STC13425-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13425-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04605-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Ayala Oviedo Ltda., contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de Sahag\u00fan, y los intervinientes en el proceso de aval\u00fao de perjuicios radicado n\u00ba 2019-00168 (y tr\u00e1mite de revisi\u00f3n radicado n\u00ba 2022-00076). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La compa\u00f1\u00eda solicitante, a trav\u00e9s de su representante legal, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, por no estar de acuerdo con la anterior decisi\u00f3n, present\u00f3 demanda de revisi\u00f3n, con fundamento en el numeral 9\u00ba1, del art\u00edculo 5\u00ba de la ley 1274 de 2009 – por la cual se establece el procedimiento de aval\u00fao para las servidumbres petroleras \u2013 este tr\u00e1mite fue identificado con el radicado 2022-00076. <\/p>\n
En la solicitud de revisi\u00f3n cuestion\u00f3 principalmente el aval\u00fao de los perjuicios y que se tomara el dictamen pericial que present\u00f3 la entidad demandante a cargo del perito Oswaldo Rojas, desestimando el realizado por la auxiliar de la justicia Vilma Yepez Pineda, quien hab\u00eda sido designada por el despacho judicial para el efecto, fijando los perjuicios en \u00ab$31\u2019029.553.oo\u00bb. <\/p>\n
La revisi\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sahag\u00fan que, el 21 de noviembre de 2022 accedi\u00f3 a lo pretendido, esto es, acogiendo el aval\u00fao elaborado por la mencionada auxiliar de la justicia, y disponiendo que CNE Oil & Gas, entregara el valor restante correspondiente a \u00ab$22\u2019368.077.oo\u00bb; decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandante. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Monter\u00eda admiti\u00f3 el recurso (auto de 18 de enero de 2023), luego, deneg\u00f3 una prueba pedida por la apelante y decret\u00f3 otra de oficio (prove\u00eddo de 13 de febrero de 2023); y, finalmente, el 19 de mayo de 2023 dict\u00f3 el veredicto de la revisi\u00f3n, revoc\u00f3 el del juez del circuito, en su lugar, acogi\u00f3 el dictamen del perito de CNE Oil & Gas, es decir, lo resuelto inicialmente por el juzgado de conocimiento en el tr\u00e1mite principal de aval\u00fao de perjuicios (Juzgado Promiscuo Municipal de Sahag\u00fan). <\/p>\n
La empresa tutelante, cuestiona, por un lado, el tr\u00e1mite dado a la apelaci\u00f3n por parte del tribunal accionado pues considera que, el recurso no fue debidamente sustentado, es decir, que no atendi\u00f3 las reglas establecidas en los incisos 2 y 4, numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s porque, a la recurrente le concern\u00eda aportar con la sustentaci\u00f3n el certificado de aval\u00fao catastral a fin de determinar la cuant\u00eda del asunto, pues \u00abCNE en ning\u00fan momento presentaron certificaci\u00f3n de aval\u00fao catastral del predio Andaluc\u00eda, en la demanda solamente presentaron un aval\u00fao de los perjuicios tasados por el perito Marco Polo S\u00e1nchez Bustos, por valor de $7\u2019146.079 correspondiente a la porci\u00f3n de terreno a utilizar de la finca (\u2026)\u00bb, y que, al no hacerlo, \u00abcorresponde a un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda, al cual, en ning\u00fan momento nosotros como parte demandada nos opusimos\u00bb. <\/p>\n
Aduce que, aunque dichos reparos los expuso en memorial que denomin\u00f3 revocatoria directa del auto de 18 de enero de 2023 (el que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n), el tribunal lo adecu\u00f3 como recurso de reposici\u00f3n y lo resolvi\u00f3 con prove\u00eddo de 11 de abril, manteniendo la decisi\u00f3n de admitir la alzada. <\/p>\n
Por otro lado, recrimina la sentencia de 19 de mayo de 2023, la que acusa de constituir v\u00eda de hecho por defectos sustantivo y f\u00e1ctico; el primero, porque habr\u00eda dado aplicaci\u00f3n a unas normativas que no se corresponden con las servidumbres de hidrocarburos. <\/p>\n
