STC13436-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13436-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de octubre de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Jaime Claros Tovar promovi\u00f3 contra Saludcoop OC E.P.S. liquidada, extensiva al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, la Superintendencia Nacional de Salud y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2015-00446. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara \u00ab(\u2026) [dejar] sin efecto la inserci\u00f3n de la obligaci\u00f3n dineraria a nuestro favor (\u2026) realizada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 radicado 73001310300520150044600 por $271.872.216 para que sea incorporada como t\u00edtulo quirografario, modificando e insertando la misma como PASIVO CIERTO, RECONOCIDO, GRADUADO Y CALIFICADO\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 tramit\u00f3 el proceso de responsabilidad civil m\u00e9dica que instaur\u00f3 contra Saludcoop E.P.S. (n.\u00b0 2015-00446) y, en audiencia de 19 de noviembre de 2018, conden\u00f3 a esta a la suma de $271.872.216. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, en reiteradas ocasiones requiri\u00f3 a Saludcoop E.P.S. \u00abel pago de la condena\u00bb, pero le respondi\u00f3 que esa acreencia no qued\u00f3 \u00abgraduada ni calificada\u00bb y deb\u00eda esperar el \u00aborden\u00bb establecido en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 2061 (8 jun. 2022) dictada en el tr\u00e1mite de \u00abliquidaci\u00f3n\u00bb que adelant\u00f3 la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual su \u00abacreencia\u00bb, hace parte del \u00abpasivo cierto no declamado\u00bb y su obligaci\u00f3n estaba en el \u00abpuesto 23\u00bb de todos los \u00abpasivos reconocidos\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que lo anterior resulta \u00abinjusto\u00bb, ya que \u00abSaludcoop E.P.S. (\u2026) y sus agentes especiales para la liquidaci\u00f3n fueron notificados de la existencia de [ese] proceso judicial y (\u2026) ten\u00edan la obligaci\u00f3n de incorporarlo al procedimiento liquidatorio porque se encontraba dentro de un banco de datos de procesos judiciales con potencial condena\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 remiti\u00f3 enlace del expediente n.\u00b0 2015-00446 y anunci\u00f3 que no har\u00eda \u00abpronunciamiento alguno en relaci\u00f3n con los hechos en que se fundamenta la tutela en tanto que no se indica (\u2026) en qu\u00e9 consiste la vulneraci\u00f3n por parte de [esa] dependencia judicial ya sea por acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Felipe Negret Mosquera -agente liquidador de Saludcoop E.P.S.- se opuso al amparo, porque: <\/p>\n
i.- El impulsor \u00abno present\u00f3 la reclamaci\u00f3n de manera oportuna\u00bb, ya que \u00abla extinta entidad SALUDCOOP EPS, mediante primer aviso fijado el 02 de diciembre de 2015 y segundo aviso fijado el 17 de diciembre de 2015, emplaz\u00f3 a todas las personas naturales o jur\u00eddicas de car\u00e1cter p\u00fablico o privado, que se consideraran con derecho a formular reclamaciones de cualquier \u00edndole en contra de la entidad en liquidaci\u00f3n\u201d, empero, \u201cseg\u00fan informaci\u00f3n evidenciada en los aplicativos dejados por la extinta entidad no aparece reclamaci\u00f3n presentada por el se\u00f1or Jaime Claros Tovar antes de las fechas se\u00f1aladas, pese a que le asist\u00eda esta obligaci\u00f3n\u00bb y, <\/p>\n
ii.- \u00abexisti\u00f3 un actuar incurioso por parte del aqu\u00ed accionante toda vez que la extinta Entidad en Liquidaci\u00f3n, profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 2061 del 08 de junio de 2022, mediante la cual (\u2026) determin\u00f3 el PASIVO CIERTO NO RECLAMADO \u2013 PACINORE en el cual incluy\u00f3 la acreencia reclamada por la parte accionante, actos administrativos que fueron publicados debidamente, sin embargo no se evidencia que en su oportunidad el aqu\u00ed accionante hubiese presentado el recurso de reposici\u00f3n que era procedente, tal y como estaba se\u00f1alado en el la parte resolutiva de cada resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 desestim\u00f3 el resguardo tras advertir que se configur\u00f3 \u00abla causal de improcedencia contemplada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb, ya que, el tutelante no \u00abreproch\u00f3 en el escenario natural la Resoluci\u00f3n No. 2061 del 8 de junio de 2022 como se le inform\u00f3 en el art\u00edculo 3\u00ba de la parte resolutiva del acto administrativo\u00bb, aunado a que no se satisfizo \u00abel presupuesto de la inmediatez, toda vez que desde la fecha de la emisi\u00f3n del acto administrativo \u20138 de junio de 2022- a la de formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -17 de octubre de 2023- ha transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino que no puede calificarse como razonable\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el actor con argumentos similares a los del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anticipa el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
1.1.- Jaime Claros Tovar pretende que se deje sin efectos la \u00abResoluci\u00f3n 2061 de 2022\u00bb, a trav\u00e9s de la cual se determin\u00f3 su acreencia como \u00abpasivo cierto no reclamado dentro del proceso liquidatorio de Saludcoop E.P.S.\u00bb. <\/p>\n
No obstante, la s\u00faplica resulta inviable por incumplir el requisito de la inmediatez, ya que, entre la fecha de dicha disposici\u00f3n (6 jun. 2022) y la radicaci\u00f3n del pliego superlativo (12 oct. 2023), transcurri\u00f3 un lapso de un (1) a\u00f1o, cuatro (4) meses y nueve (9) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC14719-2022 y STC120-2023). <\/p>\n
1.1.1.- Aunque, en algunos casos se ha flexibilizado esa exigencia, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este instrumento est\u00e1 debidamente justificada. Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en el veredicto STC3949-2021 con dicho fin, en la medida que el querellante no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta v\u00eda. <\/p>\n
1.2.- En todo caso, si se admitiera que ejerci\u00f3 tempestivamente este auxilio, que no lo hizo, el auxilio tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de \u00e9xito, habida cuenta que el gestor obr\u00f3 con incuria en la defensa de sus prerrogativas ius fundamentales. <\/p>\n
Ello, por cuanto, no atac\u00f3 la directriz aqu\u00ed reprochada a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, siendo ello procedente al tenor del art\u00edculo 9.1.3.2.7 del decreto 2555 de 2010, omisi\u00f3n que, pone al descubierto la desatenci\u00f3n del \u00abpresupuesto\u00bb de la subsidiariedad que conduce al fracaso del anhelo constitucional (STC6663-2018, citada en STC3496-2022 y en la STC371-2023. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se acompa\u00f1ar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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