba 2020-00021, incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
En efecto, la autoridad convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera -aqu\u00ed accionante-, a trav\u00e9s de apoderado, desconociendo que hab\u00eda cumplido con la carga de sustentar el recurso con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
N\u00f3tese que, el apoderado del aqu\u00ed actor, ejecutado en el proceso confutado, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nunch\u00eda en audiencia del pasado 9 de marzo, propuso oralmente el recurso y luego, expuso y desarroll\u00f3 los reparos contra la misma mediante escrito que alleg\u00f3 a ese despacho el d\u00eda 14 del mismo mes, indicando, con precisi\u00f3n, que insist\u00eda en los argumentos esbozados en el medio exceptivo de causa u objeto il\u00edcito de la obligaci\u00f3n, planteado al enterarse de la demanda e, igualmente, reproch\u00f3 de manera por dem\u00e1s detallada la valoraci\u00f3n desplegada por el juez cognoscente frente a las pruebas decretadas y practicadas, as\u00ed como \u00abque la carga din\u00e1mica de la prueba era solo de la parte ejecutada y no del ejecutante (\u2026). <\/p>\n
2.- No comparto la resoluci\u00f3n, principalmente, porque el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Fabio Alberto L\u00f3pez Barrera. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n-. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
2.3.- Ahora, si bien la Corte Constitucional en la sentencia T-310 de 2023 acogi\u00f3 la tesis de la Sala Mayoritaria de esta Corporaci\u00f3n, no conduce a solventar de manera id\u00e9ntica, en tanto, adem\u00e1s de que los pronunciamientos emitidos en \u00ablas acciones constitucionales\u00bb generan efecto inter partes, seg\u00fan el art\u00edculo 48, numeral 2\u00b0, de la Ley 270 de 1996, que prev\u00e9: \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781-2021 y STC5396-2022 y STC382-2023), las razones expuestas all\u00ed en nada var\u00edan las expuestas en salvamentos anteriores frente a id\u00e9ntica posici\u00f3n de la Sala Mayoritaria y, que aqu\u00ed, con el debido respeto y consideraci\u00f3n, reitero. <\/p>\n
2.4.- Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el amparo no debi\u00f3 concederse en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Luego de que se corrigiera el tr\u00e1mite, a partir de la declaratoria de nulidad definida mediante prove\u00eddo ATC1301-2023, 23 oct., por la falta de citaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Canon 14 del Decreto 806 de 2020 <\/p>\n
3\u0002 Archivo digitalizado 99.129 Sustentaci\u00f3nRecursoDeApelaci\u00f3n.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digitalizado 99.129 Sustentaci\u00f3nRecursoDeApelaci\u00f3n.pdf. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC13408-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13408-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2023-00162-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77772","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77772"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77772\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77772"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77772"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}