En cuanto al segundo de los defectos en menci\u00f3n, sostiene que, se configur\u00f3 al \u00abdescalificar la pericia de la arquitecta \u2013 auxiliar de la justicia – Vilma Luz Y\u00e9pez Pineda, sobre la base de unos supuestos imaginarios, no acordes con la realidad y actuaciones dentro del proceso (\u2026)\u00bb y que err\u00f3 al acoger la valuaci\u00f3n del perito Oswaldo Rojas (el perito tra\u00eddo por la demandante), el cual se\u00f1ala de \u00abcarecer de objetividad, est\u00e1 viciado de errores t\u00e9cnicos, como de veracidad y transparencia, lo cual le quita fuerza al ejercicio valuatorio, por tanto, no puede ser tenido en cuenta para determinar la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados con la imposici\u00f3n de la servidumbre en nuestro predio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende, se deje sin efecto o se revoque \u00abla sentencia fechada 19 de mayo de 2023, emanada de la Sala Unitaria Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, la cual determin\u00f3 revocar la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2022 emanada del Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, sin tener en cuenta los considerandos expuestos en dicha sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El tribunal y el juzgado accionados, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, allegaron el link de acceso al expediente digital de las respectivas instancias del proceso judicial en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la colegiatura convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al: (i) admitir el recurso de apelaci\u00f3n \u2013 auto de 11 de abril de 2023 \u2013 formulado contra la sentencia de 21 de noviembre de 2022 que resolvi\u00f3 la solicitud de revisi\u00f3n (rad. 2022-00076) promovida por la compa\u00f1\u00eda accionante frente al fallo definitorio del proceso de aval\u00fao de perjuicios por imposici\u00f3n de servidumbre de hidrocarburos (rad. 2019-00168) incoado por la sociedad CNE Oil & Gas S.A.S., pese a que carec\u00eda de competencia y porque debi\u00f3 declararlo desierto por falta de sustentaci\u00f3n; y, (ii) con la sentencia de 19 de mayo de 2023 que infirm\u00f3 la del a quo en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, al acoger el aval\u00fao propuesto por la demandante, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos sustantivo (aplicar una normativa incorrecta) y f\u00e1ctico (por indebida valoraci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales en discusi\u00f3n). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 Las providencias cuestionadas. <\/p>\n
3.1. Respecto al proferimiento que mantuvo intacta la determinaci\u00f3n de admitir la alzada en la revisi\u00f3n, la corporaci\u00f3n acusada preliminarmente rese\u00f1\u00f3 que, la inconformidad de Ayala Oviedo Ltda., se circunscrib\u00eda a alegar la falta de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, arguyendo que la tramitaci\u00f3n era de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Sin embargo, pese a la censura expuesta, el tribunal destac\u00f3 que el remedio horizontal hab\u00eda sido interpuesto de forma extempor\u00e1nea, pues, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debi\u00f3 interponer dicho recurso dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, la cual se entendi\u00f3 una vez finalizado el d\u00eda en que se notific\u00f3 por estado, esto es, el 19 de enero de 2023, y solo hasta el 17 de marzo del a\u00f1o en curso interpuso el aludido recurso. Por lo anterior, habr\u00e1 de rechazarse de plano el aludido recurso de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante el rechazo, cit\u00f3 un pronunciamiento de esta Sala (STC11958-2014), en la cual se dijo, en lo pertinente que, \u00ab(\u2026) no es jur\u00eddico sostener que por no estar expresamente dicho que la revisi\u00f3n es apelable, dicho proceso tenga una sola instancia, pues es al contrario, si se dijo que la cuant\u00eda era revisable de conformidad con el procedimiento abreviado y no se limitaron sus instancias, se debe acoger lo ordinario de dicho tr\u00e1mite y darle apelabilidad de acuerdo con la cuant\u00eda porque no lo ha prohibido la ley, y para el caso, dicha revisi\u00f3n tendr\u00e1 dos instancias, pues es independiente de lo tramitado en el juzgado municipal, actuaci\u00f3n que no es un recurso como se le trat\u00f3 y que deber\u00e1 rectificar el fallador de segunda instancia, pues para el caso no existe decisi\u00f3n de fondo porque se desgast\u00f3 la instancia en una pr\u00e1ctica equivocada confundi\u00e9ndose con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que no es lo ordenado por la ley\u00bb. <\/p>\n
Y complement\u00f3 se\u00f1alando que, \u00ab(\u2026) si bien es cierto que, con la demanda no se aport\u00f3 el aval\u00fao catastral del bien inmueble objeto de la servidumbre, lo cierto es que, en esta instancia se requiri\u00f3 y, una vez allegado se determin\u00f3 que el aval\u00fao en menci\u00f3n cataloga este proceso como de mayor cuant\u00eda, por ende, si se aceptara en gracia de discusi\u00f3n que el auto reprochado es del 17 de marzo de 2023 tampoco saldr\u00edan avante los argumentos del censor en consideraci\u00f3n a que, indudablemente este proceso es de mayor cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3.2. Luego, en la sentencia que decidi\u00f3 la revisi\u00f3n contemplada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la ley 1274 de 2009, el tribunal inicialmente enunci\u00f3 los reparos concretos expuestos ante el a quo por la impugnante, y seguidamente, compendi\u00f3 la sustentaci\u00f3n del recurso as\u00ed, <\/p>\n
\u00abDentro del t\u00e9rmino legal, la parte recurrente present\u00f3 escrito de sustentaci\u00f3n del recurso, alegando que el juez de primera instancia no hizo un an\u00e1lisis exhaustivo del aval\u00fao elaborado por la perito Vilma Luz Yepes Pineda, dado que, el dictamen presenta errores graves en la aplicaci\u00f3n del marco normativo, pues, confunde el marco normativo de los aval\u00faos de servidumbres de hidrocarburos con el marco normativo de los aval\u00faos para obras de infraestructura de transporte, lo cual, conllev\u00f3 a que el resultado de su informe se desenfocara con el objetivo de establecer el valor de la referida servidumbre. En ese sentido, las servidumbres para infraestructuras de transporte tienen vocaci\u00f3n de permanencia en el tiempo, mientras que las servidumbres de hidrocarburos de car\u00e1cter transitorio y, solo permanecen por el t\u00e9rmino de seis meses prorrogables por seis meses m\u00e1s. Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que la perito carece de imparcialidad. Agreg\u00f3 que, es errado indicar que la inscripci\u00f3n de la demanda saca el bien del comercio. <\/p>\n
Consider\u00f3, en resumen que, el m\u00e9todo de investigaci\u00f3n econ\u00f3mica present\u00f3 los siguientes errores: i) el estudio de mercado es insuficiente porque se deben incluir inmuebles de diferentes caracter\u00edsticas a fin de resaltar las bondades o defectos del inmueble a avaluar y el criterio aplicado por el avaluador, ii) en relaci\u00f3n a los datos no se hace menci\u00f3n del proceso de homogeneizaci\u00f3n llevado a cabo en cada una a fin de obtener el valor del terreno, iii) el valor adoptado es muy alto respecto de la informaci\u00f3n del estudio de mercado llevado a cabo por el avaluador contratado por la compa\u00f1\u00eda relacionado en su informe de aval\u00fao, la diferencia se sustenta en varias inconsistencias consultados los valores catastrales definidos por el IGAC para el predio se encuentra una desproporcionalidad exagerada entre los valores de terreno, siempre que la avaluadora encuentra un valor que es aproximadamente 10 veces el calculado por el IGAC\u00bb. <\/p>\n
Tras indicar que, por tratarse de una servidumbre de hidrocarburos, las disposiciones aplicables ser\u00edan el art\u00edculo 112 del decreto 805 de 1947 y el decreto 1886 de 1954; as\u00ed mismo, destac\u00f3 que el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n especial, establecido en la ley 1274 de 2009, es un asunto independiente al que conoce el juzgado municipal y en el que \u00fanicamente se estudia lo relativo al aval\u00fao acogido por ese juzgado de conocimiento para efectos de fijar la indemnizaci\u00f3n a que haya lugar. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, tras auscultar con detenimiento los dos aval\u00faos confrontados, el de la arquitecta auxiliar de la justicia Vilma Y\u00e9pez y el del ingeniero catastral Oswaldo Rojas, frente al primero dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Pues bien, el anterior trabajo debe ser desestimado habida cuenta que, para liquidar el valor de la sola servidumbre en virtud del \u00e1rea intervenida, la citada perito utiliz\u00f3 entre otras, ofertas de cuatro inmuebles con un \u00e1rea de terreno que difiere mucho al \u00e1rea del predio objeto del gravamen y que, adem\u00e1s, no se delimitaron las caracter\u00edsticas en cuanto a la actividad econ\u00f3mica y\/o el n\u00famero de animales para cada uno de los predios. Aunado a ello, la perito realiza una mixtura de las disposiciones legales aplicables a una servidumbre de tr\u00e1nsito, asunto muy distinto a la servidumbre para explotaci\u00f3n de hidrocarburos, la auxiliar incurre en varias imprecisiones cuando se refiere a la servidumbre de tr\u00e1nsito y, luego a la de hidrocarburos\u00bb, <\/p>\n
Destac\u00f3 que, la mencionada profesional, hizo referencia a la ley 1682 de 2013 y a la Resoluci\u00f3n 898 de 2014 del IGAC, que prev\u00e9n par\u00e1metros y criterios para la elaboraci\u00f3n de aval\u00faos comerciales de proyectos de infraestructura de transporte, m\u00e1s no de servidumbre de hidrocarburos; y que, para valorar el lucro cesante, solo se refiri\u00f3 a que la finca se ver\u00eda afectada en la alimentaci\u00f3n de los bovinos y por el impacto ambiental por la deforestaci\u00f3n, y a\u00f1adi\u00f3 que, la inscripci\u00f3n de la demanda \u00absacaba el bien del comercio\u00bb, cuando a la luz del art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso, no es as\u00ed. <\/p>\n
Por otra parte, precis\u00f3 que, tampoco adjunt\u00f3 la prueba de las consultas a los expertos del sector inmobiliario y de los peritos avaluadores de la zona, y que, echaba de menos igualmente las, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cotizaciones que den cuenta o justifiquen los valores utilizados por la perito para calcular los mencionados gastos y las ofertas de los predios con los que realiza la comparaci\u00f3n, pues sin los debidos soportes, los c\u00e1lculos sobre el particular resultan acomodaticios; incluso en ninguno de los anexos de la mencionada experticia, se indica algo relativo a documentos que acrediten los valores enunciados, quedando \u00e9stos \u00fanicamente en registros fotogr\u00e1ficos y planos, pero relacionados con el valor del terreno en la zona objeto del gravamen, raz\u00f3n por la cual la experticia en comento debe ser igualmente descartada. <\/p>\n
(\u2026) Por lo tanto, no m\u00e1s partiendo de este hecho, ya la pericia rendida por la se\u00f1ora Vilma Yepes, no puede ser tenida en cuenta para efectos de fijar la indemnizaci\u00f3n integral sobre los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a la finca Andaluc\u00eda, en raz\u00f3n a que las conclusiones a las que lleg\u00f3 la perito, provienen en su mayor\u00eda de fuentes externas -de las cuales no reposa sustento probatorio en el expediente- que en ning\u00fan momento pueden suplir la obligaci\u00f3n de pronunciarse sobre lo que fuera el objeto de pericia. Sumado a que, aplic\u00f3 normas que no regulan la servidumbre de hidrocarburos\u00bb. <\/p>\n
Entre tanto, del peritaje aportado por la demandante CNE Oil & Gas, realizado por ingeniero Oswaldo Rojas, dijo que se apoy\u00f3 en la ley 1274 de 2009, la 388 de 1997, el decreto 1420 de 1998 y la Resoluci\u00f3n A620 del IGAC, propias de la servidumbre de hidrocarburos. <\/p>\n
Inicialmente, refiri\u00f3 que el mencionado perito aclar\u00f3 que, debido al car\u00e1cter temporal de la servidumbre (solo 6 meses), sus limitaciones no perdurar\u00edan en el tiempo, por lo tanto, el \u00edndice de afectaci\u00f3n del predio ser\u00eda bajo. Rese\u00f1\u00f3 la pericia e indic\u00f3 que, el profesional identific\u00f3 al \u00e1rea comprometida y que, con fundamento en abundante literatura sobre la materia, determin\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para efectos del aval\u00fao, deb\u00eda tomarse como valor comercial del terreno el valor del l\u00edmite superior de los datos estudiados, siempre que el predio tiene acceso directo sobre una v\u00eda en buen estado, se encuentra bien ubicado respecto de las fuentes de agua disponibles en la vereda y tiene suelos aptos para su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, dijo que el valor obtenido por el citado ingeniero, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) devino de la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo de comparaci\u00f3n de mercado y reposici\u00f3n consagrado en la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, para lo cual tuvo en cuenta la oferta de cinco inmuebles semejantes a la finca \u201cAndaluc\u00eda\u201d, los cuales guardan similitud en cuanto a su \u00e1rea y actividad econ\u00f3mica, predios en los que el valor de la hect\u00e1rea se ubic\u00f3 en un l\u00edmite m\u00ednimo de $8.243.902 un l\u00edmite m\u00e1ximo de $9.583.333. <\/p>\n
Por consiguiente, el valor del aval\u00fao en estudio se fij\u00f3 en $8.661.476, monto acogido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahag\u00fan, y que, para la Sala, es el que resulta m\u00e1s acertado o que mejor establece la indemnizaci\u00f3n integral en favor de la Sociedad Ayala Oviedo Ltda, por la intervenci\u00f3n mediante servidumbre petrolera en el predio de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
Especific\u00f3 que, no le asist\u00eda raz\u00f3n a Ayala Oviedo Ltda., cuando se\u00f1al\u00f3 que el perito tra\u00eddo por su contraparte no obr\u00f3 con criterios debidamente soportados o documentados porque lo inmuebles con los que compar\u00f3 la finca Andaluc\u00eda, estaban muy distantes de ella, pero el tribunal explicit\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de los quince predios con los que realiz\u00f3 la comparaci\u00f3n, el profesional depur\u00f3 el listado con los inmuebles que tienen las caracter\u00edsticas m\u00e1s similares y los m\u00e1s cercanos, entre los cuales se encuentra un predio ubicado en la misma vereda que el inmueble objeto del gravamen, contrario al dictamen realizado por la perito Vilma Yepes que solo se limit\u00f3 a precisar el nombre de las fincas y su \u00e1rea, es decir, se desconoce la actividad o explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de los predios que compar\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) no basta con conformarse de la cercan\u00eda de los predios con los que se realiza el m\u00e9todo de comparaci\u00f3n o de mercado, sino que es deber del enjuiciador hacer un examen cr\u00edtico, razonado y conjunto de las pruebas aportadas al proceso, pues a m\u00e1s que la opini\u00f3n de los peritos no puede impon\u00e9rsele como de obligatoria aceptaci\u00f3n, el estatuto procesal obliga realizar una valoraci\u00f3n integral de las referidas experticias\u00bb. <\/p>\n
Con todo, concluy\u00f3 la magistratura tutelada definiendo que, en este asunto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el dictamen presentado por el se\u00f1or Oswaldo Rojas, debe este ser acogido, tal y como lo efectu\u00f3 la Juez Segunda Promiscuo Municipal de Sahag\u00fan por ser el que mejor analiza con soporte probatorio, las caracter\u00edsticas propias de la clase de inmuebles objeto de la servidumbre en menci\u00f3n y determina la proporcionalidad de la afectaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.3. Visto lo anterior, como se anticip\u00f3, para la Sala las providencias rese\u00f1adas \u2013 la que neg\u00f3 la reposici\u00f3n contra el auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n; y, la sentencia que finiquit\u00f3 el tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n especial contemplada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la ley 1274 de 2009 \u2013 se fundaron en una interpretaci\u00f3n razonable de las regulaciones acordes con la controversia, por lo tanto, no merecen reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental como para que la salvaguarda se imponga inaplazable, en tanto que, dichas resoluciones no revelan la arbitrariedad endilgada por la accionante. <\/p>\n
En todo caso, ante cuestionamientos dirigidos contra la forma en que el fallador ordinario entiende el caso, esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro lado, ha insistido en que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, rad. 00022-01; reiteradas en STC14250-2018). <\/p>\n
Y, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio por sobre el efectuado por el juzgador, a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en \u00e9sa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria atribuibles a la colegiatura demandada, pues los motivos que con suficiencia expuso en la instancia en que le correspondi\u00f3 pronunciarse, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable del contexto analizado, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque las determinaciones atacadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 5. TR\u00c1MITE DE LA SOLICITUD. A la solicitud de aval\u00fao se le dar\u00e1 el siguiente tr\u00e1mite: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
9. Cualquiera de las partes puede pedir ante el Juez Civil del Circuito de la jurisdicci\u00f3n a la que pertenezca el predio objeto de la diligencia de aval\u00fao, la revisi\u00f3n del mismo dentro del t\u00e9rmino de un (1) mes contado a partir de la fecha de la decisi\u00f3n del Juez Civil Municipal. Si quien hiciere uso del recurso fuere el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos, este deber\u00e1 consignar, como dep\u00f3sito judicial, a la orden del Juez Civil de Circuito respectivo el monto resuelto por el Juez Civil Municipal si la suma consignada para la presentaci\u00f3n de la solicitud fuere inferior al cincuenta por ciento (50%) del aval\u00fao de los perjuicios se\u00f1alados por el Juez. <\/p>\n
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STC13425-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13425-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04605-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Ayala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-77778","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noviembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77778\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}